Contracorriente: HONDURAS, PAIS BIZARRO.

Juan Ramón Martínez

 Los “revolucionarios”, de zapatillas brillantes y calcetines transparentes, al decir de Rodas Alvarado, creen que es su obligación irrespetar el estado de derecho. Lo consideran burgués, por ello lo desconocen. Y a la primera oportunidad, hacen cosas para destruirlo. Es lo que han hecho, con la decisión de la Corte que, en un acto inusual y jurídicamente estúpido – repitiendo la perversidad de los magistrados de la Corte anterior—consideran y declaran, inconstitucional la Constitución. Increíble.

La Corte Suprema, no puede enmendar, modificar o cambiar la Constitución. Hacerlo, es un acto jurídicamente sin valor; y, por ello, sin efectos. La función de la Corte es pronunciarse, en los casos en que se discuta una ley, para que los diputados conozcan su opinión. Pero una vez, que los diputados reforman la Constitución, la Corte Suprema no tiene nada que hacer.

La ley, es protestad exclusiva del Congreso de la nación. Solo en caso de jurisprudencia – tres asuntos sometidos a la Corte, de la misma naturaleza y que la misma haya fallado oportunamente—pueden ser invocados por las partes en litigios judiciales. En ningún otro caso, la Corte emite leyes, apenas, se puede invocar que, facilita procedimientos para la recta aplicación de la ley, porque esa es su obligación. Pero esto es otra cosa. Ahora, los Magistrados de la Corte, asumiendo responsabilidades por las cuales tienen que responder algún día muy cercano, se han erigido en el primer Poder del Estado. Y pasando por encima de la soberanía popular que representa el Poder Legislativo en su nombre, se han atrevido a declarar inconstitucional, la Constitución de la Republica. Mel Zelaya, no solo ha arrastrado a los políticos a su loca carrera destructiva de la paz de los hondureños, sino que, además, ha transformado en cómplices a los abogados para que pasen por encima de elementales consideraciones de la jerarquía de la ley y de las fuentes originarias, únicas y exclusivas de la producción de la misma.

Además, es una vergüenza la complicidad de la UNAH. Llamada a dominar desde la razón, para orientar la acción y el musculo nacional, se ha colocado al servicio de intereses políticos, renunciando a su categoría de alta institución intelectual. Sus profesores, saben que la fuente de la ley, esta en el Congreso Nacional. Y que la reforma de la Constitución, es exclusiva de los legisladores. Ir en amparo a la Corte, para empujar a esta a la comisión de una postura ilegal, pasando por encima de la soberanía popular, no prestigia a los universitarios. Odir Fernández, pasara a la historia, como un sirviente, que puso la toga al servicio de la mentira y el irrespeto de los derechos ciudadanos. Sus descendientes, cargaran con la vergüenza, por los siglos de los siglos.

 

La UNAH, tiene que explicarnos a nosotros, --que la sostenemos con nuestro trabajo y sudor--, cuales intereses protege y defiende:  los de los hondureños, el estado de derecho; o los de unos políticos interesados en destruir el sistema jurídico y facilitar una dictadura que destruya la representación popular, consolidando una dinastía familiar. Los abogados egresados de la UNAH, deben establecer distancia de esta conducta rastrera de profesionales que renuncian a la verdad, a la defensa de la justicia, para traficar con la toga; y, ponerla al servicio de los mercaderes de la política. Por ello, en esta hora aciaga para los destinos nacionales, el Colegio de Abogados, las asociaciones de abogados, deben pronunciarse y distanciarse de este desaguisado jurídico criticando esta inmoralidad de su casa de estudios, cuyo papel no es el de venderse, sino que de alta cumbre que, por encima de nimiedades, defiende la verdad, exalta el conocimiento; y, busca, por encima de cualquiera consideración la defensa del imperio de la ley y la consolidación de la democracia.

El Congreso Nacional dirigido por Mauricio Oliva, ignoro a la Corte cuando facilito la ilegal reelección del gobernante anterior. Se llamó al silencio. La reelección de JOH, es un acto inexistente. No modifico el derecho constitucional. Nadie la puede invocar Ahora, de la misma manera, debe proceder el Congreso. Ignorar a la Corte Suprema. Así, el Congreso preservara su superioridad y protegerá al país cuando quien lo demande, no podrán usar la complicidad del Congreso como valedor, porque la responsabilidad será de los magistrados exclusivamente. Ningún tribunal internacional occidental, aceptara que la Corte de Honduras, tenga competencia para reformar la Constitución de la Republica. Ninguno.