Contracorriente: ¿PORQUE NO SE CALLA GENERAL?

Juan Ramón Martínez 

El más grave daño que se le ha inferido a la institucionalidad ha sido la instrumentalización de las Fuerzas Armadas por los partidos. Carlos Roberto Reina y Carlos Flores al subordinarlas al Poder Ejecutivo, sin control por el Congreso, no tomaron en cuenta que la medida solo sería útil para la paz y la soberanía popular si las dos partes: los políticos y los militares eran igualmente obedientes de la ley, creyentes de la democracia y convencidos que la soberanía popular era la única fuente del poder legítimo. O se corría el riesgo que, aunque los militares se sometieran a los civiles, estos fueran victimas – uno en contra de los otros – del chantaje, como medio para ascender y gozar del presupuesto; o para eternizarse en el poder por medio de la reelección ilegal.

Veamos algunos ejemplos: en 2009 Mel había regado a manos llenas dinero entre los oficiales. Aumentó a la tropa y distribuyó favores por doquier. Incluso reeligió a Vásquez Velásquez como JEM. Sin embargo, prevaleció la obligación de las Fuerzas Armadas por obedecer la ley por encima de cualquiera consideración. Cuando irrespeto a la Fuerza Aérea, los militares se mantuvieron firmes sin disparar; pero estaban dispuestos a hacerlo. Cuando la Corte Suprema ordenó, no les rechinaron los dientes y cumplieron con su deber y defendieron la Constitución. 

Hasta el primer periodo de JOH, se respetó tanto la jerarquía como la antigüedad. En el segundo, fueron doblegados y aunque hubo movimientos internos en contra no fueron instrumentalizados. Se impuso la formalidad aparente, sobre la esencia de la Constitución. Porque “no teníamos las herramientas para impedir la reelección – nos dice un ex alto oficial – en una reglamentación del articulo 272 ya que teníamos conocimiento de la situación del narcotráfico. Y por eso no respondimos como habríamos querido”. 

Pero se rumoró que un oficial quiso dar un golpe de Estado. Los demás sostenían que no había una coyuntura favorable y que solo los políticos podían propiciarlo; pero él insistió y se lo planteo a la embajada (de Estados Unidos) en una reunión privada. De inmediato el Departamento de Estado mando un funcionario desde Washington para reunirse con el C-2. Este respondió que él se había estado reuniendo con el Jefe del Estado Mayor Conjunto y no había mencionado nada sobre este asunto. El oficial al enterarse se puso furioso y dio instrucciones de develar la conspiración; pero el jefe del C—2 ya tenía el informe listo, así que le solicitaron la renuncia a Funes Ponce, después que la embajada le informó a JOH. 

Los asesores de JOH eran Romero Palacios y Klugmann que le recomendaron irrespetar la línea de méritos y antigüedad, negándole a Fúnez Ponce el derecho de ser nombrado Jefe del JEM. Se puso a Ponce Fonseca primero en la Comandancia del Ejército y después en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. A Ponce Fúnez, para controlarlo le dieron la sub jefatura, pero la relación entre el jefe y el subjefe fue un desastre ya que el primero desconocía la autoridad del segundo. JOH se creía militar y seguro porque estaba rodeado por sus compañeros del Liceo Militar del Norte. Por ello favoreció que los militares se enfrentaran entre si dentro de la XXI promoción. 

Ahora, la crisis es mayor. Roosevelt Hernández ha favorecido la instrumentalización, en su beneficio personal. Ha menospreciado al Congreso: ofendido a los diputados y convertido en activista del PLR, comprometiendo – más que Jorge Fortín – a las FFAA en política, creando un distanciamiento entre esta y los medios de comunicación. Su petición de revelación de fuentes y su amenaza de querellarlos, ha caído mal. En una democracia la critica no es una amenaza. Es un derecho. La prensa no es enemiga de los militares. Tampoco les teme. Mas bien es un pilar fundamental de la defensa de la superioridad de la sociedad civil. 

Con su conducta muestra un giro autoritario en el que en vez de cumplir con sus deberes emprende una cruzada en contra de la libertad de expresión que, no ganara jamás. Los periodistas no tienen por qué revelar sus fuentes. La ley los ampara. Y las Fuerzas Armadas no fueron creadas para acallarlos. Su función es otra. Por ello, le pedimos a Hernández que se calle. Ese aire de ridícula superioridad, mesianismo irregular y “gran poder”, no le viene bien, ni con el cuerpo; y menos con sus capacidades intelectuales. La historia lo condenara.