Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE. Historia de una matanza (V)
(V PARTE)
Juan Ramón Martínez
----
No toda la sociedad fue consternada en la misma proporción por los hechos de Olancho, la persecución de los campesinos de la UNC, el reclamo de los obispos y clérigos por el libre ejercicio de su magisterio y la muerte de los sacerdotes católicos. Gran parte de la población, en otros afanes, continuo en sus tareas, muchos incluso indiferentes a lo ocurrido. La vida pareció que seguía igual. Pero era un error. El país estaba en su mayor crisis después de la Guerra de las “cien horas” librada contra El Salvador en julio de 1969.
Esta vez, el proyecto reformista de López Arellano que había entrado en crisis, fue sometido a prueba por las exigencias sociales por reformas y se produjo un quiebre que, en el mediano plazo, inicio el proceso de salida de los militares de la vida política para obligarlos a volver a sus tareas profesionales. Y, por supuesto no faltaron los cínicos que, en Olancho, dijeron que eran “tontos los militares, porque para matar curas y campesinos, el error es que lo habían hecho en Juticalpa, cuando los debieron haber ejecutado en el Patuca”. “Y nadie se hubiera dado cuenta”, dijo con una leve sonrisa un ganadero.
Pero la estructura del poder político estaba lesionado: los militares implicados ya para el 15 de julio 1975, el gobierno militar exhibía señales internas de desacuerdos que se traducían en cambios y en rumores de renuncia de algunos oficiales o su envió con cargos en el exterior; los ganaderos cuya complicidad era evidente porque manejaban un discurso en contra de la Iglesia, de los sacerdotes y dirigentes campesinos que los hacia beneficiarios de los hechos criminales; los estudiante y profesores universitarios en vista que una de las suyas era víctima de la barbarie militar; y los partidos políticos que, en un oportunismo lógico y consustancial con su naturaleza, aprovecharon las oportunidades en que el poder militar empezó a flaquear, para iniciar un discurso de ilegitimidad de los oficiales castrenses que se habían apropiado del poder de la nación como si fuera cosa exclusivamente suya y solo basada su declarada supuesta superioridad y honradez frente a los civiles.
En conclusión la crisis de la sociedad hondureña se caracterizaba porque el poder político -- en manos de los militares -- había perdido unidad en la medida en que las FFAA, pasaban de los oficiales de línea o antiguos alumnos de la Escuela de Artillería, a una generación de oficiales, egresados de la Escuela Militar Francisco Morazán, bachilleres en Ciencias y Letras –entrenados en las reglas y doctrinas estadounidenses– y que para entonces, eran tenientes coroneles con mando en los batallones que, en su primer salida a la vida política, había destituido al general Osvaldo López Arellano, en abril como efecto del soborno bananero que estremeció la credibilidad de su liderazgo y destruyo su base de ultimo caudillo castrense de la historia política nacional. Y que la crisis, haya aumentado cuando el movimiento social cristiano, lo reto y lo amenaza, porque creyeron que podían ser obligados a negociar y apoyar mejor sus reclamos sociales.
Los militares se sintieron amenazados y reaccionaron temerosos por la posibilidad de ser echados del poder y alejados sus oficiales de sus posiciones y canonjías. Su reacción desmesurada, se explica por el hecho que los campesinos y sus aliados los sociales cristianos y varios agentes de la pastoral católica, mostraron una fuerza y un discurso que los amenazaba de desalojarlos del poder. El resto de los protagonistas: agricultores y ganaderos y partidos políticos, fueron actores subalternos. Los primeros usados como cómplices y defensores de una base de riqueza basada en la ocupación de los bienes nacionales sin legitimidad alguna; y que había sido cuestionados por las enseñanzas de la Iglesia y la conducta de los campesinos que recuperaban lo que los primeros tenían como suyas: las tierras nacionales. Y los segundos, los Partido Políticos, que ante este fenómeno de evidente debilidad y fisura del poder militar creen que ha llegado la oportunidad, en que los militares muestran tener la guardia baja, para obligarles a que regresen a los cuarteles y les devuelvan a los civiles, la dirección del país.
14. El informe de la Comisión: las verdades, las excusas y
los beneficios para los criminales
Que las diez personas que fueron interrogadas y asesinadas — no dicen que fueron torturadas, porque esta palabra no fue usada en el informe que nos ocupa — sino que muertas por los señalados; y que los cadáveres habían sido arrojados a un pozo de malacate a donde fueron conducidos en un vehículo manejado por Manuel Zelaya; que se arrojaron varias candelas de dinamita que no estallaron; y que el brocal del pozo se cubrió con grama de forma que dio la impresión como que nunca había existido. Además, los asesinos tuvieron el cuidado – dijo la Comisión – de no usar sus armas de reglamento para la muerte de las personas, sino que un fusil mágnum propiedad de Manuel Zelaya. No hubo pruebas balísticas que demostraron algo diferente. Pero se supo, por boca de un miembro de la Comisión que usaron pistolas automáticas exclusivas y de uso por los militares hondureños.
En consecuencia, el informe de la Comisión ratifico que los militares como institución no tenían responsabilidad, porque el mayor Enrique Chinchilla había actuado por sus propios criterios; el sub teniente David Plata Tablada en obediencia debida porque era su subordinado; y los agentes del DNI, solo habían cumplido con sus deberes profesionales: interrogar y torturar. Por ello, no fueron incluidos entre los responsables. El Alto Mando Militar — Melgar, Ramírez Ortega, Paz García y Elvir Sierra — en ningún momento giro órdenes para que se incurriera en los excesos que informaban. Aunque no incluye la Comisión el documento u orden general que fuera remitida a todo el país para que se controlara la “Marcha de la Esperanza” iniciada por la UNC el 25 de junio, con lo cual comprobar la expresión citada anteriormente, su desconocimiento fue entendido como prueba de su inexistencia. O de su desaparición deliberada.
En virtud del informe de la Comisión Militar de Alto Nivel, las FFAA en ningún momento tuvieron la iniciativa y mucho menos protagonismo singular porque “la situación en el departamento de Olancho, dada la agudización del problema agrario, reviste caracteres singulares, debido al antagonismo violento de terratenientes y campesinos, complicada por la participación de algunos religiosos que estimulan las divergencias” en las que los uniformados se vieron involuntariamente involucrados.
Los hechos confirman que lo anterior es una visión parcial de las causas de la crisis y una excusa muy frágil. Además, sin respaldo alguno porque no aporta pruebas más allá de la presencia de los cadáveres y las evidencias de las torturas sufridas por las víctimas. La opinión publica no acepto que el gobierno militar no estuviera involucrado, en el caso del 25 de junio y días subsiguientes. Como lo escribió un lúcido analista nacional: “El gobierno militar alertado por una serie de ocupaciones masivas de tierras habidas el mes anterior y temeroso de posibles alteraciones decidió cancelar la marcha y poner en práctica un plan de acciones encaminadas a restablecer la paz y a tranquilidad públicas. El objetivo principal de ese plan pareció ser el de mandar de vuelta a los manifestantes con rumbo a sus hogares, sin embargo, el verdadero objetivo político que el Ejercito llevo a cabo consistió en atacar y desmantelar a diversas organizaciones y programas opositores, vinculados a la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica” (Marcos Carias Zapata, Crímenes en Olancho, Tiempo, San Pedro Sula, 23 de julio de 1975).
Por su parte, los Obispos – especialmente el de San Pedro Sula, Jaime Brufau – en una declaración publicada en los periódicos, que “tenemos la firme convicción de que estos crímenes fueron producto de un plan minuciosamente preparado para atacar a la Iglesia de Olancho como tal, el cual fue elaborado principalmente por fuerzas tenazmente opuestas a las impostergables reformas sociales en el campo. Lamentamos seria y profundamente la participación que tuvieron en esto y en ulteriores acontecimientos algunos elementos de las Fuerzas Armadas. Si estos hubieran cumplido desde el primer momento con el deber de garantizar el orden público y seguridad de las personas, los sucesos no hubieran llegado a los extremos que tenemos que lamentar, y que pusieron en peligro la actividad de toda la Iglesia en Honduras y colocaron en un mal predicado nacional e internacional al gobierno de nuestra Patria”. (Jaime Brufau, Obispo de SPS, 15 de juicio de 1975, Tiempo, 18 de julio de 1975)
El Presidente de FENAGH Fernando Lardizábal, rechazo el contenido del informe de los militares y estableció de entrada y furioso, su no implicación en los crímenes de Olancho, exigiéndole a los miembros de la comisión que “muestren las pruebas en que basan sus acusaciones”, agregando que posiblemente “es una represalia porque no cedi a las presiones que se hicieron para que no me lanzara a la reelección” (Tiempo, 24 de julio de 1975).
En
otro periódico, Fernando Lardizábal Gilbert, desafiante y en forma más directa dijo
que los militares con el informe que presentaron, de forma deliberada, “se
lavaban las manos como Pilatos, librándose de culpas y atribuyéndoles las culpas
por los crímenes a los demás, sin ninguna prueba, simplemente con la firma de
los oficiales que suscriben el informe de la Comisión”. Le extraño que hayan
escrito que “en ningún momento las autoridades superiores giraron instrucciones
contra la vida y seguridad de las personas implicadas en actividades campesinas
que se pretendía controlar irónicamente. (El
Día, 26 de julio de 1975)
El
columnista Víctor Meza, dice que ignora si “estaremos ante los pasos iniciales
de una escalada represiva que no ha hecho mas que cobrar las primeras víctimas.
Serán acaso los trágicos acontecimientos de Olancho un simple anuncio de lo que
están dispuesto a hacer los grandes propietarios de la tierra de lo que consideran
sus sagrados intereses.” (El Día, 23 de
julio de 1975).
Y es
que las supuestas órdenes que hicieron actuar a Chinchilla en Olancho, no
formaron parte del sumario; y por supuesto el Abogado del Estado, que asumió
para si y sin evidencias de haber sido autorizado, la representación de las
familias de las víctimas, no estaba interesado en que se conociera, porque para
muchos observadores, era difícil aceptar que el mayor Enrique Chinchilla, Plata,
Ártica y los agentes del DNI de Olancho, hayan actuado por su propia
iniciativa. E incluso, que la grabación que se le tomara al padre Iván, en
donde hizo confesiones inaceptables para cualquier juez y bajo terribles
torturas inferidas por los agentes del DNI, nunca fueron presentadas en el
proceso para dilucidar responsabilidades a los torturadores o al padre Iván
Betancourt, en caso que fuese culpable de las auto incriminaciones que, por los
sufrimientos confeso, es porque allí estaban las preguntas que le hicieron en
el curso del interrogatorio los agentes del DNI y además, las expresiones suyas
y las agresiones a las que le sometieron. Solo un tiempo después se exhumo el
cadáver de Ruth García Mayorquin, cosa que no se hizo con ninguno de los otros
cadáveres que pudieron haber dado testimonios post morten definitivos para
dilucidar responsabilidades de sus asesinos. Que habrían sido más que los
incriminados por la Comisión Militar de Alto Nivel, que no tenía competencia
alguna para efectuar tareas de instrucción de una acción delictiva.
Además, llama la atención que la causa criminal en contra de los señores señalados en el informe, no se sustancio en el lugar que correspondía: el Juzgado de Letras de Juticalpa, sino que en Tegucigalpa. Según el Procurador General Licenciado Serapio Hernández Castellanos, actuó como acusador “obedeciendo órdenes directas del Jefe del Estado, mediante una carta firmada en la que le dice:
Le estoy remitiendo el resumen de los hechos que aparecen en el Informe de la Comisión Investigadora al Honorable Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, sobre los sucesos acaecidos recientemente en el departamento de Olancho, que culminaron con el asesinato de varios compatriotas y otras personas de nacionalidad extranjera, incluyendo dos señoritas y dos sacerdotes. El Poder Ejecutivo a mi cargo lamenta profundamente y condena con energía la bárbara acción de quienes han venido a ensombrecer con sus actuaciones la vida de la nación y la han llenado de vergüenza. Considero entonces que es imperativo sentar ahora un precedente ejemplar para que todos los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o económica, la categoría que ostentan por razón de desempeñar función autoridad comprendan claramente que el Gobierno Militar no tolerara ni encubrirá o protegerá a quienes pretendan con el odio y la revancha primitiva sembrar el caos en nuestra patria. Sírvase en consecuencia adoptar las medidas que sean precedentes en derecho para poner a los sospechosos a la orden de los Tribunales Competentes, incoar el o los procesos a que haya lugar y proseguirlos con diligencia hasta que se dicten y ejecuten sentencias que impongan el castigo que nuestras leyes consignan para los actos delictuosos cometidos. En el cumplimiento de esa función contara usted y sus subalternos con el pleno apoyo de las autoridades civiles y militares bajo mi mando. Melgar Castro, Jefe de Estado.” (Tiempo San Pedro Sula, 29 de junio de 1975).
Con
esta carta, el Jefe de Estado general Melgar Castro, redujo el espacio de
indagación para las autoridades al informe de la Comisión Militar de Alto Nivel –
que es evidentemente parte interesada –, constriño al juez a un espacio
reducido; y se convirtió en única representación de la parte agraviada,
asumiendo tareas que eran exclusivamente de las familias de las víctimas.
Lo
que como dijimos antes el que el informe no fuera acompañado de las pruebas
pertinentes para que se hiciera justicia, limito la acción del juez y de alguna
manera le dio protección a los indiciados. De allí que parece que fue
deliberada la omisión, -- tanto del juzgado competente como la intervención del
Procurador General -- porque de esa manera se podía eludir el peso de la
justicia y reducir el riesgo que, en las indagatorias, se viera implicada las
más altas autoridades militares del país.
Según refirió al mismo periódico el Procurador General de la República, Serapio Hernández Castellanos expreso que “El juez de Juticalpa, estaba obligado de oficio a iniciar el sumario de los sangrientos sucesos de los Horcones, cosa que no hizo y en la actualidad en ese juzgado solo se tienen las actas de reconocimiento de los cadáveres extraídos del pozo malacate de la referida hacienda”. El reportero escribe que, además, que “resulta curioso, pues ni el mismo Juez Primero de Letras Criminal de Juticalpa, Abogado Augusto Bustillo, había levantado el sumario, pese a que acepto haber estado presente en el Comando Militar de Juticalpa la noche del 25 de junio cuando el mayor Enrique Chinchilla quiso tipificar el delito cometido por los que estaban dentro del Centro 18 de febrero. Como consecuencia de todo lo anterior, el Juzgado Primero de Letras de los Criminal se convertirá en el centro de atención del pueblo hondureño durante los próximos días, en que el juez Jesús Orellana investigue y levante el sumario en el sonado caso de Los Horcones.” (Tiempo, San Pedro Sula, 29 de julio de 1975).
Como se recordará, el
juez Jesús Orellana fue el funcionario
judicial que conoció del caso del Soborno Bananero (abril de 1975) y que dicto
sentencia anulando la acusación de defraudación fiscal que pesaba sobre el ex
–ministro de Economía, licenciado Abraham Bennaton Ramos.
Finalmente, hay que repetir que la Comisión Militar de Alto Nivel, no acompaño a su informe de ninguna prueba incriminatoria, salvo los cadáveres, algunas prendas y un rifle, de modo que, sin los elementos de una verdadera indagatoria criminal, la acción de la justicia en contra de los señalados, parte de una posición muy frágil, y con ventajas para los criminales. Y que el juez no haya ejecutado acciones de investigación adicionales para buscar nuevas pruebas más allá de la opinión de un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, confirma que hubo deliberado animo de orientar la acción de los tribunales en determinada dirección.
Los familiares de los campesinos, la iglesia a nombre de los
sacerdotes; ni la justicia militar se apersonaron en la causa, lo que de
entrada constituyó un beneficio para los indiciados. En esas condiciones, la
justicia para los responsables era difícil y complicada. Y la posibilidad que
los implicados recibieran condenas mayores era muy baja. A cambio de lo cual,
además, dejaban cubiertas a las personas que les habían dado desde Tegucigalpa,
las ordenes que simplemente habían cumplido literalmente en Olancho. En los
corrillos callejeros, se repetía que la orden militar dirigida desde
Tegucigalpa era “que se detuviera a los campesinos, por la forma que fuera”.
Por ello el COHEP, instancia cúpula de la cual era miembro la FENAGH fue más
puntual y certero en el análisis, no solo poniendo en duda los responsables,
sino cuestionando el gobierno militar.
15. El cuestionamiento del COHEP, incompleto informe, dudas sobre los hechos y causas de los
problemas.
Ante el comunicado número 126 del Ministerio de Información, Cultura y Turismo, “que resume el informe final de la Comisión nombrada por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas” para investigar los hechos ocurridos en Olancho, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, órgano cúpula de los empresarios hondureños y extranjeros, considera necesario “analizar públicamente los conceptos esenciales del mismo, para responder a las vagas y calumniosas acusaciones formuladas a un sector de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y a miembros de la empresa privada, acusaciones que introducen adicionales factores de confrontación entre los empresarios rurales y los campesinos del país que, en las presentes circunstancias, podrían producir consecuencias aún más graves que las que ya ha sufrido la nación”. No es la primera vez que la empresa privada se enfrenta a los militares.
En 1968, los empresarios declararon una huelga general, para protestar contra el gobierno de López Arellano y el Protocolo de San José, de forma que son adversarios cuyas fuerzas y decisión se conocen mutuamente. En 1968 Osvaldo López Arellano impuso su voluntad, encarcelo dirigentes sindicales, empresarios y obliga a otros a asilarse momentáneamente en los países cercanos. Ahora, la distancia entre empresarios y gobierno es mejor; y la dirigencia del COHEP sabe que con la crisis de Olancho, los militares han perdido fuerza y mostrado sus debilidades. La primera critica del COHEP hacia el informe de la Comisión es que carece de amplitud y justificaciones. “Se circunscribe a definir hechos y responsabilidades a partir de las 10.30 de la noche del 25 de junio recién pasado, dejando por fuera las causas fundamentales que dieron origen a los hechos que consecuentemente desembocaron en la tragedia nacional y a los protagonistas de las mismas”.
No lo dijo; pero es obvio que hecho en falta la no inclusión de la orden general que el alto mando militar dirigió a los jefes de cada una de las regiones militares del país. Destaca el COHEP, entre esas causas las provocaciones de la UNC “con el estímulo y apoyo de otros sectores dedicados a crear el caos dentro de la familia hondureña que culminaron con la perdida lamentable de vidas humanas”. “Estas provocaciones, que la misma fuerza publica trataba de controlar por constituir verdaderos retos a la autoridad estatal, se destacaron históricamente los operativos de la UNA que desafiantemente desencadeno en consecuencia previamente proclamada por sus dirigentes inmediatos y que se tradujeron en masivas invasiones de propiedades privadas rurales en todo el ámbito de la nación; la paralización, durante un día, pero prácticamente total, del transporte en todo el país, mediante la toma de puentes principales del sistema vial; la marcha de protesta iniciada en todos los departamentos y dirigida hacia la capital, tal como fue consignada en comunicados oficiales del régimen militar” ( Tiempo, SPS, 26 de julio de 1975).
También se queja el COHEP, que en el informe no se indica que los actos que se comentan se efectúan, en una abierta pugna entre la dirigencia de UNC –“hasta el momento dependiente del Movimiento Demócrata Cristiano– y el Instituto Nacional Agrario, pugna esta que se desarrollo para unos, por el control de dicho instituto; y para otros, por el control de la UNC”. “El resultado de esta pugna, favorable en última instancia al INA, probablemente explique la razón por la cual en ninguna forma aparece mencionado en el informe de la Comisión la responsabilidad que pudieron tener tanto el Instituto Nacional Agrario, como el movimiento campesino representado por la UNC”. A continuación, el comunicado del COHEP, rechazo la implicación de los dirigentes de la FENAGH, “sin aportar las pruebas pertinentes que supuestamente los comprometa”.
Pero es en la parte final, en donde el informe del COHEP es mas contundente, porque usa una conclusión lógica super regional y ataca la afirmación central del informe: que lo ocurrido en Olancho fue un acto irregular, de carácter local y sin ordenes giradas desde el alto mando desde Tegucigalpa, porque al decir fue un hecho aislado que aprovecharon algunos para lograr la complicidad de elementos militares, “introduce un factor adicional de controversia social que confirman nuestra convicción que la confrontación entre los sectores del agro, puede producir consecuencias aún más graves que las que hasta ahora registra la historia nacional”.
Y en el ejercicio del puntillazo final, agrega que
“asimismo el Informe de la Comisión, define condiciones en verdad preocupantes
para todos los sectores de nuestra nacionalidad, por cuanto da orígenes a
implicaciones que lamentablemente pueden ser peligrosas dudas sobre el grado de
cohesión y de acción efectiva de las FFAA como institución garante del
mantenimiento del orden público. Si la Comisión quiere dar a entender que las
autoridades militares locales están actuando independientemente de sus
superiores, la misma Comisión está refiriéndose al principio de un proceso de
desintegración de la organización militar, con graves implicaciones para la
seguridad de la nación entera.” (Tiempo,
SPS, julio 26 de 1975)
En conclusión, el COHEP no acepta la validez de las acusaciones en contra de sus miembros; ni tampoco que las autoridades militares de Olancho hayan actuado sin órdenes desde Tegucigalpa, excepto que se admita que las FFAA están en un proceso de desintegración.
(CONTINUARA EL PROXIMO SABADO).
Comentarios
Publicar un comentario