Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE. Historia de una masacre (IV)

(IV parte)

Juan Ramón Martínez

Guillermo Ayes Mejía, el instigador.                Matías Hernández, el “pacificador”

El 26 de junio de 1975, pocos entendieron la causa racional de los hechos ocurridos en Santa Clara, Juticalpa, los muertos en la balacera provocada por el Supervisor Departamental de Educación Primaria; y menos la captura de un grupo de personas, dos sacerdotes y dos mujeres de los que nadie daba noticias. Y menos, cuando el gobierno militar dirigido por Juan Alberto Melgar Castro, emprendió desde el día anterior dura represión en contra del liderazgo campesino social cristiano, la Iglesia Católica, cerrando emisoras y centros de formación. Tampoco el encarcelamiento de dirigentes magisteriales, vinculados con los campesinos. La información era incompleta, los periodistas no podían acceder a las fuentes y, además, las declaraciones de los involucrados eran incoherentes e incluso increíbles, especialmente la sostenida por el mayor Enrique Chinchilla, Jefe de la V Zona Militar, que afirmaba que los presos de Santa Clara se habían fugado; y que estaban en las montañas para formarse en guerrillas y luchar en contra de la “Tercera Fuerza”. Expresión que después de 50 años nadie puede explicar. 

Los periodistas que viajaron a la zona, encontraron en Olancho ciudades en estado de sitio, soldados vigilando las oficinas públicas y todos las entradas y salidas de Juticalpa, Catacamas, San Francisco de la Paz, Culmí y Gualaco; pocas personas en las calles, las emisoras sin noticieros, las iglesias sin curas y monjas. Las gallinas calladas. En fin, la gente hablando en susurros, volviendo a ver hacia todos lados, cada vez que decían algo. El Centro Santa Clara, estaba convertido en un cuartel. “Las puertas de las aulas han sido cerradas y se prohíbe el ingreso de particulares” (Tiempo, San Pedro Sula, 3 de julio de 1975).

Las tropas desplegadas eran dirigidas por el teniente coronel Matías Hernández. Tampoco se podía entender la naturaleza del miedo que afectaba al departamento que siempre ha tenido la fama de ser cuna de hombres y mujeres mas valientes. El miedo era un desconocido, que entraba silencioso bajo las puertas cerradas y se reflejaba en las caras asustadas de las pocas personas que circulaban en las ciudades solitarias, la falta de saludos y de abrazos, las distancias entre las miradas oblicuas, las iglesias cerradas, la falta de sacerdotes – había uno solo, en todo el departamento --, las candelas apagadas; y el  que, por primera vez, en muchos años, “se volvieran a escuchar  las campanas” que solo daban a muerte, anunciando el enterramiento de algún cristiano que había concluido sus días en la tierra. (Ramón Oquelí, Informe de Comisión Universitaria).

El clima de terror impuesto por los militares y ganaderos provocaba miedo en la población que se mantenía detrás de los visillos de las puertas, interrogándose quien venía y quien iba; y porque habían ocurrido esas muertes de curas que todos debían respetar. “Mire aquí nos matamos unos con otros; pero matar curas no es propio de los olanchanos”, dijo alguien, llevándose el pañuelo sucio a los ojos cansados.

9. El relato de Chinchilla y Cesar Elvir: “fuga de detenidos y existencia de guerrilla”

Mayor Enrique Chinchilla, Jefe V Zona Militar & “Mel” Zelaya Ordoñez, dueño “Los Horcones”

Entrevistado por los periodistas el 1 de julio de 1975 en sus oficinas de Juticalpa, el Mayor Enrique Chinchilla Díaz, Jefe de la V Zona Militar dijo a los periodistas que el padre Casimiro Cyper, “se había fugado del presidio de Juticalpa; y que ignoraba su paradero”. Y que, además seis hombres más, “huyeron con rumbo desconocido”. “Y pueden ser ultimados por la “Tercera Fuerza”. (Tiempo, San Pedro Sula, julio 2 de 2025). No explica que era esa “Tercera Fuerza”.

Sus palabras firmes, los ojos fijos y los músculos faciales en su lugar, daban la impresión que decía la verdad. Se notaba cansado y que no había dormido en los últimos días. De repente sabía lo que había hecho. Muchos testigos en el Santa Clara, en el Presidio, en la gasolinera y en los alrededores de los Horcones, vecinos que circulaban a pie, pasajeros en buses que venían e iban a Tegucigalpa, sabían lo ocurrido. Probablemente Chinchilla no recordaba de los detalles. Los sociópatas tienen mala memoria. Él había cumplido una misión de acuerdo a las ordenes recibidas. El día anterior había viajado a Juticalpa, una Comisión de militares y religiosos, con el fin de investigar el paradero de las personas desaparecidas. Estaba integrada por los sacerdotes Valentín Meléndez, Superior de los Jesuitas en Honduras y Luis Alfonso Santos, salesiano del Instituto San Miguel y sobrino del Arzobispo Metropolitano Héctor Enrique Santos; y por el teniente coronel Manuel Enrique Suarez, Auditor de las Fuerzas Armadas, para encontrar pistas y resolver el misterio. 

“El grupo inicio ayer mismo la investigación de la suerte que han corrido los padres Iván Betancourt y Michel Jerone Cypher (Padre Casimiro) de quienes se tejen varias versiones sobre su destino. El Ejercito informó que el padre Casimiro había escapado con seis campesinos más el día que se inició la “Marcha del Hambre” coincidiendo con los sucesos que provocaron la muerte de cinco ocupantes más del Instituto “18 de febrero” de Juticalpa, Olancho”. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, coronel Cesar Elvir Sierra dijo ayer que la versión que tenían era que “habían escapado”. Agrego que “sobre el P. Iván Betancourt las FFAA y la FUSEP no tenían ninguna información. Creemos que la información que nos está brindando el Comando Militar de Olancho es correcta”. Apunto que tenía confianza que se estaba actuando de la manera mas ejemplar; “se ha permitido que ellos (los sacerdotes) constaten con la presencia del Auditor de las FFAA todo lo relacionado con este asunto”. 

El coronel Cesar Elvir Sierra informo “que se le estaba dando facilidades a la Comisión Investigadora, para que estas cosas no lleguen a mas mediante la colaboración entre el Jefe de Estado Melgar Castro y el Nuncio Apostólico Monseñor Montano y el Arzobispo de Tegucigalpa Monseñor Héctor Enrique Santos en la reunión celebrada en la semana anterior. (Tiempo, 2 de julio de 1975).

El 6 de julio el estudiante de secundaria Octavio Doblado dijo que “viajaba en bus a Juticalpa a pasar vacaciones de fin de semestre, y que había visto la captura del Padre Iván en una gasolinera en Lepaguare. Que el padre se conducía en un carro de su propiedad, marca Nissan, tipo jeep”. Después vio otro jeep que lo seguía yendo dentro del automóvil Mel Zelaya y Carlos Barh dueño del aserradero Lepaguare”. (El Día, Tegucigalpa, 7 de julio de 1975).

Para entonces, el relato del mayor Enrique Chinchilla había sido descartado por falso y todos creían que lo peor les había ocurrido a las personas desaparecidas; y que el cuento de su integración a una supuesta guerrilla en el Patuca, era una patraña para bobos. El gobierno central compartía esta historia. Los ganaderos de Olancho implicados en la conjura habían empezado – antes del 25 de junio y después también – a recoger dinero para iniciar una campaña de “información”, usando los periódicos y la radio. Para lo que el mayor Enrique Chinchilla escogió al conocido periodista José Ochoa Martínez, porque era amigo de su padre el coronel David Chinchilla. Una vez que empezaron a llegar los periodistas a Juticalpa en busca de información, el mayor Chinchilla creyó que debía acudir a Ochoa para regar dinero entre los periodistas y asentar el relato de la guerrilla y la “Tercera Fuerza”. 

Este atendió su llamado, lo visito y lo oyó. Chinchilla le explicó lo ocurrido, le dio su versión; pero Ochoa entendió que se trata de engañar a la opinión pública y que los sacerdotes estaban muertos. Le dijo que sí; pero que viajaría a Tegucigalpa y que regresaría. Al volver a Tegucigalpa, Ochoa visitó a Monseñor Santos y le proporcionó la información sobre los sacerdotes, las señoritas y los dirigentes campesinos, confirmándole que según le dijo Chinchilla, estaban muertos y que lo único es que no sabía era dónde habían escondido los cadáveres. También le hablo de la propuesta del mayor Chinchilla, con el fin de engañar al público. 

Impulsado por esta información Monseñor Santos y el Nuncio Apostólico Monseñor Montano nombraron una comisión para confirmar la información de Ochoa. Y de consiguiente convoco a una reunión extraordinaria de la Conferencia Episcopal. Cuando se reunieron con Melgar, días después, le entregaron una carta muy enérgica exigiéndole al Gobierno Militar el esclarecimiento de los hechos, todos los obispos saben lo que ha ocurrido,

El 7 de julio, los estudiantes universitarios se dirigieron a Melgar Castro planteándole sus preocupaciones y exigiéndole acciones y rectificaciones. Le dicen que Ruth García Mayorquín “fue interceptada por efectivos de la FUSEP quienes acompañaban a los señores Manuel (Mel) Zelaya y Carlos Barh los que internaron a las señoritas García y Bolívar en una hacienda propiedad del mencionado Mel Zelaya, pero siempre bajo la custodia de elementos de la FUSEP. Su gobierno ha desoído los ruegos de los parientes y amigos de las victimas de la represión, así como las exigencias de las diversas organizaciones populares para que cesen las persecuciones, se de a conocer el paradero de los desaparecidos, se ponga en libertad a los presos; y se identifique y se castigue a los culpables”. 

En vista de los anterior, resuelven: “A. Dar al gobierno de las Fuerzas Armadas un plazo improrrogable de 24 horas a partir de las ocho horas del martes ocho de julio, para que exhiba ante la comunidad universitaria a la compañera Ruth Argentina García Mayorquín; B. Exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de los ilegalmente detenidos, entre los cuales se encuentran varios estudiantes universitarios;  y que diga la verdad sobre la suerte y el paradero  de los desaparecidos; C. Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU investigar la violación de los derechos fundamentales del hombre cometidos por autoridades militares del departamento de Olancho”. Firman el comunicado dirigentes de la FEUH, Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, Asociación de Profesores del CUEG, Frente de Reforma Universitaria, Democracia Cristiana Universitaria.” (El Día, Tegucigalpa, 8 de julio de 1975). Además, los líderes universitarios convocan a una reunión masiva en la ciudad universitaria para el día 9 de julio a las 8 de la mañana.

El día 10 de julio, las FFAA, “en trece camiones del ejército trasladaron 290 soldados de Tegucigalpa a Olancho, para reforzar el Comando Militar de aquella zona”. (Tiempo, San Pedro Sula, 11 de julio de 1975). Al frente de las tropas iba el teniente coronel Matías Hernández. La movilización, el oficial que las comandaba; y las acciones que realizaron, constituyó el primer ejercicio real de las FFAA ante una rebelión popular inexistente. Evidenciando que se sentían acosados; y que no tenían otra alternativa que responder violentamente. Contaban solo con el apoyo de algunos ganaderos nerviosos y desesperados. Y el silencio cómplice de algunos líderes del PL y el PN La misión fue tan penosa que nunca más, ni siquiera en conversación con sus íntimos en Lepaterique -- donde vivió sus últimos días--, el coronel Matías Hernández volvería hablar de esta tarea que le confiara el alto mando militar en 1975.

10. La Iglesia Católica: pide que cese la represión

El clima de terror  hizo que la Iglesia Católica se dirigiera a Melgar Castro y al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en carta del 10 de julio, en la que “los que suscriben, el Arzobispo de Tegucigalpa, los Obispos de Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Choluteca y Auxiliar de Tegucigalpa, los representantes de los institutos religiosos de Honduras, de la Comisión Nacional de Pastoral, de la Federación de Colegios Católicos, de los Cursillos de Cristiandad, de Caritas de Honduras, del Movimiento Familiar Cristiano, de la Legión de María, quieren  exponer y pedir: 1. deseamos el esclarecimiento de los hechos y hacer justicia. 2. Protestar por el atropello a sacerdotes y laicos que fueron sacados de sus residencias, impedidos de ejercer su ministerio y expulsados del territorio de Olancho, conducidos a la capital y una vez en esta los extranjeros fueron dejados bajo custodia del Arzobispo con la amenaza de la expulsión del país; y por el allanamiento y saqueo del Obispado de Juticalpa y de las casas cúrales y religiosas del departamento de Olancho; por la custodia militar de las Iglesias del mismo departamento de Olancho que impiden los actos semanales del culto y los servicios religiosos. 3. Exigen al gobierno militar una intervención exhaustiva y rápida sobre el paradero de los sacerdotes Casimiro (Michel Jerome) Cypher e Iván Betancourt y de las señoritas María Elena Bolívar y Ruth García y de otras personas que compartían la misma suerte; y de los culpables y sus cómplices. Exigen el enjuiciamiento y castigo de los responsables de los hechos del Centro “18 de febrero” de Juticalpa. Los resultados de estas investigaciones deben ser dados a conocer a la opinión pública. 4. Piden el retiro de las tropas o custodios militares de los templos; y las seguridades para las personas, su locomoción y actividades a fin que sea posible la reiniciación de sus tareas pastorales”. “Y si hubiere un caso específico de incompetencia de regreso de alguna persona, la resolución del mismo quede en manos de la Jerarquía Eclesiástica, previa presentación de las pruebas en contra; y que cese el contubernio en Olancho entre terratenientes, ganaderos y algunos militares y el clima de terror y represión implantados allá por ambas fuerzas; y dentro de este clima que terminen de una vez las detenciones arbitrarias que se han venido haciendo hasta ahora”.5. Exigen la presentación de pruebas de implicaciones de sacerdotes, religiosas y laicos en movimientos subversivos e infracciones de las leyes del país. 6. Piden la puesta en marcha de una justa Reforma Agraria. “Finalmente reitera la exigencia que se le deje trabajar en paz en su labor de evangelización y de promoción humana, esencialmente entre los sectores más abandonados y oprimidos que son la mayoría”. Firman los Obispos, Héctor Enrique Santos, Marcelo Gerín, Bernardino Mozzarella, José Carranza Chevez, Jaime Brufau, Evelio Domínguez, P. Valentín Menéndez; los seglares Roberto Ramírez, Ricardo Motta; los sacerdotes: P. Julio Martínez, P. Juan R. Mejía, Hermana María García, el P. Bernardo Meza, P. Ángel Castro, P. Juan Regal, P. Iván J. Ayala, P. Victoriano Sevilla, P. Patricio Wade, P. Esteban Gross, P. Luis Alfonso Santos,  P. Pablo Cruz, Madre Blanca Carballo, Hnas. María de Jesús del Cid, Fátima Cárcamo, P. Lorenzo Castellanos, Roberto Cáceres, Sor Janine Barit, P. Aureliano Santa Olaya, Alonso Valenzuela, Roberto y Micky de Pineda, P. Dionicio Potvin, Enrique Coursol, P. Alonso Tejeda, P. Jorge Matus, P. Celestino Pennial. Alfonso Proutils, (El Día, Tegucigalpa, 11 de julio de 1975).

El tono de la carta y los silencios entre líneas, confirman que los firmantes saben que las dos señoritas, los sacerdotes y los dirigentes campesinos están muertos. La Comisión del P. Meléndez, el P. Santos; y el Auditor de las Fuerzas Armadas ha dado bastante información a los obispos sobre el destino de los desaparecidos. Monseñor José Carranza, obispo de Santa Rosa confió estar “convencido que han muerto María Elena Bolívar, Ruth Argentina García Mayorquin, Padre Casimiro e Iván Betancourth. Me baso en las declaraciones de personas que han venido de Olancho.”  

“En la reunión de los Obispos que se realizó de 8.30 pm a las 10.45 pm de ayer, además del Jefe de Estado participaron el Jefe de las Fuerzas Armadas coronel Policarpo Paz García y del Estado Mayor coronel Cesar Elvir Sierra, nombraron una comisión de siete coroneles para que investiguen los acontecimientos de Olancho. La Comisión a presidida por el coronel Omar Antonio Zelaya, comandante de la FUSEP, partió esta mañana hacia aquel departamento (Juan Alfaro Posadas, El Día, Tegucigalpa, 10 de julio de 2025).

Los miembros de la Comisión sabían lo ocurrido. Eran parte del entramado superior. Iban a rescatar los cadáveres que habían sido enterrados en la hacienda de Mel Zelaya. Y a construir otro relato en que los militares se desmarcaban, atribuyendo toda la culpa al mayor Chinchilla y al terrateniente Manuel Zelaya, eximiendo de responsabilidad al alto mando de las FFAA para que la opinión pública no rechazara más al gobierno de Melgar Castro. El 7 de julio, un periódico había publicado “Como se puede negar lo que todo Juticalpa vio, en donde se dice que desde un mes antes del 25 de junio se han oído estos rumores: 1. Dicen los terratenientes que para agosto no habrá ningún sacerdote extranjero en Olancho; 2. Como no llueve, habrá una lluvia de sangre. Pág. 7 (El Día, Tegucigalpa, 7 de julio).

La ciudadanía estaba disgustada y temía a los militares. La mayoría de la opinión pública condenaba los hechos de Olancho. En Tegucigalpa, en una Marcha del Silencio en protesta por desaparición de Ruth García, congrego más de cinco mil personas, empezaban las movilizaciones públicas contra los hechos ocurridos. (El Día, Tegucigalpa, 10 de julio de 1975). Las Diócesis de Choluteca y Comayagua, habían publicado su rechazo absoluto a lo ocurrido y a la represión que sufrían los católicos.

En un comunicado, el Gobierno Militar informo que integraban la Comisión: Coronel Omar Antonio Zelaya Jefe de la FUSEP, coronel Mario Leonel Fonseca Director de la Escuela Militar, teniente coronel Amílcar Zelaya, comandante del II Batallón de Infantería, teniente coronel Juan Ramón Molina comandante del I Batallón de Artillería, teniente coronel Huber Boden Jefe de Inteligencia de las FFAA, mayor de aviación Marco Tulio Rivera, Comandante de la Fuerza Aérea. El columnista Víctor Meza, describió la situación que se vivía: “No se sabe con exactitud que hará la Iglesia Católica del país en el caso extremo de que sus representantes hayan sido asesinados. Pero una cosa si puede deducirse con relativa facilidad: no se quedará tranquila. (Víctor Meza, El Día, julio 10 de 1975).     

Fernando Montes Matamoros, ex Ministro.          Vicente Williams Agasse, ex Asesor Presidencial.

Mientras tanto Melgar Castro, buscando oxigenar a su régimen y reacomodando a las nuevas fuerzas militares que lo respaldaban acepto las “renuncias” de los demócratas cristianos Fernando Montes Matamoros, Ministro de Recursos Naturales y Vicente Williams Agasse, Asesor Presidencial. La breve alianza con los “social cristianos” había concluido. Montes, hasta ese momento, mantenía un enfrentamiento con el INA, dirigido por el teniente coronel Mario Maldonado. Aunque esto había sido tradicional, en este caso las diferencias eran por “razones ideológicas” y actitudes distintas en cuanto al tratamiento de las organizaciones campesinas. Para sustituir a Montes fue nombrado Rafael Leonardo Callejas, manteniendo en la subsecretaria a Efraín Díaz Arrivillaga. En vez de Williams, no se nombró a nadie. Callejas en sus primeras declaraciones expreso que haría lo posible por “enfriar las relaciones entre su ministerio y el INA”. Igualmente, la Junta Central del COLPROSUMAH dio a conocer el día anterior en la mañana la lista de los dirigentes detenidos por la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) entre ellos, Faustino Rodríguez. En el DIN se informó que estaban detenidos Julián Lagos, Presidente de la CGT y Rafael Alegría, Coordinador del Movimiento Cooperativo Popular. Y en la PC. Rodolfo Sorto Romero, profesor, fundador del PDCH y responsable de Educación de la Central General de Trabajadores,  

Desde el día anterior, se encontraba reunida en Tegucigalpa, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Honduras para entre otros asuntos, estudiar el informe de la Comisión Conjunta (Ejercito e Iglesia) para averiguar el paradero de los padres Michel J. Cypher e Iván Betancourt y sus dos acompañantes, Ruth García (hondureña) y María Elena Bolívar (colombiana) (Tiempo, San Pedro Sula 11 de julio 1975).

Este mismo periódico informo que era falso el hallazgo de dos cadáveres en Olancho. “El Ministerio de Información – entidad creada para responder a la confrontación el gobierno militar, la Iglesia Católica, el Partido Demócrata Cristiano y el movimiento popular – era muy activo. Su titular el teniente coronel Efraín Gonzales dijo que “era falso y se había efectuado la investigación que confirmaba que allí no se encontraron rastros que dieran base para propalar la mencionada noticia.” (Tiempo, San Pedro Sula, 8 de julio de 1975).

11. Activistas de UNC y CGT son puestos en libertad.

Prof. Rodolfo Sorto Romero, Jefe de Educación de la CGT

El 10 de julio de 1975, 19 dirigentes sindicales y campesinos que guardaban prisión en varios centros policiales de Tegucigalpa, a raíz de los acontecimientos del 25 de junio fueron puestos en libertad. Sin embargo, todavía están encarcelados los principales dirigentes de la Central General de Trabajadores y Unión Nacional de Campesinos (UNC). Estaban en la PC Pedro Mendoza Presidente de la UNC, Julián Lagos Presidente de la CGT y Rodolfo Sorto Romero, Secretario de Educación e Información de CGT. 

También seguían detenidos Adán Amador Silva, Secretario General de la Federación Nacional de Patronatos Comunales de Honduras (FENAPACOMH), Fausto Rodríguez de la UNC y Carlos Landaverde, dirigente de la cooperativa de El Progreso. Pedro Mendoza y Rodolfo Sorto Romero desde el principio fueron enviados por la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) a la PC, mientras que los otros detenidos fueron llevados a ese centro penitenciario unos días después. Algunos de los presos liberados dijeron que habían sido tratados con consideración “pues al menos no nos robaron lo que andábamos puesto” dijo uno de ellos”. (Tiempo, San Pedro Sula, 4 de julio de 1975).

12. La primera variación del “relato” oficial

Efraín Gonzales Muñoz, Ministro de Cultura.       Coronel Melgar Castro, Jefe de Estado  

El 6 de julio Efraín Gonzales Muñoz, en actitud de preparar a la opinión pública alarmada por los hechos ocurridos a recibir la peor de las noticias, dijo que “existen dentro del gobierno de las Fuerzas Armadas personas que ya esta pensando en la clase de satisfacción que se dará a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, sobre la desaparición de los sacerdotes Casimiro Cyper e Iván Betancourt, ocurrida a raíz de los sucesos del 25 de junio en Juticalpa”. 

Durante sus extensas explicaciones sobre los últimos acontecimientos hizo hincapié que la versión ofrecida era la mantenida por el gobierno de las FFAA; y que por lo tanto representaba “toda la verdad”. Interrogado por los periodistas sobre las declaraciones de un seminarista colombiano, Gerardo (Bernardo) Arango, refiriendo que había sido detenido por 36 horas, primero en la ciudad de Juticalpa, luego en la cárcel de Casamata de Tegucigalpa y por último en la Casa Cural de la capital de Honduras y que fue despojado de todas sus pertenencias cuando fue detenido agregando que en Honduras hay un régimen de terror y persecución”, Gonzales dijo que “la paz públicamente se altero en Olancho debido al enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas entre las cuales se ha situado el Ejercito precisamente para imponer el orden, la paz y la tranquilidad.” 

Desmintió las versiones originadas en Londres que aseguraron que en Honduras se han cerrado “centros de caridad” y que sus trabajadores han sido arrestados y deportados. Estas informaciones, según Gonzales, “están alejadas de la realidad y si se refieren al padre Esteban Gross, podemos decir que dicho sacerdote fue remitido a la ciudad de Tegucigalpa y puesto a la orden de Monseñor Santos, acusado de estar apoyando directamente a los campesinos en la marcha que estaban realizando”. 

Y para confirmar que la dirección del relato oficial no estaba en Juticalpa, sino que en Tegucigalpa – y en manos de los militares en el gobierno – dijo que “no hay guerrillas en las montañas hondureñas. El ejército no ha comprobado hasta el momento la existencia de un ningún movimiento guerrillero” Y “sobre la existencia de la llamada Tercera Fuerza surgida en Olancho durante el mes de junio, negó que esta estuviera organizada. “Se notó alguna actividad cuando se estaba desarrollando la marcha, sin embargo, el Ejercito intervino para impedir choques entre este grupo y los campesinos”. Reitero que el Gobierno “no ha cerrado ningún centro de caridad sino algunos Centros de Capacitación de La Fragua en Progreso; Santa Clara en Juticalpa; La Colmena en Choluteca y otros. Pero ya han sido entregados a las personas que los manejan una vez que ha desaparecido la amenaza que se creaba sobre la seguridad del Estado”. 

Ante otras preguntas del reportero agrego que “los sacerdotes Cypher y Betancourt de hecho han desaparecido. Esto está siendo investigado tanto por la Jerarquía Eclesiástica como por el Ejército. El gobierno militar está dispuesto a sancionar a los responsables, sea quien sean, en caso de que se comprobara algún hecho delictivo en esa situación” Y “sobre las posibilidades de llegar las FFAA a un acuerdo con los líderes campesinos, dijo que “debemos definir lo que significa la palabra dialogo que es un cambio de impresiones, un conocimiento de problemas, necesidades, exigencias etc. Pero esto no siempre quiere decir que el gobierno militar va a atender indiscriminadamente todas las exigencias que se planteen. Es importante para el gobierno conocer todos los problemas que aquejan a las organizaciones campesinas, pero no se va dejar influir por todas las personas que se le ocurran. Al fin y al cabo, es el gobierno quien está dirigiendo al país”. (Diario Tiempo, SPS, 7 de julio de 1975).

Para entonces, el gobierno militar de Melgar, había recuperado la iniciativa, mejorado su unidad interna; y tenía conciencia que había controlado la rebelión campesina y dominado a la Iglesia Católica, en las zonas en donde se había coludido con los campesinos para imponer su voluntad. Gonzales Muñoz sabia, por supuesto, que los sacerdotes y las demás personas desaparecidas estaban muertas, que tenían indicios de donde se encontraban sus cadáveres, por lo que el relato de la guerrilla – que afectaba la credibilidad del gobierno especialmente en su capacidad para permitirla. – había sido eliminada. Y que aceptaban que cualquier militar que haya faltado a la ley, están dispuestos a entregarlo. Esta reducción de la presión y del acoso, coincide con el arreglo interno que se ha logrado en el interior de las FAAA, gracias al cual Melgar continuara en el cargo, pero sin la dirección de las Fuerzas Armadas que serán confiadas a Policarpo Paz García. En fin, que, la represión en contra de los campesinos, se reducirá al mínimo, como prueba de control, sobre todo; y porque cuentan con el respaldo de los oficiales que en algún momento dudaron que si Melgar debía continuar en la Jefatura del Gobierno Militar porque no podía manejar la crisis. El día siguiente, se supo que uno de los campesinos heridos en Santa Clara y que estaba hospitalizado en el Hospital de Juticalpa, había muerto por las heridas recibidas el 25 de junio.  Se trababa de Máximo Aguilera, originario de la zona sur y padre de Lucas Aguilera que, algunos después años seria diputado al Parlamento Centroamericano y candidato presidencial por el PDCH.

13. La Democracia Cristiana, y su compromiso con los campesinos.

El diario El Día, editorializo diciendo que los partidos Liberal y Nacional, “no tienen nada que ver con la agitación social”. Que son los nuevos partidos los que promueven la agitación y la discusión en la vida social. En efecto, Modesto Rodas Alvarado, -- terrateniente y agricultor--, se llamó al silencio. El Partido Nacional, de consiguiente. Aunque aquí, circularon rumores de alguna joven disidencia. Además solo una fracción del PL, la llamada Izquierda Democrática, fue la que reclamo formas de solidaridad con los campesinos. Es la Democracia Cristiana, fundada en 1968, la que, por su naturaleza, invirtiendo el modelo político hizo de su acción una tarea al servicio de los sectores populares para que irrumpan y participen en la vida política y económica del país. Por eso la acción del gobierno militar se hace contra del PDCH, se persigue a sus líderes, se encarcela algunos activistas y se les pone sitio a sus oficinas. 

En este escenario Marco Orlando Iriarte, Presidente del PDCH hizo un llamado “a las FFAA en el sentido de no caer en la maniobra política de los sectores tradicionalmente dominan en el país, quienes se oponen a todo cambio social para no ceder en su situación de privilegio y también están vivamente interesados en que se reprima a los sectores populares y es así como en relación seguramente con algunos elementos del ejército inventan hechos y calumnias tales como guerrillas, subversiones, anarquía, etc. etc. Estamos seguros, agrego, que a estas alturas saben quiénes son los verdaderos enemigos de la Patria”. 

Indicó Iriarte que “al PDCH se le ha acusado de hechos y acciones subversivas y de responder a intereses internacionales. Rechazamos estas acusaciones por lo que exigimos al Gobierno Militar investigue la conducta de los grupos que se oponen a la redistribución de los bienes económicos, quienes en su afán explotador pueden ser capaces de recurrir a todo tipo de maniobras y de acciones en contra de los campesinos, obreros y demás sectores sociales democráticos. Pienso que esta es la oportunidad para investigar exhaustivamente a estos grupos” (El Día, Tegucigalpa 11 de julio pág. 8).

(CONTINUARA)