Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE La historia de una masacre (VI)
VI PARTE
Juan Ramón Martínez
16. Extracción
de los cadáveres, entrega y enterramiento.
Otro de los supuestos implicados se dio a la fuga con dinero robado a los asesinados. Hasta los más indiferentes le prestaron atención a los hechos, escucharon las noticias; y leyeron en los periódicos, las informaciones referidas a la forma como habían sido capturadas catorce personas, torturadas y asesinadas por autoridades militares en colusión con empresarios ganaderos y madereros con intereses económicos en Olancho, especialmente. Y el que hayan pretendido esconder sus cadáveres, introduciéndolos en un pozo de malacate, el intento de dinamitarlos para despedazar los cadáveres; y las acciones para borrar todo rastro del lugar, agregó consternación y en algunos sectores, justa indignación.
Por ello, la acción criminal, efectuada con premeditación y nocturnidad fue calificada como asesinato. La indignación popular fue creciendo en la medida en que se iniciaron las acciones para recuperar del fondo del pozo los cadáveres de dos sacerdotes, dos señoritas y cinco dirigentes campesinos y sociales, tarea que desde el principio se dijo que no sería fácil, en vista que el pozo artesiano tenía una profundidad de más de 40 metros y el diámetro apenas de uno, lo que hacía imposible que por el mismo lugar donde habían entrado pudieran sacarse los cadáveres.
De modo que, de acuerdo con los ingenieros y expertos en maquinaria, la única alternativa viable era producir un corte profundo, paralelo al pozo y en la misma profundidad, de forma que se llegara al mismo nivel del fondo, para extraer los cadáveres. Para ello, se usó maquinaria pesada del gobierno y técnicos especializados que trabajaron en el asunto más de una semana, las veinte y cuatro horas, hasta que, creada una zanja paralela, los médicos extrajeron los restos de las 9 personas, que gracias a que no había explotado la dinamita; y que en el fondo había agua, permitió que los cadáveres con la excepción de uno, estuvieron completos y relativamente conservados para su identificación visual. “Después de 72 horas de trabajo intenso de remoción de miles de toneladas de tierra se pudo rescatar los cuerpos de los desaparecidos”. “Se calcula que, para llegar al fondo, se movilizo material en un volumen de unos 1. 800 a 2.000 metros cúbicos de tierra”.
Era el 19 de julio de 1975. En el recuento trágico: un cadáver estaba incompleto: perdida la cabeza, que estaba separada del mismo, posiblemente como efecto de la caída y la inercia de su peso desde una altura de 40 metros. “Los cadáveres fueron entregados a los familiares para ser enterrados de inmediato. Los universitarios que habían jugado un papel activo para dilucidar los hechos, desplegaron por las calles de Tegucigalpa una impresionante manifestación de protesta con el cuerpo de su compañera Ruth García, mientras la llevan al cementerio.
La Iglesia, en contraste con los estudiantes, acata temerosa las
medidas del gobierno que había prohibido los funerales del Padre Iván y de la
señorita colombiana y decidido que sus restos serían enviados a Colombia. Un grupo
reducido de personas solamente (desde lejos) ven partir desde el aeropuerto el
avión contratado para ir a Colombia con la madre del Padre Iván, dos hermanas
de la señorita María Elena Bolivar y los cadáveres de las dos víctimas” (P. Bernardo Meza, P. Iván Betancourt,
mártir de la Iglesia Latinoamericana págs. 44, 45).
Por alguna razón, la dirigencia de la Iglesia Católica – que había reclamado gallardamente el esclarecimiento del caso – una vez recuperados los cadáveres en vez de asumir el papel de víctima, se pliega y se coloca en la condición de instrumento falso para proyectar ante el poder, el concepto que había sido usado por los líderes campesinos y dirigentes de la Democracia Cristiana, para el logro de sus fines que ella, no compartía.
Los militares, -- no la Iglesia
Católica que no pudo reclamar los restos de su hermano--, traen los restos del
P. Iván Betancourt a Tegucigalpa, prohíben que la Iglesia habrá la caja metálica
en que están contenidos; e incluso, le impiden que efectué una celebración
litúrgica que como cristiano y sacerdote tenía bien merecida. Para no tener dos
frentes abiertos, los militares en cambio son muy permisivos con los
estudiantes universitarios, con el Rector de la Universidad Nacional autónoma
de Honduras, Jorge Arturo Reina y los frentes estudiantiles FRU y
DC-Universitaria. El Frente Unido Universitario, se llamó al silencio.
Años
antes, en 1972, los militares habían ofendido a los sacerdotes católicos
olanchanos. “Valga recordar que para el 21 de abril de este año de 1972 el
teniente Armando Calidonio, jefe del Centro (Cuerpo) Especial de Seguridad
(CES), presentándose en estado de ebriedad en la Casa Episcopal, pone preso al
Obispo Nicolás y a un catequista, e insulta a los miembros de la Iglesia, con
palabras desafiantes. Para el 22 de marzo el P. Iván y el diacono Luis Emilio
Henao, quien había recogido los cadáveres de los caídos en la Talanquera, son
denunciados ante las oficinas de Gobernación. Se les acusa nuevamente de
“instigar a los campesinos”, “promover invasiones de tierra”, de inculcar
practicas guerrilleras; no falta en estas acusaciones (la afirmación) de que
los clérigos son falsos, corruptores y mujeriegos” (P. Bernardo Meza, obra citada, pág. 27).
17. La comunidad universitaria, la más indignada por la masacre
Jorge
Arturo Reina, Rector de la UNAH y Juan Ávila, profesor de Trabajo Social cargan
el féretro de Ruth García Mayorquin
Por
su parte, la comunidad universitaria, de la que formaba parte Ruth García
Mayorquin como estudiante de Trabajo Social, si reacciono con fuerza e
indignación. Sin miedo alguno. “En una silenciosa y ordenada demostración de
duelo, indignación y esperanza, miles de hondureños dieron el adiós postrero a
los sacerdotes y campesinos martirizados en Olancho, unificando el dolor en el
sepelio de la estudiante universitaria Ruth García Mayorquin. El cadáver de la
señorita García estuvo en capilla ardiente toda la mañana del sábado en el
Auditorio de la Ciudad Universitaria, de donde fue trasladado al atrio de la
Catedral Metropolitana, donde el Arzobispo Héctor Enrique Santos ofreció una
misa por la desaparecida. A las dos y media de la tarde el pueblo comenzó a
llegar a pie o en vehículos, formando grupos procedentes de los más alejados
rincones de la capital. Al finalizar los actos litúrgicos la madre de Ruth,
Carmen Mayorquin habló brevemente a la concurrencia. Este dolor tan mío y tan
profundo –dijo – lo deposito hoy a los pies del señor para que el sacrificio de
mi hija sea por el bien de la Patria. Yo sé que ella ya está junto a él”.
“En
la plaza de La Merced 25.000 puños se levantaron cuando la dirigencia
estudiantil campesina y obrera pidió un minuto de silencio por los asesinados.
Después el desfile prosiguió dividido en dos filas que fueron llenando las
calles y avenidas de Tegucigalpa. En el Cementerio de Paz de la aldea de Suyapa
varios oradores pertenecientes a las diversas fuerzas sociales del pueblo
hondureño, patentizaron su dolor e indignación ante la tumba de Ruth. La
concurrencia permaneció firme hasta que las palabras del ultimo orador se
desvanecieron en las sombras del atardecer. “Si actos como este no levantan
nuestra protesta podemos decir que toda lucha es vana, indico el Rector de la
UNAH. Esta forma de reaccionar ante el dolor por parte de un pueblo, es
altamente significativa y la señal más clara que pronto Honduras vera llegar la
aurora de la redención, concluyo Jorge Arturo Reina” (Tiempo, 21 de julio de 1975).
“Los estudiantes demócrata cristianos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ejecutaron también sendas acciones de condena en contra del régimen de facto y de los asesinos responsable de la masacre de Olancho. Estas manifestaciones fueron dirigidas por los demócratas cristianos Ramón Romero y Otoniel Díaz…. Con alto sentido de solidaridad para con los familiares de los masacrados, el doctor Hernán Corrales Padilla, ex rector de la Universidad, pronuncio un discurso en el que condeno el vil asesinato e hizo responsable de la inestabilidad política de Honduras el régimen de facto de Melgar Castro” (Pedro Mendoza, Cronología de masacre págs. 54, 55).
Estudiantes universitarios desfilando por las calles de
Tegucigalpa.
18. Los cadáveres, la falta de autopsia y la sospecha del
encubrimiento
En los periódicos no se publicó ninguna información de los forenses; tampoco del juez de instrucción que efectuó las diligencias de los levantamientos de los cadáveres. El juez de Letras de Juticalpa licenciado Bustillo, que practico el levantamiento de los cadáveres, inexplicablemente “no hizo las gestiones competentes para realizar las autopsias” (Tiempo, 27 de julio de 2025). Esto, provocara que la madre de Ruth García Mayorquin, Carmen Mayorquin de Estrada en esta misma fecha, según el periódico citado, estaba solicitando que se le exhume el cadáver y se le practique la autopsia respectiva. “La exhumación del cadáver de Ruth estaba siendo gestionada ante el juez de Juticalpa, funcionario que levanto el sumario de los sucesos ocurridos en Olancho a partir del 25 de junio y a quien corresponde aprobar la diligencia, ya sea que esta hubiese sido realizada en su jurisdicción y fuera de ella”.
El periódico citado, agrega que “de acuerdo con el artículo 1.189 del Código de Procedimientos Criminales – disposición obsoleta establecida en 1906 – el juez que instruya el sumario ordenara en los respectivos casos, la curación del herido, el enterramiento del cadáver después que se le haya reconocido y practicar la autopsia cuando hubiera facultativo o perito que la pueda hacer”. El juez Bustillo, cuya negligencia es repetitiva y manifiesta en este caso, no hizo lo que correspondía e incluso, otras diligencias sumariales fueron deliberadamente obviados, aparentemente en función de sus relaciones de amistad con el mayor Enrique Chinchilla, especialmente; y posiblemente para cumplir discretas ordenes insinuadas por las autoridades militares desde Tegucigalpa.
Los periódicos, no
conocieron y por ello, no publicaron ninguna acta del levantamiento de los
cadáveres y tampoco el juez Bustillo ordeno la autopsia que debió practicarse,
sin excusa, porque tanto en Juticalpa o en la capital había el personal
competente para ello. Al final, el periódico con fecha 27 de julio, seis días
después del enterramiento, informa que esa misma tarde, --porque no hay razones
para objetar la petición-- se practicara la exhumación del cadáver de Ruth
García Mayorquin, de su tumba en el Cementerio Jardines de Paz de Tegucigalpa.
No se conocieron resultados.
Los cadáveres fueron entregados a los familiares el mismo día 18 de julio. Días antes que se publicara el informe de la Comisión Militar de Alto Nivel. “El doctor Gustavo Corrales, director del Hospital San Francisco de Juticalpa, declaro que a ese centro asistencial solo llegaron los cadáveres de Ruth García, Lincoln Coleman, Roque Ramón Andrade, Bernardo Rivera, Juan Benito Montoya y Oscar Ortiz. Los cuatro primero llegaron después de las 12 de la noche y los dos últimos a las 10 am. Los familiares de Ruth y Coleman los retiraron del hospital poco antes de las seis de la mañana. Los otros a eso de las 8.30. Los cuerpos de Montoya y Ortiz fueron entregados a sus familiares como a las 11 de la mañana.
Según se dijo el cuerpo de Ruth García fue
reclamado por una tía suya, quien pretendía sepultarla en Juticalpa; pero a
petición de su mama, que vive en Comayagüela, se le traslado la capital hasta
donde llego a eso de las 2.30 pm. El medico también apunto que los cuerpos de los sacerdotes y la joven
María Elena Bolívar Vargas no fueron conducidos a ese hospital, sino
enviados directamente a Tegucigalpa en donde llegaron a las 12 del día. Se
supone que fueron preparados en el mismo lugar donde se les había sepultado.” (Tiempo, 19 de julio de 1975).
Fue
evidente que el alto mando militar de Tegucigalpa, se adelantó y le quito la
iniciativa a la Iglesia Católica, de forma que los cadáveres de los sacerdotes
y la señorita Bolivar Vargas los hicieron suyos; y los usaron para sus fines.
Tanto los del estado nacional, como para proteger a los implicados según el
comunicado que tres días después harían público.
Sobre
el estado de los restos, el doctor Gustavo Corrales agrego que “los cadáveres,
pese a la putrefacción, se mantenían conservados en su estructura, pues no paso
el tiempo suficiente para que se desintegraran. Los cuerpos presentaban
mutilaciones que pudieron ser causadas por los balazos y por la dinamita – que
la Comisión Militar de Alto Nivel, dijo que no había explotado, extremo que el
doctor Corrales ignoraba – pero no se puede asegurar que hubieran sido hechas
antes de darles muerte. Tampoco pudo establecer la cantidad de balazos en cada
uno, ni sobre supuestas violaciones a las dos jóvenes. Por otra parte, explico
que la vigilancia militar que se efectuó desde el jueves se debió a cierta
confusión surgida en la entrega de los cadáveres, la que no se haría sino eran
identificados plenamente por sus familiares. Se pedía una orden de la Jefatura
(militar) de acá, pero cuando los familiares los reconocieron por anillos,
dientes y otras señas particulares, los cuerpos fueron entregados sin
problemas, recalco”.
19. El
odio al P. Iván Betancourt
El Ministro de Información, coronel Efraín González, funcionarios de la Embajada de Colombia, los Familiares del Padre Iván Betancourt y María Elena Bolivar.
El ataúd en que fueron depositados los restos del padre Betancourt, es subido al avión que lo traslado a Colombia.
Los militares que dirigían las acciones de control de la ciudadanía, estaban muy nerviosos. Es probable que la mayoría estuviera bajo la impresión que habían estado a punto de perder el poder en manos de una rebelión popular. Eso explica la violencia ejercida en Olancho, la represión subsiguiente; y el tratamiento que les dieran a los dirigentes campesinos capturados por la Policía.
Pedro Mendoza, Secretario General de la UNC, refiere que, Armando Calidonio, (Mendoza lo llama Calderinis) fue el encargado de hacerle los primeros interrogatorios. “Y en cada pregunta y respuesta lo amenazaba con una pistola calibre 45. Un agente del DIN tenía un listado de doce preguntas, siendo su principal interés conocer el paradero del doctor Hernán Corrales Padilla, presidente del PDCH, así como saber el nombre de militares amigos de Pedro Mendoza que estuvieran a favor del movimiento campesino.” (Pedro Mendoza, Cronología de una masacre pág. 46). Mendoza que dictara las notas anteriores varios años después de los hechos, se equivoca en el nombre del Presidente del PDCH que no era Corrales Padilla, sino que Orlando Iriarte.
Pero en Olancho, el mayor rencor era dirigido hacia el P. Iván Betancourt al que se le atribuía equivocadamente la dirección y motivación del movimiento campesino, cosa que no era así, porque para cuando ocurren los hechos del 25 de junio de 1975, el P. Iván estaba distanciado de la pastoral social campesina, mantenía frías relaciones con la dirigencia departamental y local de la Democracia Cristiana, a la que acusaba de entorpecer la actividad pastoral de la Iglesia.
Lo que si manejaba era un discurso en contra de los ganaderos y sus aliados los militares a los cuales les atribuía la paternidad de la pobreza, la inseguridad; e incluso la destrucción de la unidad familiar. Era frecuente oírlo decir que los ganaderos tenían varias familias irregulares. Chinchilla y sus aliados los ganaderos, por su parte, le reclaman al P. Iván Betancourt por ser extranjero, sacerdote que se “mete en cosas que no le importan” y porque critica las costumbres particulares de los ganaderos “que en cada una de sus haciendas tiene una mujer diferente, con una serie de niños ilegítimos a su alrededor”.
Otros, dudaban maliciosamente de su calidad de sacerdote. En los días
posteriores al 25 de junio, algunos ganaderos olanchanos decían que si los
curas fueran hondureños se les podía permitir las críticas. Pero a los
extranjeros no. Puro nacionalismo olanchano. Y que, por ello, había que buscar
sacerdotes hondureños donde los hubiera y traerlos. “Como si fuera ganado”,
replico indignado el padre Medina, párroco de Santa Cruz de Yojoa en una
enérgica nota publicada en los periódicos de la Costa Norte.
Este
odio hacia el P. Iván Betancourt, incluso se mantuvo cuando su cadáver llega a
Tegucigalpa. Aquí, “las autoridades militares no concedieron permiso a la
Iglesia (católica) para que ofreciera una misa de cuerpo presente en favor del
sacerdote colombiano asesinado. El padre Alonso Tejeda Suazo, Párroco de la
Catedral de Tegucigalpa denuncio tal suceso después que el cadáver llego a
Tegucigalpa y se hacían los preparativos para el rito.” (Tiempo, 19 de julio de 2025).
Ni
permitieron tampoco su enterramiento en Catacamas, donde era párroco, porque de
repente temieron que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación y de
condena de sus asesinos. Mejor “suerte” tuvo Lincoln Coleman en Juticalpa, “donde
los familiares y compañeros, asistieron a una misa de cuerpo presente en la Catedral
de aquella ciudad, a las 3.30, antes del sepelio. Unas 250 personas asistieron
a la ceremonia dirigida por el único sacerdote que permanece en aquella ciudad,
quienes seguidamente lo condujeron al cementerio.” (Tiempo, 19 de julio de 1975).
En cambio, en la despedida de los restos del párroco de Catacamas, no hubo presencia de ningún obispo o sacerdote, menos laico o feligrés católico alguno. Todo fue rápido y en secreto, como se tratará de alejar los restos de la víctima o esconder las señales que pudieran desde su cadáver señalar a los autores de su muerte. Más bien se resaltó la presencia del ministro de Cultura, Información y Deportes, Teniente Coronel Efraín Gonzales Muñoz, quien tuvo la representación oficial para entregar los restos del sacerdote y de la señorita Bolívar, a la madre del padre Iván Betancourt doña Felicia, las dos hermanas Bolívar Vargas y un funcionario anónimo de la embajada de Colombia, en las instalaciones de la Fuerza Aérea y al pie del avión que cargo los féretros para llevarlos a Medellín. Y al olvido. No hubo una oración siquiera.
Se dieron la mano y las mujeres y el cadáver del P. Iván
fueron introducidos al avión que minutos después partió hacia Colombia. El
gobierno de Colombia, llamo a consulta a su embajador en Tegucigalpa, como una
expresión de protesta que el gobierno de Melgar minimizo y le resto
importancia, con el apoyo explicativo del embajador de Honduras en Bogotá,
Vicente Machado Valle h. Y solo hay un detalle muy humano que agregar: la madre
del padre Iván Betancourt, pidió que le abrieran el ataúd metálico, cosa a la
que accediera el teniente coronel Efraín Gonzales Muñoz. Doña Felicia, se
enjugo una lagrima; pero satisfecha porque en efecto, en el catafalco, iban los
restos materiales de su hijo amado. No lo había dejado atrás, en un pueblo que
no lo amaba; respetaba ni honraba a su hijo mayor. Desde entonces, la palabra
Honduras tuvo para ella mal sabor; y su boca la evito, hasta su muerte.
El gobierno del Presidente de Colombia Alfonso López Michelsen reacciono como corresponde. “Bogotá, Julio 21 (UPI). El gobierno de Colombia retiro hoy su embajador ante el gobierno de Honduras, cinco días después que las autoridades de ese país reconocieran la muerte en su territorio de ciudadanos colombianos, según anuncio hoy la cancillería. Las relaciones entre los dos países se vieron dañadas por la muerte violenta en Honduras del sacerdote colombiano Iván Betancourt y su compatriota Elena Bolivar Vargas. En medios políticos se informo que el retiro del embajador Hernando Lora Martínez era consecuencia inmediata de los sucesos antes señalados.” (Tiempo, 22 de julio de 1975). El gobierno de Honduras, no le dio alguna importancia al hecho.
Hernando Lora Martínez, Embajador de Colombia en Honduras.
En cambio, el retiro del cadáver del padre Casimiro no tuvo ningún inconveniente. Fue entregado a los feligreses de Gualaco, Olancho. los que le dieron cristiana sepultura en el interior de la Iglesia en la que había sido párroco. Recibiendo los beneficios cristianos de una liturgia reconfortante y la presencia de la feligresía adolorida que le acompañaron sus últimos momentos sobre la tierra, cosa que no recibieron los restos del P. Iván, al que los militares le negaron los beneficios cristianos del consuelo de la santa misa. Al padre Casimiro no le odiaban los ganaderos de Gualaco como al P. Iván Betancourt los ganaderos de Catacamas.
20. Uno
de los torturadores, además ladrón
Pese al miedo que trasmitía la ocupación militar de las dos principales ciudades de Olancho, -- Juticalpa y Catacamas --, la falta de sacerdotes y pastores evangélicos que orientaran las conciencias asustadas, algunas personas referían historias – en voz baja – a los periodistas. Una de ellas, fue la referida a un agente del DIN que, durante los interrogatorios, torturas y muerte de las 9 personas en la hacienda “Los Horcones”, en la locura de la matanza, la oscuridad cómplice; y las oportunidades que siempre encuentran los delincuentes, tuvo tiempo de revisar los bolsillos del padre Iván Betancourt.
Los que hablaron al periodista
lo identificaron como “Eduardo José García, que es muy temido en Lepaguare, se
encuentra prófugo de la justicia debido a los cargos que se le imputan. Según
relatan García torturó a los prisioneros, una vez flagelados, los degolló.
Seguidamente fueron balaceados y arrojados al pozo. Los mismos declarantes
sostienen que García le robo al padre Betancourt el dinero que llevaba. Un
cuñado de este – de García – que no se identificó, fue detenido en Catacamas
cuando cambiaba un cheque por 1.800.00 lempiras en un banco de aquella
localidad. Este cheque pertenecía al sacerdote asesinado.” (Tiempo, 19 de julio de 1975).
El nombre de Eduardo José García no aparece en el Informe de la Comisión Militar de Alto Nivel; ni en la lista de personas que incluyera el Procurador General de la República en la demanda presentada en nombre del general Melgar, Jefe del Gobierno Militar. Pero no hay que descartar su participación delictiva porque en la orgia de sangre, muchos se quedaron con los relojes de puño de las dos damas, del padre Iván Betancourt y el dinero que llevaba consigo y que probablemente le había enviado su hermano residente en Medellín.
Esta información del latrocinio de las autoridades de investigación, coincide con la versión que, a Lincoln Coleman, gerente de la Central Cooperativa de Consumo, en la primera fase de las torturas, le obligaron a firmar varios cheques en blanco, para proceder al saqueo de los fondos de la misma empresa campesina. La dudosa fama de las autoridades de seguridad, la confirmo un dirigente campesino, que una vez que fuera puesto en libertad en la Penitenciaría Central, celebro que por lo menos, los custodios “no les habían robado las cosas que andaban encima.”
(CONTINUARA)
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