Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE. Historia de una matanza (VII)

ANALES HISTÓRICOS

VII PARTE

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Juan Ramón Martínez

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Juan Alberto Melgar Castro, Jefe de Estado

Después de la publicación del boletín del Ministerio de Cultura, Información y Turismo, en donde se identificaba a los culpables y la forma como habían muerto las víctimas de los Horcones se hizo evidente que el gobierno militar de Melgar Castro estaba severamente debilitado. Un cable, de fecha 24 de julio, originado en Tegucigalpa, informó que “Melgar se aisló en su residencia privada luego que se divulgara el informe de una Comisión Militar que confirmó el asesinato de dos sacerdotes, uno colombiano y el otro norteamericano y de otras siete personas, perpetrado por una banda de soldados y civiles que se oponen a la Reforma Agraria y de la que las víctimas eran partidarias” (Tiempo, 25 de julio de 1975).

En el mismo periódico se decía que “ayer se rumoraba en varios círculos capitalinos que el coronel Juan Alberto Melgar Castro había renunciado de su cargo de Jefe de Estado. La agencia de noticias United Press Internacional (UPI) al divulgar la información, menciona que un vocero de Casa Presidencial no relaciona el supuesto retiro del gobernante hondureño con los sucesos ocurridos en Olancho”. Fue obvio, que las tensiones entre la cúpula de Melgar Castro y los nuevos oficiales de las FFAA, tenían que ver sobre como abordar los hechos, sin afectar sus pretensiones y la credibilidad y continuidad del proyecto de los militares en el poder. Cuando ocurrieron los hechos, el gobierno del coronel Melgar Castro no se había consolidado totalmente. Enfrentaba el reto de facilitar la transición entre dos doctrinas militares diferentes: la sudamericana, cuya expresión material fue la Escuela de Artillería; y la estadounidense que para 1975 tiene a sus primeros oficiales egresados de la Escuela Militar Francisco Morazán, ocupando posiciones de comando de batallones y dirigiendo fuerzas. 

Además, el vacío dejado por el liderazgo personal de Osvaldo López Arellano, todavía se siente; y no son pocos los nostálgicos que en privado destacan su ausencia y sienten urgencia por su estilo cercano de manejar las relaciones en el interior de la clase militar. Además, el manejo de la crisis del 25 de junio, el nerviosismo con el que los asesores militares de Melgar Castro valoraron más allá de los hechos la naturaleza de la “marcha campesina” de los social cristianos, no había sido la mejor. Tampoco la forma y las justificaciones manejadas en el Informe de la Comisión Militar de Alto Nivel.  Los mismos habían dejado a la institución militar comprometida y al gobierno de Melgar Castro enfrentado al reto de mostrar sus habilidades para manejarla. Y el informe no había sido bien recibido por la ciudadanía más deliberante. La crítica del COHEP sobre el contenido del informe, fue muy demoledora; y, aunque los partidos políticos no enfatizaron sobre el mismo, -- sino días después una de las fracciones del Partido Liberal -- tomaron conciencia que el gobierno de Melgar Castro estaba debilitado; y por ello, lo retaban exigiendo que diera los pasos para devolver la soberanía al pueblo y obligar a que los militares regresaran a los cuarteles.

Pero con todo, la crítica más certera es la que le hace al gobierno de Melgar Castro y a las FFAA el “Comité Cívico de Mujeres” que, en un manifiesto publicado en los periódicos dice que consideran “que hay pobreza de enfoque cuando se quiere buscar como causal de la tragedia la trama de un sector empresarial por un lado y por el otro, las actividades campesinas porque algunas de ellas – según el informe militar – “revestían características de una subversión contra la seguridad del estado”. Este planteamiento simplista es cómodo, pero resulta parcial e inexacto porque omite las consideraciones sociales, las expectativas creadas por el gobierno militar y el odio entre los hondureños que también fue estimulado desde el régimen de facto”. Firman a nombre de este Comité Cívico de Mujeres Hondureñas: Enma Bonilla de Larios, presidente, Hena C. de Herrera vice presidenta, Enriqueta G. de Lazarus vocal, Lucia Cristina de Gálvez vocal, Rina M. de Villeda Bermúdez Vocal, Gloria Leticia de Lazarus vocal, Enriqueta de Guerrero vocal, Norma Q. de Callejas vocal, Irma Acosta de Fortín tesorera, Alejandrina B. de Villeda Morales fiscal, Mercedes C. de Bueso vocal, Mercedes I. de Villar, Secretaria. (Tiempo 26 de julio de 1975)

A finales de julio de 1975, aunque el gobierno de Melgar Castro había aumentado su ajuste a las nuevas circunstancias, por medio de la separación del cargo de Jefe de Estado de la Jefatura de las Fuerzas Armadas que le fuera confiada a Policarpo Paz García, todavía existían en el interior de los militares, fuertes divergencias. Especialmente sobre el futuro del proyecto militar que algunos oficiales jóvenes, no deseaban que se concluyera como indicaban algunos factores políticos nacionales y de la región centroamericana. Además, había cierto desacuerdo sobre los cargos que había que llenar como también por el curso que debía seguir el gobierno de Melgar Castro. 

Especialmente porque la crisis con los campesinos, la Iglesia y la Democracia Cristiana no había logrado acuerdos duraderos y confiables, más bien al mostrar debilidades, hizo que los partidos políticos llegaran a la conclusión que era el momento para exigirles que dejaran el gobierno a los civiles y regresaran a sus cuarteles. Por ello, la consigna natural fue, regreso a las elecciones, -- los más pronto posible -- para que el país se encaminara por la ruta del estado de derecho.

16. Los políticos del PL y el PN, y su presión para que los militares dejen la política y regresen a los cuarteles.

Modesto Rodas Alvarado, máximo líder del Partido Liberal

Los militares salieron de la primera fase de la crisis de Olancho, con “la pata quebrada”. La sangre derramada mostro las debilidades del modelo reformista militar, las limitaciones de sus líderes para enfrentar crisis provocadas por el levantamiento popular; y evidencio su incapacidad para forjar sobre la marcha, nuevas alianzas que  les permitieran mantener el liderazgo correspondiente. Además, la caída de Osvaldo López Arellano, derrotado por el torbellino del soborno bananero de abril de ese mismo año, había mostrado la incapacidad para facilitar de forma normal el traslape de la última generación de oficiales formados en la Escuela de Artillería (Melgar Castro, Paz García, Elvir Sierra, Hernández Rosa, Ramírez Ortega, García, Alvarado Dubón, ) que operaba doctrinalmente bajo el modelo sudamericano y la nueva oficialidad (Maldonado Muñoz, Molina, Zelaya Rodríguez, Fonseca López, Arias, Boden, Thuman Cordón, Landa Celano, Tapia Martínez, O Connor, Díaz García, Castillo Suazo, Bueso Rosa, Ruiz Andrade, Wildt Yates, Maradiaga, Regalado Lara etc.) que entonces dirigía batallones y regiones militares y que la mayoría, con grado de teniente coroneles habían egresado de la Escuela Militar Francisco Morazán, bajo doctrinas estadounidenses y tácticas de guerra internacional que colocaron por primera vez al ejercito  dentro de una concepción guerrera que se distancia de la función que entonces habían desempeñado como simples guardianes de los gobiernos de turno. 

Los líderes políticos, especialmente Modesto Rodas Alvarado, el líder máximo del Partido Liberal, supo que el régimen militar estaba debilitado y que era la hora de reclamarle y exigirle el retorno al estado de derecho, mediante la determinación de una fecha para efectuar elecciones. Y que el pueblo, otra vez, volviera a elegir a sus gobernantes. Además, otros grupos influyentes de la sociedad como los empresarios, los medios de comunicación social, una fracción del Partido Nacional y los grupos campesinos afines a López Arellano, desean que los militares dejen el poder. 

En una entrevista dada a un periódico capitalino, Modesto Rodas Alvarado el más influyente y popular fue muy contundente: “Aspiramos a la vigencia de un sistema permanente de derechos. En este país ya no se pueden hacer gobiernos de grupos. Los programas de desarrollo deben ser hechos por hombres nacidos en Honduras. Nuestra nación necesita de transformaciones necesarias y urgentes porque el más alto el honor de un hondureño debe ser servir a su país”. Rodas Alvarado, entonces de 54 años de edad, el 3 de octubre de 1963 antes de las elecciones generales en las que corría como favorito, el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales, fue derribado por el coronel Osvaldo López Arellano, Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Por ello, afirmo que “la angustia de este país, empezó a correr desde 1963 y la movilizo el mismo hombre de 1972 (refiriéndose a Osvaldo López Arellano). “Afortunadamente hoy se encuentra marginado de esas cosas esenciales, quien en una elección libre, honesta y decente jamás obtendrá el perfil de un solo voto inteligente”. Y de cara a la crisis que atraviesa el país, por los hechos de Olancho, Rodas Alvarado no pasa por alto que el Partido Nacional, dirigido por Ricardo Zúñiga Agustinus, sigue respaldando el proyecto reformista militar que ahora dirige Melgar Castro y contra del cual se enfrentaran exigiendo el retorno al estado de derecho, por lo que recordó que el Partido Liberal había sido el pionero de las reformas sociales en el país. 

“A mí me toco redactar La Ley de Reforma Agraria y el Código de Trabajo, precisamente cuando en este país era un delito hablar de prestaciones, vacaciones, preavisos y otras conquistas que fueron logradas gracias a la puesta en práctica de la codificación laboral, iniciada por el gobierno que presidio Ramón Villeda Morales (Q.D.D.G.)”y cuando él era el presidente del Poder Legislativo. Para concluir dijo que, “Los que creemos en la democracia vamos a procurar el desarrollo de este país para que nuestras clases olvidadas vistan y coman bien y no tengan que replegarse dentro de las garras de la miseria.” (La Prensa, S.P. julio 26 de 1975).

El día anterior el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, controlado por el movimiento leal a Rodas Alvarado, había convocado a los liberales de todo el país a una movilización general para lograr el retorno del régimen constitucional. En manifiesto del 25 de julio de 1975 y firmado por las autoridades liberales, encabezadas por José Pineda Gómez, Rodolfo Rosales Abella, Efraín Bu Girón, Amanda Chavarría de Gómez Cisneros, Marco Tulio Rodríguez Palomo, Marcelino Ponce Martínez y Benigno Ramón Irías hijo, DECRETA; Articulo único: “Ordena la organización y la movilización inmediata de todos los miembros del Partido Liberal en el sentido de exigir enérgicamente al gobierno de facto, las siguientes demandas: a) que señale la fecha precisa dentro de un plazo perentorio, para la practica de elecciones generales, a efecto de escoger en forma libre y democrática las autoridades supremas del estado; y b) Que convoque de inmediato a los partidos políticos inscritos y en trámite de inscripción para que, mediante amplia deliberación publica, se forje un Plan Electoral que permita a todos los ciudadanos hondureños, sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna naturaleza, el ejercicio del derecho al sufragio como fuente de poder político” (La Prensa, 26 de julio de 1975).

17. La derechización del régimen y la continuidad del reformismo militar

Carlos Roberto Reina, líder de la Izquierda Liberal, opuesto a Rodas Alvarado.

La facción situada más a la izquierda del Partido Liberal, abiertamente anti rodista, también fijó sus posiciones. Y desde una perspectiva más crítica, estableció sus premisas y planteo sus exigencias. Propuso un dialogo patriótico que “haga posible un acuerdo nacional, porque hay en Honduras varias crisis que producen en su conjunto una tremenda desorientación nacional”. 

En  un largo pronunciamiento dicen de entrada que “la soberanía popular ha sido suplantada por la fuerza” y que hay “un total distanciamiento entre el pueblo y el gobierno”; que los poderes del estado democrático han desaparecido en su parte esencial; las finalidades del estado han sido suplantadas por “oscuros objetivos de mando sin un serio contenido ideológico y programático”;  “que hay ausencia de líderes en la conducción de los asuntos del estado” lo que ha hecho que “el pueblo se vuelva indiferente e incrédulo ante los planteamientos improvisados de quienes ocupan los cargos de dirección burocrática”; el país atraviesa una crisis económica estimulada desde el exterior, pero alimentada por eventos de la naturaleza que han destruido grandes extensiones que antes eran productivas; el escándalo del soborno bananero, le “ha traído a Honduras un gran desprestigio internacional y mayores tensiones en lo interno ante las posibilidades de que las empresas bananeras “puedan pasar a propiedad del estado hondureño”; y critican la concepción económica del régimen militar, la que consideran totalmente errónea, porque pretende resolver la crisis imperante obstaculizando los procesos de cambio planteados y en especial el relativo a la cuestión agraria. “Este enfoque, -- dicen -- llevado a la practica no puede producir más que la agudización de la crisis con toda su secuela de violencia e intranquilidad, factores que alteran la paz social.”

Pero donde el análisis toca fuerte el lado más débil del régimen castrense es cuando establecen que hay una crisis de mando dentro del instituto armado. “El golpe del 31 de marzo de 1975 – destitución de Osvaldo López Arellano por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas – rompió la unidad de mando y la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas” y además, reconocen que “entre los militares jóvenes, no ha surgido a la fecha la persona que tendrá su representación y que asumirá el liderazgo de ese grupo dirigente. Y se adelantan haciendo el pronostico que “mientras subsista esta situación totalmente anómala dentro del factor que se ha constituido en el PODER REAL de la nación, sus esfuerzos continuarán más en sus asuntos internos y aumentara el vacío de poder que ya se nota en diferentes cambios de la administración pública, particularmente en la defensa de nuestras soberanías territoriales”. 

En lo que respecta a los hechos delictivos del 25 de junio, los liberales de la izquierda democrática son mas certeros, directos y justos. Ven en la crisis social sobre la que se produjo la confrontación una pugna entre empresarios y trabajadores, entre campesinos y terratenientes, entre maestros y alumnos y entre el pueblo en general y los sectores burocráticos. Defiende a la Iglesia Católica, que en “observancia de su doctrina social y abandonando el obsoleto “pilatismo” angelical, ha irrumpido en la vida temporal de nuestras comunidades, tomando participación directa al lado de aquellos sectores que más han padecido las injusticias del ambiente, tomando participación directa al lado de aquellos sectores que más han padecido las injusticias del ambiente”.

En lo político, anticipan una derechización de los partidos, -- Liberal y Nacional -- ubicándose en “oposición de la reforma agraria y de los cambios sociales que son imperativos en el momento actual” cerrando las puertas “a las nuevas corrientes que propugnan por las transformaciones y por las actualizaciones de sus tesis y actividades proselitistas”. Reconocen la participación de la Democracia Cristiana en la vida política, a la que le señalan sus conexiones de carácter internacional, que “también ha irrumpido en el panorama nacional con contradicciones dentro de su propio quehacer político que ha creado mayor confusión”.

Por todo ello, el Movimiento Liberal de Izquierda Democrática; al tiempo que “denuncia con suma preocupación la tendencia del “gobierno hacia las posiciones de derecha, totalmente opuestas al progreso de los pueblos”, protesta por la masacre perpetrada en “el mártir departamento de Olancho”, demandando en consecuencia que todos los responsables de tales crímenes, sean castigados con el máximo rigor de la ley. Propone “que el Instituto Armado, como principal responsable de la situación que vive el país, convoque sin demora a todos los sectores representativos de la nacionalidad a un dialogo patriótico… para hacer posible un gran acuerdo que permita reestructurar la República, cimentada en una verdadera democracia para el logro de una legitima justicia social” y al final, la izquierda liberal reafirma “su indeclinable vocación revolucionaria y su plena identificación con las aspiraciones e intereses de las grandes mayorías populares, orientados hacia la transformación profunda y acelerada del régimen económico y social de Honduras”. Firman este comunicado, Carlos Roberto Reina, Coordinador General, Armando Aguilar Cruz, Secretario y Antonio Ortez Turcios, Secretario”. (Tiempo 24 de julio de1975)

 Ricardo Zúñiga, aliado de los militares; y líder del Partido Nacional.

El 2 de agosto el diario La Prensa, dirigida por Oscar Flores – miembro de la misma generación de Rodas Alvarado y Villeda Morales y primer Ministro de Trabajo de la historia del país, pero distanciado de la misma – en su editorial se refiere que el 3 de agosto, se celebrara un acto de masas del Frente Liberal Constitucionalista. Defiende el derecho de los civiles al ejercicio del gobierno y usando declaraciones del defenestrado Osvaldo López Arellano, justifica y defiende el derecho de protesta y petición de los liberales, tras de los cuales insinúa – como así era en efecto – el respaldo de la empresa privada. 

Lo que no anticipo el veterano periodista es que, los hechos de Olancho, habían desacomodado las estructuras del poder y que las reacciones de la oposición política, obligarían a los militares a postergar su control sobre el poder político; pero que el tiempo se les había terminado y que las maniobras que recomendaba Ricardo Zúñiga tras bambalinas, lo que harían seria dilatar la fecha fatal del regreso a los cuarteles. Y que también, el cambio ocurrido en el interior de las FFAA, tendría efectos inmediatos también en la cúpula del Partido Nacional. 

Un diario capitalino en su mayor desplegado de primera página, anunciaba, posiblemente sin mayor fundamento que había Rebeldía en el seno del Partido Nacional y que el Comité Central del PN “es acusado de observar una actitud pasiva y cómplice, por lo que los jóvenes nacionalistas se disponen a la “revolución” y que el movimiento de jóvenes cachurecos condenaba el “holocausto” de Olancho y apoyaba a las masas campesinas. Porque igual que el FUUD en la UNAH, la dirigencia del Partido Nacional se había llamado al silencio ante tales hechos. El PN, cuando ya se anticipaba lo peor, no se había pronunciado sobre la crisis que atravesaba el país, especialmente sobre los ocurridos en Olancho. Posiblemente no valoraron suficiente los efectos que tendría sobre el Partido Nacional que había acompañado desde 1963 a los militares y que esta hora de baja popularidad, el PN tendría que pagar con la perdida de una parte de la cuota de opinión del electorado. (El Día, 2 de julio de 1975).

(Continuara).