Mirador: CAMBIOS Y LEGISLACIONES URGENTES

Juan Ramón Martínez

Hace cincuenta años, éramos 3 millones. La mayoría vivía en el campo. Las ciudades eran pocas y pequeñas. La mayor era Tegucigalpa y le seguían San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Comayagua. La agricultura seguía siendo de secano, de forma que si había buen invierno teníamos abundancia de granos básicos; y si era malo, y había sequías o inundaciones, como ocurrió en 1974 y 1975, en la zona sur se presentó la sequía y la pobreza, afectando la mayoría de los hogares. En 1974, el huracán Fifí afectó la Costa Norte y el año siguiente, la sequía echó a perder los cultivos de la zona sur, especialmente a los más pobres que sembraban para el autoconsumo.

Ahora, somos casi diez millones y los problemas son los mismos; pero mayores. La diferencia: más ciudades y la mayoría de la población ha dejado el campo en donde las oportunidades son limitadas. En las ciudades, los pobres en 25 años, logran mejorar sus vidas, en grado que nunca habrían alcanzado si se hubieran quedado en el sector rural.

Además, han mejorado las vías de comunicación. Fuera de la Mosquitia, una persona puede ir a cualquier ciudad importante del país el mismo día, en automóvil, embarcación o avión en el caso de Roatán, Utila y Guanaja. Además, las comunicaciones telefónicas han mejorado. Más de siete millones de compatriotas tienen teléfono y se comunican con ellos en cualquier lugar de la tierra. Hay luz eléctrica en todos los departamentos y todas las cabeceras departamentales tienen calles pavimentadas en una proporción creciente.

Esto último ha hecho que el tren automotriz, haya crecido exponencialmente. Especialmente el de carácter privado, con la novedad de que, por primera vez, hay más motocicletas que automóviles. El crecimiento de los vehículos privados, se ha incrementado mientras el servicio público urbano disminuye, especialmente en las grandes ciudades en que ha aumentado el número de motocicletas como nunca antes. Según los últimos cálculos, hay más de 1 millón y medio de motocicletas que sirven como medio de transporte o de trabajo para por lo menos tres millones y medio de personas, mientras que los automóviles privados son aproximadamente 1.200.000.

El fenómeno se acentuó en 2017, disparándose después en el 2021, acelerado por una oferta de vehículos que facilita su adquisición, especialmente automóviles usados de procedencia estadounidense; y motocicletas nuevas producidas en China y la India. Este fenómeno, ha producido entre otros efectos el caos en la conducción en las vías urbanas e interurbanas; e incrementado el número de accidentes, con enorme proporción de pérdida de vidas. Este último hecho, aunque se reconoce en los periódicos, no ha preocupado a las autoridades y menos a los diputados del Congreso, para regular y ordenar el tráfico, el uso vehicular y las autorizaciones para que su conducción no constituya un peligro para los conductores mismos y el resto de la ciudadanía.

La legislación de tránsito es muy antigua. No se ha modernizado para responder a los acontecimientos señalados. Han privado los lamentos, antes que las soluciones. Los automóviles no tienen tiempo de caducidad; ni zonas limitadas en las ciudades para no ingresar donde contaminan; o crean dificultades. Y los conductores de motocicletas, carecen de regulación ordenada. La matrícula es complicada porque el gobierno no tiene competencia para entregar las placas. Los infractores son muchos y no son sancionados ejemplarmente como corresponde.

Es decir que los hechos, han superado a las leyes y al sistema público cuya función es la aplicación y la regulación del fenómeno para proteger la vida de todos los ciudadanos. Creemos que, hay que hacer algo al respecto.