Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE Historia de una matanza (VIII)
Anales Históricos
PARTE VIII
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Juan Ramón Martínez
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Modesto Rodas Alvarado, líder liberal, habla a más de 4.000 personas en SPS.
8. El pueblo inicia la recuperación de la soberanía popular.
El 23 de julio de 1975 cuando los militares aceptaron que los muertos de la Hacienda Los Horcones, habían sido asesinados por hombres de alta en las FFAA, se inició el punto de recuperación de la soberanía popular por parte del pueblo que se la arrebató, en forma lenta pero firme, a los hombres uniformados. El sacrificio de los hombres y mujeres en Olancho, empezó a confirmarse que no había sido en vano sus muertes violentas. El 2 y 3 de agosto de 1975, en San Pedro Sula se efectuaron dos reuniones a iniciativa de las autoridades del Partido Liberal y respaldadas por su líder máximo, Modesto Rodas Alvarado.
Había sido candidato del PL en 1963 y el golpe de Osvaldo López Arellano, se había producido justificándose la irregularidad jurídica en evitar la victoria suya en las elecciones generales. Era abogado, orador de singulares virtudes retóricas, agricultor y ganadero y de consiguiente propietario de grandes extensiones de tierras en la zona sur de Honduras especialmente. Por ello, su figura era la más opuesta a los militares y detrás suyo se movían — respaldándole los pequeños, medianos y grandes propietarios y ocupantes de tierras de Honduras — que se sentían amenazados por las Reforma Agraria impulsada por los militares. La primera de estas reuniones, fue convocada conjuntamente por dirigentes del Partido Nacional y el Partido Liberal, y en ella estuvieron presentes alrededor de cuatrocientos profesionales – de las distintas ramas del conocimiento – concluyendo la misma con la designación de un comité provisional que se encargaría de coordinar las actividades previas a la creación de un Comité Constitucionalista de Profesionales de Honduras.
La segunda reunión fue un mitin celebrado en el gimnasio de un instituto de secundaria de la ciudad de SPS, en la cual se invitó al Frente Liberal Constitucionalista. En este acto colectivo – que agrupó alrededor de cuatro mil ciudadanos – habló Modesto Rodas Alvarado (quien no lo había hecho en la reunión del sábado por la noche); expresando conceptos claros y directos sobre la calamitosa situación de nuestro país, con énfasis en la hambruna que “atosiga a nuestro pueblo”, y en “la demagogia que algunos elementos (dentro y fuera del gobierno) han convertido en norma de conducta contribuyendo con su uso desmedido a dividir profundamente a los hondureños y a cerrar el paso a las soluciones que caracterizan el régimen de derecho”.
En ambas reuniones, fue notorio el fervor cívico y clara la posición de los hombres y mujeres presentes: los distintos oradores encontraron un eco cálido y sincero, y fue motivo de interés y entusiasmo el hecho que reputados miembros de la sociedad sampedrana, que en el pasado habían sido más bien indiferentes al quehacer político, fueron los primeros en llegar y de los más activos en participar en los análisis, reflexiones y planteamientos que se produjeron en el curso de los actos a que hacemos referencia.” ( La Prensa, Editorial, El Pueblo empieza a ponerse de pie, 4 de agosto de 1975”
Este juicio anterior no fue compartido por todos los líderes hondureños, de la misma manera o intensidad. Los líderes del régimen militar fruncieron el ceño y algunos cuestionaron la libertad que se habían tomado los reunidos para efectuar eventos políticos que estaban supuestamente prohibidos por el régimen de excepción que habían impuesto los militares desde el 4 de diciembre de 1972. La izquierda liberal – Jorge Bueso Arias, Carlos Roberto Reina, Jaime Rosenthal, Bográn, Reginaldo Panting- y Alejandrina viuda de Villeda Morales, no asistieron a la reunión aduciendo excusas que todo el mundo supo que eran eso: simplemente excusas.
Pero los oradores fueron muy claros en explicar las causas de los problemas, los autores y responsables de la situación que atravesaba el país; y lo más importante: en la vía idónea para empezar a buscar soluciones. En la primera reunión a que hemos hecho mención, Rodolfo Rosales Abella – directivo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal – dijo que la crisis se origina en “la contumacia del absolutismo sobre el pueblo”; y que de consiguiente, para interrumpirla, era necesaria “la lucha constitucional (y que esta es cuestión fundamental para nuestra existencia), porque estamos viviendo una crisis institucional en este país la que tiene sus orígenes en la contumacia del absolutismo sobre la soberanía popular, y que la violación de la ley tras la distención social que amenaza la propia nacionalidad de la vida de Honduras como nación. Se requiere que en el país nazca una cultura de amplio respeto a las leyes y de firme vigencia a los derechos humanos. La Constitución es necesaria para poder vivir en un país de leyes con la garantía de ser respetados en nuestros derechos”, dijo Rosales Abella.
Las FFAA siguieron diciendo que “juegan un papel fundamental dentro del destino del país, como ser la defensa de la soberanía territorial y garantizar la paz pública. No es posible la permanencia de un gobierno que no representa la voluntad soberana del pueblo hondureño. Se requiere que los militares sean hombres armados civilizados respetuosos de sus deberes consignados en la Constitución de la república” (La Prensa, 4 de agosto de 1975).
En la misma reunión el doctor José Antonio Peraza, ex Ministro de Salud durante el gobierno constitucional de López Arellano, viejo luchador y prominente líder del Partido Nacional dijo que “la Constitución es urgente e impostergable en la vida de la República”. “Pero para lograr ese hermoso resultado – continúo diciendo – se necesita unir a todos los hondureños en un solo brazo para exigir el retorno y vigencia de un estado de Leyes y Garantías ciudadanas. La nación se encuentra viviendo momentos difíciles – agregó – posiblemente los más duros de la historia. Presentamos la imagen nacional e internacional de una patria indefinida. Hemos estado por muchísimos años peleándonos como perros y gatos. Pero ha llegado el momento de unir esfuerzos, voluntades y talentos para lograr que el país vuelva a la vida constitucional y para que todos los hondureños puedan sentirse seguros dentro de un marco jurídico constitucional.” (La Prensa, agosto 4 de 1975).
Juan Fernando López, dirigente liberal, dijo que “estamos en inminente peligro de desaparecer como República y no es posible que un pequeño grupo de hondureños quiera imponer su ley a cerca de tres millones de hondureños merecedores de un mejor destino.” (La Prensa, agosto 4, 1975)
Parte del auditorio, escuchando a Rodas Alvarado.
El día siguiente – el domingo – en la concentración convocada por el Partido Liberal, Modesto Rodas Alvarado miembro de la Comisión Política, dió inicio oficialmente el Frente Constitucionalista Liberal, “que persigue para Honduras lograr un régimen de orden y leyes para la nación, que saque a Honduras del caos, la miseria y la vergüenza.” “Con este acto – dijo – se inicia una campaña histórica en la que tiene que jugar papel fundamental cada hondureño. Hemos enarbolado la bandera de la reunificación permanente de Honduras como República. Estamos unidos con este fin con los nacionalistas y hemos acordado que en las próximas elecciones ya no habrá fraudes, ni empujones, presiones de ninguna naturaleza.” Y sobre la naturaleza del nuevo régimen a establecer, en abierta alusión al enriquecimiento sospechoso de Osvaldo López Arellano y su implicación en un soborno con una transnacional bananera, dijo que en los puestos públicos estarán los hondureños más capaces. “Se efectuará una reestructuración de toda la administración en busca de la mayor decencia y capacidad en los empleados públicos”. “En el gobierno del futuro no habrá sueldos altos. Los hombres que nos acompañen no podrán enriquecerse jamás. La imagen del futuro gobierno liberal es que no se permitirá ladrones, haraganes y sinvergüenzas. Y en cuanto al presidente de la república no ganará un centavo. Hay que corregir el nivel de sueldos de este país. Estamos cansados de la sucesión de presidentes ladrones, ineficaces y mentirosos”.
Explicó a continuación, que “Honduras solo está cultivada una tercera parte (de sus tierras agrícolas). La reforma agraria es necesaria e impostergable en el país. Las conquistas sociales serán respetadas y ampliadas de acuerdo al desarrollo económico del país. Se hará una reforma agraria que dote a los campesinos de la tierra necesaria para su cultivo. Pero también se respetarán todas aquellas propiedades establecidas. A los invasores les vamos a entregar toda la tierra que quieran, pero en las zonas no incorporadas”.
Siguió explicando lo hecho por el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales (1957—1963): y de las leyes para proteger a campesinos y obreros y de sus esfuerzos actuales, para hacer que las tierras produzcan lo necesario y no haya escasez alguna. Y que lucharía en contra de “la mentira que está siendo víctima el pueblo hondureño. Primero se habla de que no habrá escasez de granos y ahora hay que importar miles de toneladas, para calmar una crisis tan grande y evitar que miles de hondureños se mueran de hambre. Si de los programas que hablan los técnicos fueran buenos ¿porque ésta situación de emergencia nacional?”. Finalmente, el máximo líder del liberalismo expresó su certeza de que liberales y nacionalistas lograrán retornar a un régimen de derecho, porque así lo exige el pueblo hondureño en su totalidad. (La Prensa, agosto 4 de 1975).
19. El régimen militar no estaba dispuesto a entregar el poder sin luchar antes
Flores Guerra no especificó el tipo de medidas que puede aplicar el gobierno militar hondureño para impedir la actividad partidista, enmarcada en la lucha que, por el retorno a la constitucionalidad, iniciaron el 25 de julio los liberales y los nacionalistas. Ambos partidos preparan concentraciones políticas en las ciudades de Choluteca, 150 kilómetros al sur de aquí; y la Ceiba, en la Costa Norte para los próximos 20 días. El funcionario señaló que su advertencia estaba basada en un Decreto Ley emitido en diciembre de 1972 por el gobierno que dejó sin vigor la Ley Electoral, “en consecuencia toda movilización con fines políticos está prohibida” agregó. “El gobierno así mismo ha insistido en los últimos 30 días en pláticas con dirigentes de los partidos Nacional y Liberal que no es conveniente realizar este tipo de acciones porque podría agravarse la situación general de Honduras. Sin embargo, los dirigentes políticos han reiterado que están dispuestos a llevar a la práctica sus planes a pesar de la advertencia gubernamental.” (La Prensa, 14 de agosto de 1975)
Además del retorno al orden constitucional y a la finalización de la “soberanía militar”, el tema que dividía a los políticos y a los militares era el de la Reforma Agraria. Para responder al discurso de Modesto Rodas Alvarado, el coronel Mario Maldonado, director del Instituto Nacional Agrario (INA) en una conferencia ante los rotarios de San Pedro Sula dijo que: “No existe en nuestro ánimo ni en nuestra intención destruir la producción, sino que estimularla a través de la incorporación de grandes extensiones de tierra a la producción agrícola.” Agregó que la Reforma Agraria es eminentemente capitalista; y que la reforma en el agro “lleva como objetivo primordial integrar a las grandes masas marginales y situarlas en una posición de ciudadanos como sujetos activos que puedan transformar y labrar su propio destino a través del trabajo en el campo.” (La Prensa, 14 de agosto de 1975).
20. Los Partidos Nacional y Liberal, ratifican su voluntad de luchar por la democracia y la constitucionalidad.
La primera crítica de los políticos contra los militares, fue el abandono de las instalaciones del Congreso Nacional. (Caricatura de Raviber).
Frente a la intención del gobierno del coronel Juan Alberto Melgar Castro de limitar el ejercicio del derecho de reunión con fines lícitos y pacíficos, los partidos políticos más fuertes, El PL y el PN, “ante la opinión pública nacional e internacional, declaran:1. Que carece de validez jurídica la pretensión de prohibir las reuniones que verifiquen los partidos políticos. Y que “no procede invocar la aplicación del Decreto Ley No. 4 de 11 de diciembre de 1972, para coartar las garantías constitucionales, por cuanto este se contrae a suspender las actividades del Consejo Nacional de Elecciones y la función electoral. Por otra parte, tal medida además de ser arbitraria, atenta contra derechos humanos universalmente reconocidos, que el Estado Hondureño tiene el compromiso ineludible de respetar; 2. Que la actividad que actualmente realizan tiene un carácter eminentemente cívico, puesto que se encamina a exigir, de parte de quienes detentan el Poder Público, que dicten las medidas conducentes al restablecimiento pleno del régimen jurídico en el país, necesario para que Honduras recupere su prestigio y sea dignamente representada por un gobierno de genuina extracción popular; 3. Que continuarán la acción emprendida en toda la República tendiente al rescate de la constitucionalidad, coincidentes con la Proclama de las Fuerzas Armadas del 22 de abril del año en curso que solemnemente se compromete al gobierno de facto a procurar el retorno del país a un régimen político de derecho en que se respeten los auténticos valores virtudes ciudadanas; 4. Los Partidos Políticos reiteran su demanda de que se cumpla la promesa contenida en la mencionada proclama militar en el sentido de propiciar el diálogo con la participación de todos los sectores que conforman la vida activa y la opinión pública de la Nación, y que con ideas renovadas y equilibradas se abra el camino hacia la comprensión e integración de todos los hondureños en busca del interés nacional; 5. Los partidos políticos Nacional y Liberal de Honduras tienen la más firme convicción que actúan con elevado espíritu patriótico y dentro del marco de la legalidad, en defensa de la causa más noble que en éste momento histórico pueden sustentar los hondureños. Por lo tanto desde ahora responsabilizan al Gobierno de las Fuerzas Armadas por todo hecho arbitrario o atentatorio que pudiera cometerse en el futuro contra el pueblo en el ejercicio de sus derechos y libertades públicas; 6. Finalmente afirman: que no propician ningún enfrentamiento, ya que su acción política se orienta a determinar, con su concurso patriótico, un proceso cívico y pacífico, previo a unas elecciones generales, libres y honestas, que fundamenten un gobierno de leyes y no de hombres”. Por el sufragio libre al cambio social dentro del orden constitucional. Tegucigalpa, D.C. 21 de agosto de 1975.
Comité Central del Partido Nacional: Rafael Bardales Bueso, Nicolás Cruz Torres, Víctor Cáceres Lara, Abel Villacorta, Roberto E. Cantero R., Lucas Zelaya Lozano, Irma Acosta de Fortín, Renato Bendaña Medal, René Sagastume Castillo, Martín Pérez M., Mario Guillermo Durón, Mario Colindres R.
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras: José Pineda Gómez, Rodolfo Rosales Abella, Marco Tulio Rodríguez Palomo, J. Efraín Bu Girón, Marcelino Ponce Martínez, Benigno Ramón Irías h., Rumualdo Bueso Peñalba, Carlos Salgado Chávez, Rafael Antonio Ardón, Manuel de J. Flores R., Daniel Caballero López.
Comisión Política del Partido Nacional: Ricardo Zúñiga Agustinus, Rafael Bardales Bueso, Nicolás Cruz Torres, Víctor Cáceres Lara, Luis Bográn Fortín, Orlando Lozano Martínez, Martin Pérez M., Práxedes Martínez, Héctor Córdova Pineda.
Comisión Política del Partido Liberal de Honduras: Modesto Rodas Alvarado, José Pineda Gómez, Rodolfo Rosales Abella, Oscar Mejía Arellano, Héctor Orlando Gómez Cisneros, Miguel Lardizábal Galindo, Celeo Arias Moncada. (La Prensa, 23 de agosto de 1975).
No todos los liberales estuvieron de acuerdo en que era el momento para presionar a los militares y volver al estado de derecho. Uno de ellos, Enrique Ortez Colindres, -hijo de Enrique Ortez Pinel, candidato a la vicepresidencia en la fórmula liberal encabezada por Villeda Morales en 1956 y Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dijo que “si bien es cierto que yo creo que fundamentalmente en que nosotros debemos como lo dijo el general Osvaldo López Arellano, regresar a un orden jurídico, hay que escoger ese momento oportuno.” (Tiempo, 6 de agosto de 1975).
Manuel Gamero, Director de Tiempo y miembro de la Izquierda Democrática Liberal, que percibía apatía en el pueblo por el retorno al estado de derecho mediante elecciones escribió en su periódico que “De ahí la notoria apatía con que el pueblo mira el estandarte del retorno a la constitucionalidad. Porque la gente, sobre todo en esta época, le interesa mucho quien lleva ese estandarte por aquello de los lobos con piel de oveja…” (Tiempo, Política y Políticos, 5 de agosto de 1975.”. Por su parte Carlos Roberto Reina dijo que “la vida jurídica de la nación se va a restablecer cuando todos los hondureños, al menos los grupos más representativos, nos sentemos a discutir los problemas de nuestra sociedad y encontremos la solución para los problemas.” (Tiempo 2 de agosto de 1975).
Varios sindicatos de San Pedro Sula, en un extenso comunicado, determinaron que las “Elecciones no constituyen solución a graves necesidades de nuestro pueblo”; y que, además, “consideran que detrás de la campaña de constitucionalidad está la mano de la reacción, de los enemigos del proceso reformista iniciado por las Fuerzas Armadas de Honduras.” “Llamaron la atención a los dirigentes sindicales para que no se dejen llevar por la consigna del retorno a la constitucionalidad que al oído le soplan algunos dirigentes de los viejos partidos tradicionales” Y para que no quedara duda de sus posturas, dicen que: “ Expresamos nuestro firme apoyo al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas ante la ofensiva desatada por los partidos tradicionales y todas las fuerzas derechistas del país que se oponen a la Reforma Agraria y a otros cambios sociales que demanda la crisis socio política que vivimos.” ( Tiempo, agosto 6 de 1975).
Y ese mismo día, el rotativo citado informó que “Los presidentes y secretarios ejecutivos de los comités centrales de los partidos Liberal y Nacional, han solicitado al Jefe del Estado, coronel Juan Alberto Melgar Castro, una entrevista con el fin de entablar un diálogo en relación con el retorno del orden constitucional. El Jefe del Estado no ha contestado hasta la fecha a tal petición, y no se sabe si accederá a la misma, ya que oficialmente no se ha informado (nada) al respecto.”
Para fortalecer el régimen, Melga recurrió a enfatizar el apoyo a las reformas sociales, el fin de las concesiones bananeras y a la creación de órganos económicos gubernamentales.
21. El necesario acomodo de las fuerzas en el interior de la institución armada
Las FFAA, tenían para entonces, la impostergable tarea de resolver sus problemas internos y, además, responderles a las fuerzas políticas que habían llegado – con gran sensibilidad – a entender que los vientos del cambio empezaban a soplar sobre Centroamérica; y que, si querían sobrevivir, debían someterse al orden legal y constitucional; o enfrentar una guerra civil con difícil cálculo de resultados, en vista de las circunstancias que empezaban a darse en Centroamérica. En El Salvador, habían empezado a manifestarse brotes que llevarían a la guerra civil de 1980. Y en Nicaragua, corrían rumores sobre esfuerzos para unificar a los grupos guerrilleros y grupos cívicos contrarios a la dictadura de la familia Somoza.
Simbólicamente, los medios de comunicación hondureños, empezaron a mostrar el abandono en que los militares habían mantenido las instalaciones del Congreso Nacional. Varias fotografías fueron mostradas señalando el abandono y destrucción de sus instalaciones internas al tiempo que reclamaron atención a su rehabilitación que desde entonces formó parte del acuerdo tácito entre los hondureños que, el retorno a la institucionalidad era una cuestión urgente y necesaria. Lo que había que discutir eran los pasos y los tiempos. Y aquí, los militares tenían la iniciativa y la aprovecharon convenientemente. Había que crear un Consejo Asesor, con todos los sectores de la sociedad para que elaborara la ley electoral. Y levantar de nuevo, la bandera de las reformas que iniciara López Arellano para atraer a los sectores populares e iniciar nuevas reformas, destinadas a mostrar fuerza e imaginación en el régimen militar que, aunque golpeados por los hechos criminales de Olancho, tenía todavía capacidad para reaccionar.
Para sobrevivir, Melgar Castro debía unir a los militares, proyectar una imagen comprometida con un esfuerzo por castigar a los culpables por los crímenes del 25 de junio en la Finca Los Horcones, en Lepaguare Olancho; y además, avanzar en las reformas sociales que había iniciado López Arellano en 1972. Para ello, el énfasis se puso en el apoyo a la Reforma Agraria, cosa que buscaba calmar a la dirigencia de la UNC; y para mostrar que el aire reformista seguía soplando. Para ello procedió en una acción engañosa, a dar por finalizadas las concesiones bananeras, rescatar los ferrocarriles y a crear un órgano destinado a animar la industria bananera que ahora daba la impresión de haber sido nacionalizado. Se dijo que a partir del régimen de Melgar, los empresarios bananeros tributarían al fisco, y entonces el gobierno tendría más recursos y podría hacer más obra en favor de los más pobres. Aunque Melgar Castro confiaba poco en Mario Maldonado, llegando a creer en algún momento que él había organizado la marcha campesina para derribarlo del poder y que era público que era el delfín de López Arellano, le dio apoyo público, respaldando la Semana de la Reforma Agraria, posiblemente la acción de relaciones públicas en favor de su régimen más exitosa que se haya ejecutado hasta entonces; y empezó a escuchar a los partidos políticos que reclamaban el orden constitucional y la devolución de la soberanía popular, insinuando que se crearían las condiciones para emitir las nuevas legislaciones para que en una fecha -- lo más larga posible, pensó sin duda alguna --, se convocaría al pueblo a elecciones.
Y en lo inmediato, sus relacionistas públicos, empezaron buscar explicaciones sobre el abandono que habían mantenido las instalaciones del Congreso Nacional, que habían sufrido como nunca antes, evidenciando el irrespeto a la soberanía popular y a la representación democrática de los diputados. Como resultado favorable, el gobierno había reducido el espacio que los periódicos le daban, cada día menos, a los hechos de Santa Clara y a la matanza de los Horcones. Incluso el líder de los campesinos – Pedro Mendoza – que había movilizado la “Marcha de la Esperanza”, aparecía en actos oficiales, con Mario Maldonado, dando la impresión que la Reforma Agraria era más importante; y que todo, lo demás, debía ser olvidado. O dejado para después.
Antes y después del Congreso Nacional. En democracia y durante el régimen militar.
Además, Melgar debía sanear al cuerpo diplomático, para enviar al exterior los seguidores de López Arellano. Armando Velásquez Cerrato, el veterano conspirador militar que para entonces era embajador en el Perú, había dado algunas declaraciones que obligaron a respuestas muy fuertes sobre el carácter de las reformas. Melgar lo destituyó como embajador en la América del Sur y en ese cargo pudo colocar a uno de los viejos coroneles “osvaldistas” Carlos Villanueva Doblado. Guido Capacci embajador en Brasil, fue destituido del cargo para colocar a otro militar, con lo que la presión sobre el régimen de Melgar Castro se fue reduciendo en forma ordenada y metódica. Mario Maldonado, incluso, estaba a punto de ser sacado del gobierno. Pero él no lo sabía.
(CONTINUARÁ)
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