TRASNFUGUISMO, CRITICIDAD ELECTORAL Y PAZ CIUDADANA

Anales Históricos  

Juan Ramón Martínez

Las elecciones del M—9 han sido un test oportuno para evaluar la madurez del sistema democrático, el desempeño de los partidos políticos, la integridad de los políticos, la calidad del discurso para vincular sus actos con los intereses de los votantes, el desempeño de la institución electoral, la confiabilidad de las FFAA y la forma como votan los electores. Y para echar una ojeada al futuro nacional

La democracia hondureña, es como la sociedad que la contiene, muy larvaria, de muy lento dinamismo y de un comportamiento muy irregular. Las oligarquías hondureñas, especialmente desde 1924, llegaron al convencimiento que debían confiar sus diferencias, antes que, a la ingratitud de las balas, al juicio sereno de los votos en urnas abiertas para todos los ciudadanos. Las mujeres no fueron consideradas entonces como ciudadanas. Hasta 1955, obtuvieron el derecho a votar.

Desde 1981, las elecciones han sido el mecanismo para resolver las diferencias entre las elites oligárquicas del país. Solo se ha visto alterado este proceso en el 2009 en que Manuel Zelaya, traicionó al Partido Liberal que lo había hecho presidente; y bajo un  discurso modernizador pretendió alterar la regla más importante en que bascula la estabilidad nacional: la no reelección presidencial. Y en el 2017 en que, donde había fracasado Zelaya, Juan Orlando Hernández hizo lo peor: logró reelegirse, provocando la inestabilidad y propiciando el clima de cambio y desorden que observamos actualmente.

El largo periodo de retorno al orden democrático, ha permitido la realización de 11 elecciones generales; y la elección de 10 gobernantes, todos civiles, ninguno militar, lo que constituye un hito inigualable en la historia nacional. Y un legado que las nuevas generaciones, deben conservar.

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Los partidos políticos, tienen larga historia nacional. A nivel mundial, los partidos políticos hondureños surgieron con retraso. El primero de ellos, fue fundado en 1891 por Policarpo Bonilla, basado básicamente en un liberalismo legal, sin mayor cuidado de las relaciones económicas y con pocas preocupaciones por el desarrollo nacional. El “bipartidismo” empieza según Luis Mariñas Otero en 1919, cuando en las elecciones de ese año concurren dos candidatos de dos partidos, más o menos orgánicos, que disputan el favor del electorado. Este primer intento, se consolida realmente en 1923 cuando Tiburcio Carias Andino, miembro activo del Partido Liberal y general beligerante en las disputas militares por el poder, renuncia a la invitación para que lance su candidatura por el Partido Liberal y funda el Partido Nacional Cariista ahora conocido como Partido Nacional. Desde entonces, aunque se ha intentado crear nuevos partidos políticos: PRDH, Partido Comunista, MNR, PP, PINU, PDCH, UD, y otros, solo el fraccionamiento del Partido Liberal en el 2009, provocado por Manuel Zelaya Rosales, -- el único presidente de la república que ha renunciado o traicionado al partido político que lo ha llevado al poder, funda – con la colaboración y apoyo financiero de gobernantes extranjeros ( Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de Venezuela y Colombia y la docilidad de líderes políticos hondureños el PRL,  el más exitoso tercer partido. El único, -- después del fraccionamiento de Carias Andino – que ha llegado al poder de la república, en brazos de los votos electorales de la ciudadanía. Los partidos, después de 100 años, todavía cojean del pie izquierdo: no han podido superar el caudillismo rural original, el protagonismo de los militares como eje del poder o como fuerza disruptiva; y su adhesión a las formulas del continuismo latinoamericano centrado en caudillos civiles o militares. Además, sufren un centralismo que ha ido disminuyendo el poder de los ciudadanos y la participación en la toma de decisiones de sus organizaciones locales representativas. Sus líderes creen que el poder es un premio y que, en consecuencia, los triunfadores pueden hacer con él, los que les dé la gana. Las ideas que el poder se legitima en la medida en que sirve al bien común, es poco compartida por los políticos hondureños.

Es decir que pese al tiempo transcurrido y los cambios que han experimentado la sociedad hondureña, los partidos políticos siguen siendo muy centralizados, verticales y poco cerebrales en sus propuestas de cara a las ingratas situaciones que vive el país. Y por ello detrás de las urnas, sigue proyectándose la figura del caudillo que, a caballo, con el rifle en la mano y el sombrero en la cabeza, amenaza la soberanía popular y compromete el imperio de la ley.

En las elecciones internas han concurrido dos partidos tradicionales, nacionales y democráticos retados y amenazados por un tercero: internacional, anti democrático, rural y totalitario. Los tres partidos, han efectuado elecciones primarias y de autoridades internas, con una novedad: en las primeras se conocen los candidatos. En las segundas no. Solo de deciden las proporciones relativas de los resultados y como en sociedades anónimas, los propietarios de los partidos eligen a los miembros de los órganos de dirección de los partidos, en forma natural y bajo los aplausos de la ciudadanía indiferente que no reclama y que no exige.

El PLR es además ilegal. Su funcionamiento es ilegitimo de acuerdo a la Constitución de la República y de manera expresa del decreto No. 137 de 1955 que ilegaliza la formación y funcionamiento de partidos de orientación totalitaria. Es un partido excluido por la ley absolutamente. Es legalmente inexistente. Tan es así que formalmente su legitimidad en Honduras, proviene de un acuerdo internacional que no ha sido sancionado por el Congreso Nacional.

El electorado está dividido entre los tres partidos, en forma casi igual. De modo que en las elecciones generales hay que esperar una lucha cuerpo a cuerpo para que uno de ellos consiga el 35% del electorado y así pueda lograr la titularidad del Ejecutivo. En la falta de una segunda vuelta electoral, tendremos una presidencia débil, que no contará con el respaldo de la mayoría del pueblo hondureño; y tampoco tendrá el control del Congreso Nacional. Situación que obligara a alianzas para las cuales, los políticos hondureños tienen evidentes dificultades, tanto en su forja, como en su cumplimiento, por su falta de tolerancia, su capacidad para ceder y su inhabilidad para colocar en orden de prioridad primero los intereses nacionales y después, los objetivos partidarios.

El PLR corre con ventaja, porque cuenta con la mayoría en la Corte Suprema de Justicia y tiene el apoyo fiel de la Fiscalía General. La primera útil para continuar con el negocio de intercambiar justicia por sumisión de los adversarios mas irreverentes. Y además, tiene bajo sus ordenes a las Fuerzas Armadas, cuyo Jefe de Estado Mayor Conjunto se ha presentado como leal activista del partido en el gobierno.

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El sistema electoral, ha experimentado singulares avances y retrocesos. De elecciones con un solo candidato, sin partidos y bajo control absoluto del gobierno, con voto público, hasta elecciones secretas, con varios candidatos y manejada la institución electoral, por una entidad independiente bajo el control de los partidos políticos. Todavía, está pendiente la institucionalización de verdaderos tribunales electorales, independientes y manejados por personalidades confiables, equidistantes de las fuerzas y partidos políticos. Este sistema, tiene en su base, tal lo que establece el artículo 272 constitucional, la garantía y la vigilancia de las autoridades y sus tareas con confiadas a las Fuerzas Armadas. Los constituyentes de 1982, creyeron que era la institución distante y que escapaba al control de los partidos políticos, de modo que en caso de diferencias insalvables era el fiel de la balanza y la garantía del respeto de los resultados y la sucesión presidencial. Sin embargo, en el 2003 el Presidente Carlos Roberto Reina y el Presidente del Congreso Nacional Carlos Flores efectuaron una reforma constitucional incompleta, apurada y demagógica, en virtud el cual las FFAA perdieron su independencia y se sometieron a la autoridad civil, colocándolas bajo el Poder Ejecutivo, con lo que su carácter distante, desapareció y fue sustituido por un discreto aprovechamiento del poder ejecutivo para lograr sus objetivos. En otras palabras, mantuvieron la misión en manos de los militares; pero les restaron autoridad para ser independientes ante el partido de gobierno y el Poder Ejecutivo.

En dos oportunidades anteriores – en el 2017 por JOH y ahora por Xiomara Castro--, las FFAA se inclinan en favor del partido político de gobierno, perdiendo la confianza del electorado, especialmente del que se nuclea en los partidos de oposición, creando un vacío y un desbalance que puede pesar mucho en la credibilidad y limpieza de los procesos electorales futuros.

En los últimos 25 años, se han fundado más partidos que en toda la historia nacional. El primero fue el MNR destinado a favorecer el continuismo del presidente Gálvez Durón en la presidencia de la República y que se desgajara del Partido Nacional y de la férula del general Carias Andino. Después PINU liderado por Miguel Andonie Fernández, seguido por PDCH, Unificación Democrática, y el PRL, el más importante y el único, después del fundado por Carias Andino (1925) que llegó -- poco tiempo después de su fundación-- al poder en el 2021.

En la dura campaña de 1954 en que otra vez como había ocurrido en 1902, 1924, concurrían a la lucha electoral, tres partidos, como ahora, la situación para hacer mayoría se volvió más compleja. La división del Partido Nacional y el cuestionamiento del liderazgo del anciano general Carias Andino, produjo el fenómeno del trasvase de figuras de un lado para otro, entre partidos, --primero entre el Partido Nacional y el MNR-- lo que produjo entonces el uso de una nueva palabra en diccionario político nacional: el “transfuguismo político” que ahora, aunque no se usa se ha convertido en la norma general. E incluso, lo que solo Carias había hecho cuando en 1962 renunció a la jefatura Suprema del Partido Nacional y fundo el Partido Popular Progresista con el cual no dio muchos pasos, porque fue interrumpido por el golpe de estado del 3 de octubre de 1963, ahora Nasralla es la figura política que más ha creado y abandonado más partidos y logrado lo que nadie antes: encabezar a tres partidos en la búsqueda de la presidencia de la república: PAC, Salvador de Honduras y Partido Liberal. Nadie antes ha sido candidato presidencial de tres partidos políticos diferentes. Por ello, en algunos momentos, no disimula el sentimiento de imaginarse por encima de los partidos y de la política en términos generales.

El tránsfuga de 1954, era rechazado por los críticos, analistas y electores. Las frases populares así lo señalaban: es un “desteñido”, es un “vendido”. Ahora, en 2025 es una figura singular de talento y coraje político, en que la persona que lo practica es poseedora de una habilidad que aunque acompañada de falta de compromiso, es celebrada y respaldada por el electorado. No solo a nivel presidencial, sino que lo más notorio en escogencia de los diputados del Congreso Nacional. En 1957 Len Macnab diputado del MNR por Islas de la Bahía, que apoyo con su voto iniciativas de los liberales, al ser acusado de tránsfuga, dijo que prefería “ser un tránsfuga de un partido” – entonces la palabra incluía una crítica y una descalificación de la conducta del político – “antes que un traidor a la patria”. Años antes, Lucas Paredes, uno de los más lúcidos escritores políticos que ha tenido el país, publicó un libro interesante bajo el titulo “Transfuguismo Político”.

Ahora el hecho es muy común y corriente. Mel dejó el Partido Liberal y lucha en su contra desde el PRL. Jorge Cálix, paso del Partido Liberal al PLR y desde aquí, volvió al PL para buscar con resultados negativos, la candidatura presidencial. Salvador Nasralla, ha fundado y dejado abandonados dos partidos: PAC y Salvador de Honduras y se ha pasado al Partido Liberal, logrando la candidatura presidencial. Es decir que el “transfuguismo político” es una norma, una habilidad que el electorado más bien celebra, todo lo contrario de los tiempos en que a Lucas Paredes le incomodaba la falta de moralidad y compromiso de los políticos de entonces. Es el caso de Jorge Cálix, que repetimos militó en el PL, fue fundador del PRL y regresó en el Partido Liberal, donde intentó obtener la candidatura presidencial, lo que no logró porque se le atravesó en el camino Salvador Nasralla. Simultáneamente, se han producido un movimiento de nombres y figuras de un partido a otro en la búsqueda de posiciones en el Congreso Nacional. No así en el caso de las alcaldías municipales, en donde los electores parecen tener mayor control y vigilancia sobre los candidatos y por ese medio rechazan el transfuguismo político que ahora más bien, es aceptado, entre los diputados como una prueba de talento y habilidad para engañar a los electores. A nivel municipal, el problema que se observa en otro problema central de la política hondureña: la reelección.

Luis Redondo y Kritza Pérez, tienen las mejores marcas: el primero fue liberal, después candidato por el PAC, PINU, PSH y ahora por el PLR. Es decir, cuatro partidos, y el electorado en vez de castigar al “tránsfuga”, más bien lo respalda haciéndole su congresista. Durante doce años. Pérez por su parte ha sido diputada por el PAC, PL y ahora busca una curul por el PRL. Maribel Espinoza, fue liberal y se presentó como candidata a diputada por el PSH, logrando una curul por el departamento de Cortés. Y regreso al PL – sin problema o cuestionamiento alguno – a buscar la candidatura presidencial sin fortuna, pero no por cuestionamiento de su transfuguismo, sino que por el brillo de Nasralla que anulo sus posibilidades. Por partidos políticos, el más estable es el Partido Nacional y el que, en consecuencia, tiene el menor número de tránsfugas políticos en sus filas. Rolando Barahona diputado por el departamento de Comayagua, fue expulsado del Partido Nacional; pero en las internas, no se atrevió a presentarse como aspirante a una diputación del PN o por otro partido por Comayagua, porque anticipo que sería objeto del rechazo total. Es interesante resaltar que los dos diputados que más se han movido de un partido a otro, conservando el respaldo del electorado, han corrido en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, que tienen más electores, con mayor número de diputados 23 y 20 respectivamente, de modo que de repente el transfuguismo político no es respaldado, sino que permitido, por debilidad del elector que no conoce a los que son objeto del honor de su voto. Es decir que, a mayor problema en la escogencia, sobre las virtudes o defectos de los candidatos, más fácilmente se puede engañar al electorado y pasar de un partido a otro, sin problema alguno. En el caso de candidatos presidenciales, Nasralla es la figura más sobresaliente: candidato de tres partidos, participando en cuatro campañas, pero no ha logrado ganar la mayoría del electorado, aunque en el 2017 se dijo que lo había logrado pero que el Tribunal Nacional de Elecciones, le modifico los resultados alcanzados.

Las elecciones generales de noviembre de 2025, confirmaran o negaran la importancia de la figura del tránsfuga en la política a nivel presidencial. Hasta ahora, nadie ha logrado ser presidente después de participar en otro partido como candidato presidencial. Salvador Nasralla, intenta romper este record. Sin pronunciarnos sobre el termino; ni tampoco enjuiciar la conducta de quienes participan, observamos que a menor información, los electores pueden escoger, en un clima de tensión, sin mayor cuidado a personas por su figuración pública, la belleza de sus retratos; o el fulgor de los ojos, sin importar sus antecedente, confiabilidad y compromiso con sus intereses particular.

Es decir que parece que el eslabón más débil que se observa en la cadena electoral, lo constituye el elector.

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La institución electoral ha sido cuestionada desde adentro. El retraso en el inicio de elecciones en varias partes de Tegucigalpa y SPS, se ha explicado de diversas formas. Pero al margen de las responsabilidades lo que hay que resaltar es que el sistema electoral puede ser boicoteado desde adentro, porque las acciones se han centralizado en forma peligrosa y la intervención de agentes externos – pese a la vigilancia de los partidos políticos – puede ser afectada perdiendo credibilidad por la lentitud de los procesos o la postergación de los resultados. Es decir que la centralización ha excluido o reducido el papel de las mesas electorales que ahora incluso han sido desvalorizadas llamándolas Juntas Receptoras de Votos, los Tribunales Locales de Elecciones y los Tribunales departamentales de Elecciones ahora no tienen participación en el escrutinio. Todo se centraliza en Tegucigalpa. Estas debilidades no son el resultado del proceso electoral en sí, sino que por su deliberada fragmentación y la concentración final del mismo y al hecho que se ha reducido el papel del ciudadano elector, desvalorizado las organizaciones territoriales – consejos municipales y consejos departamentales – han dejado de cumplir su labor, especialmente en el escrutinio de los votos y a la modificación del papel de las FFAA que ahora solo son vigilantes, “guachimanes” y no responsables de los materiales electorales, del acto de la votación, el escrutinio y el regreso del material electoral, para su revisión final. Aunque siguen recibiendo el mismo pago que tradicionalmente se les empezó a dar, cuando la tarea antes era más completa y de más categoría, porque tenían la responsabilidad de garantizar la soberanía popular.

La burocratización experimentada, fruto de la sustitución del papel de control del ciudadano, tiene mucho que ver con los costos que representan las elecciones. En 1980, cada voto le costaba a la sociedad 5 lempiras. Ahora esa suma se ha disparado hasta cien veces más. Han proliferado las compañías, nacionales y extranjeras que ofertan servicios al proceso que podrían ser efectuados por el mismo sistema nacional o prescindirse de los mismos, porque no es cierto que el uso de tecnologías o mecanismos de validacion, garantizan la calidad de los resultados. E incluso, en las tareas de impresión de papeletas, actas y cuadernos electorales, se han convertido en un negocio singular, por el que disputan los empresarios privados que se niegan, con argumentos deleznables a que se usen los talleres del estado para efectuar un trabajo que de hacerse podría reducir enormemente los costos de las elecciones.

En conclusión, hay que conservar lo bueno y enfrentar las debilidades señaladas. Desde dar un mayor protagonismo a los electores para que tengan un mayor nivel de conciencia, hasta facilitar un protagonismo del ciudadano en la realización del escrutinio de modo que la validación y revisión, sean actividades secundarias y complementarias, para no dañar la soberanía popular y la superioridad del elector, que actualmente es superado por el burócrata electoral y por los partidos políticos.

Tegucigalpa, abril 24 de 2025.