Hace 50 años: LOS HORCONES, LEPAGUARE Historia de una matanza (IX)

Anales Históricos

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Juan Ramón Martínez

PARTE IX

Estudiantes de institutos católicos de la capital, protestando contra los crímenes de Olancho, agosto de 1975

2. Exitosa campaña de relaciones públicas del gobierno y el principio del olvido

Trece días antes que el gobierno militar presidido por Juan Alberto Melgar Castro, publicara el informe de la Comisión Militar de Alto Nivel, confirmando la muerte de los sacerdotes y demás personas desaparecidas, la Conferencia Episcopal, basada en la información que le había proporcionado la comisión investigadora integrada por el Padre Valentín Menéndez, Padre Luis Alfonso Santos y el coronel Benavidez, le dirigió una valiente carta a Melgar Castro, suscrita por obispos, líderes de movimientos y grupos católicos de todo el país. Es la última comunicación de esa naturaleza firmada a nombre de la Iglesia Católica de Honduras.

El 18 de julio, la Conferencia Episcopal de Honduras, “habiendo tenido conocimiento del comunicado oficial del gobierno militar de la República en que se confirma el asesinato de los sacerdotes Iván Betancourt y Casimiro (Michel Jerome) Zypher, de las señoritas María Elena Bolívar y Ruth García y de otras personas en los lamentables acontecimientos del mes próximo pasado en el departamento de Olancho, a los fieles católicos y al pueblo en general hace saber: 1) Que nuevamente deplora la muerte de las personas mencionadas y la situación de violencia e injusticia que ha conducido a estos extremos. 2) Que en nombre de la Iglesia Católica de Honduras presenta a los familiares, comunidades religiosas y conciudadanos de las víctimas la más sentida condolencia y piden para ellos el bálsamo del consuelo cristiano, fortalecido por la esperanza de la futura resurrección de los muertos y la seguridad de que la Divina Providencia sabrá sacar bienes de estos males y hechos que lamentamos. 3) Que de Acuerdo con el Código de Derecho Canónico vigente las vejaciones e injurias reales a sacerdotes están calificadas en la legislación eclesiástica como “delitos de sacrilegio” (Canon 119) y los autores intelectuales, ejecutores y cómplices directos de tales injurias reales a sacerdotes y religiosos o religiosas queden “ipso facto” incursos en la pena de excomunión. 4) Que era deseo de la Iglesia de Honduras recibir los cadáveres de sus sacerdotes y demás víctimas y ofrecer el día de hoy un solemne funeral de cuerpo presente; lo que no fue posible por la manera festinada con que los restos mortales de algunos de ellos fueron sacados del país. Pero se anuncia que la Iglesia de Honduras ha dispuesto que el día de mañana sábado, diecinueve las campanas de los templos de todo el país toquen a duelo al mediodía; y el próximo domingo veinte en todas las iglesias se tengan solemnes funerales. 5) Finalmente exhortan a todas a una serie reflexión sobre las exigencias y compromisos de una auténtica vida cristiana; y a orar intensamente por la paz, seguridad y prosperidad de nuestra patria. Y queda en espera de que una vez dado el informe prometido por la comisión del Alto Nivel Militar se deduzcan las responsabilidades a los culpables y se aplique la justicia. Tegucigalpa, 18 de Julio de 1975. HECTOR E. SANTOS H. Arzobispo de Tegucigalpa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. JOSE CARRANZA CH. Obispo de Santa Rosa de Copán, Secretario de la Conferencia Episcopal de Honduras”. (Documentos Oficiales de la Conferencia Episcopal de Honduras, Tomo II, 1968-1978, págs. 131 y 132). 

La Iglesia había sido golpeada severamente. Y su reacción al principio, muy valiente, una vez que se conocieran las interioridades del crimen, poco después, la muestra amilanada provocando un retraimiento de sus posturas. No tanto adolorida por sus muertes, sino que afectada por el acento en la división promovida entre sacerdotes y obispos nacionales y extranjeros. Y de las estrategias del Vaticano con respecto a las relaciones con el estado hondureño. Pero debajo de esta afirmación en que la Iglesia rescata su carácter universal, es obvio que se provocaron otras divisiones de carácter metodológico, teológico e incluso políticas. “La matanza de Olancho trajo, por una parte, la reacción consecuente del bloque conservador de la Iglesia, que si bien se daba a conocer como una iglesia alentadora de ciertas reformas era incapaz de hacerle resistencia al sistema de acumulación. En definitiva, esta Iglesia se doblegó a los poderosos y aceptó pacíficamente el modelo de dominación imperante. Por otra parte, se definió otro bloque de la Iglesia, no tan numeroso como el primero, de marcada posición tercerista. Su consabida crítica que se esquematiza en aquel “no al capitalismo, no al socialismo” la hace incapaz, también de optar en favor de los oprimidos. Por último, un sector menos numeroso emprendió una búsqueda de nuevas vías, reflexionó positivamente el pasado, rompió con la ideología democristiana y se lanzó a un proyecto consecuente a los intereses de los explotados. Esta tarea no ha sido fácil. Los democristianos, que han estado acostumbrados a caminar como parásitos a las instituciones eclesiásticas, han sido los primeros en notar nuevas posturas y cambios. Por fortuna Iván se mostró muy independiente y escéptico a la corriente de la Democracia Cristiana es en la hora actual un baluarte en el proceso inicial de una Iglesia de los Pobres. Su muerte hizo abrir los ojos para ver hasta dónde puede llegar el sistema en su brutalidad represiva y hasta donde el pueblo tiene posibilidades al desentenderse de posturas reformistas y abrirse a un futuro de libertad”. (P. Bernardo Meza, 1982, pág. 48).  

La apreciación anterior es muy apasionada. Justificada porque lo ocurrido todavía era una herida abierta. El hecho es que no se podrá pasar por alto que, en la Arquidiócesis ya había empezado, antes de 1974 un movimiento para retirar de los órganos apostólicos de servicio a los laicos con intenciones de participar en política, especialmente en la Democracia Cristiana. Porque la Jerarquía Eclesiástica, en su conjunto, nunca vio con simpatía la creación del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Incluso el padre Iván, fue en el último tramo de su vida, un gran crítico y cuestionador del reformismo social cristiano que planteaba esa organización política.

23. Los hechos criminales y su esclarecimiento.

Mayor Enrique Chinchilla, sin esposas, saliendo del juzgado. 

Para inicios del mes de agosto de 1975, aunque los partidos políticos habían irrumpido en la vida nacional, cuestionando la legitimidad del régimen militar surgido en el golpe de Estado del 4 de diciembre de 1972 y exigiendo la fijación de una fecha para efectuar elecciones, el gobierno de Melgar Castro había desarrollado una intensa campaña de distracción para que no se hablara de los hechos criminales del 25 de junio en Olancho. Las referencias a los mismos, seguían ocupando cada vez espacios más reducidos en los principales periódicos del país. En los juzgados seguían presentándose para ser indagados los últimos implicados, entre ellos el sargento Ártica Tablada, director del presidio de Juticalpa y el mayor Enrique Chinchilla ex jefe de la V Zona militar y principal encausado por las muertes ocurridas en el departamento de Olancho el 25 de junio de 1975, el que con soberbia y altanería respondió a las preguntas de los periodistas. Ese mismo día, 1 de agosto, el juez había dictado auto de prisión, sin fianza, al mayor Chinchilla Díaz. En Olancho, las “actividades agrícolas estaban totalmente paralizadas”. Benigno Irías, empresario agropecuario y líder del Partido liberal en Olancho, declaró que “actualmente existe una total paralización de labores agrícolas en el departamento de Olancho, consecuencia de los lamentables acontecimientos ocurridos a fines de junio, lo cual en diferentes formas afecta al país. Agregó que la situación en ese departamento es difícil y delicada, existiendo incertidumbre entre los componentes de las fuerzas que intervienen en el desarrollo de las actividades agropecuarias, debido a una serie de circunstancias adversas. Reina en el ambiente olanchano una especie de sicosis, agravada en los últimos días por las amenazas que penden contra muchas personas, lo cual ha dejado de ser un peligro para constituirse en latente realidad con la serie de asesinatos que verdaderamente responden a una vendetta” agregó el profesional. Explicó que bajo esas circunstancias no existen seguridades para la inversión ante lo cual las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la vida y bienes de todas las personas y lo que es más importante para que Olancho vuelva ser lo que era”. (La Prensa, SPS, 5 de agosto de 1975).

En lo que sería posiblemente la última protesta de los jóvenes, estudiantes de los institutos católicos de la capital desfilaron en protesta por el crimen de Olancho. “Millares de estudiantes de los colegios católicos de Tegucigalpa desfilaron en reverente silencio hacia el Santuario de Suyapa, en donde luego participaron en una misa en homenaje póstumo a las personas que hace algunos días fueron asesinadas en Olancho. El cartelón que muestra una alumna del Instituto Sagrado Corazón – “Ojo por Ojo; diente por diente” – es muy significativo” del estado de ánimo que privaba entre algunos sectores católicos. En cambio, el Equipo Diocesano de Cáritas de Olancho, “pide la ejecución de la reforma agraria” siguiendo el guión distractor que el gobierno militar ha establecido para orientar los sentimientos generales de la población. Pero, además, escudándose en el discurso reformista de los militares, aprovechan para exigir el “retorno inmediato de sacerdotes y religiosos en las parroquias de Olancho; que se castigue a los culpables de la muerte de todas las personas asesinadas en este mismo departamento, así como la aplicación de la Reforma Agraria, pues sin su ejecución, dicen los firmantes, de nada vale el castigo a los culpables”. Así mismo, piden “la libertad inmediata y completa para quienes fueron detenidos el 25 de junio en el Instituto “18 de febrero” quienes todavía se hallan arrestados en el Presidio de Juticalpa”. Finalmente “piden a las autoridades garantías para el personal y grupos que trabajan en diferentes lugares del departamento de Olancho”. (La Prensa, 1 de agosto de 1975)

Monseñor Nicholas D´Antoni, Obispo prelado de Olancho

Hasta el mes de agosto el obispo de Olancho, monseñor Nicolás D’Antoni dio declaraciones a una agencia internacional de noticias en Tegucigalpa. Hasta esa fecha, le habían recomendado un estado de obediente silencio. Empezó por decir que “mi cabeza ha sido puesta a precio por terratenientes y ganaderos desde hace varios años”. El Obispo se encontraba en Roma cuando se produjeron los dolorosos acontecimientos del 25 de junio de 1975. “Me siento deshecho con lo ocurrido pues mi iglesia está dispersa. Los sacerdotes están ansiosos de regresar y servir al pueblo. Ojalá que el gobierno permita lo antes posible que los sacerdotes y religiosos vuelvan a sus iglesias para atender las necesidades espirituales y materiales de la feligresía”.

Monseñor Nicolás D´ Antoni dio su apoyo al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en favor del diálogo con todos los sectores para afirmar la tranquilidad en el país. Indicó que el gobierno no le había prohibido regresar a su diócesis, pero la Santa Sede lo había exhortado a que permaneciera en Tegucigalpa mientras los ánimos se aplacaban en su jurisdicción. Reveló que hace algunos años un grupo de ganaderos y terratenientes puso a precio su cabeza, por considerarlo instigador de los campesinos que invadieron sus propiedades. Primero ofrecieron 5.000 dólares, luego han ofrecido 10.000 dólares. Pero eso no me atemoriza. Yo perdono a los que quieren mi muerte, así como a los que mataron a los padres Iván Betancourt (de Colombia) y Michael Jerome Cypher (de los Estados Unidos) así como a los demás sacrificados. Los perdono en el espíritu de Cristo” aseveró (UPI; Tiempo, 2 de agosto de 1975).

Monseñor Nicolás había sido objeto, desde hacía varios años, de una fuerte campaña en su contra por parte de los agricultores y ganaderos de Olancho. “Hay que advertir que en el mes anterior de la partida de los franciscanos de la Parroquia de Catacamas, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Olancho (AGAO), había lanzado un duro ataque al Obispo y al Personal del Centro Santa Clara por medio de la radio y la prensa del país, haciéndolos pasar como promotores de invasiones de tierras. Los terratenientes se valen de muchas formas para desacreditar el trabajo de la Iglesia. Incitan, incluso a un grupo de mujeres del mercado ubicado en la planta baja de la Alcaldía Municipal. Dichas mujeres trancan las puertas de la Catedral y salen por las calles insultando al Obispo diciendo: “Queremos sacerdotes hondureños. Fuera de aquí Monseñor, no lo queremos. Usted ha apenado a nuestro pueblo. Fuera. Fuera. La AGAO coloca al frente de la casa episcopal sus veinte y cinco tractores en señal de protesta y se declara en paro de labores. Dicho paro no se cumple. Su intención era dejar a Juticalpa y Catacamas sin leche y queso y hacer difícil el suministro de artículos básicos entre la población. Pero la leche y el queso son artículos que el pueblo casi no consume, en tanto que el maíz, frijol y el arroz lo produce el pequeño y mediano agricultor en un setenta por ciento, a pesar que los terratenientes tienen acaparadas las mejores y más grandes tierras. Pero fue tal la tensión que de ese entonces que el primero de mayo, Día del Trabajador, no fue celebrado. Ya el año anterior, 1970, esta fecha de los trabajadores había sido promovida en una forma muy significativa por el Centro Santa Clara. El Obispo quiso aclarar las cosas y convocó a un Foro Público haciendo invitación a los indignados terratenientes. Mas ellos no aceptan por aquello de tener que “hablar con los campesinos”. (P. Bernardo Meza, Padre Iván Betancourt, Mártir de la Iglesia Latinoamericana, Tegucigalpa 1982, pág. 21).  

El obispo de Olancho tuvo que soportar además el retiro de los franciscanos estadounidenses y buscar apoyo en sacerdotes franciscanos españoles establecidos en Perú que vinieron a sustituir a los estadounidenses (1973). El único franciscano que no abandonó a sus ovejas fue el padre Diego Vela – nacido en Malta  – , que desafortunadamente, falleciera en un accidente automovilístico el 18 de mayo de 1973. Dos de estos sacerdotes españoles se establecieron en Catacamas, oportunidad que el padre Iván Betancourt aprovechó para salir del país hacia Canadá, donde efectuó estudios de pastoral familiar.

Es decir que desde hacía más de cinco años, la hostilidad y los ataques al obispo Monseñor Nicolás D´Antoni, eran frecuentes y sostenidos. Incluso a su alrededor había brotado un nacionalismo parroquial en que los ganaderos exigían que hubiera en Olancho, sacerdotes hondureños porque no querían allí a los extranjeros. El nacionalismo de los olanchanos, tiene larga data. Según algunos historiadores, fue fomentado durante los años finales de la colonia española, por los comerciantes ingleses que introducían mercancías utilizando los ríos Patuca, Guayape y Guayambre, prohibidas por las autoridades coloniales españolas; y que el discurso nacionalista olanchano, no era sino una forma de apoyar el contrabando de los comerciantes locales que hacían negocios con los proveedores ingleses. (Víctor Cáceres Lara, Conversación privada 1995). Aun ahora, 50 años después, se nota en las relaciones entre las personas en algunas ciudades olanchanas, cierto aire racista e incluso el uso de algunos términos como criollos – aplicados a los antiguos residentes de ciertas poblaciones – para diferenciarlos de los foráneos o extranjeros. Y en algunos dichos populares, se repiten frases muy poco socorridas, como, por ejemplo, que Olancho es fácil de entrar; pero difícil de salir. Y que, allí, el que las hace, tiene que pagarlas.

En 1916, cuando se separó – por decisión de El Vaticano – la Iglesia de Comayagua de la de Guatemala y se eleva a Arquidiócesis la Iglesia Católica de Honduras, el gobierno del Presidente Bertrand se opuso a la medida; y fue público que la mayoría de los sacerdotes hondureños se colocaron abiertamente en contra de las decisiones del Vaticano, especialmente porque quienes habían llegado al país a aplicar las medidas eran sacerdotes extranjeros, incluido un obispo de Costa Rica. (Juan Ramón Martínez, Honduras: Las Fuerzas del Desacuerdo, Tegucigalpa 1998).

Incluso la conducta del nombrado primer arzobispo de Honduras, Monseñor Martínez Cabañas, que era un hombre de Juticalpa con grado de coronel ganado en las guerras civiles, se mostró contrario a trasladar su residencia a Tegucigalpa, porque adujo que no había en esta ciudad un edificio donde él pudiera residir con la holgura y las comodidades acostumbradas. Es decir que el tema del nacionalismo católico, tenía sus antecedentes muy profundos en un nacionalismo olanchano, fuerte y rural; y la Jerarquía Eclesiástica en 1975, sabía que era un tema muy sensible y doloroso.

El 31 de julio, el juez Jesús Orellana, dictó auto de prisión formal en contra de mayor Enrique Chinchilla Díaz, Manuel (Mel) Zelaya Ordoñez, sargento David Ártica, Carlos Bärh y Benjamín Rodolfo Plata Tablada. “Mientras el mayor Chinchilla, les reclamaba con arrogancia natural a los reporteros que parecía que ellos eran los jueces que los juzgaban, “el terrateniente y ganadero Manuel Zelaya aprovechó para escabullirse de los periodistas y en forma presurosa subió a la parte trasera de la radio patrulla. Ya dentro del vehículo dirigió una sonrisa burlona a los reporteros mientras los militares que le custodiaban cerraban presurosos las puertas de la cárcel rodante. Hasta la tarde de ayer, sigue diciendo la nota periodística, el Juez Orellana “solamente había tomado las declaraciones indagatorias a los cinco indiciados mencionados, dejando la próxima semana para indagar a Abelardo Carías, Rodimiro Zúñiga, Federico Ordoñez, Enrique Erazo, José Tomas Linares y Bayardo Mejía. Estas doce personas habían sido acusadas formalmente por el delito de asesinato en las personas de María Elena Bolívar, Ruth García, padre Iván Betancourt, Jerome Zypher (Padre Casimiro), Oscar Ovidio Ortiz Ruiz, Roque Andrade Madrid, Juan Benito Montoya Cárcamo, Lincoln Coleman Fuentes y Bernardo Rivera Irías” (Tiempo, SPS, 2 de agosto de 1975).

(1) Ataúd con los restos de Ruth García. (2) Lic. Arturo Morales, representante legal de la familia de Ruth García Mayorquin.

Y para que la familia de Ruth García pudiera ejercer acción en contra de los criminales, la madre de la fallecida solicitó y obtuvo permiso de exhumación de su cadáver que había sido sepultado en Jardines de Paz Suyapa en Tegucigalpa. De acuerdo con la prensa, García Mayorquin había sido muerta de un balazo en la cabeza. El licenciado Arturo Morales “al referirse a este hecho manifestó que él estaba de acuerdo en la crítica realizada por el Colegio de Abogados (en) contra (de) sus colegas de Juticalpa. En todo caso –agrego– el juez de Juticalpa tendrá que nombrar un defensor de oficio, pues la acusación ya ha sido entablada por el Procurador, funcionario este mismo que estará representado por un abogado delegado de la Procuraduría que en este caso es el Licenciado Lisandro Deras”. “Independientemente -- siguió diciendo el licenciado Morales Fúnez --, de que los familiares de Ruth a través de mi gestión hayan solicitado la exhumación y autopsia del cadáver de su deudo, el juez estaba en la obligación de solicitarla, ya que se trata de un delito público”. “Esta autopsia debió haberse realizada hace mucho tiempo, pero el caso ha cobrado un carácter muy especial dada la circunstancia de que los cadáveres fueron encontrados varios días después de ocurrida la muerte. Es de esperarse, no obstante que la autopsia arroje datos muy significativos”. (La Prensa, 9 de agosto de 1975).

En el mismo periódico, el periodista refiere que los abogados de Olancho no quieren actuar como defensores o acusadores, cosa que no dejo de extrañar a la opinión pública. “A la exhumación asistió también el rector de la UNAH Jorge Arturo Reina y profesores de la Facultad de Medicina. Refiriéndose a la negativa de actuar en el caso de Los Horcones adoptada por los abogados olanchanos, el rector mostró extrañeza ante esa actitud. Este caso – dijo – podría ser igual a los médicos en algunas ocasiones decidieran no curar. Si bien los abogados tienen la facultad individual de aceptar o rechazar a un cliente, deben observar el principio ético de que nadie puede quedar sin ser defendido. Si el caso de Los Horcones queda impune sobrevendría en el pueblo hondureño una crisis de fe y de moral que culminaría con el rompimiento total del engranaje de valores que sustentan la nación”. (La Prensa, 9 de agosto de 1975).

Es obvio para entonces que el gobierno militar quería mantener el relato que el crimen de Los Horcones había sido la obra de un oficial, influenciado por los ganaderos olanchanos; y que para la ejecución de la acción delictiva, no se habían usado armas ni proyectiles militares, sino que un fusil “mágnum” calibre 22, propiedad de Manuel (Mel) Zelaya Ordoñez; y que, además no se sabía en consecuencia quien había matado a quien, aunque circulaba en los medios de comunicación que a Iván Betancourt lo había matado de dos disparos el mayor Chinchilla; pero eso no lo reconocía la Comisión Militar de Alto Nivel. Un miembro de la comisión, entonces compañero nuestro en la UNAH, nos refirió que “se habían distribuido las personas matar, que todos los implicados principales habían disparado, usando pistolas 45 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, para que, de esa manera, nadie delatara a nadie”. (Amílcar Zelaya, conversación privada, julio de 1975). Y que mientras los miembros del DNI, hacían los interrogatorios y producían las muertes de las nueve personas, Mel Zelaya Ordoñez, en una hamaca, junto a una botella de whisky escoses, mantenía arrodillado al padre Iban que le pedía que perdonara las demás personas y que solo lo ejecutará a él, si tal era su deseo. Mel Zelaya se reía y ordenaba que la persona que entraba al cuarto de interrogación improvisado, pasara al frente del arrodillado sacerdote para que sufriera mucho más la pena del sacrificio del que era parte.

El comportamiento del Juez Bustillo de Juticalpa que no efectuó las diligencias de oficio que le correspondía, y que se haya refugiado en la oficina de Chinchilla, en vez de cumplir con su deber, parece dejar claro que el crimen de Los Horcones, fue planeado, respaldado y contó con la cooperación activa o pasiva de muchos actores. Algunos activos – los señalados en el informe – y otros, pasivos; pero importantes para disimular o deformar los hechos; e incluso, evadir la justicia como al final ocurrió. Incluso, el hecho que el gobierno – el principal implicado en el crimen – haya asumido la representación de los familiares de los ofendidos, sin que estos se lo hayan solicitado, en perspectiva muestra que el gobierno de Melgar Castro, quería deformar la acción penal, para que ésta se dirigiera hacia un grupo de personas, excluyendo a otros que, posteriormente fueron eximidos de responsabilidad o favorecidos con una amnistía pactada entre los partidos políticos y los militares. 

Muchos años tardaron para que se supiera que se había dado la orden de proceder en contra de campesinos y sacerdotes, con la mayor rudeza para que sirviera de ejemplo. Por supuesto, era Olancho – especialmente Catacamas y Juticalpa – en donde se había cultivado un clima de odio e irrespeto a la vida, traducía en una clase social representada por agricultores y ganaderos, poco respetuosa de la ley y de la vida de sus adversarios. El comportamiento de los abogados, que no aceptaron representar a nadie de los familiares de las víctimas, es un ejemplo de una población con una visión deformada por la fuerza y el odio que se manejaba dentro de una escala de valores muy particular. Y ante la que, la Iglesia católica era impotente. Ella sabía que incluso el nivel de rencor era tan profundo, que la contratación de sicarios para que provocaran la muerte de los enemigos, era una práctica central – y casi normal – en la escala de valores de la sociedad olanchana. Entre la gente de a pie y por supuesto, entre los sectores criollos de aquella sociedad individualista.

(CONTINUARÁ)