Hace 50 años: “LO HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XVI)

Anales Históricos

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PARTE XVI

Juan Ramón Martínez

48. El gobierno interviene en la industria bananera.

En el esfuerzo de operar en el país un modelo acelerador de la economía, se continuó el proceso de intervención pública, por medio de la creación de entidades gubernamentales, destinadas a suplir de alguna forma, directa o indirectamente, la iniciativa privada. El gobierno militar de Melgar Castro, constituyó COHBANA, Corporación Hondureña del Banano, con el fin de “promover las condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad bananera y obtener una creciente participación nacional en la producción, transporte internacional y la comercialización del banano. En consecuencia, la Corporación formulará la política bananera del estado y la ejecutará en el campo de su competencia” (Ley de la Corporación Hondureña del Banano, La Prensa, 10 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)). Tal creación por alto que hasta entonces la actividad bananera, apenas empezaba a decrecer tanto por los efectos del Huracán Fifí, como por la cancelación de las concesiones bananeras.

A la Corporación Bananera se le asignaron como objetivos “ propiciar una creciente participación de Honduras en la producción, el transporte internacional, la comercialización del banano y los demás aspectos vinculados con la actividad bananera”, para lo cual  “ adoptará las medidas que sean necesarias para establecer y mantener precios remunerativos para la venta del banano producido en el país y propiciar el ordenamiento del mercado internacional del banano y el logro de una mayor independencia económica en todas las fases del negocio bananero”. Además, “formulara las directrices de política que sean necesarias para el logro de los Objetivos de la Corporación y ejecutarlos en los campos de su competencia” (Artículo 5). Para facilitar el cumplimiento de sus atribuciones, la Corporación podrá, “ determinar las modalidades para la comercialización del banano de conformidad a la situación de los mercados internacionales y establecer los precios de referencia para la compra y venta del banano” y se abría además, a la posibilidad de “comprar, transportar y comercializar banano, productos derivados del banano, insumos y demás productos utilizados en la actividad bananera, ya sea por cuenta propia o por intermedio de las empresas o entidades especializadas que estime pertinentes”. Para lo que, además, estaba facultada a “suscribir, comprar, negociar e invertir en todo tipo de acciones, valores, partes sociales u obligaciones de empresas nacionales, extranjeras y multinacionales vinculadas con la producción, transporte y comercialización del banano o con productos derivados o directamente vinculados con la actividad bananera, actuando como corredor por cuenta ajena o como inversionista por cuenta propia”. 

Como es natural, en el abanico de responsabilidades la Corporación, reconocía en forma humilde su obligación de “apoyar, dentro de las modalidades que estime más convenientes y en los asuntos que sea de su competencia, a los beneficiarios de la Reforma Agraria, empresas asociativas campesinas, cooperativas y otros productores nacionales para la producción, transporte y comercialización del banano, productos derivados y los directamente vinculados con la actividad bananera”. Para entonces, se había iniciado la recuperación de Isletas Central a manos de los campesinos que antes habían sido sus jornaleros y en la zona de Guanchías y otras del departamento de Yoro, estaban sembradas extensas plantaciones bananeras que operaban como cooperativas o eran empresas independientes propiedad de propietarios individuales o colectivos que cultivaban exitosamente banano y que los exportaban por medio de las dos trasnacionales bananeras.

Además, la Corporación, se permitía la oportunidad de “establecer precios y costos de referencia en las distintas etapas de producción, transporte y comercialización del banano producido en el país, los cuales se aplicarán tomando en cuenta: a) la situación de los mercados internacionales, los costos reales de la producción, transporte interno, empaque y estiba del banano y los impuestos a la exportación de banano vigentes”. En cuanto a la integración de la Corporación, en el articulo 15 se establece que “la Dirección Superior de la Corporación estará cargo de la Junta Directiva integrada en la forma siguiente: Cinco representantes del estado; dos representantes de los productores independientes de banano, un representante de las cooperativas, empresas asociativas campesinas y otras beneficiarias de la Ley de Reforma Agraria, productores de banano”. Los representantes del gobierno serán: el Secretario de Economía, el de Hacienda y Crédito Público, Recursos Naturales, el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificación Económica y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario. La Presidencia de la Junta Directiva, se reserva para el Ministro de Economía. Como ejecutivos superiores, para dirigir la Corporación la ley, prevé el nombramiento de “un Presidente Ejecutivo y un Vice Presidente Ejecutivo que serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo”. 

Benjamín Villanueva, Presidente de COHIBANA

Para el desempeño del cargo se exige que los nombrados sean hondureños por nacimiento y que no fueran parientes “del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre si o con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, los que desempeñen un cargo público de elección popular o sean miembros de Juntas Directivas de los partidos políticos” (Art 16) Para ejercer la Presidencia y Vice Presidencia Ejecutiva, el gobierno militar nombró a Benjamín Villanueva y Rodolfo Álvarez Baca. El primero desempeñándose hasta entonces como representante de Honduras ante el CAM, organismo multilateral que buscaba facilitar las relaciones económicas la Centroamérica post guerra de las “cien horas” librada entre Honduras y el Salvador en 1969. Agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) con un post grado en economía agrícola en una universidad de los Estados Unidos; pero sin experiencia alguna en la industria bananera. En ese entonces, el Zamorano no enseñara banano, como parte de su sentimiento de culpa, porque su fundador había sido Samuel Zemurray y para que no se dijera que estaban preparando en sus aulas capataces para las bananeras. Rodolfo Álvarez Baca, era economista de la UNAH; e igualmente sin experiencia en la industria del banano. Parece que tampoco los redactores de la Ley de la Corporación Hondureña del Banano, tenían experiencia en el mundo de la industria del banano, tanto en su base agropecuaria; y mucho menos en el área más compleja; la comercialización del producto en los mercados internacionales. 

Privaba más el entusiasmo y la creencia que los gobiernos eran más capaces que los empresarios privados; que, así como se había controlado la comercialización del petróleo, se podría hacer con productos agropecuarios más allá del café que había logrado estabilizar sus redes de comercialización, mediante una organización internacional, en donde se sentaban tanto los exportadores como los consumidores del café. La experiencia del Perú, que era muy comentada por los militares hondureños, no daba suficiente confianza que las cosas saldrían bien. Pero, en el fondo los militares creían que ellos eran más competentes que los profesionales civiles, con más limpio espíritu patriótico; y que todo lo que ellos se propusieran, saldría bien. Puro voluntarismo. Además, entre los cuadros superiores de las FFAA, privaba el concepto que desde la Reforma Agraria se podía alimentar cambios y transformaciones en la estructura económica; y que, para “poder salir de la situación en que Honduras se encuentra es industrializándola y esa meta solo se logra realizando la reforma agraria verdadera, integral, creando conciencia del hombre como ente, activo en con la certeza de su misión como hondureño” (Santos de Morais, La prensa 13  de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

El gobierno militar de Melgar Castro, iniciaba una aventura muy arriesgada. Pretendía darle continuidad a un ejercicio soberano en el que se confundía la naturaleza del producto controvertido. —el banano – la especificad de la industria bananera; y las complejidades del transporte marítimo y el mercadeo internacional de la fruta, en Estados Unidos y Europa. Las finalidades eran muy elevadas y los recursos con que el país contaba no eran los suficiente como para anticipar los mejores resultados. Extrañamente, no se dieron críticas ni antes ni después de estas decisiones. Aparentemente se esperaba que los militares fracasaran, para obtener beneficios políticos. Además, para entonces, todavía se creía que el reformismo militar – herido en las jornadas criminales del 25 de junio de 1975 – tenía algunas posibilidades de recuperarse políticamente y habilidad para sortear la crisis económica, revertir los índices negativos y recobrar la pérdida de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que dudaban de la disposición del régimen para operar dentro del régimen constitucional de derecho.

49. La búsqueda de un arreglo con El Salvador y sus dificultades.

Jorge Fidel Durón, ex Canciller

Honduras había librado una guerra de cien horas con El Salvador, entre el 14 y el 20 de julio de 1969, que además de la pérdida de vidas, destrucción de la propiedad privada y pública, había desquiciado en el exterior las relaciones comerciales con el socio número dos de Honduras. Y creado dificultades en las relaciones comerciales con el resto de los miembros de la región centroamericana. La paz, sólo había llegado a cuentagotas. Durante varios años, la frontera común – sin definir en gran parte – era objeto de conflictos y enfrentamientos que en algunos momentos dejaron sobre la tierra común, la sangre de soldados de ambos países. Para el mes de septiembre de 1975, el tema llegó a los medios de comunicación, en los que se vertieron las diferentes opiniones y el pueblo hondureño tomó conciencia que teníamos además del problema agrario, la pérdida de confianza en el régimen militar, él reclamo de los políticos en favor del retorno al régimen constitucional, el problema de la paz con El Salvador y la resolución de los diferendos limítrofes que Honduras había logrado que se colocaran como los motivos centrales para el conflicto armado. Además, se evidenciaban algunas críticas a los militares que por estar metidos “ahora a política y a obsesiones agraristas, parecen haber descuidado su vocación fundamental: la defensa de la soberanía territorial del país. Ojalá nos equivoquemos en esta apreciación subjetiva. Pero ojalá, también, que los hombres de uniforme investiguen más fondo que es lo que pasa allende la frontera y adicionalmente, traten de ganarse la colaboración de todos los hondureños para la defensa de la Patria, lo que no se conseguirá reprimiendo mítines cívicos ni insinuando que la situación de facto durará hasta la consumación de los siglos” (Amílcar Santamaría, Síntesis, La Prensa 2 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Y es que, aunque se anunciaban reuniones de alto nivel entre los dos gobiernos – el de El Salvador y el de Honduras—algunas voces hablaban de la ocupación ilegal por parte de los salvadoreños de hasta quinientos kilómetros cuadrados en la frontera común, indefinida; y que ambos países, reclamaban como de su propiedad. El gobierno militar por su parte declaró “que ha venido manteniendo en el proceso de pacificación, aceptó concurrir a Washington si se hubiera podido concretar la anunciada reunión con el presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen”. El mandatario de Colombia, en la fase anterior, mas critica, había participado en el llamado grupo de los siete en su calidad de embajador de Colombia en la OEA. Ahora, como gobernante, había expresado interés en retomar el tema. Lo anterior “fue declarado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Virgilio R Gálvez al ser consultado sobre la disposición existente en la cancillería hondureña con el fin de participar en nuevos diálogos para el encuentro de soluciones efectivas e inmediatos al diferendo que durante seis años mantienen Honduras y El Salvador. El Canciller despejó una serie de incógnitas que en las últimas horas habían surgido alrededor de los intentos del mandatario colombiano por reunir nuevamente a los representantes de los dos países en la sede de la OEA en Washington para reorientar el proceso de paz. Se había considerado en la capital norteamericana la posibilidad de una reunión del presidente López Michelsen con los embajadores de ambos países ante la Organización de Estados Americanos. Desgraciadamente los actos que se realizarán durante la visita de dos días que hará el mandatario colombiano a los Estados Unidos no permitirán hacer la reunión”. (Juan Sierra Fonseca, 4 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Para entonces, dos hechos son más relevantes. El primero, la información proporcionada en un reportaje de Martin Baide Urmeneta en el diario La Noticia “que el viernes de la semana anterior en horas de la noche, entró en la ciudad de San salvador, otro fuerte cargamento de armas y municiones de gran capacidad destructora. El convoy militar estaba compuesto por no menos de veinte vehículos entre los que figuraban jeep instrumentados con ametralladoras calibre 50, vehículos medianos de combate y siete enormes “tráilers” que llevaban sobre sus plataformas cuatro aviones de propulsión a chorro de tamaño pequeño y un convoy de aproximadamente siete metros y en otros vehículos iban cañones de menor tamaño en cantidad regular, baterías antiaéreas y piezas artillería” (La Noticia, 4 de septiembre de 1975).

Y el segundo, el hecho que, por el otro lado, las declaraciones sobre el tema de miembros de la oposición política, especialmente de internacionalistas de nota en el país. Para entonces, en la capital de Honduras, figuras respetables como Jorge Fidel Durón, ex canciller y ex ministro de Educación declaraba públicamente que “El Salvador ocupaba ilegalmente, cerca de 500 kilómetros de territorio hondureño”, aludiendo sin duda a los territorios que Honduras reclamaba como suyos históricamente y que El Salvador venía ocupando desde hacía bastantes años. Como información alentadora, se comunicaba también que pronto se reuniría el “Grupo de los 7”, órgano creado por la OEA y que presidia el embajador de Nicaragua, Guillermo Sevilla Sacaza, para continuar las deliberaciones que permitieran que Honduras y El Salvador, normalizaran sus relaciones en vista que la situación de impase, creaba severos daños a la economía y a la estabilidad política de Centroamérica. Con todo, nadie estudiaba entonces, los efectos que había tenido en El Salvador, el desplazamiento que Honduras en aplicación de la ley de Reforma Agraria, había provocado al expulsar del país un fuerte segmento de población campesina hacia El Salvador, alterando el tejido social de aquel país y creando condiciones de conflictividad interna en El Salvador que sin duda crearían conflictos inevitables en el futuro.

50. El retraimiento de la Iglesia Católica y el retiro del apoyo a la lucha de los campesinos. 

Monseñor Marcelo Gerin, Obispo de Choluteca

La Iglesia Católica, había continuado sus discretas negociaciones con el régimen de Juan Alberto Melgar Castro. El nuncio apostólico Monseñor Gabriel Montalvo era muy activo en estas tareas. Había logrado el regreso de algunos sacerdotes al departamento de Olancho, el desempeño normal de las actividades de monseñor Evelio Domínguez, como administrador interino de la diócesis de Olancho; y fortalecido el protagonismo de la llamada derecha de la Iglesia Hondureña que antes que activismo social, privilegiaba la evangelización por encima de cualquiera otra consideración. El 1 de octubre de 1975 la Iglesia Católica, publicó su última expresión de independencia y fuerza, al hacer “saber que la mayoría de los Sacerdotes y Religiosas han regresado ya a aquel departamento. Que se ha podido constatar el anhelo de la gran mayoría de los habitantes de aquel departamento porque regresen los sacerdotes y religiosas, inclusive el Obispo mismo Monseñor Nicolás D´Antonio” (José Carranza Chevez, Comunicado de Prensa de la Conferencia Episcopal, Documentos Oficiales de la Conferencia Episcopal de Honduras, Tomo II pág. 133).

Pero no todo era gratis. Para que el gobierno militar cediera espacios y permitiera el regreso de los sabedores y religiosos a Olancho, la Iglesia tuvo que pagar un alto peaje. El 27 de febrero de 1976, la Iglesia Católica de Honduras había completado casi totalmente su reacomodo a la nueva situación. En una reunión celebrada en Tegucigalpa, con la participación del Nuncio Apostólico Monseñor Gabriel Montalvo, monseñor Héctor Enrique Santos, Arzobispo de Tegucigalpa, monseñor Bernardino Mazarella Obispo de Comayagua, monseñor Jaime Brufau Obispo de San Pedro Sula, monseñor Marcelo Gerin de Choluteca, monseñor Nicolás D’ Antonio de Olancho, monseñor Evelio Domínguez Obispo Auxiliar de Tegucigalpa y monseñor José Carranza Chevez de Santa Rosa de Copán, “los obispo se ocuparon ante todo de la evaluación de la VI Asamblea Nacional de Pastoral habida este mismo mes, los días  24, 25 y 26 en la Escuela Pablo VI en la aldea de Suyapa en la que participaron ochenta personas entre eclesiásticos, religiosos y  laicos y a la que asistieron los mismos obispos. Antes de esta Asamblea Nacional se habían tenido en todo el país asambleas parroquiales y luego diocesanas, con una participación de unas siete mil personas. La Asamblea Nacional recogió las opiniones, puntos de vista y sugerencias de todas estas asambleas – vale decir de la Iglesia de Honduras—para enfocar y tratar este tema: La Misión de la Iglesia en Honduras Hoy. Los Obispos han calificado esta asamblea como rica, ordenada y positiva y han elogiado la mecánica de trabajo y la seriedad y dedicación con que se trabajo en ella. La Asamblea propuso para este año cuatro prioridades, de entre las cuales la Conferencia Episcopal debería escoger una como objeto de reflexión y meta a lograr en este año 1976. Las prioridades propuestas fueron: Familia, la Pastoral Juvenil, Vocaciones y Ministerios, la Evangelización y el Compromiso Social de la Iglesia. Los obispos escogieron la prioridad de la Evangelización y proponen como instrumento de trabajo para este tema la reciente Exhortación Apostólica del Papa Pablo VI, “Evangelinun tiandi” que será difundida ampliamente. Luego se ocuparon de la reorganización de Cáritas a nivel nacional, diocesana y parroquial y urgieron la restructuración de la Junta Nacional de Caritas de Honduras” (Boletín de Prensa, 28 de febrero de 1976, Documentos Oficiales de la Conferencia Episcopal de Honduras, Tomo II, págs, 137, 138).

La Iglesia Católica había dado un giro, suave; pero ordenado dándole la espalda a una visión diferente a su misión entre los pobres de Honduras. La Iglesias católica comprometida con los más pobres, se volvía neutral. Se había impuesto la tesis que las causas de los hechos ocurridos en Olancho, era fruto de una instrumentalización de las instituciones y movimientos eclesiales por parte de los demócratas cristianos incrustados entre sus fieles; y no, el resultado de la profundización de las contradicciones en el interior de una sociedad injusta como la hondureña. Se hizo en análisis desde la concepción de Iglesia víctima del engaño y la manipulación de algunos laicos, abandonando el análisis que el conflicto era el fruto de una forma de predicar el evangelio en una sociedad subdesarrollada y católica como la hondureña. Y en la que el sistema de poder se había visto amenazado por la movilización de los campesinos social cristianos, apoyados por una diócesis y por la gran mayoría de los católicos hondureños. 

 La cuestión social dejaría de ser – desde entonces-- el eje de la evangelización y esta, se plantearía dentro de otras perspectivas. Mientras tanto, ordenaba el saneamiento del personal del Caritas de Honduras, para prescindir del personal que militara o que tuviera simpatía por el Partido Demócrata de Honduras y por las organizaciones campesinas. E incluso, el saneamiento de la Junta Directiva de Caritas puede parecer extremo; pero era inevitable porque había de sustraer de ella, cualquier pensamiento que ubicara la evangelización dentro de la promoción Humana, donde el ideólogo principal era el canadiense Guillermo Arsenault. Y cuya primera característica era que no debía alejarse el mensaje evangélico y tampoco obviarse que mucha de esa pobreza no era responsabilidad individual de los pobres mismos, sino que de la operación de estructuras de dominación absolutamente injustas y anti cristianas. La Iglesia, echaba pie atrás y se alejaba de la situación concreta del hombre y la mujer que sufrían la pobreza Como conclusión, fue evidente que la Iglesia Católica hondureña, dio la espalda a La Conferencia de Medellín como fuente de pensamiento y acción de la evangelización en el país, y vuelto los ojos hacia Roma, exclusivamente. Además, urgida por la dureza de la experiencia sufrida en Olancho, había descubierto que, en algunos momentos, habían sido instrumentalizado por algunos de los trabajadores sociales, especialmente por Adán Palacios, el líder en Olancho de Caritas Diocesana, que pese a la represión, no había sido mencionado en ningún documento público, como implicado, pese a que residía en el Centro de Capacitación Santa Clara; y que, afortunadamente, el día 25 de junio de 1975 se encontraba en Tegucigalpa, en su residencia en la Colonia Satélite.. No hay registros en qué fecha regresó a Olancho; o se quedó en Tegucigalpa, residiendo en forma continua y permanente. Posteriormente, se dieron algunas dificultades entre las organizaciones que originalmente habían sido promovidas por la misma Iglesia Católica; pero que habían sido coptados por los laicos, como fue el caso de Acción Popular Hondureña, Escuelas Radiofónicas que eran dirigidas por Orlando Iriarte, que al mismo tiempo era el Presidente del Directorio Nacional del PDCH. En una discusión algunos meses después ocurrida en una Asamblea de esta organización, se produjo una confrontación entre Iriarte y Monseñor Marcelo Gerin, disputando por la propiedad de los trasmisores de Radio Paz de Choluteca, que aparentemente para que la Iglesia pudiera liberarlos del control que ilegalmente había establecido el gobierno militar, era necesario que pasaran a la propiedad de la Diócesis de Choluteca. Al final, se logró un acuerdo y la Diócesis recuperó el derecho de reabrir la emisora clausurada por el gobierno militar. Y mediante un arreglo con Radio América, de Tegucigalpa, la emisora pudo seguir en el aire, hasta hoy que sigue cumpliendo una importante misión en la zona sur de Honduras.

En abril de 1976, la Iglesia Católica hondureña, celebró el Décimo Aniversario de la creación del movimiento evangelizador más autónomo, novedoso de toda la historia del país: la Celebración de la Palabra de Dios. El largo documento que se publicará en homenaje a la fecha, ilustra muy bien, tanto las posturas de la Iglesia Católica, como también los riesgos que asumieron los evangelizadores, especialmente en el deslinde de un movimiento de laicos – como los Celebradores de la Palabra de Dios, en sustitución de sacerdotes que no abundaban entonces y ahora también – con la disciplina y el distanciamiento del sacerdote, sometido al Obispo. La diferenciación entre ambos, llevó a la Celebración de la Palabra de Dios, de un movimiento de laicos, a uno de “curas descalzos”, sometidos a la disciplina jerárquica, colocándose de espaldas a las realidades concretas que vivían en sus propias comunidades abandonadas. En 1975, algunos dieron el paso a la acción económica y política. En 1976, la Iglesia Católica, los recuperó como un movimiento suyo, y lo jerarquiza como medida inevitable estableció un rígido control sobre el mismo. 

Celebrador de la Palabra de Dios

Este movimiento eclesial había nacido en la Diócesis de Choluteca, “en ocasión de la Semana Santa de 1966, o sea un poco después de haberse clausurado el Concilio Vaticano II, como medio de suplir la escasez de sacerdotes en las zonas rurales” (10 Años de nuevos Caminos, Documentos de la Conferencia Episcopal de Honduras, pág. 140).

No surge de la nada, sino que es la continuidad de una práctica que se había producido en la mayoría de las parroquias de la diócesis sureña: el Apostolado de la Oración. “Iniciado pues como un paliativo de la falta de clero, este movimiento ha evolucionado rápidamente hacia metas de animación cristiana y desarrollo comunitario, en perfecta sintonía con las orientaciones de Vaticano II y, más adelante, de los Obispos de América Latina reunidos en Medellín”. Es aquí, desde el principio en donde se inicia una primera contradicción: el Celebrador de la Palabra es un instrumento para la jerarquía eclesiástica; pero para la comunidad es un líder legítimo que, en consecuencia, por su influencia comunitaria, conduce a la comunidad eclesial de la que es parte, hacia el abortamiento de los problemas generales y específicos de su comunidad. No es un “cura descalzo”, ni un miembro de la jerarquía eclesial, sino que un líder comunitario que antes que, sometido a la orientación jerarquía y a la dirección de la parroquia exclusivamente, tiene obligaciones con su comunidad y a las que no puede rehuir. El documento que venimos citando dice que “de las propias comunidades, han surgido líderes que se han capacitado humana y espiritualmente, no solamente para dirigir la celebración litúrgica de la Palabra sino con miras a promover el desarrollo integral de las comunidades. En esta forma, los que presiden la asamblea dominical de cada lugar no son meros “celebradores” sino auténticos evangelizadores. Su papel de delegados los sitúa en el mismo corazón de la comunidad local, como testigos privilegiados de Cristo Resucitado y portavoces de su mensaje. Gracias a su ministerio, se va superando el divorcio de siempre entre religión y la vida de cada día, entre la fé y el compromiso social, entre lo temporal y lo eterno. Se evita también así el doble escollo de un pietismo alienante o de un desarrollismo sin dimensión de fe”.

El problema es que la política, es parte de la vida del Celebrador de la Palabra, y que de consiguiente no puede evitar, porque vive en una sociedad política, donde los retos y dudas, son inevitables. Muchos Celebradores de la Palabra establecen distancia de la política tradicional; pero escuchan con atención la nueva propuesta política social cristiana. Y aquí donde se produce una primera contradicción: el delegado es un líder que además de la práctica litúrgica y la fe, es un líder que sigue la comunidad y el que ha descubierto que la política, es una dimensión de su labor. Por eso, él sabe que tiene que ante “tal situación, exige transformaciones globales audaces, urgentes y profundamente renovadoras” (Paz, N. 16).

Con alguna ingenuidad, la Iglesia Católica en la voz de sus Obispos, sostiene que “al ejercer su tarea profética de denunciar los males y de formar conciencias, el delegado evitará con sumo cuidado de convertir el pulpito local en tribuna política y de confundir el “el buen combate de la fe que habla San Pablo con tal o cual lucha partidarista. No permitirá que ningún partido político, de gobierno o de oposición, utilice, velada o abiertamente, su ministerio de la Palabra para sus propios fines. Por cierto, al luchar por la liberación integral del hombre, la Iglesia hace y debe hacer política, en el sentido de promover el bien común. Pero no hace política en el sentido de luchar por la conquista y el ejercicio del poder, como lo hacen los partidos políticos”. El problema es que el Delegado de la Palabra de Dios es un ciudadano, encarnado en la realidad, que vive en la comunidad; y que, por ello, tiene otra visión de la política que no cabe en la propuesta teórica de la jerarquía eclesial. Por ello, la mayoría de los líderes campesinos muertos el 25 de junio son Celebradores de la Palabra, otros miembros de ligas campesinas creadas y sostenidas para recuperar la tierra, en cooperativas para mejorar su nivel económico de vida; y en la Democracia Cristiana, para usar el partido como espacio de negociación con los que controlaban el poder. El partido era, en efecto, el instrumento cúspide de la organización popular, según la visión de los líderes social cristianos de entonces. 

La define la expresión usada “Por el poder popular al poder político”, es sintácticamente clara y definitiva. La Iglesia de los Obispos no lo veía así, creía más bien que la política era más nociva que las virtudes del evangelio. Estos son los hechos. La postura de la Iglesia Católica, después de junio de 1975, tendió a alejarse del tema de lo social, con lo que, sin saberlo, le quita a la evangelización una fuerza liberadora que jamás recuperará y que más bien, llevará a la pérdida de feligreses que, antes de junio de 1975, había empezado a ver en el discurso de los evangélicos protestantes, llegados desde Estados Unidos, les ofrecen un discurso mejor. Pero, además, le dio la razón a los militares y sin darse cuenta, justificó la violencia en contra de los suyos. Los Obispos, no lo analizaron así y no lo entendieron así, cuando se alejaron de las causas sociales y políticas que provocaron la confrontación del año de 1975. La Iglesia Católica había hecho la opción que le recomendaba a sus Delegados de la Palabra. Lo que nadie anticipaba entonces eran los resultados que tendría desde entonces la evangelización católica frente a la realizada por los evangélicos financiados desde Estados Unidos. 

(CONTINUARÁ)