Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XV)

Anales Históricos

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PARTE XV

Juan Ramón Martínez

Enrique Ortez Colindres, (Presidente del BCIE, 1970's).

45. El proyecto militar: entre la presión de los aliados, la tregua de los partidos y el mercado internacional.

El gobierno militar de Melgar Castro había logrado llegar a octubre. Para entonces, había frenado exitosamente la embestida de los partidos políticos que reclamaban el retorno al orden constitucional; neutralizar a la CGT y UNC con avisos de promoción de nuevas reformas sociales; paralizar a la Iglesia Católica, rompiendo su alianza con los campesinos social cristianos; e incluso, ordenar y encauzar el relevo generacional que en el interior de sus filas  castrenses había significado la deposición del liderazgo de Osvaldo López Arellano, defenestrado de sus cargos en abril de 1975. Pero no podía pasar por alto las debilidades del sistema gubernamental que manejaba; ni tampoco dirigir los mercados internacionales, en donde la presencia e influencia de Honduras era muy limitada. El 30 de septiembre, una empresa de noticias informó sobre la necesidad “de que Latinoamérica establezca formas colectivas de negociación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fue planteada hoy aquí por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Enrique Ortez Colindres.

El funcionario centroamericano indicó que los miembros de la OPEP no se habían dado cuenta que las presiones que ejercen en este momento contra todo el mundo se están haciendo con recursos renovables que a la vuelta de veinte o veinte y cinco años se habrán agotado. Según Ortez Colindres, el continente latinoamericano para esa fecha tendrá un potencial enorme. Entonces más que pedirle a la OPEP que nos bajen los costos, yo sugeriría que Latinoamérica evalué que es lo que constituye en sí, y que es lo que puede ofrecer a cambio del petróleo que necesite. Debemos buscar acercamiento coyuntural con grupos como los países del tercer mundo que dentro del concierto de las naciones constituyen una mayoría que sirve en varios aspectos para establecer pautas de negociación. El funcionario puso como ejemplo una votación en las Naciones Unidas para el caso que, si quisieran que Israel dejase de existir como estado independiente, los países árabes tendrían que pensar en el bloque de países que está negociando con ellos antes de tomar una determinación coactiva a los intereses de naciones que necesitan el petróleo” (ACAN—EFE, 30 de septiembre de 1975, La Prensa 1°. De octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Ortez Colindres no era economista. Era abogado y político liberal. Por ello veía en forma simplista las posibilidades de los latinoamericanos para negociar. Honduras era muy frágil incluso para pensar en ello. Quería más que iluminar el problema, hacerle de guiños al gobierno militar, para que les prestaran atención a sus habilidades como negociador; y que no buscaran quitarlo del cargo que ejercía en representación de Honduras y su gobierno. Tres productos: banano, maderas y café, operaban bajo un sistema de precios en los que el gobierno de Honduras muy poco podía hacer. El precio del banano había caído en los últimos 20 años. Según Arturo Castillo, Presidente del Asociación de Bananeros Independientes, “Honduras es el país en donde las compañías bananeras pagaban menos por el producto, no obstante, a que, con excepción de Guatemala se encuentran en una posición geográfica privilegiada, en cuanto al principal comprador de la fruta: los Estados Unidos de América. Es lamentable el caso de que nuestro país sea el más mal pagado de América Latina. El precio FOB de Costa Rica es de 2.60 de dólar la caja; Panamá de 2.71, Colombia, 2.41, Guatemala 241, Ecuador 2.35 y a Honduras se le paga un precio que oscila 2.15 y 2.30 la caja dependiendo de la distancia entre la empacadora y el muelle” (La Prensa, 1° de octubre 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

La OPEP, que desde 1973 había creado una crisis mundial aumentando el precio del petróleo, amenazaba nuevamente incrementar el precio de los carburantes, situación a la Honduras todavía no había podido acostumbrarse.  Guillermo Bueso, Presidente del Banco Central explicó que un aumento del petróleo pesaría aún más en nuestra economía. “Los efectos del 10% en los precios del crudo aprobado por la OPEP, son todos de carácter negativo para Honduras…”. Precisó el funcionario que, manteniendo nuestro volumen de exportaciones y los mismos precios en estas, se incrementarán los costos de las importaciones sobre el índice alcanzado el año anterior. Sobre lo que estamos importando este año, podemos estimar el impacto entre 10 y 12 millones lempiras adicionales sobre una tasa igual, de manera (que) observaremos un déficit de la balanza de pagos incrementado por esas razones”.

Advirtió al mismo tiempo que sí el país está pagando más por el precio del crudo, es obvio que habrá que ponerle un poco más de cuidado a la política petrolera en relación con el petróleo que estamos consumiendo. Supongo que el gobierno tendrá que sopesar cuidadosamente cómo trasladar el incremento que ahora se nos está imponiendo, hacia los consumidores nacionales, lo cual ha sido parte de la política que hasta ahora se ha venido aplicando en materia de energéticos. Países como Honduras que tienen que importar petróleo, se ven incrustados dentro de las dos fuerzas económicas que están ahora luchando en el mundo. De un lado los países de la OPEP, arguyendo que es necesario para ellos incrementar el precio de su producto, lo cual es inevitable por el control que tienen del mismo en el mercado mundial, y de otro lado tenemos, que los países industrializados si están haciendo lo que los economistas llamamos, su ajuste de balanza de pagos. Estas naciones están aumentando masivamente lo que ellos les venden a los países exportadores de petróleo y además aumentando de precio. De manera que esa lucha de la OPEP con los países industrializados, repercute en sumo grado sobre los países subdesarrollados al pagar facturas de importaciones más altos tanto por el petróleo como por las importaciones de los países industrializados”. (Juan Sierra Fonseca, La Prensa, 2 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). 

Guillermo Bueso, Presidente del BCH.

El café seguía estático en los precios y la contribución de la madera había dejado de crecer, porque las ventas se habían reducido. Honduras había perdido mercados en el caribe y los precios no eran atractivos para los exportadores privados especialmente. Además, el país contaba entre la burocracia gubernamental con muy pocos negociadores calificados.  Sin embargo, Guillermo Bueso, era optimista. Dijo que estaba “convencido que para el último trimestre de 1975 la economía se estará nivelando a escalas como las del pre Fifí. Esta recuperación más las transformaciones que continúa haciendo el gobierno en materia de Reforma Agraria, los proyectos que pondremos muy pronto en marcha, unidos, estoy seguro, a un despertar de la inversión privada, para completar el cuadro de factores internos, nos hacen ser optimistas en cuanto a las perspectivas de excelente recuperación a partir de 1976”. Hablo de la necesidad de unificar esfuerzos. Tenemos una coyuntura que nos debiera ayudar proveniente del exterior, basado en que los países industrializados continúen con énfasis su política de recuperación económica, y que al entrar ellos en esa fase se transmita a nosotros los beneficios de ese auge, que, aunque no se producirá rápidamente, como dependiente que somos de ellos, creo que vamos a beneficiarnos” (Sierra Fonseca, óp. cit).

Pero el problema más serio del gobierno militar era el déficit fiscal. El gobierno gastaba más de lo que captaba y políticamente era inconveniente – en ese momento -- hablar de impuestos. Aunque Porfirio Zavala, Ministros de Hacienda había señalado las presiones internacionales, para que Honduras aumentara su contribución a la par de los nuevos financiamientos recibidos, la empresa privada no estaba dispuesto a ceder fácilmente. AID, por medio de su director – que recientemente había sucedido a Marasciulo, muy beligerante en los asuntos nacionales hondureños, negó que ellos estuvieran presionando al gobierno militar para que impusiera nuevos impuestos. “No sé si el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo lo están haciendo, pero la AID no hace ningún tipo de presiones al gobierno para que aumente sus impuestos. Pero particularmente considero que es muy importante que el gobierno tenga impuestos razonables, porque es la única fuente que le asegura a un gobierno conseguir el dinero que se necesita para invertir en el país. Ningún país puede vivir sin impuestos y por ello los consideramos necesarios. La AID tiene actualmente en marcha un programa de cooperación en el catastro que se lleva a cabo en el país, ya que es fundamental saber los límites de sus tierras y que puede derivar en la absorción de impuestos sobre las tierras”. (Juan Sierra Fonseca, La Prensa, 13 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH) La insinuación para que el gobierno impusiera un impuesto sobre tierras fue muy suave y discreta. Pero era una sutil recomendación de un extranjero muy influyente entonces en Honduras. 

Frank B. Kimball, Director en Honduras de AID.

La empresa privada en la reunión este mismo mes de octubre, había a anunciado que fijaría su posición ante el gobierno; y este, esperaba con cierta ansiedad que la postura no fuera una que alimentara la urgencia de los políticos civiles para regresar al poder regresando a los militares a sus cuarteles, de donde no debían haber salido. La FENAG, que era la más dura fuerza gremial, contraria a la reforma agraria, se había contenido. Algunos de sus miembros, mostraban cierta complacencia destinada a lograr que los militares dejaran de verlos como sus enemigos. “Enrique Wedle, Francisco, Armando, David y Cesar Moran Escobar, conocidos hacendados de la región sur del país donaron recientemente al INA (Instituto Nacional Agrario) un total de 170 manzanas, lo que constituye un aporte voluntario al proceso que actualmente lleva a cabo ese organismo. Del total de tierras anteriormente mencionadas, 138 manzanas fueron aportadas por los hermanos Moran Escobar y se encuentran en los alrededores de Santa Elena, departamento de Choluteca, mientras las restantes 32 manzanas fueron entregadas por el señor Enrique Wedle al INA dando en la primera oportunidad 150 manzanas para hacer un total de 182 manzanas para distribuirlas entre los campesinos. Las 32 manzanas tienen un valor de 22 mil cuatrocientos lempiras, adelantándose que el INA ocupara esas tierras para la ubicación de nuevos grupos y asentamientos campesinos. Las escrituras de propiedad legitima y donación fueron leídas públicamente por los donantes en la oficina regional que el INA tiene en Choluteca” (La Prensa, 1 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

46. Las presiones de los “campesinos amigos”, un forcejeo que no ceja. 

Campesinos saliendo de Casa Presidencial. Julín Méndez y Reyes Arévalo, de camisa blanca

Pero de repente el problema que ponía nervioso a los militares es que se rumoraba que las centrales obreras y campesinas habían unificado posturas y planteado, urgencias inmediatas a los militares para que entregaran masivamente tierras a las organizaciones de labriegos sin tierras en diversos puntos del país. “Durante varias horas dialogaron ayer miembros de la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y de la Federación Hondureña de Cooperativas de reforma Agrafia (FEHCORA) y al final acordaron respaldar la posición adoptada por la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) durante su última convención celebrada en San Pedro Sula. Quienes conforman esas dos organizaciones emitieron igual solidaridad en lo concerniente a la presentación de un detallado documento al Jefe de Estado, por parte de Reyes Rodríguez Arévalo, máximo directivo de la ANACH, en la cual dan al Gobierno Militar 15 días a partir de del siete de octubre pasado, para que inicie la distribución de tierra entre los campesinos, lo que consideran vital para materializar plenamente el proceso de Reforma Agraria” ( La Prensa, 10 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Aunque los militares no respondieron al reto, fue evidente su nerviosismo y preocupación que, además, fue compartido por los intelectuales que se oponían a que los campesinos tuvieran un protagonismo que les parecía desmesurado en los asuntos nacionales.

El 13 de octubre, un diario de SPS editorializó sobre el tema, insinuando que posiblemente estaba por producirse una nueva “marcha de campesinos”, se producirían invasiones de tierra y el INA no tendría capacidad de respuesta a las peticiones de los labriegos. Según el editorialista (Oscar Flores), la impaciencia de los campesinos “deriva en parte, de la labor de agitación un tanto demagógica que se han encargado de realizar algunos funcionarios y empleados del propio organismo ejecutor de la reforma, quienes en muchos casos se dedican a indisponer a los campesinos, contra los agricultores y ganaderos cuyas propiedades – les dicen – es necesario que sus legítimos dueños las recuperen. De ahí que por rebote, los dirigentes campesinos acusen de negligente e inoperante al INA y a su director, que en vez de ofrecerles la tierra y también el cielo, debía haberles dicho la verdad, que en este caso equivale a explicarles cual es la situación real e inobjetable en cuanto al problema agrario hondureño y, sobre todo, insistir en el hecho de que la ley hay que respetarla, pues para eso es la ley, y que las transgresiones a la misma perjudican más que a nadie a sus beneficiarios”. (Editorial, La Próxima Marcha del Hambre, La Prensa 13 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Ese mismo día, el Director del INA, teniente coronel Mario Maldonado Muñoz, declaró a la Prensa que la institución que dirigía expropiaría “la presente semana un total de 23.000 hectáreas de tierras que hasta el momento han sido usufructuadas por la Tela Railroad Company”. El funcionario agregó que esa es la cantidad de tierras medida por empleados del INA, pero de la misma deberá dejarse una porción para que la compañía pueda pastar su ganado, y otra que habrá que respetarse porque se desarrolla en ella experimentos de floricultura, en una extensión de 200 hectáreas. Maldonado Muñoz puntualizó que también no toda esa cantidad de tierra es aprovechable, por cuanto existe una zona que la compañía ha destinado para desagües, la cual hay que este estudiar desde otro punto de vista para ver si es posible su utilización. Hay antecedentes que indican que, si esa esa tierra se usa en menesteres propios de la agricultura, al taparse puede dar lugar a inundaciones en las plantaciones, todo lo cual es ahora objeto de exhausto análisis de parte de los especialistas del INA”. Según se desprendía de las palabras de Mario Maldonado “se desea expropiar lo antes posible esa cantidad de tierra, aun antes que se haya terminado el prolongado proceso que involucra poner en forma legal muchos documentos, en lo que se entiende como una respuesta a las medidas de presión que durante los últimos días han ejercido varias organizaciones campesinas, las cuales reclaman tierras para sus afiliados”. 

Finalmente, Mario Maldonado dio a conocer que lo mismo se hará con tierras de la Standard Fruit Company, sospechándose que antes de terminar el año, el INA habrá expropiado enormes cantidades de tierras en poder de particulares, para entregarlas a los campesinos, en la ejecución más importante, inquietante y expectativa, dentro del proceso de Reforma Agraria actual”. (La Prensa, 14 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). La conducta de Mario Maldonado, era una expresión directa del hecho que se había declarado que la opción del gobierno militar era la reforma Agraria y, además, la diligencia de los funcionarios, obedecía a que los campesinos, como se ha indicado habían puesto un plazo que estaba por cumplirse. De manera que no se repitiera como insinuaba el director de La Prensa, Óscar Flores, una nueva tragedia como la que había terminado el 25 de junio en Lepaguare, Olancho. Los empresarios del agro centroamericano se habían dirigido y hablado con Melgar Castro, mostrándole sus preocupaciones y reclamando el respeto para quienes invertían en la tierra. Y recordando que, era necesario que hubiera confianza suficiente para que ello fuera posible. Los banqueros privados hondureños por su parte, dijeron que ellos se abstenían – por estos momentos – de financiar proyectos en el agro por el clima de inseguridad que privaba en el campo hondureño. Paul Vinelli, del Banco Atlántida, declaró que “la situación económica de Honduras está arrancando en forma positiva, después de haber vivido casi doce meses en caída vertical, durante los cuales ha habido contracción en el producto nacional y por consiguiente se ha creado un desempleo evidente. Pero no todo ha tenido origen interno, sino que también ha influido en forma decisiva la situación económica internacional imperante. Estamos ahora nuevamente arrancando para un mejor futuro de Honduras”. 

En lo que respecta al financiamiento de la Reforma Agraria dijo que “actualmente la banca privada del país ha disminuido su cartera de créditos para el sector agropecuario, operación cautelosa por mientras se llega a definir claramente la función de dicha banca en el financiamiento del agro. Esto, está siendo estudiado detenidamente por las autoridades del Banco Central de Honduras y de las Asociaciones Bancarias”. Explicó además que “obviamente la transformación de la estructura del agro implica, transformación de los mecanismos que deben ser empleados para operar en el agro. En otras palabras, toda transformación implica una transformación en otro mecanismo, y nosotros estamos trabajando en el mecanismo de la banca para adoptarlo al sistema del agro”. (Andrés Torres hijo, Entrevista a Paul Vinelli, La Prensa, 9 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Por otro lado, se supo que los empresarios estaban dispuestos a invertir y que lo único que les hacía falta era un clima de confianza que como es natural en un tiempo de invasiones de tierra es difícil de mantener. Según Leonardo Godoy, Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la gran concentración del sábado 18 de octubre en San Pedro Sula, significará la unidad empresarial que ya han logrado “podemos expresar con propiedad que somos actualmente el gremio nacional que participa en el proceso productivo que está mejor integrado y más unificado. Nos ha costado, pero dialogando, comprendiéndonos y respetándonos lo hemos logrado. Nuestra conducta va hacer constructiva, vamos a revisar la problemática nacional; sin orfandades intrascendentes y, con seriedad para buscar salidas adecuadas y oportunas a fin de que Honduras vire hacia una mejor posición, convencidos de que esto solo se logrará cuando todos los hondureños mejoremos en una forma progresiva, justa a base de trabajo intenso. Por ello espero que este evento (la Asamblea de los empresarios que se efectuaría el 18 de octubre próximo en SPS) sea la plataforma para canalizar la iniciativa del gran dialogo nacional”. Sentencia que la confianza a todos los sectores es el gran ingrediente para que haya un desenvolvimiento a plenitud, en función del país y de sus aspiraciones; y el propiciador por excelencia de este clima de confianza tiene que ser el Gobierno”. (La Prensa, 17 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

47. La situación de Honduras desde la perspectiva de los empresarios.

Camilo Rivera Girón, Presidente del COHEP & Edgardo Dumas Rodríguez.

Los empresarios hondureños se reunieron el 18 de octubre en San Pedro Sula. La reunión se produjo en un clima de gran expectativa, en vista que se dudaba si ellos lograban unidad alrededor de conceptos básicos relacionados con sus intereses económicos; y por la otra, sí no había alguna forma de interferencia política desde los partidos políticos para usar a los empresarios en contra de los militares. Las conclusiones más importantes de esta reunión en la que se logró una clara expresión de unidad es que la libre iniciativa se ha visto enormemente obstaculizada por el actual régimen militar; y que, era imprescindible un diálogo del Gobierno con todos los sectores nacionales. “El desarrollo de Honduras deberá llevarse a cabo necesariamente dentro de un sistema democrático de libre empresa, por cuanto la realidad ha demostrado que es el medio idóneo para lograr el bienestar colectivo que afirma la libre iniciativa por la cual el hombre, que es el medio y fin de toda actividad humana, goce de libertad para decidir el mejor uso de su capacidad innata”. Esta fue parte del compendio de “conclusiones y recomendaciones de la Primera Asamblea Nacional de la Libre Empresa, celebrada el sábado recién pasado en San Pedro Sula y cuyo contenido acordó entregar a las más altas autoridades de la república. 

El evento duró desde las nueve de la mañana hasta aproximadamente a las siete y media de la noche y al cual asistió gran número de empresarios e industriales por invitación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entidad bajo cuya iniciativa y patrocinio se desarrolló la asamblea. El prontuario de conclusiones explica que el concepto de libre empresa se ha visto enormemente obstaculizado por el actual sistema político, en donde se palpa que las libertades fundamentales están a juicio y criterio de un solo sector que no puede superar el estancamiento económico en que nos encontramos. Por lo tanto, “es imprescindible un dialogo del gobierno con todos los sectores nacionales ya que su ausencia ocasiona desconfianza por el derecho irrenunciable de la ciudadanía en las determinaciones que inciden sobre la vida y el futuro de la patria”. (La Prensa, 20 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Camilo Rivera Girón, presidente del COHEP expresó en su intervención que “la libre empresa se ha visto sometida los últimos tiempos a un evidente acosamiento que procedió originalmente del sector gubernamental y que se ha extendido a otros sectores que fueron motivados en este sentido. Las razones de tipo político, han prevalecido en contra de las normas que han probado a través de la historia que constituyen las herramientas adecuadas para un desarrollo equilibrado. Tenemos que convenir, a la vez que estamos plenamente conscientes que el país requiere de la inversión, la que debe tener un alto sentido social. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) acepta la responsabilidad que le corresponde en la reconstrucción nacional y la ha asumido, pues no obstante las condiciones adversas que han prevalecido, ha realizado esfuerzos para mantener y fortalecer las empresas y hacer nuevas inversiones”. (La Prensa, 20 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Adicionalmente Edgardo Dumas Rodríguez fue muy enfático al declarar “el gobierno está obligado a establecer un clima de confianza a las inversiones. Últimamente nos ha tocado escuchar y detectar la existencia de un rumor sordo pero perceptible del interés en la creación de un nuevo orden económico social y político, cuyos lineamientos sus autores no han tenido el suficiente valor de descubrir en toda su magnitud, pero que, sin mucho esfuerzo intelectual, todos estamos en capacidad de deslumbrar”. Se refería Dumas Rodríguez a la especie que circulaba en los corrillos populares que los militares estaban por organizar un partido político con el cual enfrentar a los partidos tradicionales. Este partido estaría integrado por las fuerzas progresistas, las familias de los militares y los dirigentes de las organizaciones populares, algunas de las cuales se les acusaba de ser comunistas. Repitió Dumas Rodríguez que, “para desarrollar las actividades privadas es necesario un clima de confianza. Ese clima de confianza que tanto necesitamos corresponde su creación al gobierno, sobre todo aquellos que necesiten y deseen la inversión extranjera, ya que es esencial el respeto de las convenciones libremente adoptadas; una definición clara de derechos y obligaciones, una garantía a las inversiones, el derecho a gestionar, la seguridad de los bienes, personas y cosas, el respeto a la propiedad privada y la inviolabilidad de la persona humana”. (La Prensa, 20 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Adolfo Facusse

Finalmente, Adolfo Facusse declaró que “La tradicional inestabilidad política se ha institucionalizado a grado tal que no solo se puede cambiar de gobernante sin que eso signifique que ha habido cambio de gobierno, sino que se ha terminado por colocar a la Constitución en un estado de permanente limbo, ni vigente ni no vigente, ni condenada ni salvada, tal y como en el mismo limbo han quedado algunos derechos ciudadanos, como el de reunirse pacíficamente para la expresión organizada de su voluntad política”. (La Prensa, 20 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH). Aludía Facusse al hecho que los militares dirigidos por Melgar Castro, haciendo una interpretación caprichosa de la proclama de las Fuerzas Armadas el 4 de diciembre, fecha en que habían derribado el gobierno constitucional de Ramón E. Cruz, se suspendían las actividades políticas en todo el territorio nacional. Y al hecho que en forma extraña, los dos partidos políticos más vigorosos – el PL y el PN – habían bajado la cabeza y suspendido sus concentraciones.

Un detalle importante. A la reunión más importante de la empresa privada del país no asistió ningún funcionario del régimen, lo que ilustra que entre el gobierno y los empresarios como también con los políticos liberales y nacionalistas, las relaciones estaban en muy bajo nivel lo que obligaba a Melgar Castro a mover fichas para mejorar esas relaciones como única alternativa para facilitar que su administración pudiera salir de la parálisis en la que se encontraba. Asunto que era de interés nacional, porque la economía del país no podía seguir estancada por más tiempo.

48. Reacomodo del Gobierno y purgas en las Fuerzas Armadas.

Tte. Cnel. Mario Maldonado Muñoz

“El mismo día que los empresarios estaban reunidos en San Pedro Sula, el Jefe de Estado Juan Alberto Melgar Castro, juramentó a las diez de la mañana en la casa presidencial al Coronel Omar Antonio Zelaya, como nuevo Sub Secretario de Defensa Nacional y Seguridad Pública en sustitución de Oscar Colindres Corrales. Zelaya venía desempeñándose como comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) y el coronel Colindres Corrales después de venir ejerciendo desde el pasado 22 de abril el cargo de vice Ministro de Defensa Nacional ha sido transferido como Agregado Militar de Honduras en Panamá. Juan Ángel Arias pasó a ocupar el cargo de Comandante Nacional de las Fuerzas de Seguridad Pública (FUSEP). Gerardo Wildt Yates fue nombrado jefe del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas y Hubert Boden Cáceres fue nombrado jefe de Estado Mayor de la FUSEP.

“Confirmaron también las fuentes castrenses el nombramiento del Teniente Coronel Rodolfo Bonilla Blanco, como Comandante del Décimo Batallón de Infantería con sede en Marcala. Antes ocupaba las funciones de G-4, Jefe del Departamento Logístico del Estado Mayor del Ejército. El Teniente Coronel Danilo Ferrera Suazo, anteriormente Secretario de Estado Mayor del Ejército, fue nombrado como Director de la Escuela de Aplicación para Oficiales. Además, el Teniente Coronel Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, quien comandaba el Decimo Batallón de Infantería con sede en Marcala, ha pasado como Comandante del Cuarto Batallón de Infantería con sede en La Ceiba, departamento de Atlántida. Entre tanto, el Teniente Coronel Amílcar Castillo Suazo, quien se desempeñaba como Sub Director de la Escuela Militar Francisco Morazán, ha pasado al cargo de Jefe del Departamento Logístico (G-4) del Estado Mayor del Ejército. Fue también nombrado el Teniente Coronel de Infantería José Antonio Madrid Rodríguez, Oficial de enlace entre las Fuerzas Armadas de Honduras y la misión militar norteamericana. Los nuevos nombramientos dentro del engranaje de las Fuerzas Armadas se han complementado, con la designación como sub Comandantes del Primero y Segundo batallones de artillería de los mayores Héctor Aplicano Molina y Lutfi Azzad Matute respectivamente, y el mayor de Administración e Intendencia Pedro Emilio Banegas Chávez, fue nombrado Secretario General del Estado Mayor del Ejército”. (La Prensa, 21 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH). 

El 22 de octubre, el diario La Prensa en primera plana reportó que “fuentes competentes confirmaron que el Teniente Coronel y Licenciado Mario Maldonado Muñoz, interpuso su renuncia el viernes pasado ante el Jefe de Estado, como Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA). Los informantes no revelaron los motivos que indujeron al militar a interponer su dimisión a su delicado cargo, lo cual se produce a pocas horas de conocerse una serie de transferencias de cargos y retiros producidos al más alto nivel dentro del Ejército Nacional”. (La Prensa, 22 octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

En realidad, no hubo tal renuncia. Mario Maldonado Muñoz recibió de manera informal información en el sentido que debía dejar el cargo de Director del INA y escoger una posición en el exterior. Sin oportunidad de comandar ninguna unidad militar. No era de confianza de Melgar Castro y sus compañeros, apenas defendían que se fuera al exterior como agregado militar. Y era, para las fuerzas que se oponían al régimen militar de Melgar Castro, la cabeza para calmar a los agricultores y ganaderos que seguían en pie enfrentando el proceso de reforma agraria.  Evidentemente Melgar Castro logró eliminar a Mario Maldonado, -- primer lugar de la primera promoción de la Escuela Militar Francisco Morazán y delfín de Osvaldo López Arellano dentro de las reglas de movilización acostumbradas en las FFAA-- . Y por este medio afianzó su liderazgo al frente del gobierno militar. El mismo día en que purgaron a Mario Maldonado Muñoz y lo despacharon hacia Washington como agregado militar en esa embajada en Estados Unidos, los líderes de todas las centrales campesinas eran recibidos por Melgar Castro en Casa Presidencial. Sin que ellos, levantaran un dedo para defender al militar que había dirigió el proceso agrario y que les había dispensado indudable apoyo a sus reivindicaciones. Con la destitución Mario Maldonado, Juan Alberto Melgar Melga Castro, además, les enviaba una señal a los empresarios, a los políticos y también a los campesinos que él era el Jefe del Estado. A los primeros, que estaba dispuesto a negociar. Y a los otros, que era el que él mandaba en el Gobierno Militar.

(CONTINUARÁ)