Mirador: AGRESIONES A LA CIUDADANIA

Juan Ramón Martínez

En Olanchito, la residencia de un empresario fue allanada – en forma violenta y fuera de lógica– siguiendo el concepto que basta una denuncia para saltarse la presunción de inocencia; e irrespetar deliberadamente los derechos humanos de las personas. La narración de Juan Ramón Ramos, empresario, militante liberal y líder cívico, es estremecedora. Cuenta que estaba en el baño – bajo la ducha –; que un militar con el rostro cubierto, le encañono con un fusil; que sintió miedo y pidió que no lo matara. Cuando exigió explicaciones, dijeron que buscaban a su hija, mayor de edad y que vive en otra residencia, separada de un joven que las autoridades tienen sospechas de participar en acciones delictivas. Al final, dice Ramos que el jefe del grupo, le pidió excusas, diciéndole que se habían equivocado, confirmando la sospecha que tenemos que las autoridades no han mejorado su competencia en proporción a la que han logrado los delincuentes que, hasta donde sabemos, no cometen los errores que narra nuestro coterráneo y amigo.

No es cosa de juzgar si hay fundamento o no, para el allanamiento. La distancia y la falta de información me impide pronunciarme al respecto. Lo que censuro es la forma. En ningún momento se produjo resistencia del propietario para la investigación del interior de su vivienda, único caso en que se justifica la violencia. Y, además, lo que lamento con preocupación es la falta de capacidad de los ciudadanos para obligar a que las autoridades se mantengan dentro de la ley y en el ejercicio respetuoso de sus acciones, sin pasar por encima de la presunción de inocencia, el respeto a los bienes, el cuidado al honor; y a la dignidad de las personas.

Porque no basta con pedir perdón, “mire que me equivoque de casa”;  o,  “nos dieron mala información”. Eso, no es suficiente.

La autoridad no puede darse el lujo, en la actual lucha en contra de la delincuencia organizada, de incurrir en errores y faltas al respeto ciudadano, como la que comentamos. Parece que la falta de preparación y el inadecuado proceso de la información primaria, les lleva a cometer errores en todas partes. Buscando allanar la casa de Romeo Vásquez en Tegucigalpa, irrumpieron por error en la de otro vecino.

Somos contrarios – por formación democrática – a estos excesos. En mayo de 1954, a medianoche, soldados de La Básica irrumpieron violentamente en el barracón, me despertaron con un fusil; y me obligaron a que dejara el catre, para buscar en unas cajas de ropa lavada que manejaba doña Mencha, armas. Aquellos hombres, verdaderos salvajes dispuestos a matar no dijeron una palabra. Desarmaron a mi padre; y se fueron a aterrorizar a los otros campeños para que no se unieran a la huelga de los trabajadores bananeros. Aquella experiencia me marco y definió mi compromiso con la libertad, con el imperio de la ley y la defensa de los derechos de las personas.

La autoridad al irrespetar los derechos de la ciudadanía, rompe la alianza con la población honrada. Los delincuentes no se equivocan. Cuidan sus alianzas y dan más protección a quienes se someten a ellos, que lo que dan las autoridades constituidas que fácilmente se equivocan; y nos convierten en sus enemigos. Con esa conducta – ejemplificada en el allanamiento de la residencia de Ramos – las autoridades muestran su incompetencia, su falta de profesionalismo, destruyendo la alianza fundamental con la ciudadanía honrada, sin cuyo apoyo es difícil que puedan lograr derrotar o frenar la ola delictiva que nos abate. Con oficiales como los que dirigieron el allanamiento en Olanchito, el triunfo de los buenos, es difícil.