Hace 50 años: “LO HORCONES”, LEPAGUARE: HISTORIA DE UNA MATANZA (XIII)

Anales Históricos

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PARTE XIII

Juan Ramón Martínez

Policarpo Paz García & Mario Maldonado Muñoz

37. La “legitimidad” del régimen militar y el papel de los partidos.

Para septiembre de 1975, un año después de la devastación de la Costa Norte por el Huracán Fifí, que dañara las plantaciones bananeras y la sequía del año siguiente destruyó el 85 % de la producción agrícola (Arístides Padilla, La Prensa 28 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH); y a pocos meses que se hubiera cometido la matanza de los Horcones, Lepaguare, Olancho, la cuestión básica de las reflexiones en Honduras era la legitimidad del régimen militar, el papel de los partidos políticos y la participación de la inversión extranjera. Los militares se imaginaban mejores que los políticos civiles, -- más honrados y más competentes – aunque en los hechos, el mayor Chinchilla en Olancho había ensombrecido el discurso, y el soborno bananero (abril de 1975) evidenciado que los ladrones podían usar o no uniforme militar; o saco y corbata. 

Que la cuestión era la legitimidad democrática y dentro de esta, la voluntad de las mayorías, expresadas en elecciones libres. Y aquí, los militares, estaban en desventaja. Sin embargo, Juan Alberto Melgar Castro, en una gira de trabajo en la zona central, dijo que “Los partidos políticos deberían estar ayudando a calmar el hambre y no organizando concentraciones. Estamos abocados a situaciones difíciles, hablar de diálogo ahora no es correcto. La verdad es que este no es el momento adecuado para hablar de política… llegará el día, pero no hoy”. El tema de la “soberanía militar”, era muy importante para los hombres de uniforme. La idealización de la espada, era un imperativo de su existencia que, de alguna manera se sentía afectada por el regreso al orden constitucional, al estado de derecho y a la soberanía popular. 

Y para Melgar Castro esas situaciones difíciles incluía además de las que provocaba los efectos climáticos adversos, la relaciones con el Salvador rotas desde el 27 de junio de 1969, la supuesta carrera armamentista de este vecino país; y las reformas económicas, en las que, más que en otra cosa después de la supuesta superioridad militar, los militares basaban y justificaban su control sobre el poder. Así, la justificación del régimen y el orden de cosas vigente eran las reformas que el país urgía para impulsar su desarrollo socio económico. Por ello cuando le preguntaron a Melgar sobre las reformas que se decían se iban a hacer a la Ley de Reforma Agraria, dijo “que no la reformaremos porque eso sería echar pie atrás en cuanto la aplicación de la Ley. Del artículo 39 lo único que hemos hecho es el reglamento que ya está aprobado”. (Leonardo Letona, La Prensa 13 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Melgar no ignoraba sin embargo, que no solo era cuestión de deslegitimar a los partidos políticos por sus posturas; o por el supuesto distanciamiento de los votantes – cosa que estaba en duda porque desde 1972, no había habido elecciones generales en el país – en vista que además, la empresa privada nacional, en la voz de sus dirigentes más calificados y agrupados en el COHEP, empezaban a moverse para auscultar la realidad nacional y asumir posturas que nadie ignoraba que estaban más cerca de las de los partidos políticos que de los militares. “Los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se reunieron ayer durante varias horas para elaborar la agenda que será analizada en la importante cita de hombres de empresa que se efectuará el próximo 18 de octubre en San Pedro Sula, a nivel Nacional. Camilo Girón, máximo directivo de esa organización expresó a “La Prensa” que el documento incluye análisis sobre el proceso de reforma agraria, la situación económica que atraviesa el país, el anuncio de probables cargas impositivas, el sistema crediticio tanto a nivel nacional como internacional, proyecciones y logros del Plan Nacional de Desarrollo y la situación política actual en sus aspectos negativos en cuanto se refiere al desarrollo integral de Honduras”. (La Prensa, 26 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Para entonces, el programa televisivo más popular del país era el que dirigían Jacobo Goldstein, Mazariegos y Gabriel García Ardón “Este Domingo”, creyó que era oportuno un debate entre Mario Maldonado Muñoz, director del INA y Modesto Rodas Alvarado el líder máximo del Partido Liberal y el mejor representante y defensor de los intereses de los ganaderos y de los agricultores del país, para confrontar las dos tesis: la reforma agraria y la protección de los campesinos por una parte y por la otra, la defensa de las tierras de propiedad privada – cultivadas o no – y las tierras fiscales bien trabajadas por agricultores y ganaderos. Ni Maldonado Muñoz y menos, Rodas Alvarado aceptaron la invitación. En cambio, García Ardón, invitó a su programa de televisión en SPS a Edgardo Dumas Rodríguez, exitoso profesional del derecho y empresario de aquella ciudad que había empezado a llamar la atención, insinuando que estaba interesado en iniciarse en la vida política nacional. Dumas Rodríguez, en forma directa y sin vacilaciones, afirmó que el régimen militar no tenía credibilidad entre el pueblo hondureño y que, por ello, el régimen presidido por Melgar Castro, debía ser sustituido por un gobierno civil provisional para superar la crisis hondureña. (La Prensa, 20 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Dumas Rodríguez, había sido Ministro de Trabajo de López Arellano y gozaba de mucho prestigio en los medios bancarios de la capital industrial del país. De forma que sus declaraciones causaron impacto. Los militares por su parte, en busca de una retórica escolar desarrollaron una nueva justificación de sus tareas en el mundo político. En la inauguración de obras en el IV Batallón de Infantería de la Ceiba, el Jefe del Estado Juan Alberto Melgar Castro dijo que “el soldado es un ciudadano que viste de uniforme para servir a la Patria. Empuñado por un buen soldado”, “la espada es arma que se ennoblece en la causa de la redención popular”. (La Prensa, 22 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Más bruscos, otros militares, especialmente oficiales miembros de la Primera Promoción de la Escuela Militar Francisco Morazán, se mostraron más inquietos, nerviosos y agresivos. Mas primarios y rurales. El teniente coronel Rigoberto Regalado Lara en declaraciones a un periódico dijo que “ocho centros de salud, iguales a los que construye el Ministerio de Salud Pública, pudo haber edificado el gobierno militar con el sueldo anual de cada diputado ante el Congreso Nacional, el último del régimen de derecho. Eso equivale a 412 centros de asistencia rural que, a un costo de mil lempiras cada uno, se hubieran levantado con el salario de los 64 padres de la patria que sumó un total de 1.536.000 en el mismo periodo. Eso indica que varios centenares de miles de hondureños se hubieran beneficiado con la inversión de ese dinero, sin incluir lo que se gastó en dietas, pagos de secretarias, papelería y otros materiales, mantenimiento del edificio y otros gastos extras que todo el mundo conoce. Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública ha construido 130 centros de salud rural (CESARES) con una inversión aproximada de 390.000 lempiras. Por el mismo camino van las escuelas. Nosotros no queremos atacar a los partidos políticos, ni lo estamos haciendo. Queremos hacer conciencia entre el pueblo (para) que cada hondureño comprenda que el gobierno de las Fuerzas Armadas está trabajando por lograr un beneficio para la mayoría” Y al final, dijo que “retornaremos a la constitucionalidad cuando el pueblo, las organizaciones sindicales y las bases populares, así lo demanden”. (Tiempo, 5 de septiembre de 1975 Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Para entonces los dirigentes de los partidos políticos habían presentado ante Naciones Unidas una denuncia en contra del Gobierno de Melgar Castro, “por la prohibición para que los partidos políticos pudieran efectuar sus concentraciones políticas”. Ante esto Rigoberto Regalado Lara aclaró al periódico citado que “El pueblo tiene más razón para protestar que ellos nunca hicieron un intento para mejorar y transformar la situación. Ellos (los partidos políticos) han violado en muchas ocasiones los derechos humanos y nadie ha protestado por ello”.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta visión en la que los militares se apropiaban de la soberanía nacional y desplazaban al pueblo de su derecho natural y jurídico. Manuel Acosta Bonilla, que había sido ministro de Osvaldo López Arellano dijo sobre el asunto que “el ejército que ha asumido la responsabilidad de gobernar el país, deviene obligado a hacer posible una base mucho más amplia de apoyo popular que le permita ejecutar las medidas necesarias para atender los problemas inmediatos del país y consolidar el proceso de reformas iniciado en 1972. Esto, además de devolver la normalidad jurídica dentro de un marco institucional más democrático y representativo donde tengan plena cabida las tendencias genuinamente hondureñas que están conscientes de los cambios que Honduras necesita para superar con éxito los obstáculos que le presenta el subdesarrollo, asegurando a las personas y a las futuras generaciones una vida más digna y democráticamente libre”. (Tiempo, 12 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

En una columna de opinión, el hijo del expresidente liberal Ramón Villeda Morales, doctor Ramón Villeda Bermúdez, escribió que “hay superficialidad cuando se invocan los desafueros de algunos políticos, para impeler una orden arbitraria. Sabemos que si hay políticos que nada pueden ofrecer al país, pero de esta definición tampoco se escapan algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Es equivocado generalizar. Hace pocos meses se asesinaron sacerdotes, mujeres y campesinos en Olancho quedando los restos en un pozo artesiano. Hubo militares en el premeditado asesinato colectivo, pero los partidos políticos no cayeron en la bajeza de acusar a las Fuerzas Armadas. No lo hicieron porque no era justo”. (Ramón Villeda Bermúdez, Declaraciones de los militares, La Prensa 7 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Igualmente, directo, fue el mayor e ingeniero Roberto Gálvez Barnes, ex ministro de Julio Lozano Díaz, hijo del ex presidente Juan Manuel Gálvez y ex triunviro de la Junta Militar de Gobierno, que categóricamente sostuvo que “los militares no son los únicos jueces para decidir el retorno constitucional”. Agregó que creía “que, si los partidos políticos demuestran que existe la democracia dentro de sus mismas filas, el pueblo adquirirá la confianza que desde hace algún tiempo ha dejado de tener en las tradicionales instituciones políticas”. “Gálvez aboga por un retorno a la democracia y no a la (simple) constitucionalidad. Esto lo interpreta en el sentido de que el proceso de elección dentro de las instituciones políticas se realice democráticamente, y que la Constituyente, una vez convocada, prosiga el proceso, continuando con el paso siguiente, que es la elección de autoridades supremas, mediante el voto directo. En relación con lo que manifiestan las Fuerzas Armadas, en el sentido que será el instituto militar, el que decidirá cuándo sea el momento preciso para el retorno constitucional, Gálvez Barnes opinó que no creía que fueran ellos los únicos jueces que tenía Honduras para determinar cuándo era el momento adecuado. Roberto Gálvez Barnes censuró la prohibición que las Fuerzas Armadas han emitido para todo tipo de reunión de los partidos políticos; porque considera que más bien puede hacer que el pueblo reaccione en forma negativa a los intereses del ejército. “Yo pienso que, si las Fuerzas Armadas en realidad quieren el retorno al orden constitucional, deben contribuir a ello. Es necesario permitir las reuniones políticas, de lo contrario se estará propiciando la clandestinidad de los partidos tradicionales”. (Tiempo, 6 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El mismo periódico, en una nota destacada, sin firma – atribuible a su director Manuel Gamero – le respondió a Rigoberto Regalado Lara, diciendo que “esperamos que nos vengan con el cuento de son (los ahorros que se tendrían sin que funcionara el Congreso Nacional) para la soberanía nacional. Ya se comentó ayer el abuso que se está cometiendo con el pretexto del desarme en algunas zonas del sur y occidente del país. Pareciera, pues que de la demagogia estamos pasando al terror, que es la antesala de la Dictadura” (Tiempo, 6 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Cesar Batres & Manuel Acosta Bonilla

Más conciliador Cesar Batres, en declaraciones a un corresponsal internacional, declaró que “compete al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas despejar la incógnita política que vive el país sobre el retorno del orden constitucional”. En su calidad de hombre más cercano a Melgar Castro, Batres se mostró partidario de un sistema de gobierno constitucional. “Soy, dijo, un hombre que cree en el derecho y el país debe regirse por leyes”. El también asesor de la Jefatura del Estado manifestó que “ya es tiempo que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas tome las medidas pertinentes para encauzar el país a un gobierno constitucional que surja de elecciones generales. Un proceso que devuelva al país un gobierno constitucional es lento y hay que seguir los pasos que requieren mucho tiempo”. (ACAN—EFE, 26 de septiembre, Tiempo, 17 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Ese mismo día, Benjamín Santos, Secretario de Formación del Partido Demócrata Cristiano de Honduras PDCH, dijo que “si las organizaciones que piden el retorno a la constitucionalidad estuvieran dirigidas por personas más identificadas con el esquema neocapitalista y, por lo tanto, menos ligadas al sector tradicional de la economía, esta bandera de lucha tal vez tendría una aceptación entre los que sustentan tal ideología”. “La Constitución – dijo Santos – ha sido utilizada como cortina de humo para cometer toda clase de excesos. En general, el pueblo no cree en la efectividad de las leyes porque sabe que los grupos económicos y políticos que han manejado el país siempre están por encima de sus disposiciones. Por la tendencia a la arbitrariedad, heredada del sistema colonial y por los abusos cometidos en la época independiente por las elites de poder, en el pueblo nunca ha penetrado profundamente el sistema jurídico como para decir que ha normado y norma la conducta en los diferentes campos de la actividad humana”. Aseguro que en “la historia de las doce constituciones que ha regido la vida de este país, las preocupaciones constitucionalistas han sido propias de grupos de intelectuales o criollos ilustrados, pero no de la masa popular. Es explicable esta actitud si tomamos en cuenta que el 80% de la población ha sido analfabeta y que las mismas constituciones han tenido poco que ofrecer al pueblo para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y vestuario”. (Tiempo, 17 de septiembre, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

Con tales declaraciones, Santos estableció que el PDCH no se imaginaba todavía como partido político, sino como una parte de la organización popular interesada en las reformas del proyecto militar que atendían necesidades puntuales de la población pobre, y que, en consecuencia, los objetivos políticos y la búsqueda del poder, era algo subalterno e instrumental. Y para confirmar este supuesto, “aseguro que es falso el argumento de que el qué no apoya la campaña constitucionalista es que adversa el constitucionalismo como principio y la democracia como sistema. La democracia es algo diferente al capitalismo –- aunque históricamente han caminado de la mano—y su esencia no está en que el pueblo meta el dedo en las urnas cada seis años, sino en el control permanente del poder por parte del pueblo”  

38. El regreso de sacerdotes y laicos a Olancho.

Monseñor Evelio Domínguez

No sabemos la fecha en que se le confió a Monseñor Evelio Domínguez Recinos, párroco de Sabanagrande y Obispo Auxiliar de Tegucigalpa la dirección y administración de la diócesis de Olancho. Pero el 18 de septiembre dio declaraciones, en el sentido que “el regreso de varios religiosos a esa comarca ha llenado de satisfacción al pueblo al que catalogó como fervoroso seguidor del cristianismo”. Durante los últimos días, sigue diciendo el periódico “ha trascendido que el pueblo católico de Olancho desea que Monseñor Domínguez sea nombrado en forma permanente para dirigir allí las actividades eclesiásticas en sustitución de Monseñor Nicolás D’ Antoni contra quien al parecer existe un mal ambiente entre quienes conforman la población olanchana. Por su parte Monseñor Domínguez dijo estar dispuesto a permanecer allí durante el tiempo que las autoridades eclesiásticas estimen conveniente, mas no en forma permanente, pues desde hace algún tiempo impulsa programas en la zona de influencia en el municipio de Sabanagrande y sin su presencia, ese plan tal vez fracasaría según sus propias palabras. Declaro que según lo observado la tranquilidad ha retornado a Olancho luego de los lamentables sucesos de junio anterior, agregando que el trabajo conjunto de todos, hará posible la riqueza espiritual y material para este enorme departamento. Ricardo Preston uno de los sacerdotes que se ha integrado a la parroquia de Juticalpa, declaró al corresponsal que “al principio hubo un poco de temor, pero eso se ha ido disipando, a medida que el pueblo los hace objeto de toda clase de atenciones, como siempre ha ocurrido”. Agregó que después de dos meses y medio de haberse alejado de esa zona, puede aseverar que las actividades de la Iglesia Católica no han sido descontinuadas, pues muchas personas se han encargado de activar en la obra de la evangelización. Debido a las circunstancias actuales, en Olancho no se puede atender a todas las parroquias y feligreses, pero el padre Preston estima que eso se solucionara en los próximos días, terminando su intervención prometiendo que trabajaran en pro de los intereses de todas las personas de Olancho” (Leonardo Letona, La Prensa, 19 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Por su parte las autoridades militares declararon que “los sacerdotes en este departamento tienen todas las garantías. Estamos en capacidad de brindarles toda la colaboración que como autoridades estamos obligados a proporcionar” declaró el capitán Rolando Emilio Bustillo, representante del gobierno militar en Juticalpa, Olancho. En relación con la llegada del Monseñor Nicolás D’ Antoni manifestó que “el prelado puede llegar cuando él así lo estime conveniente. Olancho se encuentra en completa calma y no hay ningún motivo como para pensar que la vida de algún religioso pueda peligrar. Existe absoluta tranquilidad” aseguró el militar. Por su parte el mayor Dolores Suazo, Delegado de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) manifestó que todo el mundo en Olancho se encuentra dedicado a sus labores diarias. Tenemos instrucciones del alto mando de dar todas las garantías y seguridades, tanto a las autoridades eclesiásticas como a los laicos. En relación con la visita que recientemente realizó a Juticalpa el Cónsul de Francia en compañía de un religioso, expresó que los visitantes andaban “investigando algunas cosas que se extraviaron en el centro” de “Santa Clara”. Por cierto, concluye el corresponsal, el inmueble sigue en manos del ejército nacional” (Leonardo Letona, La Prensa 19 septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH):

Aunque el corresponsal evita señalar las cosas por su nombre, la investigación tenía que ver con el saqueo que el Ejército hondureño, efectuó en las oficinas y bodegas de la Federación de Cooperativas de Consumo, que estaban instaladas en el mismo edificio del Centro Santa Clara. El interés de los franceses tenia que ver con el apoyo financiero que algunas organizaciones sin fines de lucro de Francia, les daban a las iniciativas de lucha en contra de la pobreza, especialmente las acciones de las cooperativas en la que había tomado conocimiento el sacerdote francés Michel Pitón, objeto de persecución antes del 25 de junio de 1975.

39. La iglesia Católica de los Estados Unidos, se pronuncia 

Arzobispo Joseph Bernardin

El diario La Prensa, en su edición del 17 de septiembre de 1975, publica un cable de la agencia ACAN—EFE, en que se dice que “La Jerarquía Católica dispuso hoy el retorno de su personal y sacerdotes al departamento de Olancho, zona centro oriental del país, donde el pasado 25 de junio se produjeron más de quince muertes violentas, entre ellas las de dos religiosos extranjeros. Después de los violentos sucesos de Olancho, el Gobierno Militar y la Jerarquía Eclesiástica dispusieron el retiro de los religiosos de ese departamento. Monseñor Héctor Enrique Santos, arzobispo de Tegucigalpa, declaró que el Gobierno Militar había dado garantías a estos religiosos para la realización de su misión apostólica en ese departamento. Esas garantías fueron confirmadas hoy por el ministro de Cultura, Turismo e Información en declaraciones a la prensa. Unos nueve sacerdotes fueron extrañados del departamento de Olancho por sus vinculaciones estrechas con el movimiento social cristiano que emprendió una Marcha de Hambre sobre Tegucigalpa el pasado 25 de junio y que fue disuelta por tropas del Ejército Nacional. El Obispo de Olancho, Monseñor Nicolás D’Antonio, dijo hace un mes que los ganaderos y terratenientes habían puesto precio a su cabeza, pero después rectificó y expresó un llamado de concordia. Los religiosos del departamento de Olancho se han caracterizado por su identificación con los grupos campesinos, dentro de una nueva corriente de la Iglesia Católica que adversa la sacristía sostiene posturas proféticas”. (La Prensa, 17 de septiembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

Por su parte la Iglesia Católica estadounidenses que se había mantenido en silencio ante los hechos del 25 de junio de 1975, “denuncio hoy (16 de septiembre) en términos enérgicos la presunta violación de los derechos humanos en Honduras, así como el papel monopólico que atribuyera a esa república centroamericana a las empresas multinacionales bananeras de propiedad norteamericana. Una declaración emitida aquí (Washington) por el arzobispo Joseph L. Bernardin de Cincinnati (Ohio) Presidente de la Conferencia Católica de Estados Unidos, advierte así mismo que el grueso de la población hondureña se enfrentará a una hambruna en los próximos meses. Al mismo tiempo el arzobispo Bernandin prometió la solidaridad de la Iglesia Católica de los Estados Unidos “con aquellos que buscan el logro de la justicia en Honduras. Estaremos atentos a sus comentarios (de los hondureños) sobre el papel que desempeñan nuestro gobierno y las corporaciones multinacionales norteamericanas en ese país. Pocos pueblos han sufrido tanto en el curso del último año como los pobres de Honduras, manifestó el religioso norteamericano, que considera a esa nación centroamericana como un “microcosmo del tercer mundo”. Los comentarios del líder religioso norteamericano se basan en los incidentes del pasado 25 de junio, en que murieron, aparentemente en forma violenta, cuatro personas, incluso dos ciudadanos colombianos (uno de ellos un misionero) y un sacerdote norteamericano. ¿Quién es responsable de la muerte de esas personas?, se preguntó el arzobispo Bernardin”. Luego agregó: “El gobierno hondureño ha iniciado una investigación y levantado cargos contra varios individuos, tanto civiles como militares, que han estado en contacto con la asociación de ganaderos y terratenientes. Esta situación ha sido empeorada aún más por el papel monopolístico que desempeñan en Honduras las corporaciones multinacionales y sus exitosos esfuerzos en mantener bajos los precios de exportación del banano. al lograr que el gobierno de Honduras otorgar concesiones especiales en materia de impuestos a cambio de sobornos pagado a altos funcionarios del gobierno. El banano cuya explotación y comercialización están controlados por varias firmas de propiedad norteamericana, es el principal producto de exportación de Honduras y, por ende, su primera fuente de divisas extranjeras. El arzobispo Bernardin también denunció que casi la tercera parte de la población de 2.500.000 personas se enfrenta a una posible hambruna en los próximos meses y muchos de ellos ya sufren hambre hoy en día. Honduras, dijo Bernardin, es un “microcosmo del tercer mundo”. Al igual que otros llamados países subdesarrollados, Honduras es rica en población y tierra, pero la gran mayoría de su población es obligada a vivir en la miseria mientras una pequeña minoría, la oligarquía nacional se vuelve rica cada día y las corporaciones multinacionales logran cada día mayores ganancias”. (UPI, La Prensa, septiembre 16 de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH.

(CONTINUARÁ)