Hace 50 años: “LO HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XVII)

Anales Históricos

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(PARTE XVII)

Juan Ramón Martínez

Juan Alberto Melgar Castro & Modesto Rodas Alvarado

51. El principio del regreso al estado de derecho.

Desde los apurados días en que los militares tuvieron que publicar el informe de la Comisión Alto Nivel, uno de los asistentes, militar cercano al Jefe de Estado en forma distraída dijo que, ante tantos problemas, había que considerar la posibilidad de crear, -utilizando como base a las organizaciones campesinas, sindicatos, empresas asociativas y cooperativas-, un nuevo partido político para enfrentarse a los tradicionales que rechazaban al gobierno militar. “Porque un gobierno se sostiene siempre, sobre espaldas de un partido”, concluyó. Cuando trascendió el rumor a finales de septiembre de 1975, Edgardo Dumas Rodríguez ex ministro de López Arellano, se refirió al asunto mostrando alguna preocupación, porque sabía el peligro que correría el país, si el gobierno creaba un partido político; y le daba todo el respaldo del mismo y las FFAA, para que derrotara a liberales y nacionalistas en las urnas electorales.

Los militares especialmente el liderazgo joven de “escuela” creían que los partidos no solo estaban “fuera de la historia”, sino que, además, eran “cascarones vacíos”. Menospreciaban la capacidad de sus líderes para movilizar a la opinión pública y creían que el electorado suyo era numéricamente. La realidad era otra; y el que mejor lo sabía era Modesto Rodas Alvarado que no confiaban en los resplandores de la inmigración urbana del campo a la ciudad; y más bien seguía creyendo que el nervio de la nación estaba en las comunidades rurales, en las pequeñas ciudades, en el campo hondureño. “En cada hondureño hay un propietario” dijo alguna vez, parafraseando un eslogan usado por los militares durante la guerra de 1969 librada contra los salvadoreños.

Desde antes de 1975, Rodas Alvarado había visitado casi todo el país, - “la Honduras profunda”-, mientras sus adversarios seguían creyendo que era una pérdida de tiempo, porque la vida política creía había empezado a vivirse en las principales ciudades del país. Rodas Alvarado no se equivocó. Y convirtió al Partido Liberal en el instituto político más fuerte y más anti militar. En sus giras descubrió que “todo el mundo quería ser propietario, que el gobierno no despertaba confianza entre las grandes mayorías” y que las acciones forzadas en favor de ciertas reformas de los militares, creaba sospechas en las masas más conservadoras. La movilización de los partidos políticos en septiembre de 1975; la preocupación de los líderes militares que creían que para desarrollar al país era necesario que los políticos se quedarán en sus casas y dejaran a los militares lastrar su casta y su compromiso, era justificada.

Los partidos políticos no eran “cascarones vacíos”. El más lúcido entre los asesores militares dijo algo que, fue el punto de partida para la búsqueda de una nueva alternativa con la que enfrentar a los partidos: “para derrotar a un partido, hay que actuar como partido; o crear un partido político”  Cuando los partidos Liberal y Nacional forjaron una alianza que habría sido imposible imaginarla tres años antes, se impuso la preocupación entre los militares; y se llegó a la conclusión –muy nerviosa y suicida– que había que impedirles hacer concentraciones, mítines o giras siquiera para impedir el contacto entre sus líderes y las bases. Con el argumento del decreto de una acción ilegal –el que justificó la caída del presidente constitucional Ramón Ernesto Cruz el 4 de diciembre de 1972- impusieron el capricho que “los partidos políticos no podían actuar públicamente, en vista que por ley era un delito hacer concentraciones, reuniones y otras propias de su naturaleza”, frenando y calmando aparentemente a los partidos, porque estos se sometieron mansamente a la arbitrariedad. Los políticos, en forma que no dejó de parecer extraña, bajaron la cabeza, y parecieron aceptar el imperio arbitrario de los militares.

Pero una vez que el 18 de octubre se celebró la Asamblea de la Empresa Privada, los militares descubrieron que no tenían una fórmula para paralizar a los empresarios; y que sin un clima de acuerdo con ellos, era imposible enfrentar los problemas económicos acuciantes que tenían enfrente: déficit fiscal, balanza comercial negativa, aumento de la pobreza y la desigualdad, desempleo; y evidente rechazo desde el exterior por las medidas en contra de las empresas bananeras que hacía creer a los inversores extranjeros que en Honduras no había un clima de seguridad jurídica para amparar sus inversiones. Los empresarios, igual que una facción del Partido Liberal, enfrentada a Rodas Alvarado –la más moderna de ese partido que se nucleaba en la Izquierda Democrática y que contenía el liderazgo urbano más inteligente y moderno que el liderazgo ganadero y rural conservador que seguía a Rodas Alvarado –había exigido a los militares el inicio de un diálogo que terminara en un acuerdo nacional.

Igual cosas exigieron los empresarios reunidos en SPS el 18 de octubre de 1975. Frente a estos dilemas, los militares entendieron que había que ganar tiempo, movilizar las fuerzas en su favor, darles unidad y sentido; y además, aprovechar las circunstancias y desde los primeros resultados de sus reformas ganar respaldos para tener tiempo para ver los efectos de sus medidas reformistas, verificando además las posibilidades de una movilización política en su favor, bien en una alianza de hecho con los grupos reformistas; o en posible alianza de Melgar Castro con el Partido Nacional. La idea de la creación del partido político empezó a diluirse. En la búsqueda de soluciones, accedieron en principio a que había que regresar al orden constitucional; pero en el tiempo más adecuado y cuya determinación quedaba en sus manos. 

Y como era necesario, que el regreso al orden constitucional, requería una nueva Ley Electoral. Y que en vez de acto unilateral de los militares, lo más conveniente era convocar a todos los sectores de la sociedad, que no eran exclusivamente los partidos políticos, para que participarán además las fuerzas sociales, algunas de ellas, abiertamente favorables al reformismo militar. Para ello, se diseñó el Consejo Asesor del Jefe del Estado (CADEJE), en el que, participarían todos los grupos de la sociedad civil, además de los partidos políticos por supuesto. Creando así un foro popular legislativo. La medida, daba satisfacción a la petición de regreso al orden constitucional de los partidos y los empresarios privados del país; y les permitía a los militares, ganar tiempo que para ellos era fundamental, tanto para ver los resultados y el impacto político de sus reformas y para explorar algunas fórmulas de alianza con alguno de los partidos políticos, especialmente con el Partido Nacional, con el cual Melgar Castro y los militares de su generación se sentían más cercanos y fraternos, para lograr la constitucionalización de los liderazgos militares. Parece que otra vez, la idea era de inspiración peruana. Allá los militares habían creado algo parecido, animados por algunos teóricos corporativos, herederos del modelo fascista italiano. Por lo demás, en Honduras, los militares a nivel interno habían creado su foro deliberativo en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en el que se hacían los grupos, se forjaban alianzas; y se nombraba al encargado del Poder Ejecutivo.

El CADEJE (Consejo Asesor del Jefe de Estado), “empezó sus reuniones el 9 de marzo de 1976, amparado en el decreto ejecutivo 327. Usando para sus sesiones las instalaciones del Congreso Nacional –vacías hasta entonces- como sede, con la tarea fundamental de redactar la ley de organizaciones políticas y de actividades electorales.” (Juan Ramón Martínez, La Tribuna, 17 de junio de 2017).

Con ello, los militares cedían a la petición de empresarios y políticos que reclamaban el regreso al régimen constitucional. Pero se reservaban la velocidad del retorno. Contó con el entusiasmo de las organizaciones campesinas, sindicales y cooperativas del país que fuera del movimiento social cristiano, no tenían la oportunidad de participar. De ser escuchadas por el poder público. Los partidos políticos y la empresa privada, por medio del COHEP y las Cámaras de Comercio, se abstuvieron de participar. Melgar Castro se reservó el derecho de nombrar al Presidente de la Junta Directiva, designando al coronel Cesar Elvir Sierra -de los miliares reformistas -y a Francisco Alberto Rodezno, representante de la Confederación Hondureña de Cooperativas. Se instaló el Consejo Asesor en el Congreso Nacional, con lo que, los militares acallaron las críticas que los uniformados tenían abandonando el foro legislativo, porque pretendían eternizarse en el poder de la nación. Además, se transmitió al pueblo que, otra vez, un Congreso Nacional –esta vez no elegido– pero representando a los grupos organizados en un modelo corporativo italiano, tenía la representación popular. Más popular que cuando los partidos políticos nombraban a los diputados del mismo.

52. La continuidad de las reformas: CORFINO y sus apuestas.

Instalaciones de CORFINO, Bonito Oriental, Colón ( AÑO 2000)

El gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro, continuó en el proceso de nacionalización “suave” de las riquezas nacionales, para explotarlas por medio del gobierno. Antes durante el gobierno de López Arellano se había creado la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) e iniciado una política de estatización del bosque. El siguiente paso dado por Melgar Castro, era la dominación por el gobierno de la industria de la madera por medio de la creación y dirección de una entidad para la producción de pulpa y papel. Sin mayor reflexión si el bosque hondureño, en su mayoría, tenía las virtudes para producir o generar pulpa en términos competitivos con los mercados internacionales, analizar la calidad de infraestructura caminera; e incluso tomar en cuenta la experiencia maderera privada, el Gobierno Militar se lanzó a la aventura.

El 26 de mayo de 1977, el gobierno militar “autorizó la constitución de una sociedad anónima cuya finalidad principal sería el aprovechamiento industrial y comercial, en conformidad con las leyes del país, de los recursos forestales localizados en la zona de reserva de Olancho que fue constituida por el gobierno de la república mediante el decreto legislativo número 120 del 7 de noviembre de 1966. La sociedad podría establecer las modalidades de tiempo y forma para su finalidad. La sociedad se denominará Corporación Forestal Industrial de Olancho S. A. y girará bajo el nombre comercial de CORFINO” (Alexis de Oliva, Gobernantes Hondureños, siglos XIX y XX, Tomo dos, pág. 168).

El núcleo del bosque a explotar estaba en el municipio de Manto, en el departamento de Olancho. Y la especie del pino hondureña, de alta cantidad de sabia, no era la mejor para producir papel. Esto, se pasó por alto. Tampoco se aprovechó la experiencia del proyecto de la “Bull Carrier” que se ofrecía para manejar de forma sostenía el bosque hondureño en la década de los sesenta.

 El capital accionario de la sociedad anónima, estaba integrado por 1000 acciones, las que el 51% -sin aportar capital- lo se atribuyó el Gobierno Militar por medio de COHDEFOR; y obligó a los dueños de los aserraderos que operaban en el país a que suscribieran el resto de las acciones. No tuvieron otra alternativa. Para entonces, operaban en el bosque 151 aserraderos en todo Honduras y la producción maderera se exportaba hacia el Caribe especialmente. El Gobierno Militar, asumió la propiedad de los bosques, por encima de los derechos de los propietarios de la tierra en donde estos estaban, los que vendía a los aserraderos, pagándole una mezquindad a los propietarios o ocupantes de las tierras donde habían crecido y cuidado el bosque en los últimos cincuenta o cien años. Esta visión de las cosas, tendría sin lugar a dudas efectos devastadores en la calidad y extensión del bosque hondureño; e incluso en el futuro del proyecto de Pulpa y Papel que se quería operar exitosamente mediante la creación de la sociedad anónima que venimos comentando. Tal política, trajo como consecuencia la destrucción del bosque, porque los mismos “dueños” expropiados preferían dedicarse a la ganadería en las tierras de vocación forestal, porque los pinos no eran suyos, por tanto, les ponían fuego, después tiraban semillas de pastos, especialmente zacate jaragua que crece rápidamente; y que invade los pinares. Los municipios también fueron despojados de la autoridad sobre los bosques, los cuales quedaron bajo la jurisdicción y competencia de COHDEFOR, por lo que en gran medida se perdió el interés ciudadano en el cuidado de los bosques.  “Yo vi en los bosques a los habitantes de Maraita y Guinope luchando por apagar los incendios forestales porque eran de su propiedad. Pero una vez que fueron los bosques propiedad del gobierno su actitud cambió. Nadie quería proteger lo que no era suyo” (Oscar Alvarenga, conversación privada).

La mayoría del territorio nacional, estaba entonces cubierto de bosques, confirmando lo que decían algunos teóricos “que la vocación del país era más forestal que agrícola”. Con la medida de nacionalizar el bosque, el gobierno controló en forma directa, prescindiendo de la iniciativa de los particulares –nacionales o extranjeros– el bosque y la explotación de la tierra. Es decir, los dos recursos más numerosos e importantes del país.

Por otro lado, la tierra fiscal, seguía siendo propiedad del Estado y solo se entregaba en usufructo a los campesinos hondureños y agricultores y ganaderos en pequeña escala. Con la nacionalización del bosque y la creación de COHDEFOR, el gobierno militar limitó la operación de los empresarios de la madera –la mayoría de origen extranjero y uno de ellos, el más agresivo de todos Fernando Lardizábal Gilbert visceral adversario de campesinos y sus organizaciones populares-; e intervenía, con desiguales riesgos en la comercialización de la madera, especialmente las que los empresarios privados exportaban hacia el Caribe y los Estados Unidos.

Desde 1975, el comercio de la madera en manos de COHDEFOR había empezado a decaer y Honduras perdía espacios porque los precios suyos eran superiores a los de otros oferentes que empezaron a aumentar su influencia y control en el mercado que antes era exclusivamente hondureño.

La creación de CORFINO, con todo y sus debilidades de concepción y ubicación de su planta principal a ochenta kilómetros de la principal fuente de su materia prima, significó un importante estímulo para el crecimiento del municipio de Bonito Oriental; y para su zona influencia, vale decir el Valle de Agalta, especialmente los municipios de San Esteban y Gualaco que se transformaron en proveedores de bienes y servicios de origen agropecuario. Los resultados que se anticipaban porque el diseño era irregular y los ejecutivos gubernamentales poco confiables, eran dudados. Pocos levantaron la voz. Pocos se entrevieron a vaticinar el fracaso. Cosa confirmarían los hechos, un tiempo después.

53. La Democracia Cristiana y las dudas sobre su carácter: partido político o parte instrumental de un proceso popular autónomo.

Marco Orlando Iriarte Presidente PDC & Rene Bulnes Solano del MAS

En páginas anteriores incluimos las declaraciones en las que Benjamín Santos, uno de los ideólogos del partido Demócrata Cristiano, distanció a su partido de los demás, es decir de los liberales, los nacionalistas y los comunistas. Mientras el PL y el PN, usaban a los pobres como fuente de sus votos, con los que en caso de necesidad encontraban incluso los soldados para manejarse en el interior de las endémicas guerras civiles; y el Partido Comunista de Honduras, que se consideraba por superioridad celestial como vanguardia del pueblo, los demócratas cristianos dentro de la óptica del servicio que legitima la acción política según Santo Tomas de Aquino y la Doctrina Social de la Iglesia, sostenían que los políticos tenían que estar al servicio de la organización popular y que estas eran quienes debían crear y manejar el poder político del municipio,  departamento y la nación. Esta visión, nueva y nunca más repetida en la historia política hondureña, hizo que la Democracia Cristiana pagará un alto precio en las lides de la actividad política; e incluso hipotecara su futuro y, como se vio un tiempo poco después, comprometiera su unidad interna; esclerotizando su crecimiento en forma definitiva. 

En efecto, a finales de 1975, cuando se dio la confrontación de los políticos con los militares, los demócratas cristianos, no reaccionaron como políticos sino como miembros de organizaciones sociales reivindicativas, con el agravante que por un lado los partidos políticos tradicionales lo rechazan por su calidad de instrumento de la Iglesia católica –cosa que nunca lo fue– las organizaciones populares no cristianas la consideran como un peligroso organismo con el cual había que evitar relacionarse por el riesgo de ser instrumentalizado. Ellos no podían entender que los políticos alguna vez pudiera estar –como pregonaban los social cristianos- al servicio obediente de los sectores populares.

Pero, además a partir del 25 de junio de 1975, se produjo en el interior de la Democracia Cristiana, un debate sobre la vía a seguir y las metodologías a emplear después de los hechos de Olancho. Aunque en el fondo era una cuestión objetiva: hechos, medios y resultados; en la periferia del análisis, se impuso la deformación ideológica en la discusión de un tema que desde 1968, año de su creación del PDCH en Choluteca, había sido de central consideración: el uso de la violencia como medio para alcanzar el poder. De cara a los resultados del 25 de junio de 1975, el Partido Demócrata Cristiano Hondureño había entrado en una condición de paria y perseguido por los militares y rechazado incluso por varios sectores de la Iglesia Católica y del movimiento social hondureño. El retraimiento de su líder Marco Orlando Iriarte, y el hecho que no se haya realizado un Pleno Nacional –su convención nacional, autoridad máxima de la institución política- para discutir y elaborar nuevas posturas después de enfrentar los hechos violentos de junio de 1975 habían rebasado sus predicciones, es una prueba que el aparato político careció de fuerza y capacidad para responder a un momento tan difícil. Frente al vacío, se produjo el inevitable fenómeno de la división: una facción que creía que había que resistir estoicamente, bajar la cabeza; y esperar los movimientos de los militares, sin renunciar a la remota posibilidad de pactar con ellos incluso, porque eran los que tenían el poder y se considera que no había forma cívica de arrebatárselo; y la facción juvenil que creyó que el único camino para responder a la violencia política del sistema, era la violencia política del partido, la profundización de las diferencias ideológicas; y el paso a la acción armada. El análisis del 25 de junio de 1975, no dejaban duda que el camino político era imposible; y que transitarlo, significaba nada más que llenar los caminos de mártires y cruces ante las cuales las mujeres piadosas, bajo sus rebozos negros, mansamente se santiguarían.

La actitud de la Iglesia Católica, especialmente la de los Obispos y Sacerdotes de las diócesis alejadas de Olancho, que los consideraban como manipuladores de la acción evangélica, exclusivamente suya; y el rechazo de la política, creaba un sentimiento de orfandad entre los socialcristianos que nadie en su momento le prestó la atención debida. Los católicos, se encontraban desamparados, sin una voz que los animará a seguir creyendo en la justicia de sus acciones.

Por otro lado, desde la muerte del “che” Guevara en Bolivia, que no se veía todavía como un fracaso del modelo del “foco guerrillero”, sino que de unas circunstancias especiales que habían impedido su desarrollo y destrucción antes del tiempo necesario, hizo pensar a varios miembros de la Democracia Cristiana que había que explorar las posibilidades de la violencia política, en contra de la violencia política de los militares, siguiendo la experiencia revolucionaria de Cuba especialmente. El hecho era inexplicable. En Centroamérica –especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua– se había concluido que la fórmula para llegar al poder y derrotar a las oligarquías tradicionales dueñas del poder era por medio de la violencia armada. En Guatemala, ya había grupos luchando en la clandestinidad y ejecutando acciones militares en contra del poder. En El Salvador el FMLN, velaba sus armas, esperando las oportunidades objetivas como decían sus ideólogos. Y en Nicaragua, el Frente Sandinista acumulaba fuerza, construía grupos; y se preparaba para la acción militar final, porque desde hacía años habían descubierto que para derrotar a la familia Somoza, el camino de las urnas estaba lleno de dificultades; y que la experiencia confirmaba que no daba réditos, por lo que era inevitable la acción militar.

Antes de 1975, en la Democracia Cristiana, se había llegado a plantear la necesidad de explorar las virtudes del socialismo que, unido a la teología cristiana, podría permitir un movimiento mucho más dinámico. En ese clima surge el MAS (Movimiento hacia el Socialismo) que pone desde adentro, en duda los métodos y las concepciones que hasta entonces orientaban la marcha de la Democracia Cristiana. Este movimiento coincide mucho con las quejas primero; y el rechazo después de sacerdotes y obispos que no sienten confianza y respeto por la opción política que han tomado los católicos más comprometidos con la acción eclesial y que eran más activos en el plano de lo social. Como en otras circunstancias, un sector del partido se aleja del mismo y le da la espalda a los hechos dolorosos del 25 de junio. Otros manejan una visión escatológica en que creen que hay que bajar la guardia política; y continuar la actividad en el interior de la organización popular, para que, desde aquí, cuando se den las condiciones objetivas necesarias, se produzcan nuevos avances hacia el poder y, se consolide vía de negociación cívica. Y un tercer sector que cree que hay que usar la violencia para responder a la violencia. Frente a estas tres posturas, la dirección del PDCH, no sabe cómo reaccionar. 

La postura inicial de no darle importancia al cuestionamiento de la juventud de la Democracia Cristiana, hizo creer a los más jóvenes e impulsivos, que ello significaba un rechazo; y que entonces, la alternativa era reorientar al partido para derrotarlos en las elecciones internas que se efectuaban en los plenos municipales y nacionales. Frente al MAS – Movimiento al Socialismo --crecido por el respaldo de los jóvenes universitarios especialmente, la reacción del Directorio Nacional, no fue la adecuada para tratar las diferencias. Se impuso una disciplina que los nuevos cuadros del partido resintieron y el viejo liderazgo del PDCH, dejó solo a Orlando Iriarte y sus compañeros, que posiblemente entendiendo que no tenían otra alternativa para defender la ortodoxia de la Democracia Cristiana que rechazaba absolutamente la violencia, procedió contra de los miembros del MAS y los expulsó. 52 personas fueron expulsadas. Una sangría. Este hecho, debilitó a la Democracia Cristiana y aunque al final, fue al proceso electoral y logró una diputación en el Congreso Nacional por la oportunidad del cociente electoral, no fue suficiente para disimular que los demócratas cristianos no pudieron asimilar los hechos del 25 de junio de 1975; ni tampoco interpretarlos de forma que les hubiera permitido, aprovecharlos y convertirlos en una escuela para rectificar los errores y avanzar como partido político, sometido, inevitablemente a la dinámica de la política; y a las reglas del poder. Quedó entonces la Democracia Cristiana, enfrentada a los militares, distante de los partidos políticos tradicionales que sospechaban de su ambigua identidad; y rechazada por la Iglesia Católica que desconocía su paternidad y la coincidencia en el manejo del mismo mensaje, es decir la búsqueda de darle sentido en la vida diaria del pueblo, a las enseñanzas del evangelio. Todo se vino abajo.

54. Melgar y la tentación de la constitucionalización de su régimen por medio del Partido Nacional: el CADEJE.

Congreso Nacional en 1975 & Coronel Cesar Elvir Sierra (2005)

Una vez que se creó el CADEJE (Consejo Asesor del Jefe del Estado), la reacción de los dos partidos políticos más importantes y con mayor respaldo electoral del país, El PN y el PL, no fue simétrica. Zúñiga Agustinus, el líder del Partido Nacional creyó que, igual que la mayoría de los líderes de su partido, no se debía participar en el CADEJE, pero no se niega bajo la mesa, a la cooperación para que la iniciativa no fracase. Rodas Alvarado en cambio es intransitable: no acepta que el liderazgo del retorno quede en manos de los militares, sin participación de los partidos políticos. De allí que solo la Izquierda Democrática tuvo alguna simpatía con el proceso abierto por los militares y le brinda, en forma discreta alguna forma de colaboración. Creen en la necesidad de las reformas económicas y no caen en la trampa de rechazarlas. Incluso uno de sus miembros más destacados –no por su poder electoral, sino que por su influencia intelectual– Manuel Gamero aceptó, dos días antes que fuera defenestrado Mario Maldonado de la Dirección del INA, el cargo de Jefe de Relaciones Públicas de esa institución, en un hecho inédito que no se ha vuelto a repetir, porque entonces Gamero era y siguió siendo hasta el final, Director de “Tiempo” el periódico más progresista del país. Los nacionalistas, por su lado, no participan en el proyecto de Melgar Castro en forma pública, pero tras bambalinas se movían, dentro de los movimientos sociales y universitarios, colocando a sus peones para que hicieran las tareas y por este medio, cuidaran los intereses del Partido Nacional.

En el movimiento cooperativo –que exigió su participación de acuerdo a su crecimiento y fuerza– los miembros del Partido Nacional se dedicaron a evitar que ningún demócrata cristiano, pudiera formar parte de la representación ante el Consejo Asesor. Rubén Solano Díaz, hombre de pistola al cinto y de discurso violento y amenazador, era el hombre de Zúñiga Agustinus y amigo de Melgar Castro, que mantenía el puente para lo que entonces era inevitable: que el CADEJE fuera el primer paso de Melgar Castro para asegurar su constitucionalización, garantizando para sí un periodo de seis años al frente del Poder Ejecutivo. Pasando por alto, que ello significaba el retorno de los militares a los cuarteles. Fue así que Francisco Alberto Rodezno, cafetalero y hombre moderado y discreto militante liberal, amigo de Melgar Castro, fue elegido como vice presidente del CADEJE.

La izquierda universitaria y el Partido Comunista se sumaron al proyecto y muchos abogados liberales, en forma discreta, contribuyeron con trabajos de investigación y estudio para la redacción de la nueva Ley Electoral que tuvo entre sus novedades, su tendencia centralizadora, la disminución del poder registral de los municipios a cambio de una dominación parcial del Tribunal Electoral por los partidos políticos. Los demócratas cristianos, incluso, cayeron en la trampa. Creyeron que, que si cooptaban estos dos organismos: el Tribunal de Elecciones y el Registro Nacional de las personas, se podrían acercar en forma más oportuna y segura al poder. Confundieron las oportunidades de empleo con el poder. Los universitarios asumieron con entusiasmo la participación en el modelo del CADEJE, creyendo que era, en cierto modo, un remedo de Congreso Nacional; pero que tenía mejor representatividad que si estuviera dirigido exclusivamente por los partidos políticos.

Lo que muy pocos entendieron fue que Centroamérica estaba cambiando en forma acelerada. “No sabían que antes que la constitucionalización de Melgar Castro, se iniciaba desde allí el retorno de los militares a sus cuarteles, por el descuadre que tres años después, provocaría en la región, la caída de Somoza en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, a manos de los revolucionarios sandinistas”. (Juan Ramón Martínez, La Tribuna, 17 de junio de 2017).

Posiblemente el político más inteligente y sensible, fue Modesto Rodas Alvarado que para 1977, anticipó que las cosas cambiarían en Centroamérica; y que el tiempo de los militares se había terminado. Otro líder –que entonces no había regresado a la lucha liberal partidarista, cosa que haría poco tiempo después detrás de Rodas Alvarado- fue José Azcona del Hoyo que desde su militancia en el cooperativismo de vivienda, rechazo totalmente la participación del movimiento cooperativo en el CADEJE, porque estaba convencido que era una trampa de los militares para constitucionalizarse; y que, por tanto la lucha política debía darse fuera; defendiendo al cooperativismo de cualquiera instrumentalización. Desafortunadamente la tesis de Azcona no fue respaldada; y el movimiento cooperativo, que necesitaba existencialmente ser tomado en cuenta, fue representado en el CADEJE por Rene Chinchilla y Arnaldo Castillo Guiza, con lo que se evitó que cualquier demócrata cristiano se acercara al experimento continuista de los militares. Solano Díaz creía que debía detener a Marco Orlando Iriarte, Adán Palacios, Ramón Velásquez y a Juan Ramón Martínez –gerente de la Confederación Hondureña de Cooperativas y Director del Instituto de Formación e Investigación Cooperativista (IFC)-, como fórmula para asegurar su vigencia e imagen ante Ricardo Zúñiga del que se presentaba, sin prueba alguna, ser hombre de absoluta confianza.

Juan Alberto Melgar Castro por su parte, aunque había logrado pactar con la mayoría de los oficiales de la Primera Promoción de egresados de la Escuela Militar Francisco Morazán, no había podido evitar la aparición de contradicciones, entre los intereses económicos y políticos de algunos oficiales de esta Primera Promoción y de las anteriores escuelas militares que creían que el poder tenía que servir para resolver dificultades de algunos grupos económicos. Y que el proceso de regreso a la institucionalización en el que estaba interesado Melgar Castro, debía tomarlos en consideración. Para inicios de 1978, había avanzado mucho el proceso; pero aumentado igualmente las exigencias de los grupos económicos que algunas veces se coludían con los militares, para resolver sus problemas. Para cuando esos grupos económicos pujaban para usar al gobierno en la protección de sus intereses, el proyecto de ajuste de Melgar Castro con el Partido Nacional, tampoco estaba consolidado. Ante la resistencia de Melgar Castro para atender la defensa de un banco quebrado que necesitaba ser apalancado ilegalmente por el Banco Central, después que había pactado que honraría el hueco económico creado por financiar “Air Belice”, empresa área que había fracasado estrepitosamente, Melgar Castro fue obligado el 8 de agosto de 1978 a renunciar del cargo, para ser sustituido por una Junta Militar integrada por Policarpo Paz, Amílcar Zelaya y Domingo Álvarez Cruz.

Los militares creían que nada había cambiado y que su proyecto de continuar en el poder no tendría fin inmediato, porque cada oficial creía que sucedería en la dirección política del país. Después de Paz García, Zelaya Rodríguez, Torres Arias, Álvarez Martínez etc. etc., Porque el Ejecutivo era un destino militar nada más. Que solo era cosa de esperar para que a uno de los le tocara la Casa Presidencial. Al año siguiente, 1979, caería Somoza. Los militares no lo anticiparon. Sus analistas de inteligencia, -- encabezados por el coronel Torres Arias -- no interpretaron correctamente los hechos y no valoraron el aumento de la intervención de Cuba en los asuntos de Centroamérica y la inclinación hacia la izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos que había llegado al poder con Jimmy Carter. Los militares no sabían tampoco que su tiempo en el poder –igual que el reformismo militar- había concluido; y que era la hora del regreso a los cuarteles. El que, sí lo sabía, era Modesto Rodas Alvarado que velaba sus metáforas sonoras; y esperaba la oportunidad de llegar en hombros de los electores a la Presidencia de la República. No sabía entonces que el corazón suyo, desafortunadamente, no resistiría la espera.

(CONTINUARÁ)