Hace 50 años: “LO HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XVIII)

Anales Históricos

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Juan Ramón Martínez

PARTE XVIII

Campesinos en Gracias, Lempira.

55. Las mayores invasiones campesinas a las que el régimen no acepta; pero no reprime. 

Por ello es que, a los tres años del régimen militar, los campesinos de las tres centrales campesinas, se insurreccionaron –en una forma nunca antes vista– invadiendo la mayor cantidad de tierra nacional y privada de toda la historia del país en la mayoría de los más importantes departamentos del país. Y en el curso de tal operativo campesino, había vuelto a correr la sangre de los labriegos. “La posible realización de una masacre campesina de contornos más trágicos que los de La Talanquera, y los Horcones, fue denunciada ayer por los dirigentes campesinos Reyes Rodríguez Arévalo de ANACH, y Faustino Rodríguez de la UNC. Según los informes fragmentarios presentados por los dirigentes, 15 campesinos habían sido ultimados cerca del lugar denominado La Unión, en el departamento de Lempira por personas azuzadas por el terrateniente Pedro Reyes Ramos” (Tiempo, 11 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El número de las víctimas era exagerado. Al final, fueron dos los fallecidos y dos los heridos. El informe “elaborado por los militares –señala– que el 1 de noviembre un grupo de campesinos de la Unión, se apoderó de un terreno perteneciente al municipio de La Iguala. Los afectados a través de varios alcaldes auxiliares, solicitaron ayuda al alcalde municipal de La Iguala, Prospero Mejía, quien destacó al síndico José Irene Pérez para que organizara una comisión y fuera a dialogar con los invasores para buscarle una solución al problema. Al momento del diálogo, el presidente de la sub-seccional de la ANACH, Neftalí Cárcamo, dispuso que el grupo fuera representado por Adalberto Gómez. Mientras se desarrollaba la conversación, el señor Cárcamo hizo un disparo, que provocó desconcierto y nerviosismo entre los dos bandos. Posiblemente por temor a ser atacado, Adalberto Gómez huyó desesperadamente y con una pistola calibre 22 dio muerte a Agustín López Díaz y a Juan Mejía Pineda, ambos vecinos de la Unión. Gómez siguió corriendo varias yardas y de nuevo disparó su arma hiriendo a Santos Cleto Díaz, quien fue hospitalizado. Así mismo apunta el informe que el criminal huyó inmediatamente después del hecho, lo mismo que Neftalí Cárcamo. En la refriega también disparó su arma el señor Antonio Hernández Osorto. En el mismo incidente fue herido con arma blanca el individuo Gregorio Pérez por Celeo Tejada (vecino de La Unión) quien se encuentra en prisión”. (Tiempo, 12 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Afortunadamente, en este incidente, no participaron “miembros del ejército y descarto (teniente coronel Diego Landa Celano, Jefe Militar de la Región) la posibilidad de que estén inmiscuidos algunos terratenientes”. Sí reconoció que “los terratenientes de esta zona han estado bastante inquietos y preocupados por las últimas invasiones, pero la mayoría de ellos están de acuerdo en que se ejecute la Ley de Reforma Agraria. Inclusive, muchos van a ofrecer tierras para solucionar el problema agrario” (Tiempo, 12 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH.)

El incidente sangriento ocurrido en el departamento de Lempira, fue el producto de la acción de los dirigentes campesinos que “en oleadas coordinadas de unos tres mil campesinos afiliados invadieron ayer en horas de la madrugada un total de 3.880 manzanas de tierra en diferentes lugares de los departamentos de La Paz, Lempira y Comayagua. Las invasiones, recuperaciones para los campesinos, fueron 16 en los tres departamentos y entre las tierras afectadas hay algunas de propiedad privada y otras sobre terrenos ejidales y nacionales que el campesinado había denunciado desde hace varios meses. De las 16 recuperaciones, diez fueron realizadas por elementos pertenecientes a la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y seis afiliados a la ANACH aunque a última hora se supo que algunos grupos campesinos independientes participaron también en las recuperaciones. El número de manzanas invadidas podría ser superior a la cantidad previamente mencionada, pues aún no se ha hecho un recuento de la cantidad de tierras ejidales o nacionales que fueron invadidas por los campesinos. Entre los terrenos de propiedad privada que fueron invadidos están 160 manzanas pertenecientes al doctor Fausto Varela. Los terrenos de Varela fueron ocupados por unas 30 familias campesinas. Otra persona afectada es la señora Nicolasa de Gaskell a quien los campesinos le ocuparon 600 manzanas preparadas para el cultivo de tabaco. Otros afectados fueron los hermanos Álvaro y Pilar Suazo a quienes les ocuparon 350 manzanas, igual que algunas tierras pertenecientes a la firma Químicas Dinant y de la Escuela Normal de Comayagua”. (Tiempo, 4 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

El gobierno de Melgar, se negó al diálogo que buscaban los campesinos. El propio Jefe del Estado, en declaraciones publicadas en los periódicos, dijo que “no habrá diálogo con los campesinos, aunque guardó discreción con la prensa, el gobernante se reserva y prometió a una comisión del COHEP con la que se había reunido, proceder a ordenar el desalojo de los invasores. No habrá diálogo con los campesinos, con ellos no” concluyó. Por su parte, Camilo Rivera Girón, indicó que les había dicho el Jefe del Estado “que podemos asegurar que en este país se garantiza la inversión nacional y la extranjera. Nosotros siguió diciendo el Presidente del COHEP, “íbamos a hablar sobre nuestro documento –aludiendo al que se suscribió y aprobó en la reunión del 18 de octubre recién pasado en San Pedro Sula– pero no hubo tiempo dadas las circunstancias actuales que vive el país. Sin embargo, convenimos que prontamente nos reuniremos para hablar sobre el mismo documento en forma concreta. Conocemos la palabra del coronel Melgar y esperamos que los próximos días, no solo sea la palabra, sino que la acción debe sentirse y que la tranquilidad vuelva a este país”.

En cambio, las invasiones de tierras que se había producido en Yoro, Santa Bárbara y Cortés, continuaban su desalojo por parte de “elementos del Tercer Batallón de Infantería de San Pedro Sula. El teniente coronel Francisco Ruiz, jefe de esa unidad manifestó a Tiempo que la operación se efectúa con calma y que la situación era de tranquilidad. Indicó que ayer por la mañana fueron desalojados los campesinos en Santa Cruz de Yojoa, Choloma, Pimienta, cerca de CORSA, San Francisco de Yojoa. Por la tarde era ejecutada en las comunidades de Naco, Cofradía y otros sectores afectados en los departamentos mencionados”. (Tiempo, 4 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Virgilio Madrid, Director del INA por Ley.

Por su parte el INA, por medio de su subdirector Virgilio Madrid que dirigía la institución desde que el teniente coronel Mario Maldonado fue removido del cargo y enviado a Washington como agregado militar en la embajada de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos, declaró “que haría una aplicación estricta de la Ley de Reforma Agraria, aclarando que las invasiones estaban fuera de la ley. Las personas que han invadido –dijo Madrid– no tienen más alternativa que salir de los predios ocupados. El desalojo se hará primero por la vía de la persuasión, si esto no funciona tendrá que entrar la fuerza pública” (Tiempo, 5 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH).

Los campesinos por su parte, en la voz de Reyes Rodríguez Arévalo, Presidente de ANACH reconocían que el gobierno había empezado “una campaña oficial de convencimiento del campesino formulándoles nuevas promesas que al final son las mismas de una pronta aplicación de la Reforma Agraria. Ellos pacíficamente han abandonado estas tierras no por falta de ayuda o coordinación de parte nuestra, sino para evitar problemas mayores”.

El gobierno militar tenía que responder igualmente a la presión que en su contra ejercían los empresarios. Los del departamento de Cortés, por medio de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, enviaron un mensaje al Jefe del Estado, al Ministro de Trabajo en donde les informaban que “en forma violenta trabajadores de la Planta de Productos Lácteos Sula, se tomaron las instalaciones de dicha empresa impidiendo realizar sus operaciones. Por otra parte, Faustino Rodríguez de la UNC informó que, en total, “en todo el país, hay 153 campesinos que están sufriendo prisión injusta por el delito de reclamar sus derechos que han sido denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el gobierno de Honduras. Nosotros condenamos enérgicamente este crimen y exigiremos al gobierno de las Fuerzas Armadas el castigo de los culpables. Este bárbaro delito no debe quedar impune como han quedado los crímenes de La Talanquera y la masacre de Olancho”. (Tiempo 11 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

56. El tercer año del régimen militar.

Reunión de empresarios y el Jefe de Estado coronel Melgar Castro. 

El 4 de diciembre de 1975, se cumplieron tres años del régimen militar surgido del golpe de estado en contra del gobierno constitucional de Ramón Ernesto Cruz. En la proclama justificando el acto, los militares dijeron que asumían el poder “por cinco años como mínimo para traer la felicidad al pueblo hondureño”. En este fecha, diario Tiempo –el periódico más progresista, propiedad de empresarios de SPS- publicó una nota, en recuadro y en primera página, bajo el título “Tercer Aniversario del Régimen Militar” en el que se dice que “A más de la mitad de ese mínimo de cinco años, el gobierno militar, en su primera etapa de la gestión de López Arellano, tuvo varias realizaciones importantes, entre ellas la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) como mecanismo para promover el desarrollo y la economía del país y los Banasupro, un instrumento para dar al pueblo alimentos básicos y artículos consumo necesarios a precios fuera de especulación. También se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo, un voluminoso documento que permaneció en el más absoluto secreto, y que posteriormente fue revisado –actualizado, dicen- pero todavía no parece ponerse en práctica, no obstante que en las declaraciones oficiales a cada rato sale a relucir”. (Tiempo, SPS, 4 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

En el régimen militar, hasta entonces se podían apreciar dos etapas –al final fueron tres–: la que concluye Osvaldo López Arellano, en abril de 1975, por decisión del Consejo Superior de las FFAA, una vez que fue develado el llamado Soborno Bananero, el Jefe del Estado López Arellano no quiso autorizar que se le investigaran sus cuentas de ahorros en bancos de Suiza que le había solicitado la Comisión Investigadora, encabezada por el Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Héctor Enrique Santos. Y la que, en esa fecha, iniciará el coronel Juan Alberto Melgar Castro y la tercera, encabezada por la Junta Militar de Gobierno, integrada por Policarpo Paz García, Amílcar Zelaya y Domingo Álvarez Cruz. La evaluación de los tres primeros años del llamado también Reformismo Militar, habría que agregar entre sus realizaciones la creación de CORFINO, -una vez que se nacionalizara el bosque nacional y ejidal-, la nacionalización de la industria bananera, la adquisición de las líneas férreas del país y los muelles, que hasta entonces habían estado en manos de las dos empresas fruteras más importantes: la United Fruit Company y Standard Fruit. También hay que señalar que el régimen militar –especialmente en su primera etapa- impulsó la Reforma Agraria, dotando de parcelas a numerosos grupos de campesinos organizados de las tres centrales campesinas:  ANACH, FEHCORA y UNC. 

En lo negativo, la gran mancha del régimen: la matanza de los Horcones, Lapaguare, Olancho, en junio 25 de 1975 en la que fueron asesinados por militares, madereros y ganaderos, 15 personas; dos sacerdotes, dos señoritas y 11 líderes campesinos, la mayoría apresados en el centro Santa Clara de Juticalpa, Olancho. El diario Tiempo, acusa al régimen, que “desde casi su inicio, de padecer de inmovilismo, de falta de decisión, de vacilaciones que han entrabado muchas acciones tanto en el campo económico como en lo político y social. Es bien cierto, -sigue diciendo el rotativo costeño-, que a ese estado cataléptico ha contribuido en buena parte un sector ultraconservador que sistemáticamente se ha opuesto a los tibios cambios que el gobierno se ha propuesto llevar adelante. Una oposición casi cavernaria que, infortunadamente ha llevado a plantear tremendas divisiones de clase, a la polarización de las fuerzas sociales, a tal extremo que se plantean a veces posiciones irreconciliables. También los ultraizquierdistas han actuado así, pero en ellos eso es lógico, puesto que su estrategia es la división de las clases. El contrasentido es que quienes deberían propiciar la unión han buscado el método marxista”. Finaliza el periódico citado, afirmando que “es llegado ese momento de parar en mientes respecto al futuro del país y de las Fuerzas Armadas que, hoy por hoy, a tres años de inaugurar el régimen, no parece tan halagüeño como el día en que empezó”. No todos los sectores estaban de acuerdo con el criterio del director de Tiempo, Manuel Gamero.

Mientras tanto las organización campesinas arremetían contra el régimen invadiendo propiedades privadas e incluso afectando tierras en uso o en descanso propiedad de las empresas productoras de azúcar del país; los empresarios, resentían el clima de inseguridad jurídica y política de sus inversiones y los partidos políticos: el Partido Nacional y el Partido Liberal, reclamaban el más urgente e inmediato regreso al orden constitucional, por medio de la convocatoria a elecciones, para que el pueblo eligiera a sus gobernantes. Y los empresarios resistían la imposición de nuevos impuestos. Uno de los analistas más lúcidos del país escribió que, “Hoy, a casi tres años de gestión gubernamental y a la luz de sus escasos éxitos y numerosos fracasos, quizás resulte un tanto más fácil aprender la esencia del régimen militar y calificar su contenido. El gobierno de las Fuerzas Armadas, mezcla apresurada de reformismo vacilante y desarrollismo tardío ha llegado a un punto tal en su evolución que ya no admite mayores posibilidades de desarrollo. Es como si hubiera llegado hasta el límite que la historia contemporánea le ha fijado al reformismo. No puede seguir adelante, a menos que deje de ser reformista; y se convierta en revolucionario. Pero ya todos sabemos que no se le puede pedir peras al olmo… Sin haber contado nunca con una base social disciplinadamente organizada, el reformismo militar careció del apoyo de un sector económico con la fuerza suficiente como darle vida e insuflarles aliento a los intentos modernizante. Las escasas voces empresariales que le han pretendido dar apoyo son apenas voces individuales que no alcanzan para conformar y que no alcanzan para conformar un coro social que pudiera ser considerado realmente como un apoyo de las grandes mayorías organizadas, obreros y campesinos como un fuerte basamento económico y político del régimen. El supuesto apoyo de las grandes mayorías organizadas, obreros y campesinos básicamente, no pasó de ser una suma heterogénea de declaraciones y comunicados emitidos en los conciliábulos oscuros de direcciones burocratizadas. Apoyo real de masas, manifestación masiva de solidaridad y comprensión por parte del pueblo, a decir verdad, nunca los ha tenido este gobierno. Y quienes creyeron lo contrario, fueron víctimas del espejismo social que representan unos cuantos burócratas urbanos que se pasan la vida hablando y fanfarroneando en nombre de miles de campesinos y obreros a los que, en muchas ocasiones, ni siquiera conocen ni desean conocer” (Víctor Meza, El Régimen y sus perspectivas, Tiempo, 22 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

Y es que el régimen militar, desde la madrugada del 4 de diciembre de 1972, sólo tuvo una base política de respaldo: las Fuerzas Armadas. El concepto era que, los jóvenes oficiales, formados por la Academia Militar Francisco Morazán y los veteranos, forjados en las cuadras o en la Escuela de Artillería, eran suficiente y bien calificados para gobernar al país y demostrar que los hombres de uniforme eran más competentes, de más disciplina y patriotismo, así como de la honestidad suficiente y exclusiva para dirigir al país, en forma definitiva. Es decir que el régimen no pasó de su visión reformista militar; y por ello,  además no hizo ningún esfuerzo por crear una fuerza política de respaldo a sus medidas. La excepción se dio cuando, ante la arremetida de los políticos y empresarios, en el mes de octubre anterior, se habló –en forma tangencial y aislada- de la necesidad de crear una fuerza política que respaldará al régimen militar. Siempre se imaginó, como una pieza nueva, en un engranaje tradicional, que sustituía a los civiles por corruptos e incompetentes, nada más.

57. El problema financiero y la fácil salida de los nuevos impuestos.

Porfirio Zavala & Oscar Kafati

Desde el mes de septiembre anterior, se escucharon voces refiriéndose al déficit fiscal. Tanto del gobierno de Honduras como también por parte de algunos ejecutivos monetarios centroamericanos. En los días previos a la elaboración del presupuesto, Porfirio Zavala había indicado que Honduras tenía que aportar más recursos, para justificar la ayuda financiera externa. Ocupados los líderes del país en otros afanes, no le dieron atención. Honduras estaba gastando más de lo que producía. El gobierno, además, había aumentado en el segundo semestre de 1975, el gasto, el erogar muchos millones de dólares para la compra de los aviones militares  “super mister” que se habían adquirido en Israel.

Sin embargo, la primera noticia de la semana fue muy halagüeña: “las exportaciones hacia el mercado de los Estados Unidos se favorecerán en algo grado con el nuevo Sistema de Preferencias arancelario de aquel país, que entrará en vigencia en enero del 76, según se informó ayer. En lo que respecta a Honduras, 65 de los productos que fueron exportados a los Estados Unidos están en la lista y, de estos, hay 27 artículos para los cuales el impuesto que ha sido eliminado era de más de 7.5%”. (Tiempo, 27 de noviembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El gobierno había empezado para entonces una discreta crítica en contra de los empresarios, acusándolos de no pagar sus impuestos. Después de salir de una reunión entre empresarios del COHEP y el presidente del Banco Central Guillermo Bueso, Adolfo Facusse dijo que “en nuestra plática con el Lic. Bueso profundizamos nuestras apreciaciones sobre los gravámenes que han sido publicados en algunos medios informativos. Sin embargo, hasta el momento no sabemos en forma oficial cuáles son los impuestos que se piensa aplicar”. Agregó que el Presidente del BCH “se le expusieron las posiciones de los diversos sectores que podrían ser afectados con la aplicación de la Reforma Tributaria”. Finalizó diciendo que “este no es el momento oportuno para la aplicación de la Reforma Tributaria”, puesto que a la larga esta afectaría a los consumidores ya que, según él, todos los impuestos al final son trasladados a los consumidores. Los más cierto que podríamos decir es que los empresarios no pagan impuestos. La empresa privada lo que hace es recaudar impuestos para el gobierno”. (Tiempo, 3 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Pocos días después los líderes cafeteros del país, reunidos en su IX Congreso Nacional, rechazaron la posible medida gubernamental de imponer nuevas medidas a la exportación del café –que para entonces había experimentado un repunte de sus precios en el exterior- porque afectaban sus intereses, “porque afecta, dijo un productor no al exportador ya que este trasladará bajo cualquier manera, la nueva carga que se piensa imponer”. 

Por su parte, Oscar Kafati, representante de la Asociación de Torrefactores declaró que la imposición tributaria que piensa establecer el gobierno afectará además al pueblo consumidor, que merece especial atención. Francisco Rodezno, Presidente de FEHCOCAL (Federación Hondureña de Cooperativas Cafetaleras Limitada) y productor de San Marcos de Ocotepeque señaló que esta disposición será un aumento a la carga impositiva ya establecida. También manifestó que el Jefe de Estado ya conoce los puntos de vista de los productores y que, hasta el momento, aunque no se tiene confirmada la aplicación del impuesto, no se sabe nada concreto de lo que piensa el gobernante”. (Tiempo, 5 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El gobierno sí tenía claro lo que necesitaba para cumplir sus obligaciones para el año de 1976 y definido los impuestos a aplicar. La decisión, pese a lo dicho por Rodezno, un hombre muy cercano a Melgar Castro, el gobierno ya había tomado la decisión de los impuestos a establecer. El 8 de diciembre en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, fue publicada la lista de nuevos impuestos:

1.“Renta de bienes e inmuebles, exceptuando los comprendidos en los numerales 7 y 8 de este articulo, 10%;

2. Sueldos, salarios, comisiones o cualquiera otra compensación por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o fuera de él, 10%;

3. Rentas o utilidades obtenidas por empresas extranjeras, a través de sus sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, Representantes legales y demás que operen en el país 15%

4.  Rentas, utilidades, dividendos, o participaciones de utilidades de personas naturales o jurídicas 15%;

5. Regalías u otras sumas pagadas por el uso de patentes, diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica, derechos de autor y otros análogos, inclusive películas y video tape para cine y televisión 10%;

6. Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos valores u otra clase de obligaciones 5%;

7. Ingresos por la operación de naves aéreas y automotores terrestres 5%: Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones 5%;

8. Primas de seguros y de finanzas de cualquier clase sobre pólizas contratadas después del 1 de enero de 1964 10%;

9. Ingresos derivados de espectáculos públicos 10%;

10, Y cualquier otro ingreso no mencionado en los números anteriores 10%. (La Gaceta, 8 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Esto no es solo una muestra. Además, se reforma el impuesto sobre ventas que había sido creado en el régimen militar entonces dirigido por López Arellano y otros mucho más, significando nuevas cargas tributarias en sectores importantes que hasta entonces habían sido exentos. Por supuesto, el área más afectada como, era el de bebidas y tabacos.

Dirigiéndose a los periodistas, el ministro de Finanzas Porfirio Zavala expresó que: “El desarrollo económico tiene como meta final el incremento de la producción, a fin de proveer a los hondureños una mayor cantidad de bienes y servicios que, consecuentemente, elevarán realmente el nivel de vida. En esta tarea, el gobierno de las Fuerzas Armadas actúa con plena conciencia y responsabilidad al asumir la participación que le corresponde en el proceso de desarrollo; pero al mismo tiempo, comprende que el Sector Privado tiene el esfuerzo de expandir el aparato productivo. Para que el Sector Privado pueda hacer realmente efectivo el crecimiento económico, el Estado debe crear las condiciones más propicias para promover la actividad productiva. La necesidad evidente de retener y encauzar la inversión nacional y al mismo tiempo atraer en forma razonable la inversión del exterior, es lo que ha llevado al Gobierno a acometer su proceso de desarrollo con el Plan Nacional que se comenzó a ejecutar en 1974 y que prevé acciones hasta 1978. Este plan compromete en el quinquenio una inversión de gran magnitud que excede en mucho cualquier precedente en la materia. Su ejecución implicara una fuerte expansión de la inversión pública, para lo cual se prevé un importe de crédito externo; sin embargo, como el servicio de este crédito consume el ahorro público, deben obtenerse mayores recursos para la amortización de los compromisos contraídos, aunque estos se contraten en condiciones altamente favorables en cuanto a intereses y plazos. Por consiguiente, no es factible recurrir exclusivamente al crédito externo, sin elevar paralelamente los ingresos tributarios, por lo menos en la medida necesaria para atender el servicio de la deuda. Estas y otras consideraciones técnicas han hecho impostergable la decisión de efectuar modificaciones en el régimen tributario, tanto en la percepción de nuevos ingresos, como en la administración de la recaudación y control de los mismos. En esas modificaciones se ha tenido siempre el cuidado de que la carga tributaria sea soportada por los sectores de mayor capacidad económica y que en todo caso no afecten el consumo básico”. (Tiempo, 6 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Gustavo Alfaro

Sin ningún género de duda, la empresa privada fue sorprendida. Gustavo Alfaro, secretario de la ANDI, dijo que “nosotros creímos que la campaña iniciada ( por la empresa privada en contra de nuevos impuestos)  iba a detener la emisión del Decreto que impone las nuevas cargas tributarias; la situación es grave y el COHEP nunca creyó que el gobierno hubiera actuado de una manera inconsulta, ya que siempre se estuvo endulzándonos el oído”. 

Recordó que “Melgar les prometió que se sostendrían los diálogos mensuales y que se les iba a consultar en caso de cualquiera ley que se emitiera, sin embargo, eso no ha sucedido. Desafortunadamente siguió diciendo, “esta es una Ley ya emitida y nada podemos hacer por su derogación; pero definitivamente es necesario plantear soluciones más serias a esta situación. Si seguimos manteniéndonos pasivos, solo recibiendo leña al final se van a acostumbrar a ello; y nosotros, solo leña recibiremos. Nosotros hemos estado esperando mucho, confiando demasiado en el coronel Melgar, en lo que nos ha estado diciendo, pero creo que ha llegado el momento de que analicemos las cosas más a fondo”. 

A partir de entonces, para los empresarios las cosas estuvieron muy claras. Los militares, manejando el Ejecutivo en forma directa, sin un Congreso que fuera el único productor de la ley, podía hacer con los ciudadanos y con los empresarios especialmente lo que le viniera en gana. Y que el único camino razonable, era la forja de un bloque constitucionalista, entre la empresa privada y los partidos políticos. Si los empresarios se sentían engañados por los militares, los dirigentes del Partido Nacional y el Partido Liberal por su parte, habían tomado conciencia que no podían seguir siendo pasivos y que la solución política, era el camino idóneo e inevitable. Y que si ellos, habían sido limitados en su oportunidad en que quisieron pronunciarse públicamente por la amenaza de los militares, ahora les tocaba aumentar la fuerza para que el pulso con los gobernantes se inclinara a su favor. 

Los empresarios ya habían comprendido que sólo un régimen constitucional, con un sistema de pesos y contrapesos, y un Congreso Nacional donde la ley fuera discutida y aprobada en forma pública y escuchando todas las voces necesarias, era el camino idóneo para garantizar sus inversiones y sus deseos por producir bienes y servicios que el país necesitaba y que ellos usaban como prueba de su voluntad de lograr resultados favorables a sus interese particulares. Inmediatamente los dirigentes políticos se pronunciaron. También lo hicieron los dirigentes sociales que veían con alguna simpatía al gobierno militar. Lo que no ocurrió fue que la Democracia Cristiana y el PINU se agregaran al bloque constitucionalista haciendo presión al lado del PN y el PL. El primero porque probablemente no se sentía partido político: y el otro, por simple oportunismo que le había llevado a creer que el pueblo, les vería como sus defensores, aunque por apáticos y por escasa movilización, no tenían fuerza ni propensión a adquirirla en un cercano plazo.  

(CONTINUARÁ)