Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XIX)

Anales Históricos

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PARTE XIX

Juan Ramón Martínez

Ramón Ernesto Cruz & Modesto Rodas Alvarado

58. El principio del fin del “reformismo militar”.

Aunque en los medios de prensa no lo decían, con la excepción de los columnistas de algunos diarios que entendieron muy bien que los militares no tenían real respaldo popular. Incluso, entre las organizaciones populares –sindicatos controlados por los dirigentes más colocados a la izquierda, algunos dirigentes cooperativistas, activistas de ligas campesinas y seccionales de campesinos;  y uno que otro intelectual desperdigado y poco amigo de declaraciones y manifestaciones públicas– los militares seguían siendo el cuerpo represivo, la fuerza autoritaria que en ningún momento podrían gozar de la confianza y menos para entregarle las reformas que indudablemente necesitaba el país. Los hechos del 25 de junio de 1975, en que se ejecutara la matanza de Olancho; y la forma como se siguió el proceso judicial en el que el gobierno represor representaba a las familias de las víctimas, miembros del estamento militar o aliados suyos, dejó muy claro en los más inteligentes hondureños, que los militares no eran de confianza; y mucho menos que se les debía entregar la dirección de las reformas que urgían en ese entonces. 

Posteriormente, el manejo económico del régimen, las atropelladas decisiones, la falta de claridad en el financiamiento para las mismas y el hecho que los cargos civiles hayan sido convertido en destino militar, hizo saber a algunos observadores más serios, que no tenían los cuadros; ni la capacidad de adquirirlos, para dirigir el proceso de reformas que habían indicado el 4 de diciembre de 1972, cuando interrumpieron el gobierno civil, basado precisamente en la incapacidad y falta de honradez de los civiles. El “soborno bananero”, la destitución de Osvaldo López Arellano, la imposibilidad del sistema judicial que no fue capaz de dictar auto de prisión al principal indiciado en el asunto, Abrahán Bennaton Ramos, Ministro de Economía que aparentemente fue a negociar el pago por una medida que ya se había decidido por parte del Consejo de Ministros, hizo creer incluso a miembros destacados del régimen que, en el país, no había justicia. El Lic.  Serapio Hernández Castellanos, Procurador de la República así lo reconoció paladinamente cuando se enteró de la decisión del juez; que realmente los militares no estaban interesados en una nueva forma de castigar a los infractores e inmorales en el manejo de los bienes públicos. Además, el manejo del proceso criminal en contra de los culpables -señalados por la Comisión Militar de Alto Nivel– la orden del Jefe de Estado para que el Procurador General de la República se apersonaron en los juzgados, como abogado representando a las víctimas, no dejó de extrañar a más de alguno que los militares querían darle un tratamiento particular al crimen, en forma tal que se actuara contra los actores evidentes; pero dando protección y garantías de impunidad a quienes desde Tegucigalpa, habían dado la orden de reprimir a los campesinos. 

Para el mes de noviembre, el tema del juicio que se seguía en Olancho en contra de los culpables, no era tema público que interesara a los medios de comunicación. Lo que hizo creer -probablemente a los militares– que la tormenta había amainado y que lo único que tendrían que hacer entonces, era controlar a los empresarios y neutralizar a los políticos. El establecimiento arbitrario de una Reforma Tributaria impuesta por el régimen, hizo creer a los empresarios que sus intereses y de repente los del país, no estaban en buenas manos y que la única alternativa era obligarlos a regresar a los cuarteles. Por ello es que, para diciembre de 1975, los empresarios más reticentes a pactar con los políticos de los partidos Liberal y Nacional, se habían reducido singularmente. La mayoría entendieron que el único camino para regresar a los militares a sus cuarteles y quitarles el manejo del gobierno –donde además de incompetentes eran arrogantes e irrespetuosos de los inversionistas nacionales y extranjeros- era mediante la creación de un gran frente nacional pro constitucionalidad del régimen, basado en la soberanía popular expresada en elecciones libres y en la que concurrieran los partidos políticos del país.

La creación del Consejo Asesor del Jefe del Estado, creado un poco después, fue con el que los militares creyeron lograr varias finalidades: 1. Crear un movimiento corporativo, con aires fascistas en donde en el Congreso –porque allí era donde se reunía el Consejo Asesor del Jefe del Estado- había una representación más popular que las que permitían los partidos políticos. 2. Ganar el mayor tiempo posible en la discusión de una nueva Ley Electoral, acompañada de reformas que continuaban el proceso centralista que ha ahogado al estado hondureño desde la década de los sesenta del siglo XX, quitándoles a las municipalidades el registro de las personas y la creación de un Consejo Nacional Electoral, entregado a los partidos aparentemente; pero en realidad bajo control del gobierno, en la medida en que para evitar el empate entre sus representantes, se incluían otros  nombrados por el gobernante de turno.

Pero además los militares a fines de diciembre de 1975, no apreciaron el comportamiento del escenario centroamericano. En nivel de los estados centroamericanos, era obvio que el proceso de reconstrucción del Mercado Común Centroamericano, nos mostraba avances significativos; y que el proceso de paz y normalización de las relaciones entre Honduras y El Salvador, rotas desde el 27 de junio de 1969, no había dado los logros que se esperaban. A nivel de las sociedades, en El Salvador, se había iniciado un discreto alineamiento de las fuerzas políticas que creían que había llegado el momento de enfrentar, batir y derrotar a la Fuerza Armada y tomar el poder. Grupos de varias facciones del Partido Comunista Salvadoreño, se movían, discutían y desde las organizaciones gremiales, especialmente entre los dirigentes de los trabajadores de la educación, creaban una efervescencia en la sociedad que hizo pensar a sus líderes que tenían oportunidad de mantener y ganar con una insurgencia popular generalizada. Mientras en Honduras los marxistas esperaban que se produjeran las condiciones objetivas para la emergencia de la cólera popular y tomar el control del régimen, y los reformistas social cristianos establecían que era el poder popular el que una vez consolidado, produciría un partido suyo, con el cual asaltar desde las urnas electorales el poder. Por su parte en Nicaragua, las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, maduraban y aunque divididas entre facciones, algunos creían que pronto llegaría el momento de las negociaciones, los acuerdos y la unidad. 

Este escenario político a finales de 1975, no se tomó en serio y por ello, no fue objeto de análisis por la inteligencia militar –para entonces ya dominada por el teniente coronel Torres Arias– que no tuvo la capacidad prospectiva para proyectar sobre el tiempo diversos escenarios políticos. En cuatro años y medio, el eje de la política de Centroamérica, la dinastía de Anastasio Somoza Debayle, caería estrepitosamente; y solo Honduras –en una evidencia de la falta de vinculación con la realidad de los hechos– reconoció al régimen sucesor que solo duró tres días, poniendo en ridículo a Paz García  y a los otros mandos de la Junta Militar, demostrando que no tenían conciencia que el tiempo se les había terminado, porque incluso sus aliados incondicionales, los dirigentes del gobierno de los Estados Unidos, habían decidido –para entonces- que debían regresar a sus tareas militares en los cuarteles, de donde no debieron jamás haber salido. Pero obstinados, no vieron los nubarrones sobre Centroamérica y tampoco sus sucesores -Gustavo Alvares Martínez, Torres Arias y otros– entendieron que el fin del reformismo era un hecho; y que el papel de los militares en la vida política, era un verdadero contrasentido. 

59. La opinión de los políticos: ideas y propuestas.

Camilo Rivera Girón

La celebración del Tercer Aniversario del Régimen Militar, que no fue auspiciado por el régimen sino por algunos intelectuales de izquierda reformistas y cercanas a los militares, sirvió para conocer el pensamiento de los grupos políticos minoritarios: los marxistas –de por lo menos dos tendencias evidentemente desmarcadas entonces– los social cristianos y los más modernos seguidores del Partido Nacional y Partido Liberal, la mayoría de ellos de origen universitario y curtidos en las luchas estudiantiles especialmente.

Camilo Rivera Girón, en declaraciones a un diario de SPS, deslegitimó de entrada al régimen de los militares al decir que “un régimen militar no es conveniente para un país de extracción democratiza” como Honduras. “Desafortunadamente, continúo diciendo el Presidente del COHEP, este gobierno en cuanto a desarrollo no ha logrado sus propósitos, porque se propone algo que tiene resultados a largo plazo como es la Reforma Agraria. Entiendo que ellos conocían esa situación, es decir conocían que la Reforma Agraria solo se puede hacer a largo plazo y que en algunos casos es casi indefinido. Si esto no lo sabían es una lástima, y si lo sabían, creo que la tendencia era alargar su propio gobierno por considerar que la Reforma Agraria no estaba terminada. En cuanto a los demás, es una lástima que el país no hayan logrado los objetivos que pudieron haberse alcanzado en estos tres años de gobierno militar, porque la situación del país a estas alturas es, o podemos considerar, que ha declinado mucho desde que ellos se hicieron cargo del gobierno en 1972”. Como solución de la encrucijada en la que se encuentra el país, Rivera Girón, Presidente del COHEP “propone que el pueblo elija a su propio gobierno para que ese mismo pueblo se responsabilice de la forma como se ha de gobernar este país. Para esto, como es un proceso que tomaría tiempo, el gobierno actual debería ir dando los pasos pertinentes, como la organización de las instituciones del caso para que fuéramos preparándonos, y en un tiempo prudencial el país estuviera listo para elegir sus propios representantes y para que el pueblo tenga derecho de ser gobernado por las personas o grupos que considere deben gobernarlo”. (Tiempo, 4 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Para el alto dirigente empresarial, la legitimidad de los militares se había terminado porque no habían dado resultados. Y, en consecuencia, carecían de legitimidad para ejercer una soberanía que correspondía exclusivamente al pueblo hondureño.

Otro dirigente de la empresa privada – es decir de la derecha políticamente hablando –Carlos Felipe López, abordó la cuestión en la forma siguiente: “No soy dado a hacer crítica cuando no puedo aportar soluciones concretas. Sin embargo, en esta oportunidad, gustosamente contestamos las preguntas relacionadas con la celebración del tercer año del gobierno de las Fuerzas Armadas de Honduras. El gobierno militar al asumir la administración del país, se encontró con una situación caótica, tanto en lo económico como en lo político y social. El contenido de la Proclama de las Fuerzas Armadas el 4 de diciembre de 1972 y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico de enero de 1973, no sugiere que las Fuerzas Armadas arribaron al poder en Honduras, con las mejores intenciones. Los hechos nos han demostrado que cuando las FFAA antes de dirigir los destinos del país, no contaban con un Plan de Gobierno bien definido para ejecutarlo en favor del progreso nacional, y es por esa razón que aun cuando las hermosas promesas de la proclama llenaron de optimismo a todos los hondureños en general, es que todavía a estas alturas no ha logrado definir una política general para el Estado Hondureño. Sus decisiones, demostrativas de una falta de programación bien orientada se caracterizan por sus vacilaciones, pues por momentos parecen tender hacia una de conducta eminentemente hondureñista sin inclinaciones a ninguno de los extremos. 

Las FFAA no deben fracasar en su intento por alcanzar el desarrollo nacional pues por la experiencia de las Junta Militar de Gobierno de 1956 han representado por así decirlo, las mejores esperanzas de los hondureños, y por eso es que nuestros mayores anhelos y propósitos deberían encaminarse para apoyar aquellas acciones que se encaminen a lograr que todos los hondureños contribuyamos al progreso nacional, deponer las banderas de lucha de grupos para converger en unidad de propósitos hacia la solución de los  grandes problemas del país, con el único objetivo de propiciar el bienestar con el único objetivo de propiciar el bienestar general de los hondureños”. (Tiempo, 4 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Aunque empresario, López no entiende que el tiempo ha ido corriendo y que las alturas de más de la mitad del tiempo que los militares se habían auto otorgado para gobernar el país, lo único que justifica son los resultados. Las palabras suyas, parece que estuvieran atrasados en fecha; y que más bien tuvieron vigencia tres años antes, no en el momento en que la dice.

En cambio, Jaime Rosenthal, entiende mejor las cosas. Sabe los errores y las vacilaciones de los militares y tiene conciencia de sus limitaciones intelectuales para el ejercicio del gobierno en un país con problemas singulares como Honduras. El sabe que las reformas hondureñas, la no continuación del régimen de incentivos para las empresas bananeras; y la pretensión de sustituirlas con burócratas uniformados y otros civiles de saco y corbata, ha creado un ambiente negativo para que el país pueda atraer la inversión extranjera necesaria para enfrentar los retos de su desarrollo. Por ello, sugiere un cambio de posición. “En la situación económica de nuestro país, en vista del aumento de los precios del café en el mercado internacional, la recuperación de las plantaciones bananeras y el incremento y tendencia de la consolidación de los precios de la madera, además de que la demanda interna también ha aumentado; se justifica un rápido cambio de posición. No se puede seguir como si nada hubiera pasado. “De suerte pues que esta coyuntura es muy oportuna para fijar las reglas del juego para la inversión extranjera en Honduras, para promoverla”. Esa inversión extranjera, sigue diciendo. “es muy importante pero regulada por el Estado. O sea que no venga aquí para adueñarse de lo que hay, sino a invertir en lo que no hay. En este sentido no debemos ser ni tontos ni chauvinistas, pero tampoco permitir que los de afuera vengan a apoderarse de lo que ya es de los hondureños”. (Tiempo, 8 de octubre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Este nacionalismo empresarial, no era propio y exclusivo de Rosenthal. Ha formado, desde siempre, parte del relato hondureño; y para entonces, la experiencia bananera no eran un ejemplo para sostener sus tesis, porque en realidad, fue alrededor de la industria bananera en donde se pudo forjar el capitalismo norteño y nacional, de conformidad con la fuerza y capacidad de las oligarquías hondureños, muchas de ellas con tendencias rentistas y poco dispuestas al riesgo y al trabajo constante. Con más olfato político y con una visión mas centrada en los hechos que le tocaba vivir, agregó que lo que había que hacer “era terminar la confrontación entre los empresarios y el gobierno, mediante un dialogo que concluyera en un pacto que sirviera para superar dificultades”. Por ello, dijo que “muchas veces el gobierno crea innecesariamente roces con el sector privado y un ejemplo de ello es la famosa Ley de Control de Precios, mecanismo que jamás ha funcionado en ningún país del mundo, excepto en caso de guerra, puesto que, si el gobierno tiene que intervenir en todos los demás, como los de la producción y la inversión, no se hace nada. Estoy seguro que, si explica con claridad a los grupos de presión, lo entenderán directamente y se evitarían las controversias innecesarias”. Para Rosenthal, entonces, no todo está perdido, se puede rectificar y recobrar la normalidad, si se reducen las tensiones y se evita caer en errores administrativos y legales que creen ambientes distorsionados en los mercados. Lo político, lo pasa por alto. Porque de repente cree que los partidos políticos –PL y PN– también tienen fórmulas para enfrentar los problemas y, además, voluntad para el sacrificio ejemplar al frente de los destinos del país.  

La izquierda sindical, tenía una visión ambivalente. Luis Alonso Morel del STIBIS, dijo que “En la administración militar no todo es negativo, ya que si se hace un análisis de lo que ha realizado hasta el momento en materia de medidas sociales no es más que el reflejo de la composición heterogénea de la base de la sociedad. Sin embargo, creemos que, si intentase buscar el apoyo efectivo de los sectores interesados en el cambio, encontraría no sólo apoyo moral sino la participación activa y militante de la clase trabajadora”. (Tiempo 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). El problema es que el gobierno no quería ser sino militar, no estaba interesado más que en un tibio reformismo pues les permitiera aumentar su influencia en la vida política del país; y, por otro lado, hay que reconocerlo, no había con quién pactar. La “clase trabajadora” era inexistente. Incluso, cuando intentó mostrar su apoyo al régimen mediante un acto de masas en el Parque La Merced de Tegucigalpa, apenas, llegó a reunir a 300 personas. La mayoría estudiantes universitarios y de secundaria, en camino a sus centros educativos instalados precisamente frente a la aludida plaza.

Rafael Bardales Bueso

El profesor Rafael Bardales Bueso del Partido Nacional fue el político más crítico y directo. Dijo: “Sinteticemos la mala obra gubernamental: ruptura delictiva del orden constitucional por la violencia y ambición de las armas, atentando contra la soberanía popular, sujeción de la Constitución de la Republica a los caprichos del régimen, aniquilamiento de la libertad política del pueblo, amenaza permanente a la libre expresión y anarquía social progresiva por la lucha de clases. La mala obra gubernamental, incluye rudos golpes al sistema de libre empresa, política económica hacia la estatización que destruye la producción y socializa la miseria, perdida absoluta del principio de autoridad, soborno que desprestigió a la dictadura en todo el mundo, predominio de la arbitrariedad en los actos gubernamentales y contrabando. También desfalcos a granel, derroche presupuestario, masacre criminal de Olancho, represión contra los partidos políticos democráticos, estancamiento del arreglo del diferendo fronterizo con El Salvador, problema que no puede dirimir legítimamente el régimen dictatorial por su naturaleza espuria, inflación galopante –ante la indiferencia de los que mandan– control de precios para frenar la producción, irrespeto al derecho de propiedad, irrespeto al derecho de propiedad, penetración y avance del comunismo y odio a la ideología democrática”. (Tiempo, 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH) 

Miguel Andonie Fernández

De los nuevos partidos, resulta muy interesante la opinión de Miguel Andonie Fernández, Presidente del Partido Innovación y Unidad Nacional (PINU) y, además, uno de los mayores empresarios de la industria farmacéutica y de la comunicación radial, por la precisión puntual de sus juicios. Dijo que: “Al gobierno actual puede acreditársele alguna labor de reforma incipiente. Existe falta de claridad en el futuro político. Estamos en presencia de un alarmante desacuerdo social. Hay evidencias de mal manejo y deshonestidad en algunos sectores de la administración pública. Se observa poco esfuerzo gubernamental tendiente a resolver los innumerables y graves problemas nacionales. Debemos estar convencidos que es imposible gobernar en Honduras sin la concurrencia de civiles y militares. El gobierno debe definir sus intenciones políticas y tomar urgentes medidas tales como: corregir los yerros y errores cometidos. Evitar vacilaciones en satisfacer las justas demandas de las masas obrero-- campesinas. Hacer efectiva la probidad y la austeridad. Estructurar un régimen de derecho con pleno respeto ciudadano. Trabajar con ahínco, con integridad y capacidad. Apresurar la capacitación de la Ley de Reforma Agraria incorporando a la producción las tierras incultas. Agilizar la inversión pública. Hacer efectivo los incentivos y garantías a los inversionistas privados”. (Tiempo, 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

José Pineda Gómez

Por el Partido Liberal, se escucharon dos voces interesantes. Modesto Rodas Alvarado, se abstuvo de opinar; pero sus criterios eran muy conocidos por todos. José Pineda Gómez, de la vieja izquierda liberal, que había sido Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Villeda Morales, dijo que “las buenas intenciones han desembocado en perjuicio para los intereses del pueblo. Agregando que el Gobierno de la República, por el carácter de provisionalidad, hasta el día de hoy ha fracasado en la administración pública, aun cuando ha intentado realizar algunos empeños que se han llamado revolucionarios. Sin objetar sus buenas intenciones, se ha cometido una serie de errores, a veces tan graves, que aquellas intenciones han desembocado en un serio perjuicio para los intereses del pueblo hondureño”. Agregó “que el gobierno después de un diálogo que le han exigido los partidos políticos –Liberal y Nacional– y otros sectores importantes del país, debe procurar señalar la fecha para la práctica de las elecciones generales que dé un cambio radical del gobierno, en el que, desde luego, participarán las Fuerzas Armadas con las altas funciones que determine la Constitución que entonces se promulgue”. (Tiempo, 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAG).

El otro liberal, fue Leonardo Godoy que empezó por señalar el pecado original del régimen incurrido “porque rompió el orden constitucional. En el decurso del tiempo hemos encontrado algunas medidas que se han dictado con buena intención, pero que fueron introducidas en el momento menos oportuno y no se desarrollaron a plenitud, quizá sea el costo del noviciado en determinadas actividades: COHDEFOR y CONADI. En todo caso podríamos estimar esos pasos como bien intencionados. En lo demás, podríamos expresar que, infortunadamente, en el gobierno, a mi juicio ha faltado una determinación especifica del rumbo que deseaba imprimirse a la gestión gubernamental de este régimen de facto. En cuanto a las soluciones que propondría para organizar el gobierno puedo decir que es difícil pretender en un espacio tan corto reordenar lo que en un momento dado esta cargado de tantas inquietudes y de tantas contradicciones que uno se puede aventurar a ello, únicamente cuando se tiene una plataforma constructiva y no con una mentalidad de simple critica”. (Tiempo, 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). 

Adán Palacios Irachez

Adán Palacios, Secretario Ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano de Honduras dijo que: “Desde el principio el régimen militar acusó una incoherencia doctrinaria e ideológica, motivada por la escasa coherencia de los funcionarios de alto nivel gubernamental, observable principalmente en la falta de coordinación de sus diversas acciones y en la escasa concretización de las medidas denunciadas”. En lo positivo señalo únicamente a COHDEFOR, “cuyas primeras medidas se circunscriben al control y regulación de la explotación maderera, acusando por otro lado graves dificultades en la comercialización externa. La creación de tiendas BANASUPRO, derogación de los derechos que aprobaban las concesiones bananeras, la creación de la Corporación Hondureña del Banano (COHBANA) y la expropiación de CAHSA; y en el último mes una mayor agilización de entrega de tierras a los campesinos organizados, como resultado de la presión de los mismos”. En lo negativo, Palacios señaló: “generalización del contrabando especialmente en el de granos básicos, acrecentamiento del patrimonio de algunos funcionarios públicos al amparo del ejercicio ilegítimo del poder. También hay que señalar la adjudicación de exoneraciones fiscales a empresas extranjeras no productivas, la respuesta tardía e ineficaz ante la emergencia nacional ocasionada por el huracán FIFI y la ausencia  de planes concretos y adecuados para la reconstrucción nacional, lo mismo que la carencia de políticas concretas y dinámicas para el control del proceso inflacionario que agobia a los sectores populares, con el aumento acelerado de los precios de los alimentos, ropa, medicina y otros artículos básicos”. Y como es natural el político social cristiano  no podía olvidar el mayor golpe que les había propinado el régimen militar: la matanza de Los Horcones, Lepaguare, pero lo hizo en forma fugaz. 

Al final, dijo que hay que definir las metas políticas, interpretando “la actual estructura y detección de su funcionamiento en lo socio económico. Definición exacta de las metas políticas político sociales eferentes al tipo de desarrollo por el que queremos conducir la sociedad hondureña. Evaluación y análisis de los recurso económicos e institucionales y de las limitaciones económicas y tecnológicas. Análisis de las posibilidades concretas referidas en los términos socio políticos para la realización de un Plan Nacional de Desarrollo Integral”. (Tiempo 7 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Solo en forma muy rápida Palacios cuestiona la legitimidad del régimen militar. No reclamó el regreso del país a un régimen de derecho en el que el pueblo eligiera sus gobernantes y recuperara su soberanía. Actuaba más como promotor social que como dirigente político, conducta que marcaria, por siempre la ruta del Partido Demócrata Cristiano.

Por su parte los partidos políticos Liberal y Nacional, publicaron una Declaración Conjunta en la que a letra seguida exponen “que la nueva Constitución de la República que deberá promulgar la Asamblea Nacional Constituyente, representativa de la genuina voluntad del pueblo hondureño, debe fundamentalmente reafirmar el sistema republicano, democrático y representativo del gobierno, la defensa de los derechos y garantías individuales y sociales de todos los hondureños, la protección de los sagrados intereses de la Patria, estableciendo una estructura jurídica—política, que asegure en forma permanente la libertad, la soberanía y la dignidad de Honduras dentro de la comunidad internacional; haciendo énfasis en un proceso de liberación que elimine todo tipo de dependencia y que afiance el espíritu nacional y acreciente la riqueza pública. En tal sentido, se confirmarán, ampliarán y fortalecerán las conquistas económicas, sociales y políticas en beneficio de todo el pueblo hondureño. La nueva Constitución hará posible la formación de un gobierno de integración nacional sobre la base exclusiva de la capacidad y la honestidad de los ciudadanos que lo integren. Tegucigalpa 11 de diciembre de 1975. RAFAEL BARDALES BUESO, Presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. ABEL VILLACORTA CISNEROS, Secretario del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. JOSE PINEDA GOMEZ, Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. J. EFRAIN BU GIRON, Secretario General del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras”. (Tiempo, 12 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). 

El presidente del COHEP, Camilo Rivera Girón, reunido con los dirigentes de los partidos tradicionales PL y PN.

Ese mismo día los dirigentes de los dos partidos políticos tradicionales de Honduras, -Partido Liberal y Partido Nacional- habían concluido una serie de reuniones con los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa privada (COHEP). Como resultado de esas conversaciones, hicieron pública el día siguiente una Declaración de Puntos Coincidentes en las que los Partidos Liberal y Partido Nacional y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada “como instituciones de derecho público: declaran que han llegado a las siguientes coincidencias: “1. Diálogo con todos los sectores nacionales cuyo propósito principal será la búsqueda de los puntos coincidentes que permitan llegar a configurar soluciones a los graves problemas que confronta la nación.  2. Reivindicación de la vida de derecho incorporando y afirmando las conquistas sociales obtenidas y sumando, a la vez, las que sean convenientes conforme el desarrollo económico que alcance la nación. 3. Que es necesario un esfuerzo supremo nacional para la solución de los problemas nacionales. 4. Que la nación debe encaminarse sin ninguna demora hacia el establecimiento de un orden jurídico que garantice la estabilidad política y el crecimiento económico del país. 5. Elaboración de un Plan Electoral mediante la participación de todos los sectores nacionales, que permita a los hondureños el ejercicio del sufragio como método de expresión soberana y democrática. 6. Irreversibilidad de las acciones que se emprendan para el logro de los puntos enunciados. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, D.C. a los 11 días de (diciembre) de 1975. Rafael Bardales Bueso, Presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, Abel Villacorta Cisneros, Secretario del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, Ricardo Zúñiga Agustinus, Coordinador General del Partido Nacional de Honduras, José Pineda Gómez, Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Efraín Bu Girón, Secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Modesto Rodas Alvarado, Miembro de la Comisión Política del Partido Liberal de Honduras, Camilo Rivera Girón, Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”. (Tiempo 12 de diciembre de 1975, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Las cosas estaban definidas. Los militares no tenían muchas alternativas; ni espacio para jugarlas. El tiempo se les había empezado a terminar. La alianza de los partidos políticos mayores y los empresarios, no la podían neutralizar sino era mediante la convocatoria a elecciones generales.

Por otro lado, en términos generales era obvio que el Gobierno Militar estaba agotado y no contaba con suficiente respaldo popular. No había entonces encuestas o mecanismos de medición; pero tomando en consideración los resultados electorales de los partidos políticos –que algunos oficiales los consideraba cascarones vacíos –en las elecciones para la Constituyente de 1980, se puede decir que el respaldo del pueblo hondureño a los militares era para 1975, muy limitado. Menos de un tercio de la ciudadanía creía que podían rectificar y hacer las tareas, alejados de los partidos políticos tradicionales que contaban con un respaldo que crecía en la medida en que los militares mostraban su incompetencia y su alejamiento de los valores de la legitimidad democrática, levantada como bandera por políticos y empresarios, con enorme éxito y aceptación por la población hondureña que para entonces había descubierto que vivir fuera de la ley, “no era un buen negocio”.

- TERMINA