Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XXI)

Anales Históricos

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PARTE XXI

Juan Ramón Martínez

Bernardo Rivera

65. Proceso judicial en contra de los implicados en el asalto a Santa Clara: dictamen forense, muertos y heridos.

El juez  de Letras de Juticalpa Augusto Bustillo Rosales, originario de esa ciudad, con estudios de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; y miembro activo del Partido Nacional, el 25 de junio de 1975, levanto el auto siguiente: “Por cuanto, ahora que son las once del día y teniendo conocimiento que en el Centro Santa Clara ha habido un enfrentamiento entre fuerzas militares y un grupo de campesinos, resultando muertos y heridos, procédase  a su esclarecimiento, tomándose declaraciones a cuantos testigos hayan presenciado los hechos, estando ausente el Medico Forense de esta localidad, nómbrese perito al señor Director del Hospital San Francisco Doctor Gustavo Corrales, para que reconozca los cadáveres de las personas fallecidas y de las demás personas lesionadas que resultaron en el susodicho enfrentamiento, hágase saber de este enfrentamiento para su aceptación y demás fines; también se tiene informes de que un grupo de campesinos detenidos y que se hallaban en el mismo local donde hubo el enfrentamiento, y si estas tienen culpa, procédase a tomar sus declaraciones, ya sea en forma  indagatoria o como ofendida, dese las órdenes pertinentes para su detención para inquirir y por el termino de ley y así poderse averiguar el motivo de dicho enfrentamiento y tómese declaración a militares y para el mismo fin y procédase a una inspección. Dese cuenta a la Honorable Corte Suprema de Justicia de la iniciación se estas diligencias”. El juez Bustillo pasó por alto que los campesinos, trabajadores de las cooperativas y empleados de Acción Cultural Popular Hondureña y un sacerdote que en ese momento había sido capturados, desnudados y amarrados de los pulgares y conducidos al presidio de Juticalpa, donde estaban detenido por órdenes militares y, además, bajo control del jefe del Presidio David Ártica Tablada. Ese mismo día el doctor Gustavo Corrales rindió dictamen (sobre cadáver número 1) “que corresponde a un hombre no identificado (ARNULFO FLORES). Se le reconoció su cadáver, teniendo un orificio de bala de entrada a nivel posterior de la oreja izquierda, con salida por el cráneo en la porción izquierda del hueso frontal. Se observa salida de masa encefálica, y hay además laceraciones en la piel de la espalda. Seguidamente se reconoció el cadáver de FAUSTO CRUZ, un orificio de bala a nivel axilar y del hombro derecho en su parte anterior; igual número de orificios se observa por la parte posterior, todos son orificios de salida de proyectiles. Otro orificio de entrada nivel de la parte media del antebrazo derecho por su cara lateral y salida del mismo nivel por la cara interna. Otro orificio de entrada en la línea axilar anterior derecha a nivel de la sexta costilla, sin orificio de salida, se le extrajo una bala a nivel de la línea clavicular izquierda a la altura de la duodécima costilla… Luego reconocí el cadáver de FRANCISCO COLINDRES quien presenta orificio de bala a nivel de la axila derecha, articulación externo clavicular derecha y mango del esternón. Todas en la región del tórax, orificio de salida en el cráneo, a nivel del hueso temporal en su porción izquierda; hay salida de masa de masa encefálica; orificio de bala paravertebrales izquierdos a nivel de la décima y duodécima costilla. No hay orificios de salida. Orificio de entrada a nivel del ángulo mandibular izquierdo. Después pasé a reconocer el cadáver de ALEJANDRO FIGUEROA, quien presentaba un orificio de entrada de bala por la línea media clavicular izquierda a nivel de la octava costilla, a un centímetro de distancia se encuentra otro orificio de entrada de bala. Otro orificio de proyectil en la línea axilar media derecha nivel de la quinta costilla. En ambos se observan orificios de salida. Otro orificio de entrada de bala a nivel medio del antebrazo izquierdo por su cara lateral y de salida al mismo nivel por la cara interna. Orificio de entrada de bala en la parte media del hueso frontal con salida a nivel del parietal derecho. Se observa salida de masa encefálica. Orificio de entrada de proyectil por la parte posterior del hombro izquierdo y salida por la región anterior. Seguidamente se reconoció el cadáver de MIGUEL BARAHONA TORRES, quien presentaba orificio de bala a nivel medio del hueso frontal con salida de masa encefálica. Todos los cadáveres reconocidos, las heridas que recibieron de proyectiles de arma de fuego eran mortales de necesidad y las que les produjeron la muerte instantáneamente. En el hospital San Francisco he reconocido al herido MAXIMO AGUILERA SORIANO, quien presenta orificio de entrada de bala a nivel del hombro izquierdo sin orificio de salida. Hay parálisis completa de los miembros inferiores, lo que indica que hay sección medular completa al nivel de la segunda y la tercera vértebras dorsales. Quedará invalido en caso que no muera. Las curaciones de las heridas superficiales curaran en un mes. También reconoció en el mismo centro de salud al señor LORENZO ESPINOZA OLIVERA, el que presenta orificio de entrada de proyectil en el cráneo a nivel del hueso occipital, lo que indica que únicamente lesionó el cuero cabelludo. Tiempo de recuperación diez días. Y leído que le fue su dictamen lo ratificó y lo firmó” (Juzgado de Letras, Juticalpa, Olancho, 25 de junio de 1975, Archivo de Daniel Torres Tamos, páginas 1, 2, 3) Miguel Barahona Torres, era soldado de la Región Militar de Olancho, miembro de la patrulla militar que asaltó al Centro Santa Clara; y que fuera muerto, presumiblemente, en el intercambio de balas, por el guardia del Centro, Alejandro Figueroa, por el impacto de una bala 38.

66. Denuncia de ADOLFO DIAZ, contra dirigentes campesinos, profesionales, políticos y trabajadores del Centro “Santa Clara”.

Ramón Velásquez Nassar

El 28 de junio, tres días después del asalto al centro Santa Clara, el Mayor de las FFAA, Adolfo Antonio Cristóbal Díaz, -- militar de “línea”, no egresado de la Escuela Militar Francisco Morazán --  en su condición de Jefe de la Séptima Región de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), tres días después de haberse ajusticiado a algunos de los dirigentes y trabajadores del Centro Santa Clara que habían sido  llevados al presidio de Juticalpa, incluido el padre Casimiro Cypher y cinco personas más: el padre Iván Betancourt, María Elena Bolívar y  Ruth García Mayorquin, que fueron asesinados en la Hacienda los Horcones,  compareció ante el Juzgado de Letras de Juticalpa, “denunciando a los individuos Adán Palacios, Julián Lagos Álvarez, Rodolfo Sorto Romero, Pedro Mendoza, Wilmer Suazo, Miguel García, Adán Amador, Carlos A. Amador, Faustino Rodríguez, Lincoln Coleman, Esteban Mejía, Antonio Hernández, Luis Coleman, Carlos Landaverde Barnica, Orlando Iriarte, Horacio Carias Rico, José Paz Casco Marroquín, Julián Acosta Navarro, Francisco Zelaya Dávila, Roque Andrade Madrid, Oscar Ortiz Ruiz, Miguel Álvarez Melcher, Luis Ulloa Godoy, Juan Benito Montoya, Bernardo Rivera Irías, Cayetano Rosales Jiménez, Carlos Orlando Sánchez, Máximo Soriano, Lorenzo Espinoza, Miguel Ángel Ortiz Ruiz, María de Zelaya, Lucas Aguilera, Ramón Velásquez, José María Maradiaga, Lázaro Gonzales, Héctor Zelaya, Luciano Rubio y Efraín Figueroa, por los delitos de Asesinato Consumado, Homicidio Frustrado, Disparos de Arma de Fuego, Agresión, Lesiones y Atentado en Contra de la Autoridad y sus Agentes, Resistencia y Desobediencia”. En la presentación de los hechos, el Mayor Díaz, declara que “ el  día 25 de junio del presente año, 1975, a las diez de la mañana, se produjo en esta ciudad, un ataque armado sin motivo justificable de elementos pertenecientes a la UNION  NACIONAL DE CAMPESINOS, contra una manifestación pública y pacífica de profesores y alumnos de las escuelas locales que se aproximaban al Centro Santa Clara convertido en Cuartel General de la Unión Nacional de Campesinos del departamento de Olancho, dispersando estos a tiros a los manifestantes desde el interior del edificio indicado; que ante tal situación grave que alterase el orden público en esta ciudad, un pelotón de las Fuerzas Armadas de este departamento, llego de inmediato al lugar de la balacera con el objeto de restablecer el orden publico y cuando Jefe del mismo, oficial Norman Altamirano Serrano y personal de tropa se aproximaron al local del Instituto Santa Clara donde estaban os campesinos, dicho jefe ejerciendo las funciones de su cargo, pretendió establecer comunicación con los ocupantes en forma pacífica, cuando inesperadamente fue atacado con disparos de armas de diversos calibres, disparos que causaron la muerte de uno de sus efectivos o agente que respondía al nombre de ANGEL BARAHONA TABLADA, presentándose así tenaz resistencia a la Autoridad Publica que se hallaba ejerciendo las funciones de su cargo; que ante tal situación la Fuerza Armada se defendió del ataque de que era objeto y para someter a sus atacantes, tomó el edificio militarmente pereciendo para someter a los criminales, los individuos FAUSTO CRUZ, FRANCISCO COLINDRES, ALEJANDRO FIGUEROA E INES ARNULFO GOMEZ MARTINEZ. Que los campesinos denunciados y autores de los  hechos anteriormente relatados, sigue diciendo el Mayor Díaz, Jefe de la FUSEP de Olancho, “ constitutivos de los delitos de ASESINATO CONSUMADO, HOMICIDO FRUSTRADO, DISPAROS DE ARMA DE FUEGO, LESIONES Y ATENTADO A LA AUTORIDAD, cometieron además el delito de homicidio frustrado en perjuicio del soldado EFRAIN CRUZ HERNANDEZ, el que fue atacado a tiros o disparos de arma de fuego, cuando la autoridad militar pacíficamente trataba  de solucionar el problema; lesiones en las personas que resultaron heridas en el ataque alevós de los campesinos parapetados en el edificio Santa Clara y Homicidio Consumado en las personas de FAUSTO CRUZ, FRANCISCO COLINDRES, ALEJANDRO FIGUEROA E INES ARNULFO GOMEZ MARTINEZ al enfrentarlos contra la autoridad que restableció el orden; resultando además heridos los campesinos MAXIMO (AGUILERA) SORIANO Y LORENZO ESPINOZA”( Adolfo Antonio Díaz, Jefe de la Séptima región de la FUSEP, 28 de Junio, págs. 9, 10).

Como testigos, el militar presenta a las personas siguientes: Norman Altamirano Serrano, militar; David Artica Tablada, militar y Jefe del Presidio de Juticalpa, Guillermo Ayes Mejía, profesor, Director Departamental de Educación Primaria, Josefina Zapata vda. de Romero, Oscar Humberto Ayala, Mario Salgado Tamayo, Antonia Meza de Rubí, Amparo Cruz de Cerrato, Esmeralda Cruz Montes, Ofelia Zavala vda. De Sarmiento, Norma Cálix de Rosales, profesores de educación primaria de las escuelas que habían sido convocadas por Ayes Mejía para que se apostaran frente al Centro Santa Clara, exigiendo la devolución del edificio que había sido “construido con bienes y aportaciones de los olanchanos” según dijo después Ayes Mejía. Además “pide que se practique una inspección  personal del señor Juez asociado a su Secretario, en el lugar se los sucesos, para determinar los lugares donde estaban “afortinados” los atacantes; así mismo se ofrece presentar oportunamente a ese juzgado, las armas, municiones, explosivos y demás implementos bélicos que estaban en poder de los delincuentes y que les fueron decomisados, para su correspondiente peritaje y que obren en el proceso como piezas de ejecución y convicción; ofreciendo presentar además oportunamente la propaganda subversiva que les fuera decomisada; además pido: se libren los correspondientes comunicaciones a los secretarios Municipales y Encargados del Registro Civil, de los lugares donde fueron asentadas las correspondientes defunciones, para que certifiquen las correspondientes partidas de defunción que acrediten la muerte de las personas fallecidas en los hechos delictuosos  denunciados”( Adolfo Antonio Díaz, págs. 17, 18).

El edificio a que alude el mayor Díaz, estaba “ocupado por unas 25 personas aproximadamente quienes al ver aproximarse la manifestación – día de deportes según los profesores  testigos del mayor Díaz – cerraron las puertas, ya que se corrió la voz de que quienes se acercaban eran los ganaderos, habiéndose oído un primer disparo del segundo piso de dicho edificio entrando a continuación elementos civiles identificados como agentes del DIN” (Serapio Hernández Castellanos, Procuraduría General de la República, Acusación, pág. 2).

Los testigos citados por el compareciente, confirmaron que venían hacer prácticas deportivas en la Plaza Belén, situada al frente del Centro Santa Clara y que cuando, estaban allí con sus alumnos, escucharon un disparo que procedía del Centro de Capacitación, que temerosas dispersaron a los alumnos y ellas se parapetaron detrás de unos ladrillos. Y se fueron para su casa. Una de ellas, Norma Cálix de Rosales, agrega que las fuerzas armadas llegaron a dicho edificio de Santa Clara “después de haber oído los tiros dentro del edificio”. Ninguno de los testigos mencionados, vieron a la patrulla militar comandada por el señor Altamirano Serrano cuando abrió fuego y entro violentamente al Centro de Santa Clara, sin orden judicial y produjo la muerte de por cinco personas -- uno de los atacantes,  el hermano del señor Artica Tablada Jefe del Presidio de Juticalpa--  y las heridas superficiales de uno de sus soldados. En declaraciones a los periódicos, el profesor Ayes Mejía – unos días después—dijo que él había organizado la manifestación para reclamar el uso del centro para atender necesidades de espacio en las escuelas bajo su mando. Pero lo que más llama la atención es que el Juez no interrogó a Altamirano Serra, jefe de la patrulla que atacó Santa Clara, aunque había provocado la muerte de cuatro personas y herido a dos. Y tampoco se hace constar que uno de los muertos en el asalto que se agrego a la patrulla militar, era hermano del señor David Artica Tablada, jefe del Presidio de Juticalpa, es decir que era parte agraviada; y que, en consecuencia, tenía interés, como se demostró posteriormente – en la misma pieza judicial que estamos estudiando -- en la ejecución de los delitos que antes se habían cometido en la Hacienda Los Horcones. Y los peor, que el mayor Adolfo Díaz, Jefe de la Séptima Región Militar, cuando presentó el requerimiento en contra de los implicados en las acciones subversivas, tenía información que varios de sus subordinados habían participado en la ejecución del crimen del 25 de junio. Incluso, el había colaborado prestando una grabadora suya, para que uno de sus subordinados grabará el interrogatorio del padre Iván Betancourt durante las torturas a las que se le sometió antes de ser asesinado de dos balazos. (Serapio Hernández Castellanos, Acusación de la Procuraduría General de la República, 25 de julio de 1975 pag.4) Y en vez de poner tal información al servicio de la justicia, deliberadamente distrajo la atención del juez – que tampoco tenía interés en que se conociera la verdad-, para que se dedicara a investigar en la dirección que le parecía mejor para encubrir el delito. Este de alguna manera, después de oír a los testigos y los rumores que circulaban en la ciudad, en el Valle de Lepaguare y otros datos que aparecían en los periódicos, sólo vio en  otra dirección, hasta cuando llegó a su conocimiento que había llegado de Tegucigalpa una Comisión Militar de Alto Nivel y que usando los medios de la FUSEP y el Departamento de Investigación Nacional locales que el Juez emitió “el por cuanto” que a la lera dice “ ahora que son los ocho de la mañana  y habiendo sido requerido por la Comisión de Investigación Militar de Alto nivel de los Crímenes de Olancho, para que me traslade a un lugar de la Hacienda de los Horcones y más propiamente a un punto donde se encuentra un pozo de malacate de gran profundidad y de propiedad del señor don José Manuel Zelaya Ordoñez y queda inmediato a los aserraderos Pecas número 1 de propiedad de los hermanos Casanova y en la parte oriental, en donde se han sustraído o sacado siete cadáveres. Por tanto: hágase la inspección ocular por el suscrito Juez de Letras y asociado del secretario de actuaciones por la ley, nómbrese peritos para el reconocimiento de tales cadáveres y de los demás que aparezcan, a los doctores José Raúl García Cruz, médico forense de esta localidad y don Ubence Cálix Solís, Jefe de la Séptima Región Sanitaria del departamento de Olancho, hágaseles saber de dicho nombramiento para su aceptación y demás fines ( Augusto Bustillo, Juez de Letras, Juticalpa, pág. 40, Expediente Criminal”).

67. Dictamen de los forenses sobre los 9 cadáveres sustraídos del pozo malacate.

Ruth Argentina García Mayorquin

Los médicos García Cruz y Calix Solís, con el apoyo de los médicos “militares” Jacobo Palma Molina y Francisco Reyes Mayes, que no fueron autorizados por el Juez Bustillo, procedieron “ al conocimiento de los siete cadáveres que habían sacado de un profundo pozo de malacate de propiedad del señor José Manuel Zelaya Ordoñez y en horas de la mañana de este día (16 de julio de 1975) y los que al ir reconociéndolos por su orden se les fue numerando en orden sucesivo, así el cadáver número 1 correspondió a la persona de RUTH GARCIA MAYORQUIN, con una talle de 1.50 (un metro cincuenta centímetros) y de complexión delgada, el color de la piel no  se le pudo determinar por lo avanzado de la putrefacción, vestía blusa estilo camiseta, color azul con lunitas blancas, de mangas largas, pantalón largo y de color azul oscuro; cráneo destruido por fracturas y desarticulación de la bóveda craneana y gran parte del macizo facial y con ausencia del pie izquierdo. Cadáver número 2: MARIA ELENA BOLIVAR, con una talla de 1.50 un metro cincuenta centímetros y de complexión delgada, el color de la piel no se pudo determinar por el grado de descomposición; pero vello pubiano era castaño; tenía un pañuelo azul al cuello, vestía camisa manga larga y de color azul, blúmer estilo bikini y calado y de color rojo, medias tipo calceta, con pérdida del cráneo totalmente y una fractura del fémur derecho. Cadáver numero 3: BERNARDO NASARIO RIVERA IRIAS; estatura de 1.84 y de complexión fuerte, el color de la piel no se pudo determinar por el grado de avanzada descomposición, tenía calzoncillos tipo trusa color blanco; cráneo completamente destruido, el tronco con exposición de intestinos por extensa herida en el flanco izquierdo; vello pubiano color negro, con fracturas en la tibia y el peroné del miembro inferior izquierdo; con ausencia del pie izquierdo. Cadáver numero 4: IVAN BETANCOURT (padre) con estatura de 1.70 un metro setenta centímetros de comprensión fuerte; el color de la piel no se pudo determinar por lo avanzado de la descomposición bacteriana; vestía camiseta abierta, llevaba calcetines y calzoncillo estos aparentemente de color blanco, cráneo con fractura al nivel temporal derecho y estaba dicho cráneo casi integro. Cadáver numero 5: RAMON ROQUE ANDRADE MADRID con una estatura de 1.70 un metro setenta centímetros y de complexión delgada; el color de la piel no se pudo determinar por lo avanzado de la putrefacción del cadáver; vestía camiseta “teeshert” con mangas, calzoncillos aparentemente de color blancos; cráneo totalmente destrozado por fracturas y desarticulaciones; el tórax con fracturas expuesta del esternón y tercera costillas; extensa solución de continuidad en el muslo derecho, el resto de los miembros íntegros, pero en estado de franca descomposición bacteriana. Se le encontró un anillo de graduación en el dedo anular de la mano derecha que tenía la siguiente inscripción: Inst. 18 de noviembre, 1971: Maestro de Educación Primaria y más las iniciales del nombre R.A.M. Cadáver número 6: MICHAEL JEROME CYPHER.(Padre Casimiro) Estatura de 1.60 un metro sesenta centímetros y de complexión robusta, sin ropas, el color de la piel no se pudo determinar por el grado de avanzada descomposición del cadáver; el cráneo con fractura fronto temporal derecho, fractura conminuta y total de los maxilares superiores; hay ausencia del pie derecho. Cadáver numero 7: LINCOLN COLEMAN FUENTES, con estatura de 1.55 un metro cincuenta y cinco centímetros y de complexión delgada, vestía camiseta calada de mangas y de color blanco, cráneo fracturado a nivel de la región pareto—occipital derecha y en la parte de la base del cráneo; el color de la piel no se le pudo determinar por el grado de descomposición avanzada; el tronco no presenta lesiones, extremidades con ausencia de las partes blandas y en completo estado de descomposición. (Todos los cadáveres reconocidos fueron preparados por los médicos militares doctores don Jacobo Palma Molina y Francisco Reyes Mayes y metidos en sus respectivos ataúdes, tres de los cuales fueron conducidos a la capital de la república para ser entregado a sus familiares para su enterramiento definitivo). Cadáver numero 8: JUAN BENITO MONTOYA, con una talla de 171 metros un metro setenta y un centímetro y de complexión robusta, no se le pudo determinar el color de la piel por el grado de avanzada descomposición; tenia atadas las manos por detrás del tronco con fuertes cuerdas de nylon de los dedos pulgares y muñecas de las manos; vestía calzoneta de color oscuro de tela corriente; el cráneo integro en su parte ósea y con perdida de las blandas del mismo, el resto del cadáver estaba integro. Cadáver número 9. OSCAR OVIDIO ORTIZ RUIZ, sin cráneo, con una estatura de 1.70 un metro setenta centímetros y de complexión delgada; vestía calzoncillos aparentemente de color azul; tenia las manos atadas con fuertes cuerdas de nylon por delante del tronco y que le sujetaban de los pulgares y de las muñecas de las manos, con ausencia del tercio distal de la pierna derecha. (Estos dos cadáveres reconocidos fueron debidamente arreglados y metidos en sus respectivos ataúdes por los doctores militares don Jacobo Palma Molina y don Francisco Reyes Mayes) (Inspecciones oculares, 17, 18, 19 de julio de 1975, Proceso Judicial, Juzgado de Letras Juticalpa, Olancho, págs. 41, 42, 43, 44). 

(CONTINUARÁ)