Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XXIV)

Anales Históricos

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PARTE XXIV

Juan Ramón Martínez

Chinchilla poniéndose en forma. “Aun en medio de su encarcelamiento, el mayor José Enrique Chinchilla sigue siendo amigo de las “buenas formas”. Aquí lo vemos en su sesión matinal de gimnasia que realiza en un patio situado atrás de la Penitenciaría Central”. (Diario Tiempo).

76. Las declaraciones de dos co-autores de los asesinatos

Las declaraciones de los militares implicados en el caso de los Horcones, Lepaguare, tienen una constante. Niegan los hechos. La de los civiles, como lo hemos visto antes, aceptan que fueron “testigos” de los hechos, que no participaron en la ejecución de los asesinatos y que la acción de masacrar a las personas en la Finca Los Horcones, fue una típica acción militar en la que los civiles no tenían que intervenir. 

Carlos Bärh Alvarado, el 30 de julio de 1975, rindió declaración ante el Juez Orellana del Primero de Letras de Tegucigalpa. Después de dar su nombre, declara que tiene 49 años de edad, que está casado, graduado de ingeniero mecánico, con residencia en Lepaguare, departamento de Olancho, de nacionalidad hondureña, nacido en la Lima, Cortés, el 3 de marzo de 1927, que tiene cuatro hijos: Carlos Eduardo de veinte años, Gloria María, de 18 años; Judy de 17 años y Jackeline de 15 años habidos con su esposa Piedad Mazony de Bärh. Que sus padres ya son fallecidos y que respondían a los nombres de Enrique Barh y María Alvarado, que sabe leer y escribir, que no profesa ninguna religión, pero que es creyente en Dios, que no tiene apodo o sobre nombre conocido; y que nunca antes de ahora ha sido procesado por ningún delito o falta. 

Que el día de los hechos y en que se produjo el asalto al Centro Santa Clara, se encontraba en la pista de aterrizaje de Lepaguare, esperando una avioneta que venía de Tegucigalpa con un empleado del aserradero Pecas (Pedro Casanovas) Número Uno del cual el deponente es superintendente. Que se encontraba en compañía de Manuel Zelaya Ordoñez, José Mejía, Mario Mejía y otras personas que viven en los alrededores de la pista. Después de haber dejado al pasajero que él esperaba, la avioneta alzó vuelo, esta vez llevando como pasajero a Manuel Zelaya Ordoñez que se dirigía hacia Juticalpa. Que, a las once de la mañana, estando en el mismo aeropuerto donde esperaba el regreso de la avioneta y a Manuel Zelaya Ordoñez, y que por medio del radio del carro escuchó sobre lo ocurrido en Juticalpa. A la cinco y 15 de la tarde la noticia le fue confirmada, cuando llegó a Lepaguare en la avioneta indicada antes, el señor José Manuel Zelaya Ordoñez, quien le manifestó que se había tardado porque en la avioneta el Mayor Enrique Chinchilla había hecho un viaje a Tegucigalpa y que por eso se había tardado en regresar. 

Dice que a la 1: 30 de la madrugada del día 25 de junio, “cuando llegó un convoy a Lepaguare tres vehículos: uno militar ocupado por el chofer y por el Mayor Chinchilla y dos civiles; otro vehículo del sargento Ártica ocupado por el conductor Enrique Erazo de la FUSEP, dos soldados del VI Batallón y seis detenidos; y el tercer vehículo jeep, propiedad de Manuel Zelaya ocupado por un conductor civil y tres agentes del DIN, los cuales hicieron un transbordo en los vehículos que los esperaban al otro lado del puente”. Que después se dirigió hacia la casa hacienda Los Horcones donde noto que se encontraban efectivos militares adicionales y “procedieron a bajar los prisioneros que había sido transportados en el pickup, ordenándole al deponente y al señor Manuel Zelaya, permanecer fuera del edificio o casa hacienda, ya que el interrogatorio se iba efectuar en el interior de la casa y que el mismo era secreto y muy confidencial por razones militares; que esta orden les fue dada por el Mayor Chinchilla. Aproximadamente unos veinte minutos después que habían llegado los prisioneros se escuchó la primera detonación, después otras dos más a intervalos iguales; en ese momento el señor Zelaya comentó entre el declarante y el señor Bayardo Mejía Torres que los prisioneros estaban siendo masacrados; y dispuso apersonarse en el lugar de los hechos, pero cuando lo hacía se le interpusieron los soldados, pero en ese momento salía de la casa el Mayor Chinchilla, reclamándole el señor José Manuel Zelaya, contestándole este: no te metas en estos asuntos, que son estrictamente militares y estoy obedeciendo órdenes y retírate a donde estabas, retirándose el señor Zelaya a donde se encontraba al declarante ante la imposibilidad de evitar lo que estaba sucediendo”. 

Después Chinchilla, llamó a Zelaya para que fuera a inspeccionar el pozo donde iban depositar los cadáveres. Coincidiendo en esta parte de su declaración en la narración de los hechos, con la declaración que había dado ante el mismo juez Orellana el señor Manuel Zelaya Ordoñez.

77. El testigo que le fallo a la Procuraduría

David Ártica Tablada, ex jefe del presidio de Juticalpa.

Entre los testigos que la Fiscalía General de la República presente en la declaración de imputados en contra de Chinchilla, Plata, Zelaya, Bärh, Ártica y otros, dos testigos son resaltados: un agente del DIN que había participado en los interrogatorios, torturas y asesinatos y que había rendido declaración ante la Comisión Militar de Alto Nivel y el ganadero Bayardo Mejía Torres, vecino de Lepaguare y parte de una numerosa familia. Se hacía la broma que el papá de los Mejía era el más prolífico de la zona: “que tenía 50 hijos”. Bayardo Mejía Torres se presentó el día 16 de septiembre de 1975 ante el juez Augusto C. Bustillo en Juticalpa para ampliar las declaraciones que había dado el 1 de agosto anterior, en vista de haber citado por los declarantes Zelaya y Bärh, como que había estado en el lugar en donde se cometieron los actos en que murieron nueve personas y arrojados sus cadáveres en un pozo de malacate. 

En la primera declaración hecha ante el mismo juez, el deponente estableció que no tenía conocimiento alguno de los hechos ocurridos el 25 de junio de 1975. Que no estuvo en ninguno de los lugares mencionados y que no sabe nada sobre lo ocurrido y quien lo cometió los mismos, excepto por los rumores y comentarios y por las publicaciones de los periódicos. Ahora, el declarante, en su segunda comparecencia en la que dos testigos confirman que estuvo presente en los Horcones la noche del 25 de junio y la madrugada del 16 siguiente día, “niega haber estado en la hacienda Los Horcones de propiedad del señor José Manuel Zelaya Ordoñez el 25 de junio al amanecer el 26 de junio del mismo mes y le causa extrañeza de que los referidos señores Bärh Alvarado y Zelaya Ordoñez, lo mientan como habiendo estado presente con ellos el día de los acontecimientos; o sea cuando aparecieron asesinados el padre Iván Betancourth y otros. Y que no tiene más datos que dar”. 

El juez, no le interrogó para saber que hacía en las horas en que los dos encausados, Zelaya Ordoñez y Bärh Alvarado lo mencionan como acompañante y testigo de los hechos investigados. Posiblemente el juez, supo que el testigo estrella de la Contraloría, se había echado para atrás; y pese a su promesa de declarar bajo juramento, todo lo que había visto, al final, se retractó sin explicación alguna. Perdiendo la Controlaría General de la República a su testigo estrella que, por razones desconocidas, no confesó lo que sí hicieron sus compañeros Zelaya Ordoñez y Barh Alvarado. 

78. Los Horcones, ¿una acción militar dirigida desde Tegucigalpa? 

Benjamín Plata, en el interior de la PC.

De las declaraciones rendidas por Chinchilla, de la denuncia del Jefe de la FUSEP en Olancho Adolfo Díaz –tres días después del asalto del Centro Santa Clara por parte de tropa comandadas por el teniente Altamirano, y las informaciones proporcionadas por Manuel Zelaya Ordoñez, es fácil concluir que en la mente de los militares estaba configurada la idea que la situación en Olancho era muy complicada, que entre varias posibilidades se enfrentaban a un movimiento armado, originado en el conflicto entre ganaderos y campesinos; y que en consecuencia, debían reaccionar de conformidad. El mayor Enrique Chinchilla, solo tenía 21 días en el cargo, y según sus declaraciones posteriores “había sido enviado a pacificar el departamento” de forma que el conocimiento de las circunstancias de Olancho, las fuerzas enfrentadas y el liderazgo más oportuno entre los protagonistas, era de segunda mano; y además muy limitado.

Pero de igual manera, aunque contradictorio, su conducta es ordenada, lógica y coherente dentro de un esquema de claridad del enemigo, sustancialidad de las acciones; y claros los objetivos a buscar con las acciones legales y delictivas. Además, es evidente que la acción que inicia el profesor Mejía Ayes, consistente en la manifestación de los maestros y escolares, formaba parte de un plan articulado porque no se puede creer que nada de lo ocurrido haya sido espontáneo. Y que él, respalda el plan y participa en forma activa, más allá de sus obligaciones porque debió reservarse dejando que el problema fuese manejado inicialmente por la Policía, para después intervenir solo si era necesario. Su afán de protagonismo es enfermizo. 

Por el análisis de los tiempos, está claro que hubo un plan de exterminio del movimiento social cristiano, tendente a desprestigiar y expulsar a los sacerdotes y laicos comprometido con la Iglesia Católica y darle salida a un fermentado odio en contra del padre Iván Betancourth que, en los hechos, no hay pruebas que confirme relación con los hechos originales, es decir la marcha campesina, en la cual no tenía ninguna participación. No cabe duda, además, que el clima en contra de los campesinos y la actitud de estos en favor de la obtención de tierras, tiene un lejano antecedente: la expulsión de los campesinos salvadoreños por parte de las FFAA dirigidas entonces en ese departamento por el coronel Lisandro Padilla, que efectuó con varios oficiales que rodeaban posteriormente a Chinchilla, una acción global y terrorífica que provocó el maltrato de muchos campesinos salvadoreños que todavía no ha sido estudiada y documentada.

Además de ser expulsados, sus tierras fueron confiscadas y apropiadas por terratenientes vecinos; e incluso por miembros de las Fuerzas Armadas. De allí que haya que creer que las instrucciones provenían de la oficina de inteligencia del gobierno que entonces dirigía el coronel José Jorge Solórzano. Y la afirmación del jefe militar de Olancho, en el sentido que “somos nosotros (los militares) los que estamos mandando”, nos hace creer que, en efecto, el realizaba acciones de defensa de un régimen que era suyo, protegía intereses de los ganaderos amigos que eran sus compañeros de lucha en contra de los sectores populares; y que, además, creía que estaba siendo amenazado por una revuelta comunista en la cual estaba involucrados los sacerdotes, encabezados por Iván Betancourt. 

En fin, la declaración de Manuel Zelaya Ordoñez, que dice –mostrando la grabación en donde hacen confesar con torturas acciones de preparación de guerrillas en Olancho dadas por el padre Iván antes de ser asesinado– indican que él sabía lo que buscaba; y que era obvio que cumplía órdenes, porque de otra forma no se habría mostrado tan gratificado por la acción; ni siquiera tan seguro de relacionar costo y beneficio de una acción en la que se había manchado las manos de sangre. En fin, llama la atención la frialdad del mayor Chinchilla, el teniente Plata y el sargento Ártica, Dan la impresión de haber sido educados y entrenados para matar sin ningún escrúpulo o arrepentimiento alguno. 

Los agentes del DIN y los soldados, llama la atención que proceden en contra de las demás personas como si fueran enemigos extranjeros que amenazan la existencia de Honduras. Prevalidas de su superioridad los militares mostraron que eran capaces de quitarles la vida a cualquier persona, fruto de un entrenamiento irracional en el que se acepta y cumplen órdenes en contra de la vida, solo porque provengan de un superior. El sentimiento de impunidad que se aprecia en las declaraciones de Manuel Zelaya, referidas a Chinchilla que le indica que los actos cometidos ante tantos testigos, aunque los lleven a la cárcel, confirma que la masacre además de planificada, se tenía el convencimiento que sus actores tenían la seguridad que no serían castigados; y que, si por alguna razón eran denunciados, sus compañeros los protegerían, como en efecto ocurrió. 

Chinchilla, jamás volvió a las FFAA; pero nunca le faltó empleo en el gobierno: durante el resto de su vida, después de haber sido favorecido por una amnistía pactada entre los militares y los liberales y nacionalistas, fue sacado del país y formó parte del servicio diplomático, pese a su antecedentes criminales, hasta su muerte ocurrido hace pocos años en San Pedro Sula en donde está enterrado.

79. Conclusiones de las “partes”. 

Simón Molina Ramos, defensor de los militares implicados en los asesinatos del 25 de junio de 1975.

Los testigos presentados por la acusación y la defensa, fueron numerosos. Mucho de ellos —especialmente los citados por los abogados de la victimas— no se presentaron porque en defensa de sus vidas abandonaron sus lugares de residencia en Olancho y establecieron su domicilio en diferentes lugares de la república y del exterior. Una rápida clasificación permite ordenarlos en la forma siguiente: los citados por la Contraloría que quería con su participación que se juzgara sólo parcialmente el asunto sin vincular a la cúpula capitalina de donde habían salido las supuestas órdenes para que Chinchilla se portara en la forma que lo hizo con la promesa de no entrar a la cárcel. También es interesante que el ganadero Bayardo Mejía, se negara a satisfacer su compromiso por temor a ser encarcelado; y al momento negó todo e incluso, ratificó bajo juramento que no había estado en el lugar que más de dos testigos confirmaron que estuvo. 

Las declaraciones de los militares implicados siguieron el mismo carácter: negar conocimiento de los hechos, participación en los mismos y declararse inocentes. Los otros testigos, las personas comunes y honradas, la mayoría de ellos sin bienes o arraigo en los pueblos cercanos a la masacre, dijeron con lujo de detalles lo que habían visto: tanto la captura del padre Iván Betancourth y María Elena Bolívar, Ruth García Mayorquin por el teniente Plata, la persecución de la que fue objeto, así como la implicación de los señores Zelaya Ordoñez y Bärh Alvarado en el crimen de Los Horcones. Y en tercer lugar los testigos del Asalto de Santa clara que fue igualmente público y, además, hecho en horas del día. Estos testigos fueron menos complicados y muy claros en sus exposiciones.

En las conclusiones de este crimen, quedó confirmada la responsabilidad de los militares en el caso del asalto al Centro de Santa Clara y la muerte de cinco personas entre ellas, uno de los atacantes, hermano del Jefe del Presidio de Juticalpa. Además, la Contraloría dejo suficientemente comprobado que el mayor José Enrique Chinchilla, sustrajo del presidio a seis personas, en paños menores, amarradas de los dedos con hilos de nylon; y llevadas a la Finca Los Horcones, donde fueron asesinadas y arrojados en un pozo malacate en la mencionada finca, los cadáveres para sostener una supuesta fuga de los mismos. 

Y también está comprobado que el teniente Plata, subordinado de Chinchilla capturó, frente a innumerables testigos, al padre Iván Betancourth, María Elena Bolívar y Ruth García Mayorquin y que fueran llevados a la Finca Los Horcones, en donde fueron interrogados para después –como lo reconocen los co-partícipes Manuel Zelaya Ordoñez y Carlos Bärh Alvarado– fueron asesinados por Chinchilla, Plata y agentes del DIN traídos de Juticalpa. Y para frenar el uso de la obediencia debida, la contraloría afirma que “sus superiores le dieron órdenes para mantener la seguridad, pero esas órdenes no lo autorizaban para realizar las acciones delictivas apuntadas, y además el acusado no habla que actuó en obediencia debida, que de haberla alegado y probado traspasaría su responsabilidad a sus superiores. Por otra parte, el señor Chinchilla es una persona preparada, con la suficiente capacidad para distinguir la legalidad o ilegalidad de una orden”.

Por su parte el Fiscal del Juzgado de Letras de Juticalpa, Julián Mendoza Ramírez sostuvo en el escrito correspondiente que el concepto de autoría, complicidad y encubrimiento no están claros en el expediente del caso; y en ausencia de esos presupuestos procesales, “no cabe más que la absolución de los encausados”.  Por su parte el abogado Carlos Alberto Gómez Moreno, apoderado sustituto de la Contraloría General de la República, en sus conclusiones establece que de acuerdo con los testigos y las pruebas presentadas, se “deja establecida la responsabilidad criminal de los civiles y militares acusados por las muertes de las personas que perecieron asesinadas en el  Centro denominado Santa Clara, y el traslado  de otras que se encontraban dentro del mismo presidio de Juticalpa, los cuales fueron golpeados, humillados y amenazados”. 

Con lo anterior, la Contraloría prueba que los presos sustraídos del Presidio de Juticalpa, estaban bajo custodia y cuidado del Mayor Enrique Chinchilla. Que los testigos “Josefa Irene Reyes Galindo, Efraín Chávez Martínez, José Jacinto Cantarero Ramos, Francisca Matute de Rodríguez, Eduardo Padilla Zelaya, José Ángel Cambar Medina, Julio Mendoza Pereira, José Ramón Matute Mejía, Graciela García Guifarro, Luis Alfonso Burgos Galdámez, Ernesto Díaz Colindres, Víctor Manuel Flores, Néstor de Jesús Cubas, Alfredo Rivera Ramos, Fernando Díaz Colindres, José Isaías Martínez Mejía, Santos Jiménez Maldonado, Mario Mejía Torres, Miguel Rafael Moncada Torres, Santiago González Martínez, Tulio Hernán Duarte Romero, Jorge Federico Sevilla, Enrique Donaire Avilés, Jorge Alberto Moncada Jiménez, Bayardo Mejía Torres (contradice a Manuel Zelaya Ordoñez y Carlos Barh, pues niega haber estado en Los Horcones), Felipe Mejía Leiva (habla de que Manuel Zelaya andaba un dinero), Nilo Cesar, Hernán Rivera, Carlos Cruz Santos (Plata le pidió el tractor y la dinamita) y Casto José Amador, queda plenamente demostrado que el teniente Rodolfo Plata, Santos Eugenio Alemán y otros soldados capturaron al padre Iván Betancourt y a dos señoritas que después aparecieron asesinadas en Los Horcones, sin encontrarse otra explicación de sus muertes que no sea la de que murieron en poder de sus captores. Estos mismos testigos se encargan de acreditar que los señores Carlos Barh y Manuel Zelaya Ordoñez andaban libremente practicando actos de cooperación indispensables para los hechos que terminaron con las personas aparecidas en Los Horcones, digo libremente, porque no hay ninguna prueba en el proceso que demuestre lo opuesto, por el contrario las hay de que andaban espontáneamente; para el caso, los carros de estos fueron utilizados en los hechos sangrientos, y ellos mismos  buscando gente para detener campesinos. Y hay más todavía, el señor Bärh fue visto por varias personas registrando al padre Iván Betancourth y a las dos señoritas”. “De lo expuesto anteriormente, se llega a la conclusión – que diciendo el abogado Gomez Moreno – que solamente hay dos personas, don Manuel Zelaya y don Carlos Bärh que relatan directamente el momento en que fueron asesinadas las víctimas de Los Horcones, indicando como culpables al Mayor Chinchilla, Teniente Rodolfo Plata y otros militares, e indicando que ellos practicaron actos que tienen el carácter de cooperación esencial, pero que lo hicieron por miedo, sin embargo, este extremo no lo acreditaron en autos”. 

Ante la petición que el Representante del Ministerio Público que pide la absolución de los indiciados, Gómez Moreno, con fecha 21 de se junio de 1977, dice que el Fiscal olvida que consta en autos que aquellos que obraron por un impulso idéntico y por lo tanto del hecho punible, deben ser todos igualmente responsables, es decir son autores. Y ante la dual petición del Fiscal, que pide “que se absuelva a los acusados, y decir que, desde luego no deben ser tratados con la misma medida, da a entender que es partidario que se absuelva a unos y se condene a otros, por el carácter de civiles o militares, pero la verdad de las cosas es que todos deben ser condenados en base a lo expuesto anteriormente. Basamos la condenatoria en la prueba directa existente sobre los hechos de Santa Clara, y la directa que nos da la base para la indirecta, en los sucesos de Los Horcones. Así mismo en las declaraciones de los miembros de la Comisión de Alto Nivel, testigos que declaran en base a los que oyeron decir a una de las partes, los procesados, y por lo tanto es una prueba de gran valor que el señor Juez debe tenerla en cuenta. Esta última prueba sirve de enlace de todos los hechos que están acreditados. Queremos aclarar que, en el caso del Mayor Chinchilla, no existe la obediencia debida, porque según el informe de sus superiores, le dieron órdenes de mantener la seguridad, pero esas órdenes no lo autorizaban para realizar las acciones delictivas apuntadas, y además el acusado no habla que actuó por obediencia debida que, de haberle alegado y probado, traspasaría su responsabilidad a sus superiores. Por otra parte, el señor Chinchilla es una persona preparada para distinguir la legalidad de una orden”. 

(CONTINUARÁ)