Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XXV)

Anales Históricos

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PARTE XXV

Juan Ramón Martínez 

80. La sentencia del Juzgado de Letras de Juticalpa.

El 31 de enero de 1977, el Juez de Letras del Juzgado de Juticalpa, Olancho, Licenciado Augusto C. Bustillo, dictó sentencia en los casos de asalto y muertes en el Centro Santa Clara y asesinados en Los Horcones, Lepaguare, ocurridos en Juticalpa y en Lepaguare, en el departamento de Olancho, el 25 y 26 de junio de 1975. Y en el que fueron muertas 15 personas, entre ellas, dos sacerdotes, dos señoritas, tres empleados profesionales y ocho dirigentes campesinos. Los acusados eran el mayor Enrique Chinchilla Díaz, Jefe de la V Región Militar asentada en Olancho, teniente Benjamín Rodolfo Plata Valladares asignado a la V Región Militar, teniente Altamirano Serrano de la V Región Militar, Sargento David Ártica Doblado, Jefe del Presidio de Juticalpa, el ganadero bachiller Manuel Zelaya Ordoñez, el ingeniero Enrique Bärh Alvarado, y los agentes del Departamento de Investigaciones Nacionales (DIN), Eugenio Alemán, Abelardo Carias, Rodimiro Zúñiga, Enrique Erazo, José Tomás Linares y  Efraín Cloter Montes. 

El Juez Augusto C. Bustillo amparado en las declaraciones de los testigos, que no siempre le ofrecieron todo el respaldo que necesita un juez para conocer la verdad y dictar sentencia, en el informe de la Comisión Militar de Alto Nivel, determinó condenar a quince años de cárcel a los militares Chinchilla y Plata; y absolver a los civiles y al teniente Altamirano Serrano. La decisión, inmediatamente fue muy censurada por la opinión pública y por la Procuraduría General de la República que veía afectadas sus pretensiones y por los defensores de los militares que igualmente creían que no había méritos para que sus representados hubieran recibido una pena de cárcel de 15 años y trabajos forzados. 

La decisión del juez Bustillo y los pormenores del caso, otra vez, fueron objeto de interés periodístico. Por primera vez, los periódicos conocieron las declaraciones de los indiciados. Porque inmediatamente que se supo de la apelación que presentará tanto la Procuraduría como el defensor de los militares condenados Simón Molina Ramos, los periodistas exigieron acceder al conocimiento de los pormenores del caso. Uno de los miembros de la Corte de Apelaciones, argumentando razones de tiempo que ellos necesitaban para conocer el asunto, declaró que los periodistas no podían conocer el juicio porque por ese medio se entorpecería el manejo por las partes de la respectiva documentación. El Presidente del Colegio de Abogados, el abogado Cantarero López, declaró que el magistrado de la Corte de Apelaciones, faltaba a la ley, en vista que el expediente era público y que, en consecuencia, los periodistas y el público en general, tenían derecho a conocer las interioridades del caso criminal más famoso de la historia de Honduras. 

De esa manera, los periódicos publicaron información de las declaraciones de los implicados, especialmente las de los militares que dirigían la operación en contra de la Marcha Campesina del 15 de junio de 1975 y por ello, los principales implicados: mayor Enrique Chinchilla y teniente Benjamín Rodolfo Plata Valladares, señalados como ejecutores materiales de los hechos sangrientos ocurridos en la finca Los Horcones, Lepaguare, propiedad de Mel Zelaya Ordoñez y el señor Carlos Bärh, superintendente del aserradero Pecas Número uno de la misma zona. Es interesante, además, el juicio de Gustavo Acosta Mejía, famoso comunicador radial hondureño y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y muy cercano a los padres de uno de los militares implicados en el caso, que dio declaraciones al respecto, estableciendo que el juicio era nulo porque debió haberse sustanciado en un tribunal militar. Esta tesis la mantuvo por momento el abogado Simón Molina Ramos; pero el juez Bustillo la desestimó en base a ley.

Pero, el asunto es que al final de cuentas, el teatro que montaron los militares había funcionado perfectamente. La Procuraduría General de la República, asumió la representación de los familiares de las víctimas, sin que estas le hubieran otorgado el poder correspondiente que señala la ley. Ni siquiera fueron consultadas al respecto. La Procuraduría, sólo tenía en sus manos, para basar su acusación en contra de los militares, agentes del DIN, jefe del presidio de Juticalpa y ganaderos, el Informe de la Comisión Militar de Alto Nivel que había logrado que uno de los ejecutores del acto criminal, agente del DIN, confesara y narrara con detalles, los hechos criminales del 25 por la noche y las primeras horas de la madrugada del 26 del mismo mes de junio de 1975. Por una apreciación equivocada de sus abogados, la Procuraduría General sobrevaloró la importancia del informe y se interesó poco, porque lo narrado fuese respaldo con declaraciones específicas de cada uno de los mencionados, especialmente de los investigadores y del miembro del DIN al cual le habían logrado que hiciera la confesión. 

Como el juez lo valoró oportunamente, este informe no era suficiente para condenar, sino se contaba con la declaración de los Miembros de la Comisión. Y de estos, la mayoría no quisieron comparecer ante el juez, con lo cual, de una forma sesgada, le quitaron fuerza probatoria a una declaración que el juez no valoraba sino como un indicio que necesitaba confirmación. De los coroneles miembros de la Comisión de Alto Nivel, solo dos coroneles testificaron y declararon ante el juez ante el juez. “Los coroneles mencionados son Juan Ramón Molina Cisneros, en ese tiempo Comandante del Primer Batallón de Artillería y Omar Antonio Zelaya, Ministro de Defensa por Ley, quedándose sin presentar declaraciones, el teniente coronel Leonel Fonseca López, Huber Boden Cáceres, Manuel Enrique Suarez Benavides, el mayor de aviación Marco Tulio Rivera y el teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, según una constancia emitida por el Juzgado Primero de Letras, Jesús López Orellana, fechada el 28 de octubre de 1975. Empero todo indica que el juez tuvo un ligero descuido al emitir la constancia antes mencionada, pues el coronel Molina Cisneros envió su declaración el día 9 de septiembre de 1975 y Zelaya hizo lo mismo el 29 del mismo mes y año”. (La Prensa, SPS, 10 de febrero de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Adicionalmente la calidad de estas dos declaraciones no mejoró el informe de la Comisión de Alto Nivel, puesto que repetimos fueron idénticas a las contenidas en el informe que rindiera la Comisión de Alto Nivel Militar, que se encargó de investigar los sucesos de Olancho a mediados de junio de 1975, la cual fue creada por órdenes expresas del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, máximo organismo del gobierno de facto” (La Prensa, ídem). Es decir que se puede concluir que ninguno de los coroneles investigadores rindió informe, porque solo expresaron en su informe individual ante el juez, lo que les dijeron, sin precisiones de personas –fuera de Chinchilla, Plata y Ártica– que habían participado en el delito, que les dieron información para concluir donde estaban los cadáveres y que Chinchilla y Plata eran los asesinos. Por ello, Bustillo pudo reducir la investigación a los extremos del aludido informe de la Comisión de Alto Nivel, sin tomar iniciativa para ahondar en la investigación, exigiendo que el agente del DIN que había confesado concurriera al estrado para ratificar lo dicho en el informe a terceras personas. O efectuar tareas periciales, relacionadas con el fusil 22 mágnum propiedad de Manuel Zelaya Ordoñez y que fuera usado para ejecutar a varias de las víctimas.

Mayor Díaz Martínez en la sede central de la FUSEP

Parece evidente que, de esta manera, los militares se alejaban del asunto, evitaban el reconocimiento que la decisión de Chinchilla había sido suya absolutamente y que, no se había girado ninguna orden de Tegucigalpa para que Chinchilla procediera en la forma que lo había hecho. Pero sin duda, el mayor cinismo de todo este asunto, fue el caso de Adolfo Díaz Martínez, Jefe de la FUSEP en Olancho en la fecha de los hechos ocurridos en Juticalpa especialmente, que no solo le prestó al mayor Chinchilla la grabadora personal en que vertieron las forzadas declaraciones auto incriminatorias del padre Iván Betancourt, que fuera sometido a terribles torturas por miembros el DIN, sino que negó conocer nada del tema, cuando incluso, dos días después de los hechos es decir el 28 de junio de 1975, conociendo lo que había ocurrido, se presentó al tribunal dirigido por el juez Bustillo, denunciando a un grupo de personas como conspirando en contra del orden público y exigiendo su encausamiento, como un mecanismo para justificar el asalto y las muertes ocurrido en el asalto al Centro de Capacitación Santa Clara. 

El 18 de febrero de 1978, Rene Cantarero y Sandra Luz Mole, lo entrevistaron para corroborar que Díaz Martínez había interpuesto una denuncia en contra de un grupo de personas de Juticalpa y de Tegucigalpa, a las cuales acusaba de sediciosos y de preparar un movimiento en contra de la ley desde el Centro Santa Clara, operación militar en la cual el aludido participó como Jefe Regional de la FUSEP. “Al ser entrevistado el juez Bustillo manifestó que el Juzgado había descartado la denuncia de Díaz Martínez por no contar con los suficientes elementos de juicio y porque se había llegado a la conclusión de que el Jefe de la FUSEP, fue obligado a firmar la denuncia posiblemente por el mayor José Enrique Chinchilla para tirar una cortina de humo sobre lo que realmente había acontecido en el Valle de Lepaguare el día siguiente de los hechos de Santa Clara. Díaz Martínez no sabía lo que estaba firmando”. (Rene Cantarero, Sandra Luz Mole, La Prensa, SPS, 18 de febrero de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Comisión de Alto Nivel Militar que nombró el Consejo Superior de las FFAA, de izquierda a derecha: Juan Ramón Molina, Manuel Enrique Suarez, Amílcar Zelaya, Omar Antonio Zelaya, Hubert Bodden Cáceres y Mario Leonel Fonseca.

Esta declaración es doblemente engañosa. Por un lado, pasa por alto que los dos militares tenían el mismo rango y que según testigos –incluido el propio mayor Chinchilla– dijeron que una vez ocurridos los hechos de la toma del centro de Capacitación Santa Clara, el Juez Bustillo fue llamado al despacho del Jefe Militar, en donde sin duda también estuvo el Jefe de la FUSEP, Adolfo Díaz Martínez. Los tres acordaron presentar la acusación, por sugerencia de Bustillo que menosprecio el sentido común de Díaz Martínez, al decir que no sabía lo que estaba firmando, cuando la acusación era muy clara y sus fines igualmente precisos: demostrar que la acción militar de la toma del Centro de Capacitación Santa Clara era justificaba porque adentro estaba el comando central que dirigía el operativo de la Marcha de los Campesinos. Justificando además la captura de los encarcelados, seis de los cuales —después de estar unas horas encarcelados en el Penal de Juticalpa— fueron sacados por orden de Chinchilla y asesinados en Los Horcones.

Además, la acusación parecía tener como finalidad justificar el saqueo de las bodegas de la Cooperativas que allí funcionaban. “Empero, siguen diciendo los reporteros citados, lo extraño del caso y que pone en entredicho la palabra de militar de ( Adolfo) Díaz Martínez radica en que éste negó rotundamente el tener conocimiento de lo que había pasado en Juticalpa y el valle de Lepaguare ante el Juez del Juzgado del Primero de Letras de lo Criminal de Francisco Morazán, pues así consta  en su declaración  rendida ante el tribunal el 30 de diciembre de 1975, dijo que “el declarante en el mes de junio del presente año, y precisamente cuando ocurrieron los hechos de Santa Clara y en Los Horcones, el deponente se encontraba como Jefe Regional de la Fuerza de Seguridad Pública  (FUSEP) en la ciudad de Juticalpa, Olancho, no teniendo ningún conocimiento sobre los referidos hechos, ya que se dio cuenta de los mismos por las noticias publicadas por los medios informativos de la prensa y la radio”. 

Pero resulta que este mismo señor oficial de línea de las FFAA, había presentado el 28 de junio de 1975, como lo hemos indicado anteriormente, “Denuncia de varios delitos. Examen de Testigos. Ordenes de captura, Dictamen del médico que reconoció los cadáveres de las personas fallecidas a consecuencia de los ataques violentos de los individuos parapetados en el Centro Santa Clara (Instituto 18 de febrero) de esta ciudad, agotamiento de la investigación para que se deduzca la responsabilidad consiguiente de los autores: Adán Palacios, Julián Lagos Álvarez, Rodolfo Sorto Romero, Pedro Mendoza, Wilmer Suazo, Miguel García, Adán Amador, Carlos Amador, Faustino Rodríguez, Lincoln Coleman, Esteban Mejía, Antonio Hernández, Luis Coleman, Carlos Landaverde Barnica, Orlando Iriarte, Horacio Carias Rico, José Paz Casco Marroquín, Julián Acosta Navarro, Francisco Zelaya Dávila, Roque Andrade Madrid, Oscar Ortiz Ruiz, Miguel Álvarez Welcher, Luis Ulloa Godoy, Juan Benito Montoya, Bernardo Rivera Irías, Cayetano Rosales Jiménez, Carlos Orlando Sánchez, Máximo Soriano, Lorenzo Espinoza, Miguel Ángel Ortiz Ruiz, María de Zelaya, Lucas Aguilera, Ramón Velásquez, José maría Maradiaga, Lázaro Gonzales, Héctor Zelaya, Luciano Rubio, Efraín Figueroa por los delitos de asesinato consumado, homicidio frustrado, disparo de armas de fuego, agresión, lesiones y atentado contra la autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia, según se desprende de los hechos que a continuación paso a exponer”. 

Aunque todo este documentado, el mayor Díaz Martínez igual que Chinchilla, Plata, Ártica y otros, implicados en el crimen, negaron todo desconociendo los hechos y solo haberlos conocidos por la radio y los periódicos. Este relato, consistente en todos los militares, es el que hace pensar que se trató de un crimen de estado, en el que los militares encubrieron los hechos, reduciéndolo a una acción individual de algunos oficiales que actuaron bajo sus propias responsabilidades. Pero de todos ellos, sin duda, tal como lo descubrieron Cantarero y Mole, el más cínico y cobarde de todos, fue Adolfo Díaz Martínez. Que incluso como hemos referido en otra parte, era el dueño de la grabadora usada por Chinchilla y los elementos del DIN para grabar el interrogatorio al que sometieron dentro de múltiples torturas al padre Iván Betancourt.  Confirmando que el olvido, la ignorancia de los hechos y el silencio son típicos de mafias, en este caso una complicidad militar que no se había visto y que solo vino a confirmar por qué los coroneles que formaron parte de la Comisión y narraron los hechos como habían ocurrido, no tuvieron el valor cívico de confirmarlo ante el Juez Bustillo. Podría entenderse como negligencia de los coroneles Leonel Fonseca López, Huber Bodden Cáceres, Manuel Suarez, Marco Tulio Rivera y Amílcar Zelaya Rodríguez; pero creemos que se trató de una formula parta defender el alto mando de las FFAA que, después de dar una orden terrible, dejó solos a los militares que operaban en Olancho. Y, además, para complicarle el trabajo del juez Bustillo, que también por razones afectivas, no hizo ningún esfuerzo para insistir y reclamar mayor cooperación de los militares. No deja de ser irónico, con todo que la Contraloría General de la República, -que de repente actuó de buena fe-, no haya pedido de manera clara el respaldo de los coroneles que habían investigado el asunto, ni tampoco exigido al testigo Bayardo Mejía Torres que se había comprometido a testificar –que al momento negó haber estado presente en el lugar del crimen, aunque dijeron lo contrario Zelaya Ordoñez y Bärh Alvarado en sus declaraciones-. Y que puede parecer irónico pero la condena lograda, fue posible por la negación de los hechos y la incriminación de Mel Zelaya Ordoñez, que declaró en contra de Chinchilla, argumentando que él había sido forzado a participar en el crimen, por temor a perder la vida. Y porque Chinchilla y Plata actuaron con la conciencia de quienes se saben impunes ante tanto testigo, tanto en el paso del puente para transbordar los vehículos con los presos de que traían de Juticalpa; como Plata que captura al Padre Iván Betancourt y a las señoritas Bolívar y Mayorquin, delante de más de un centenar de trabajadores del Aserradero Pecas Número 1.

81. La Corte de apelaciones confirmó la sentencia del juez Bustillo. 

Magistrados de la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa.

El 23 de mayo de 1978, la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, dictó su resolución sobre el “fallo sobre el juicio de los Horcones”. Esta corte estaba integrada por los magistrados siguientes: Adán Pineda Vidaurreta, Raymundo Orellana Pineda y Raúl Elvir Colindres. “Según la fuente Judicial, los magistrados firmaran hoy 24 de mayo, la sentencia para luego comunicarla a las partes litigantes en el juicio referido antes de hacerlo público. La Corte de Apelaciones evacuo el lunes anterior el último tramo del proceso que se sigue contra varios militares y civiles acusados de haber masacrado a sacerdotes, estudiantes y campesinos en Olancho, en junio de 1975. La corte determinó, dar por legal el fallo del Juez de Letras de Juticalpa Augusto C. Bustillo, en el que absuelve a todos los civiles, así como a un militar; y condena únicamente a dos militares: Enrique Chinchilla Díaz y Benjamín Plata Valladares. Entre los absueltos con tal veredicto están Manuel Zelaya, Carlos Barh y otros, así como los militares David Ártica Tablada, Efraín Cloter Montes, teniente Norman Altamirano Serrano”. (Tiempo, SPS, 24 de mayo de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

La Procuraduría General de la República, informó inmediatamente que iría en apelación a la Corte Suprema de Justicia. E incluso, uno de los defensores de los implicados, por primera vez, hablo de la oportunidad de una amnistía para los sometidos al juicio y que a la fecha guardaban prisión. 

82. Las recriminaciones: contra la Democracia Cristiana y los coroneles que no testificaron.

Ramón Velásquez Nazar, Presidente del PDCH & Marcial Euceda, Secretario Ejecutivo de la UNC.

El rechazo al juicio y las recriminaciones surgieron inmediatamente. En primer lugar, se dijo por parte de los familiares de las víctimas que la culpa de que los culpables no hayan sido castigados y más bien fueran absueltos, la tenían la UNC y el Partido Demócrata Cristiano Hondureño. “A juicio de los familiares de los victimados en Santa Clara y Los Horcones, el fracaso se debe más que todo a la confianza que depositaron en los dirigentes de la Unión Nacional de Campesinos y de la Democracia Cristiana, ya que ambas organizaciones afirmaron que abogarían porque se condenara a los autores materiales e intelectuales del crimen. Estos criterios coinciden con las declaraciones del Juez Primero de Letras de lo Criminal, Augusto Bustillo, quien afirma que durante el proceso judicial la UNC y la Democracia Cristiana jamás se apersonaron y cuando lo hicieron el juicio ya estaba en la etapa de plenario”. (Ludovico Sánchez Turcios, La Prensa, SPS, 4 de febrero de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). “Tanto los familiares de los victimados como el juez Bustillo señalaron que en el juicio únicamente había actuado el Procurador General de la Republica, Serapio Hernández Castellanos y en los primeros días de iniciado el mismo, otro de los que se presentó como representante de Ruth Mayorquin fue el abogado de la Universidad. Pero este señor solo estuvo presentándose por poco tiempo y jamás siguió la acusación, siendo únicamente Hernández Castellanos y su cuerpo de asesores quienes prosiguieron la acusación hasta lograr que el juicio entrara en el Plenario”. (Ludovico Sánchez Turcios, ídem).

Doña Bernarda Ruiz de Ortiz, madre de uno de los muertos.

La señora Bernarda Ruiz de Ortiz, recuerda que el Procurador General de la República, Serapio Hernández Castellanos les dijo que “nosotros nada hacemos con lágrimas, queremos testigos. Nosotros nos confiamos y creímos ciegamente que la Democracia Cristiana y la UNC nos darían el apoyo que necesitábamos para poder acusar a los criminales; pero jamás se procedió formalmente en contra de Chinchilla, Plata Valladares, Carias, Barh, Zelaya y todos los demás implicados. No obstante, su dolor los familiares de los masacrados en Olancho se revelan a aceptar los hechos tal y como se han desarrollado hasta llegar al fallo emitido por el juez Bustillo. Los criterios expresados por esposas, madres e hijos de los victimados son coincidentes en el sentido de que la Democracia Cristiana y la UNC nunca fueron capaces de acusar a los responsables de la matanza porque más bien le interesaba hacer de los muertos su bandera de lucha”. (Ludovico Sánchez Turcios)

En efecto, la Democracia Cristiana –la más afectada por las acusaciones de los militares– no se apersonó en ningún momento del juicio. No reclamó, no busco castigo para los culpables. Más bien se sometió mansamente a la decisión que el gobierno, fuera el acusador de los actos cometidos por miembros del mismo, en contra de ciudadanos particulares, la mayoría miembros de ese mismo partido. Esa fue la posición más cómoda que encontraron los dirigentes. Por ello, incluso en el momento en que se conoce el fallo de Bustillo, Juez de Letras de Juticalpa, Ramón Velásquez Nazar, Presidente del Directorio Nacional de ese partido, -que en la acusación del mayor Adolfo Díaz Martínez, Jefe de la FUSEP de Olancho fue acusado por el asalto al Centro de Capacitación Santa Clara- ratificó el apoyo al Procurador General de la República, como si esto fuera necesario; y declara que es “inexplicable que esta masacre que conmovió a la hondureñidad entera solamente aparezcan dos personas culpables: el mayor Enrique Chinchilla y el subteniente Benjamín Rodolfo Plata”. 

Y ante los reclamos del porque solo se condenan estas dos personas, su explicación es que “la Comisión Militar nombrada, a casi un mes de perpetrada la masacre, dictamino que los culpables además de los condenados en la reciente sentencia, incluía a los señores Manuel (Mel) Zelaya y Enrique Barh. Como usted comprenderá –apuntó Velásquez – los miembros de la Comisión Militar, no iban a equivocarse en el informe que brindaron al pueblo hondureño, tomando en cuenta que esta situación era muy delicada y que por sobre todo estaba de por medio el honor nacional. De ahí que si los señores aparecieron como responsables del tan conocido crimen es que en aquella oportunidad encontraron pruebas relativas a su participación”. (La Prensa, SPS, 4 de febrero de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Velásquez, que no era abogado, igual que muchos otros hondureños, confundieron a los militares miembros de la Comisión de alto Nivel con Jueces competentes, por lo que creyeron que el informe suyo era prueba suficiente para que el juez Bustillo dictara mecánicamente sentencia. En el informe lo que hay son informaciones de oídas, declaraciones que les dieron a ellos –que no eran autoridades judiciales– y que debían ser verificadas ante autoridad competente. 

Por ello, es lógico que los familiares hayan atribuido culpabilidad a la Democracia Cristiana, -directivos y líderes olanchanos especialmente- porque sus dirigentes, no se abocaron al juicio; ni hicieron nada porque los testigos que no concurrieron fueran a declarar y tampoco nombraron a sus abogados; se entregaron exclusivamente en los brazos del gobierno que investigaba las acciones irregulares de sus miembros. Y no vieron que, en la acción de Juan Alberto Melgar, al asumir la representación de las víctimas de las acciones de sus compañeros, podía influir y dirigir las acciones de las autoridades judiciales, para proteger al alto mando que, sin lugar a dudas, ordenaron a Chinchilla que procediera en la forma que lo hiciera en la madrugada del 26 de junio de 1975. Incluso, en los días que se conoció la sentencia, se dijo que el sargento Ártica, el 25 de junio de 1975 en horas de la tarde había estado en Casa Presidencial, presumiblemente acompañando a Chinchilla, que en la avioneta del aserradero Pecas No. 1, había viajado ese mismo día y hora, tal como lo dijo en su declaración Manuel Zelaya Ordoñez. Con el agrado que Chinchilla le insinuó a Zelaya Ordoñez que había ido a recibir órdenes de sus jefes en Tegucigalpa.

En igual error incurrió el Secretario General de la UNC, Marcial Euceda que cuando el periodista le pregunta del porque la UNC no aportó más prueba, participando en el juicio en forma activa para castigar a los culpables expreso “qué más pruebas que las presentadas por la Comisión Militar de Alto Nivel, que investigó los crímenes de Olancho y que presentó el informe. El informe de esta comisión señalaba quienes eran los culpables de la masacre, así como el grado de participación de militares y civiles en ese crimen. Eso demuestra que si ellos no tomaron en cuenta el trabajo hecho por la Comisión ese es otro asunto; pero el informe indica quienes son los culpables directos e indirectos de la masacre de Santa Clara y Los Horcones, sostiene el dirigente campesino”. (Tiempo, 4 de mayo de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El dirigente campesino Marcial Euceda incurre en el mismo error del presidente del PDCH: creer que los militares que investigaron eran jueces competentes; y que, en consecuencia, el informe presentado por ellos era una prueba suficiente para condenar a los mencionados como responsables en los hechos delictivos. Sin tener presente que el informe, había sido elaborado a partir de unas declaraciones privadas, en condiciones que no se registraron realmente, y que no eran pruebas aceptables para el juez –porque eran de oídas- y que ellos más bien, habían incurrido en falta al no abocarse al juzgado, presentando testigos y pruebas para que el juez tuviera más alla de presunción y rumores, pruebas para condenar. Mucho menos descubrió el dirigente campesino que Mel Zelaya y Barh, se habían defendido denunciando a los militares y presentándose ellos como colaboradores involuntarios en un crimen en que, si no hubieran cooperado, habrían corrido igual suerte que los masacrados en Los Horcones, Lepaguare. Esta afirmación, el juez Bustillo, la aceptó; y por ello, les absolvió. 

83. Protesta ciudadana ante el fallo de Los Horcones.

Pese al tiempo transcurrido, una parte de la opinión pública se manifestó en contra de la decisión del juez Bustillo. “Una manifestación popular en repudio del fallo dictado en el juicio de Los Horcones, se efectuará en Tegucigalpa el primero de junio próximo. Estudiantes, maestros, obreros campesinos y residentes de los barrios marginales de la capital de la república pedirán al gobierno militar castigo para todos los implicados en la masacre más sangrienta efectuada en este país. Como se sabe la sentencia judicial condena dos militares y absuelve al resto de los encausados, que de alguna manera tuvieron participación en el crimen colectivo. Los manifestantes también protestaran por el alto costo de la vida y por las violaciones de las leyes educativas. En esta demostración de inconformidad en que participaran millares de afiliados a los diferentes patronatos comunales de los barrios marginados de Tegucigalpa. De igual manera estudiantes de segunda enseñanza apoyarán esta movilización y además exigirán al gobierno del general Melgar Castro que frene las arbitrariedades de la Ministro de Educación. También protestara por el funcionamiento en el centro de la ciudad del complejo industrial Químicas Dinant, que opera en el barrio Morazán. La manifestación que se iniciará a las nueve de la mañana, partirá de la escuela Lempira de Comayagüela y recorrerá las principales calles de la capital. Esta movilización de protesta es promovida por la seccional I del Colegio Superación Magisterial (COLPROSUMAH). (Tiempo, SPS, 26 de mayo de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Mientras tanto el fogoso líder universitario Carlos Montoya, declaraba que el régimen militar era un fracaso sin discusión alguna y que incluso miembros de la institución armada estaban involucrados en el caso de los esposos Ferrari –que después aparecerían sus cadáveres en un pozo en las orillas de la capital--, que en ese momento ocupaba la atención de la opinión pública. (La Prensa, 12 de febrero de 1978, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Incluso, parecía que, para entonces, también el tiempo se le había terminado a Melgar Castro como gobernante; pero él no lo sabía para entonces.  

84. Caso singular, padre e hijo en la cárcel por delitos de sangre.

Mel Zelaya y sus familiares en la PC.

Hay familias señaladas por la tragedia. Son “victimas del destino” dicen los fatalistas que niegan absolutamente el libre albedrio de las personas. La familia Zelaya es una de esas familias señaladas por la tragedia y los crímenes. Varios antepasados suyos murieron violentamente. Incluso una hermana de Manuel Zelaya Ordoñez, implicado en los delitos de Santa Clara y Los Horcones, murió a golpes a manos de desconocidos que, aprovechando la oscuridad de la noche, le quitaron la vida. Nunca se supieron los motivos y menos se conocieron los nombres de los autores de tan atroz crimen. El hijo mayor de Zelaya Ordoñez, José Manuel, siendo menor de edad había golpeado y muerto a la niña Suyapita Cárcamo, en Coyoles Central en el municipio de Olanchito, Yoro. Por ello, hay que destacar que mientras Manuel Zelaya Ordoñez purgaba pena en la Penitenciaría Central, su segundo hijo Carlos Armando de 18 años, también fue remitido a la PC, acusado por la muerte de dos jóvenes que fueron ajusticiados mientras circulaban en automóvil por la carretera hacia Danlí. Se trataba de la muerte de los dos jóvenes estudiantes Junior Kafaty y Camilo Girón. El diario La Prensa se refirió al asunto en los términos siguientes en su edición del 27 de febrero de 1977, al indicar que Camilo Girón y Salomón Kafati Junior, jóvenes estudiantes universitarios, menores de edad, “fueron encontrados muertos en la carretera de Danlí, Tegucigalpa, en el kilómetro 5 y 6, en el lugar conocido como La Calera, con tres heridas de bala calibre 38. Según se dio a conocer entonces, Girón antes de morir denunció el nombre de sus victimarios”. 

Tres fueron los implicados dos menores de edad entonces Bográn y Nazar y Carlos Zelaya Rosales, hijo de Manuel Zelaya Ordoñez, recluido en la PC acusado por el crimen de Los Horcones, Lepaguare, Olancho, ocurridos dos años antes. Los dos primeros implicados, por ser menores de edad, estaban sometidos a la decisión del Tribunal de Menores, que se creía que para el mes de febrero de 1977 podría dictar sentencia en su contra. El citado periódico, informó además que “rumores que circulaban en los últimos días en relación a que uno de los presuntos hechores, Carlos Armando Zelaya, estaba como cómplice de los hechos y no como protagonista. El abogado, Navarro Oviedo –juez sustituto del Tribunal de Menores, cuya titular Sandra Quiroz estaba de vacaciones– “señalo que Zelaya  había reconocido su mayoría de edad y que por lo tanto, como dice la ley, se acreditó fehacientemente la incompetencia de este Tribunal (el de Menores) para conocer de este asunto y actualmente el caso (de Carlos Armando Zelaya Rosales) está conociéndolo el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, que rectora el juez Jesús López Orellana”, “quien es el que está dictando los correspondientes proveídos y yo no podría decir si Zelaya está como cómplice o como encubridor”, finalizó. (La Prensa, SPS, 21 de febrero de 1977, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Para entonces Carlos Armando Zelaya Rosales, hijo de Mel Zelaya Ordoñez, estaba en la misma celda en donde su padre estaba recluido por la matanza de Los Horcones. Era público, que todos los fines de semana, en una actitud condescendiente que el sistema penal hondureño tenía con las familias de poder; o con las figuras bien recomendadas o protegidas por los militares, les permitía viajar a sus propiedades en Olancho y regresar los lunes por la mañana. Y pasar la semana laboral en la Mora, sección diferenciada en donde Mel Zelaya Ordoñez, cumplía su arresto por mientras se seguía el juicio en su contra que, para entonces, había sido confirmado por la Corte de Apelaciones, absolviéndolo de responsabilidades en el crimen de los Horcones y en el que había participado. Acompañado de su hijo Carlos Armando que esperaba en la PC, la decisión del Juez sobre su implicación en la muerte de los jóvenes Kafati y Girón.

(CONTINUARÁ)