Contracorriente: DEFENSA DE LA SOBERANÍA POPULAR

Juan Ramón Martínez

Es lamentable el espectáculo que proyecta una parte de la clase política. Con una madurez emocional de doce años, rechaza la democracia e irrespeta a la ley. No tiene compromiso con el mantenimiento de la paz, como precondición básica de su desarrollo. No vino del éter, sino que fue empollada entre nosotros. Hay que decir que la falta de madurez, responsabilidad y pérdida de compromiso confirman que la población está en un proceso de degradación; que la familia no es la primera aula en donde se forjan los hábitos y se desarrollan los valores seminales de la conducta humana. Y que la escuela primaria y las instituciones secundarias y universitarias, han dejado de preparar a los ciudadanos moral y cívicamente para vivir en sana convivencia; y en forma suicida ha renunciado a luchar por el porvenir, soñar por su grandeza; y lograr el desarrollo que permita una existencia plena, donde satisfagamos las necesidades básicas, tengamos la oportunidad de dormir tranquilos y seguros sabiendo que tenemos una autoridad que nos cuida; y nos permite la posibilidad de ser felices. La corrupción en el sector público, se inicia en los hogares cuando los niños mienten, engañan a sus padres; y estos en vez de prepararlos para una vida decente celebran la delincuencia, privilegian los fines menospreciando los medios para lograrlos. Y desarrollan en los jóvenes, la idea que, con viveza, más que con honor, se puede triunfar en la vida.

Mel Zelaya, Xiomara Castro, Rixi Moncada, Salvador Nasralla, Luis Redondo, Iroshka Elvir, Roosevelt Hernández, Antonio Díaz Gáleas, Marco Tulio Medina, Marlon Ochoa, Armando Orellana, Jorge Aldana, Josué Colindres, Enrique Ortez Sequeira, Luis Zelaya, Ricardo Salgado, Gerardo Torres, Enrique Reina, Hugo Noé Pino, Edgardo Cazaña, Joel Zelaya, Amílcar Valdez tienen – en este momento – un comportamiento antidemocrático. Muestran ignorancia cívica e irresponsabilidad de sus obligaciones. Irrespetan de la democracia. Incumplen la ley, y amenazan la soberanía popular y a quien la conduce: el CNE.

Su comportamiento silvestre, su irrespeto a los demás y su voluntad de imponer sus caprichos por encima de lo que establece la ley, es una señal peligrosa del porque Honduras no sale adelante. Y anticipadamente, confirman que las predicciones que su final como nación – divulgadas por Yuval Noah Harari – tiene en ellos los dinamiteros de su existencia.

La Constitución establece que el CNE es el responsable de organizar y dirigir a la ciudadanía, al momento de determinar quiénes serán sus gobernantes, los diputados que legislarán en favor de sus intereses; y los alcaldes que manejaran los municipios donde residen; o tienen sus propiedades. No son los partidos los que proclaman los resultados electorales, sino que los magistrados del CNE. La afirmación de que en las elecciones se ha cometido un fraude, más que un ejercicio de ira, es una afirmación irresponsable, cuya carga de prueba le corresponde a quien la anuncia. Los observadores internacionales, -- la OEA, la UE--, así como los observadores nacionales, coinciden en que las elecciones fueron ordenadas. El pueblo salió a votar y los voluntarios que actuaron en las mesas electorales, hicieron sus tareas, con las limitaciones de las circunstancias y las eventualidades de los errores.

Olvidan que la auditoría forense – palabra bonita, pero engañosa – debe ser efectuada de conformidad con la ley; y siguiendo los procedimientos y tiempos que esta tiene establecidos. No es cosa de ir a un particular; y que este, en la soledad de su estudio, como quien escribe una novela o redacta un cuento apurado, afirma doctamente que aquí, hubo un fraude; y que, en consecuencia, hay que anular las elecciones, patear la soberanía popular; y castigar a los que han organizados y manejado las elecciones.

Este pequeño grupo, numéricamente ínfimo, no tiene por qué amedrentarnos y quitarnos el sueño. El CNE ha cumplido con su deber. Ha declarado ganador a Asfura como Presidente de la República; integrado la lista de diputados al Congreso Nacional y señalado los alcaldes de los 299 municipios. A la mayoría nos queda la satisfacción de haber escuchado, respetado y apoyado la voluntad del soberano que, con buen juicio, determinó lo mejor para los intereses nacionales.

Los insatisfechos, tienen los recursos que manda la ley para hacerlos prevalecer de forma civilizada. Los demás, a celebrar el fin del año, preparándonos para un nuevo rumbo en 2026, desandando las veredas engañosas para encaminarnos por la ruta correcta hacia la paz y el desarrollo. Nos los merecemos.

Feliz año nuevo queridos lectores.