LA LUCHA POLÍTICA DE 1954 Y LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL (II)

Anales Históricos

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PARTE II

Ramón E. Cruz

Dr. Ramón Villeda Morales & Gral. Abraham Williams Calderón

El 10 de octubre se practicaron en todo el país las elecciones para autoridades supremas. El liberalismo obtuvo alrededor de 121.000 votos, el nacionalismo cerca de 80.000 y el reformismo 52.000. Para la elección de Diputados hubo mayoría absoluta en los Departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida; el Nacionalismo la obtuvo en Colón y el Reformismo en Islas de la Bahía.

El liberalismo proclamó la noche de la elección y en los días subsiguientes su triunfo, alegando que había obtenido mayoría absoluta, pero los datos oficiales demostraron al día siguiente de la elección, que ningún candidato había obtenido mayoría absoluta y que las dos alas del nacionalismo unidas, tenían más de 10.000 votos sobre su oponente el liberalismo.

El 11 de octubre a las 3 de la tarde, el autor de esta reseña, acompañado del Dr. don Silverio Laínez, se constituyeron en casa del Gral. Carías. Se le hizo ver al General que no habiendo obtenido mayoría absoluta ninguno de los partidos, la situación política podía ser controlada unificando al nacionalismo y reformismo, a base de que en el Gobierno que se organizara, no se hiciera ninguna discriminación en la distribución de los empleos públicos, para lo cual debía procederse inmediatamente a hablar con el Gral. e Ing. don Abraham Williams a quien debería proponerse como paso previo, la obtención de los Diputados en los departamentos en que no había habido mayoría absoluta, debiendo las Juntas Departamentales de Agentes, elegir diputados a los reformistas en los lugares en que estos tuvieran más votos que el nacionalismo y los de este partido, en aquellos que hubiesen obtenido más que los reformistas.

El Gral. Carías aceptó inmediatamente y sin reservas, la proposición indicada y nombró una comisión integrada por los Licenciados Francisco Salomón Jiménez y Rubén Álvarez para que se avocaran con el General Williams y procedieran a celebrar los arreglos consiguientes.

Esa misma noche salió por las calles de la ciudad una manifestación de nacionalistas y reformistas celebrando alegremente la unificación del nacionalismo, pero desgraciadamente a los dirigentes les faltó previsión y no procedieron a firmar un pacto que unificara definitivamente a los dos grupos del viejo Partido Nacional.

Los delegados del nacionalismo y reformismo recorrieron todos los departamentos habiendo asegurado los votos de los Agentes de las Juntas Departamentales, las cuales el 24 de octubre eligieron los diputados en la forma siguiente: Nacionalistas, Comayagua 3, La Paz 2, Lempira 3, Ocotepeque 2, Choluteca 5, Valle 3, El Paraíso 3, total con el de Colón 22. Reformistas, Copán 4, Intibucá 3, Yoro 4 e Islas de la Bahía 1, total 12. El liberalismo obtuvo un total de 23 diputados, de modo que la representación al Congreso sería la siguiente: Nacionalismo y Reformismo, 34 votos, Liberalismo 23. En total forma ninguno de los grupos antagónicos, Liberalismo y Nacionalismo con el primero y segundo puesto en la votación general, sucedió el caso de que cualquiera de ellos que se le agregaran los diputados del Reformismo podría obtener el quorum de dos tercios que para celebrar sesiones requería la Constitución Política, que en una base de 57 diputados era de 38.

El Nacionalismo y Reformismo, con el fin de demostrar que las alegaciones del Liberalismo de haber obtenido mayoría absoluta, eran falsas e infundadas, acordaron unirse para las elecciones de Autoridades Locales, habiendo celebrado el siguiente:

CONVENIO PARA LANZAR FÓRMULAS DE AUTORIDADES LOCALES

El Partido Nacional y el Movimiento Nacional Reformista se comprometen a presentar un frente unido en las elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo el domingo veintiocho del corriente en toda la República, y al efecto han decidido celebrar el siguiente Convenio:

1º. Los institutos arriba mencionados tomarán como punto de partida el resultado de las últimas elecciones municipales. Así, el Partido Nacional lanzará este año planillas integradas exclusivamente por ciudadanos nacionalistas en los municipios donde sus fórmulas resultaron triunfantes en aquella oportunidad. Estas candidaturas tendrán el apoyo decidido del Movimiento Nacional Reformista. Y este partido a su vez, lanzará planillas de su exclusiva filiación en los municipios donde su causa triunfó el año pasado, para lo cual contará con el apoyo decidido del Partido Nacional.

En las localidades donde triunfó el Liberalismo, las entidades signatarias lanzaran candidaturas mixtas, convenidas previo acuerdo entre los nacionalistas y reformistas de cada localidad. Igual procedimiento ha de seguirse en aquellos municipios donde el Reformismo lanzó el año pasado planillas mezcladas con el Liberalismo.

Y respecto de algunos lugares donde los miembros de las Municipalidades se han tornado liberales, se precederá a una cuidadosa investigación del asunto, y una vez establecida la verdad de dicho extremo, se arreglarán candidaturas mixtas.

2º. La propaganda, de una y de otra parte, para estas elecciones, tenderá siempre a sembrar en el público la idea de la unificación del Nacionalismo, para cuyo efecto se usará la frase “Nacionalismo y Reformismo Unidos”.

Los mensajes que cursen ambas entidades, dando instrucciones a sus correligionarios para el feliz cumplimiento de este convenio, tendrán un contenido idéntico, e irán firmados por representantes de ambos Institutos Políticos. Y los resultados de las elecciones se harán publicar bajo el mismo texto.

3º. El financiamiento de las elecciones se hará de la siguiente manera: ambos partidos remitirán a los Departamentos cantidades iguales previamente convenidas. Estas cantidades serán administradas y distribuidas por una Comisión de tres ciudadanos nacionalistas y tres reformistas, designados por las dirigencias departamentales respectivas.

En fe de lo cual los representantes de ambas agrupaciones, debidamente autorizadas, firman el presente Convenio en Tegucigalpa, Distrito Central, a diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Por el PARTIDO NACIONAL:

Por el MOVIMIENTO NACIONAL REFORMISTA:

En los primeros días de la segunda quincena de noviembre se reunieron de nuevo los señores Alvarado y Cruz, habiendo presentado el primero, para ser considerado por el Jefe del Partido Nacional, las siguientes bases para un acuerdo:

“PRIMERA: Compromiso de concurrir a las sesiones preparatorias y a la instalación del Congreso el cinco de diciembre próximo; asistir a todas las sesiones puntualmente, y no romper el quórum.

SEGUNDA: Hacer el escrutinio general de votos de la República, declarar electos Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieren obtenido mayoría absoluta de votos, o hacer la elección de estos Altos Magistrados, en su caso, dentro del término de veinte días que señala la Constitución.

TERCERA: Compromiso del Presidente electo de hacer un Gobierno nacional con los mejores elementos de las tres agrupaciones políticas que se disputaron el Poder, en las elecciones que se verificaron el 10 de octubre pasado, a base de capacidad y honradez, con exclusión de todo favoritismo.

CUARTA: La Corte Suprema de Justicia sería integrada por tres Magistrados propietarios de la misma filiación política del Presidente de la República, y dos del otro partido pactante. En la misma forma será integrado el Tribunal Superior de Cuentas.

Aceptadas estas bases podrían convenir ambas partes Contratantes en las especificaciones que juzguen convenientes y oportunas”.

Se le hizo ver al Dr. Alvarado que la redacción de las dos primeras bases, se podrían prestar a juegos que podrían permitir el burlar el convenio, y que, en la segunda, se eliminaba la posibilidad de la elección del Presidente y Vicepresidente, por la Corte Suprema de Justicia, prevista en la Constitución Política.

El Jefe del Partido, al leer las bases, expresó que con la forma en que estaban redactadas las dos primeras, se le quería meter en un callejón sin salida, anulando con la segunda las disposiciones de la Constitución Política que otorgaba a la Corte la facultada de elegir al Presidente y Vicepresidente cuando el Congreso no lo hiciere en el plazo de veinte días contados desde su instalación.

Se informó al Dr. Alvarado que el Jefe del Partido Nacional aceptaba las bases 3ª y 4ª , pero pedía se cambiarán las 1ª y 2ª , en tal forma que se garantizara la libre elección del Congreso o de la Corte y que además se conviniera expresamente en renunciar a la acción de la nulidad parcial o total de las elecciones, pues se tenía conocimiento que el ala liberal de diputados electos solicitaría la nulidad de la elección de Diputados hecha por la Junta Departamental de El Paraíso, pues si eso ocurría, el nacionalismo podría impugnar la validez de elecciones de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida, ya que en estos dos últimos departamentos habían votado miles de extranjeros que no se habían nacionalizado en el país.

La contestación del representante del Partido Liberal, a las objeciones hechas a las bases primera y segunda, se tardó bastante tiempo y no fue sino en vísperas de la iniciación de las sesiones preparatorias del Congreso, que se presentó el proyecto de convenio siguiente:

“PRIMERA. Compromiso del Presidente electo, de hacer un Gobierno Nacional, con los mejores elementos de ambos partidos, (LIBERAL Y NACIONAL), seleccionado a base de honradez y capacidad reconocidas, para el mejor desempeño de las funciones que se les encomienden, en todos los ramos de la Administración Pública. Tales elementos serán nacionalistas y liberales, por mitad; pero en el Gabinete habrá cuatro Ministros de filiación política del Presidente y tres del otro partido.

SEGUNDO. La Corte Suprema de Justicia será integrada por tres Magistrados propietarios de la misma filiación del Presidente y dos del otro partido; y dos suplentes y un tercero, en el mismo orden. De igual manera se integrarán las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Superior de Cuentas. El Fiscal General de Hacienda y el Tesorero General de Justicia, serán respectivamente de filiación liberal y nacionalista.

TERCERO. Para el nombramiento y elección de los empleados y funcionarios de la República, se atenderá a las propuestas especificas que al efecto hagan los candidatos a la Presidencia de los Partidos Liberal y Nacionalista que firmen este pacto.

CUARTO. Para conciliar los intereses y sentimientos partidaristas, en todos y cada uno de los departamentos de la República, los empleados y funcionarios departamentales y locales serán de ambos partidos. Si el Gobernador Político y el Administrador de Rentas, por ejemplo, son nacionalistas, el Comandante de Armas y el Juez de Letras deberán ser liberales.

QUINTO. Al hacer la elección de Presidente de la República, y la del Vicepresidente deberá recaer en el candidato del otro partido.

SEXTO. Si el Presidente desea llevar a un Reformista a un puesto público, deberá considerársele como su mismo partido, para los efectos del Pacto.

Para garantizar la efectividad de este Pacto, firmaran los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de los partidos Liberal y Nacional, así como los Presidentes de las Autoridades Centrales de ambos partidos, en presencia de dos miembros del Cuerpo Diplomático acreditados ante el Gobierno de Honduras”.

Al informar al General Carías que las bases serían modificadas por el Partido Liberal en el sentido deseado por los dirigentes del Nacionalismo, manifestó, que las conversaciones deberían darse por terminadas, porque se tenían informes fidedignos de que los liberales, contra lo dispuesto por la Ley de Elecciones y por el Reglamento Interior del Congreso Nacional, incorporarían sin credenciales, a los diputados derrotados del Liberalismo, del Departamento de El Paraíso y que intentarían también incorporar al Congreso, a sus candidatos de Ocotepeque, Comayagua, Copán e Intibucá. Que además en una maniobra que contaría con el apoyo del Reformismo, se tendría como quórum para celebrar sesiones, el número de 37 diputados en vez de los 38 que son los 2/3 de 56, número total de diputados al Congreso.

Abraham Williams Calderón, candidato presidencial del Movimiento Nacional Reformista con los diputados de ese partido elegidos en octubre de 1954.

El candidato del Movimiento Nacional Reformista, Gral. e Ingeniero don Abraham Williams Calderón, en entrevista publicada por el Diario El Día, a fines de noviembre expresó, que la mejor solución al problema político del país era la ruptura del orden constitucional y la formación de un Gobierno de facto, con la creación de un Consejo Consultivo. Tal posición fue corroborada con la decisión tomada el 29 de noviembre por los diputados electos por el Movimiento Nacional Reformista de no concurrir a las sesiones del Congreso Nacional.

El 1º. de diciembre, se celebró la primera sesión preparatoria con la asistencia únicamente de los diputados electos por el Partido Liberal. Estos eligieron la Junta Provisional presidida por el General Santiago Meza Calix y como Secretarios, los Lics. Modesto Rodas Alvarado y Leónidas Fajardo.

En la sesión del tres, el mismo grupo de diputados liberales eligió la Directiva del Congreso, recayendo la Presidencia en el mismo General Santiago Meza Calix. Tal elección era violatoria de la Constitución, que requería las dos terceras partes de los Diputados para celebrar sesiones, ya que una fracción minoritaria del Congreso se arrogó las facultades, que conforme al Art. 94 de la Carta fundamental correspondían al Congreso en pleno. El Art. 8º del mencionado Reglamento, dice textualmente: “El tres de diciembre, una vez reunido el número necesario de diputados para celebrar sesión, se procederá de la manera siguiente: a) El Presidente nombrará una Comisión de tres Diputados para que ante ella presenten sus credenciales los Diputados. b) Emitido el dictamen sobre las credenciales presentadas, se discutirá y una vez resuelto, se procederá a la elección de la Directiva del Congreso, compuesta de un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios y dos Prosecretarios, elección que se practicará por voto secreto, conteniendo cada cédula el total de candidatos. No podrán ser miembros de la Directiva los Diputados cuyas credenciales no hayan sido aprobadas; y c) Verificado el escrutinio, el Presidente provisional dará posesión al Presidente electo, quien prestará la promesa de Ley ante la Cámara; y después ante él, lo harán los representantes que no se hubieren incorporado y tomaran sus puestos los demás miembros de la Directiva, continuando los trabajos que falten para preparar la instalación del Congreso.

En esa memorable sesión, no solo se eligió la Directiva del Congreso, sin el quórum de 2/3 por la ausencia de los diputados nacionalistas y reformistas previsto en el Art. 94 constitucional sino que se incorporan como diputados, sin presentar credenciales, a los candidatos derrotados del Partido Liberal en el Departamento de El Paraíso, señores Jacinto R. Rivas, Raúl O. Sevilla y Armando Idiáquez, en donde la Junta Departamental declaró electos a los candidatos del Partido Nacional, señores P. M. Esteban Rodríguez Flores, Aníbal Quiñonez y Ramón Sanabria.

La incorporación por una fracción de 23 diputados al Congreso, como miembros del mismo, de tres candidatos derrotados, implica una usurpación de atribuciones de las funciones que corresponden a aquel Alto Cuerpo conforme al Art. 94 de la Constitución y una reforma a la Ley Constitutiva de elecciones, en sus Arts. 39, inciso final, 40, 41, 42 y 56. De la nulidad de las credenciales de los diputados por el Departamento de El Paraíso, sólo podía conocer el Congreso en pleno, conforme al Art. 56 de la Ley últimamente citada, y en el caso de que la Junta Departamental no hubiera extendido credenciales, era también la Cámara en sesiones plenarias, quien debía llamar a los candidatos que declarará electos. Los artículos 39, 40, 41 y 42 disponían la forma de declarar electos a los diputados y el Reglamento Interior del Congreso, que es una Ley Orgánica del mismo y que rige su funcionamiento fueron violados por la minoría liberal, reformándolos o derogándolos de hecho y arrogándose atribuciones que correspondían únicamente al Congreso en sesiones plenarias.

De lo expuesto, que tiene un carácter rigurosamente histórico, puede colegirse que el orden constitucional del país se rompió, al no reunirse el Congreso en sesiones plenarias conforme el Art. 94 de la Constitución.

El 16 de noviembre el Presidente Dr. don Juan Manual Gálvez, con motivo de enfermedad y en virtud del Decreto del Consejo de Ministros, obtuvo licencia para ausentarse del país, haciendo entrega del cargo al Vicepresidente, P.M. don Julio Lozano Diaz.

Julio Lozano Diaz, Presidente de Honduras (1954 a 1956)

Al Sr. Lozano le tocó la tarea de mantener el orden y la tranquilidad del país, al no efectuarse el 5 de diciembre la instalación solemne del Congreso Nacional, y tuvo que asumir el 6 del mismo mes, los Poderes del Estado al romperse el orden constitucional.

El orden institucional del Estado pudo perfectamente ser conservado, si los intereses nacionales hubieran sido sobrepuestos a los intereses sectarios, ya que, a falta de elección de Presidente y Vicepresidente por parte del Congreso Nacional, correspondía a la Corte Suprema hacer la elección y dar posesión a los electos. El que estas líneas escribe luchó hasta el 2 de diciembre en la tarde por preservar las instituciones del país, pero sus esfuerzos resultaron estériles ante la incomprensión de quienes se llaman a sí mismos patriotas y demócratas, pero anteponen sus intereses particulares a los del pueblo a quien están obligados a servir.

Los diputados electos del Partido Nacional y del Movimiento Nacional Reformista lanzaron al romperse el orden constitucional, el manifiesto siguiente:

MANIFIESTO DE LOS DIPUTADOS NACIONALISTAS Y NACIONAL-REFORMISTAS, AL PUEBLO HONDUREÑO

CONCIUDADANOS:

Después de la violenta campaña política que acaba de transcurrir con grave riesgo de la paz de la República, ninguno de los partidos en pugna por el poder, ofrece seguridades suficientes para la estabilidad de la paz aludida, por las profundas diferencias que el debate político ha dejado, no solo entre los dirigentes de las agrupaciones que concurrieron a las urnas, sino también entre los numerosos afiliados a cada una de ellas.

Tal estado de cosas mueve a reflexionar detenidamente pues siendo Honduras un país convulsionado por la guerra civil a lo largo por toda su historia, aun no acaba de restañar las heridas que en su economía y en su organización social le ha dejado el estado de anarquía en que ha vivido; y sí cuando los frutos de la tranquilidad y del orden social empiezan a hacerse visibles, los hondureños sensatos, y especialmente aquellos en cuyas manos ha puesto su destino, no se detienen a analizar en todos sus detalles y consecuencias la importancia de determinados fenómenos políticos y la influencia que ellos pueden ejercer en el desenvolviendo de la vida colectiva, muy comprometido quedaría el futuro de la Nación hondureña y muy expuesta estaría la República a caer nuevamente en aquel estado de anarquía de dónde ha venido saliendo a costa de muchos esfuerzos y de innumerables sacrificios.

Desde las últimas guerras intestinas que hundieron al pueblo en un peligroso estado de descomposición social, hasta las elecciones de autoridades supremas que acaban de transcurrir, la ciudadanía hondureña dio muestras de su deseo de mantenerse al margen de las violencias que en el pasado, casi siempre degeneraron en asonadas, en motines o en guerras civiles; y si la evolución civilizada ha que ha llegado nuestro país quedó demostrada por la compostura que guardó el pueblo en la mayoría de los casos, no se podría decir lo mismo de muchos líderes que, no habiendo sido favorecidos en sus aspiraciones ni en sus intereses políticos, están en condiciones de producir agitación en las masas, y especialmente en los trabajadores de campos y aldeas, corriéndose el riesgo de que las conquistas logradas por la Nación en los últimos tiempos, tanto en el orden financiero y económico, como en el social y cultural, se malogren y desaparezcan como esfuerzos inútiles, en un estado de anarquía que no solo nos traería desprestigio internacional, sino que agotaría los exiguos veneros de la confraternidad y ahondaría más profundamente las diferencias entre la familia hondureña.

La actual organización de los Partidos, por la falta de responsabilidad y sanción de sus dirigentes, que debiera estar prevista en sus estatutos correspondientes, no garantiza ni los intereses de sus afiliados ni mucho menos los del conglomerado nacional. Es así como los dirigentes del Partido Liberal, a pesar de las conversaciones y propuestas de los otros grupos políticos, rehusaron un convenio para organizar el gobierno con la participación de elementos pertenecientes a los tres partidos en lucha, desaprovechando el momento histórico propicio a la conciliación y al gobierno nacional que hubiera llevado a una solución favorable.

Por otra parte, los partidos políticos que en el fondo han logrado significativos avances en lo que se refiere a sus ideologías y a sus programas de acción administrativa, aún no han llegado a infundirle confianza a sus respectivos adversarios, de donde se deduce que unos y otros temen -acaso injustificadamente-, la ascensión al Poder de sus oponentes, por cuanto esperan, con base en las realidades de las luchas políticas del pasado y en las violencias de la reciente contienda, el reinado de las venganzas y de las represalias.

Este estado de cosas, no solo sospechado, sino comprobado en la realidad por los preparativos bélicos para el ataque o la defensa, hacen prever días de zozobra y anarquía para la Nación, si quienes están en capacidad de imprimirle rumbos nuevos al acontecer social y político del país, con actitudes salvadoras por su naturaleza patriótica, no asumen la responsabilidad que las circunstancias demandan, guiando a la República por los senderos de la conciliación nacional y del olvido del pasado, mediante la proposición de situaciones que se presten para estructurar un gobierno que sea garantía de todos y que responda a las aspiraciones y a las necesidades del pueblo.

CONCIUDADANOS:

Largo es el viacrucis sufrido por la República a través de su historia. Los intereses políticos de los bandos contendientes ligados a las fuerzas económicas cuya influencia se ha hecho sentir en el mantenimiento de un estado social de verdadero atraso, han mantenido a Honduras hasta hace poco tiempo, en la desorganización y en la incapacidad técnica para la explotación de sus fuentes de riqueza; y a tal grado llegó en el pasado el estado de anarquía de la familia hondureña, que ya en muchas ocasiones se esbozaron planes y se concibieron proyectos para dar vida a un estado de convivencia social que hiciera posible la confraternidad entre los distintos sectores del pueblo hondureño, como base fundamental para su progreso y bienestar.

Esta noble aspiración, justa y civilizada, tomó forma en la creencia de que a través de un gobierno de unidad nacional que se integrará con participación de todos los bandos en pugna, los hondureños podrían alcanzar ese elevado estado de cultura en que los pueblos alternan en las luchas políticas esgrimiendo ideas y principios, esbozando planes y proponiendo programas concebidos para el bien y el progreso de la República, sin que el fuego del debate produzca las profundas escisiones y malquerencias que nos han mantenido aherrojados en un abismo de odio y de separatismo.

La organización de un gobierno que fuera la expresión nacional, ha sido un viejo anhelo del pueblo hondureño, muchas veces esperado y muchas intentando, sin que hasta la fecha el sectarismo político lo haya dejado producirse en la plenitud que nuestras circunstancias políticas lo exigen.

Frente a tales ideas y tales aspiraciones, hemos creído nosotros que en esta ocasión en que los viejos partidos políticos luchan por ascender al poder y se preparan para defenderse, cada uno acuciado por temores y desconfianza hacia el otro, el viejo sueño del pueblo puede ayudar a resolver el problema en forma pacífica, si para ello se crean situaciones que lo hagan posible.

A esta circunstancia debemos agregar, que nuestra calidad de Diputados, representantes de un considerable sector de ese pueblo hondureño que sueña y espera una vida mejor, nos impone la obligación de velar no sólo por los intereses políticos de nuestras respectivas agrupaciones, sino también, y sobre todo, por los sagrados intereses de la República, en cuyas instituciones y conquistas culturales descansa en forma absoluta el porvenir de la generaciones presentes y futuras. Pero ese sagrado deber que para los intereses políticos de las agrupaciones que se oponen a nuestros respectivos Partidos, es según ellas y según el criterio de sus representantes en el Congreso, la aceptación de determinadas circunstancias que les serían favorables, es para nosotros, representantes del pueblo, un imperativo y una obligación patriótica que nos ordena y compele a actuar en forma que garantice los intereses generales  y que asegure el bienestar colectivo y la estabilidad del orden, de la concordia y de la libertad dentro de las fronteras patrias.

CONCIUDADANOS:

Las anteriores ideas y los fundados temores de que la alteración de la paz nacional, bien supremo, puede sobrevenir si el Congreso Nacional en uso de las atribuciones que le confiere la fracción 9ª. del Articulo 101 de la Constitución Política que manda “hacer la elección del Presidente y Vicepresidente entre los dos ciudadanos que hubieren obtenido para cada cargo mayor número de sufragios populares” y que, no haciéndolo dentro de los veinte días de instalado pasará esta atribución a la Corte Suprema de Justicia, hemos dispuesto no asistir a la instalación del Congreso de la República, para que, en tal caso, quien ejerza las funciones de Presidente de la Nación hondureña, asuma el control de los poderes del Estado, y sirviendo de garantía a la paz, a la libertad, al orden y a la estabilidad de las conquistas culturales y de las instituciones patrias, asegure la organización de un gobierno que responda a las viejas aspiraciones del pueblo hondureño y satisfaga los intereses generales de la colectividad, teniendo como norma la capacidad y la honradez de quienes lo formen, a fin de garantizar no solo los bienes nacionales, sino también los anhelos de las diversas agrupaciones políticas.

Si los partidos políticos compenetrados de su función social han de ser los medios propicios a través de los cuales se realice el progreso de los pueblos, el Partido Nacional, que ha dado muestras en el pasado de su profundo amor a la República, de su apego a la ley y de su interés por la conservación de la paz y de la armonía entre los hondureños, esta vez unificando a los Diputados de las dos agrupaciones en que se ha dividido, ha resuelto influir en la medida de sus capacidades, en el desarrollo de los acontecimientos futuros, mediante una acción conjunta y patriótica de sus representantes, que haga posible las reformas sociales, económicas, jurídicas y culturales que el pueblo hondureño necesita para fundamentar su progreso y el establecimiento de un gobierno que sea la expresión genuina de los diversos intereses nacionales, para que dentro de una unidad patriótica, se aseguren las aspiraciones colectivas y se garantice la estabilidad de las instituciones fundamentales de la República.

HONDUREÑOS:

Si la resolución tomada no correspondiera a la naturaleza de las fuerzas en pugna y en consecuencia no alcanzara a ser neutralizadora capaz de detener la marcha de los factores de la violencia que luchan por tornar el país hacia un estado de atraso y de incultura que ya no se compagina con la evolución alcanzada por nuestra Patria a la hora presente, al menos quede constancia histórica que hubo un grupo de ciudadanos que deseando hacer honor a la representación que el pueblo les ha confiado y pensando en la grandeza, en el porvenir de la República, y especialmente en la necesidad de dar vida a un estado de armonía social entre los hondureños, que asegure la tranquilidad nacional y la estabilidad de las conquistas que en orden al progreso se han alcanzado hasta la fecha, asumen la responsabilidad de hacer posible el surgimiento de un orden constitucional nuevo, que sirva de base a la evolución de las diferentes clases sociales mediante la reforma constitucional y la emisión de leyes de trabajo y de previsión, que garanticen el progreso de la República en todos los órdenes de la actividad humana.

Fieles al pueblo que depositó su confianza en nosotros y deseosos de contribuir a la transformación de HONDURAS, sentando las bases de su futura grandeza y de la concordia nacional, asumimos las responsabilidades que el presente de la República demanda, para hacer posible como representantes del pueblo, lo que éste desea y necesita para su bienestar, avizorando para nuestra Patria un porvenir radiante en que la libertad, la paz, la justicia y la concordia entre los hondureños estén aseguradas para felicidad de todos.

Tegucigalpa, D.C., 3 de diciembre de 1954.

DIPUTADOS NACIONAL-REFORMISTAS:

Céleo Murillo Soto, Marco Tulio Burgos, Manuel J. Fajardo y Fajardo, Ramón Medina Cueva, Cesar Augusto Cabrera Girón, Alejandro Hernández Sandoval, Rafael Tercero Mendoza, Manuel Luna Mejía, J. Humberto Medina Alvarado, Alejandro López Cantarero, Lem Mac Nab Abbott.

DIPUTADOS NACIONALISTAS:

Eliseo Pérez Cadalso, Víctor M. Padilla, Tito H. Cárcamo, Luis F. Lardizábal, José J. Portillo, Pedro Aplicano Mendieta, Miguel A. Hernández C., Modesto Bonilla G., Aníbal E. Quiñonez, R. Sanabria E., Esteban Rodríguez F., A. Castañeda Palacios, José Iglesias G., Jacobo Hernández G., Julio Hernández G., Rafael Ruíz L., Jesús E. Alvarado Lozano, Andrés A. Martínez, J. Andrés Escaleras, Fernando Izaguirre A., Jesús Villela Vidal, Gregorio Espinoza M.