Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE: HISTORIA DE UNA MATANZA (XXVIII)

Anales Históricos
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PARTE XXVIII

Juan Ramón Martínez

91. La condena no provocó reacciones de la Iglesia, UNC; ni el PDCH.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, constituyo un hecho muy importante en la historia de la justicia hondureña. Sin embargo, no provocó mayores reacciones –posiblemente por las razones apuntadas en el numeral anterior— y por otros acontecimientos que llamaron más la atención de la clase política hondureña. El PDCH no le presto mucho interés. Le urgía más que la Corte Suprema fallara sobre su derecho a participar en las elecciones de abril de 1980. La Iglesia Católica porque se había iniciado en su seno la consolidación de un nuevo liderazgo a la cabeza de la misma, que defendía el distanciamiento de los sacerdotes de la vida y los problemas de sus feligreses en la vida social y política. Los partidos Liberal y Nacional, porque estaban afanados en la campaña electoral. Y en la UNAH, porque después de una dura lucha, se había producido después de una discreta ruptura, la sucesión en la Rectoría de Jorge Arturo Reina a manos de Juan Almendares menos obediente a las tesis soviéticas. Pero, además, la muerte de Modesto Rodas Alvarado, el líder máximo del PL y seguro ganador de las elecciones de 1980, ocurrida en Choluteca el lunes 9 de julio de 1979, atrajo la atención de más de la mitad de los hondureños. Y finalmente, desde finales del mes de junio, estaba muy claro que la caída de Somoza era cuestión de tiempo; y el país y su pueblo, por ser fronterizo con Nicaragua, concitaba el interés de la población ocupando la mayor parte del espacio en los periódicos.

Monseñor Rodríguez, Obispo Auxiliar de Tegucigalpa

Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, Obispo Auxiliar de Tegucigalpa entrevistado por La Tribuna, -figura en ascenso y seguro sucesor de Monseñor Héctor Enrique Santos- no se refirió al asunto. El periodista Gustavo Rubí tampoco le interrogo sobre el tema. Y el joven prelado se ocupó más bien de deslindar el papel de la iglesia en la política, poniendo distancia y dándole continuidad a lo que había sido la enseñanza que la Iglesia había obtenido del involucramiento con las luchas de los pobres y es, especialmente de los campesinos hondureños durante las dolorosas jornadas de junio de 1975 en Olancho. Al salesiano Obispo Auxiliar le interesaba más que una condena judicial, el acontecer de la región Centroamericana, envuelta en una guerra generalizada en Nicaragua. Por eso dijo “que los sacerdotes, también ministros de la unidad deben someterse a una renuncia personal por considerar que si militan en política partidarista corren el riesgo de absolutizar y radicalizar la Iglesia”. En la entrevista que comentamos, “sostiene que existe una profunda preocupación en la iglesia a raíz de los últimos acontecimientos políticos de Centroamérica, por considerar que el odio, la violencia y la obcecación de los seres humanos son las causantes de las guerras y luchas sangrientas”. Muy agustiniano el análisis. El mal esta en el interior de las personas. Nada tienen que ver las estructuras económicas, políticas y culturales, pareció decir el culto y joven prelado católico. A juicio de Rodríguez, “los sacerdotes que han participado en movimientos guerrilleros en la América Latina lo han hecho por circunstancias externas, pero el pensamiento magisterial de la Iglesia es muy claro sobre el particular”. Señalo que “en las ordenes económico, social y político en donde se presentan opciones concretas al sacerdote, que como tal no le incumben. Un representante de Dios no debe tomar decisiones de liderazgo ni tampoco la estructuración de soluciones. Un sacerdote al asumir una función directiva o militar activamente en un partido en circunstancias concretas y excepcionales realmente solo podrá hacerlo si lo exige la comunidad, o de otra manera obteniendo el consentimiento del obispo, pero la tendencia actual de la Iglesia no va en ese sentido. Descartó la posibilidad de que en “Nicaragua sea instaurado un gobierno de corte democrático, porque existe un frente amplio que engloba las distintas tendencias. Todo dependerá de la organización para emprender la reestructuración del país”. (Gustavo Rubí, La Tribuna, 26 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH). Al finalizar la entrevista Rodríguez, dijo que “es partidario que Honduras regrese a la normalidad institucional, por considerar que un país de tendencia democrática debe vivir en un gobierno Constitucional”.

El 17 de julio, el diario La Tribuna circulo con titular en su primera página: Emite sentencia la Corte Suprema de Justicia: VEINTE AÑOS DE PRISION A LOS IMPLICADOS DE LEPAGUARE, con el que sorprende a sus lectores. En que lo más destacado en las notas interiores es que según ellos hay un reo absuelto –Efraín Clotter—ignorando que otro que fue declarado inocente fue Alejandro Figueroa, que muriera bajo las balas de la patrulla militar que dirigía el teniente Altamirano Serrado y que atacara el Centro Santa Clara el 24 de junio en horas de la mañana. Además, el periódico resalta que la sentencia era un triunfo para el Procurador (General de la Republica), reportando que el “1 de febrero de 1978, el Procurador General de la Republica, Serapio Hernández Castellanos pidió condena para todos los procesados mediante una apelación que le fue concedida. Posteriormente habría de sostener un palique público con el Partido Demócrata Cristiano, cuyos dirigentes le reclamaron “que no hacía nada por el imperio de la ley”. “El funcionario demostró a los políticos. —sigue diciendo el periódico capitalino – que si ha actuado con energía y lo demuestra la sentencia que hoy exhibe a la nación la Corte Suprema de Justicia. (La Tribuna, Tegucigalpa 17 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El citado periódico capitalino informa además, que no todos los encausados han estado en la cárcel. Solo han estado presos José Enrique Chinchilla, Manuel (Mel) Zelaya, Benjamín Plata, David Ártica Tablada y Carlos Barh. El resto de los condenados, estaban en paradero desconocido. Y dice que los que se encuentran en la PC, “se dedican a negocios particulares relacionados con la venta de alimentos a otros reclusos; y en el caso de Mel Zelaya (a cuidar) sus recursos económicos desde la prisión”. Era público en el Barrio la Hoya, donde estaba la Penitenciaria Central que Mel Zelaya, salía acompañado de sus dos hijos mayores -José Manuel que le visitaba frecuentemente y que manejaba las haciendas en Olancho y Carlos Armando que también guardaba prisión acusado por las muertes de Salomón Junior Kafaty y Camilo Girón Vallecillo ( Suyapa Girón Vallecillo, E Lado Oscuro de la Ley, Tegucigalpa 2005) y que le hacía compañía a su padre— los viernes por la tarde y regresaba los lunes en la mañana. Confirmando los rumores de la singularidad de las cárceles hondureñas, en donde los presos pueden hacer incluso fortunas en su interior; o seguir desde la comodidad de algunas zonas privilegiadas, manejando sus negocios e incluso castigando a sus enemigos en que caso que así conviniera a sus intereses o deseos.

El Tiempo, días después, al referirse al asunto público dice “que algunos de los procesados no guardan prisión en la Penitenciaría Central por razonas desconocidas, entre ellos figura Abelardo Carias, agente del DIN, que en la actualidad esta responsabilizado de investigar el asunto de los atracos a las instituciones bancarias. Con este fallo tendrá que retornar a la PC a cumplir la pena impuesta por el máximo tribunal de Justicia del país”. (Tiempo, SPS, 17 de julio de 1979. Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Tanto Abelardo Carias como los otros que no purgaban condena en la PC, igual que el teniente Altamirano Serrano, tuvieron comprobada participación como actores en los hechos. El primero en el asalto militar al Centro de Capacitación Santa Clara. Carias y tres personas más fueron los agentes del DIN, encargados de las torturas de los asesinados en los Horcones y encargados con Manuel Zelaya, Enrique Barh y Bayardo Mejía Torres, de depositar e intentar dinamitar los cadáveres de 9 personas en el interior de un poso en la madrugada del 26 de junio de 1975.

Las reacciones de los abogados representantes legales de los condenados fueron negativas como siempre es normal. Porque además de las condenas, las sentencias representaron juicios sobre su competencia para presentar “recursos de casación” que, en el proceso judicial hondureño, representan la cumbre de la sabiduría jurídica y la competencia para manejar teorías de diferente naturaleza, muchas de ellas totalmente desconocidas en el medio. Según un periódico capitalino, los defensores expresaron que “el fallo fue dictado por orden superior y que en ese sentido no se le puede buscar otra salida al juicio”. “Simón Molina Ramos que defendía a los militares Chinchilla y Benjamín Plata, sumamente preocupado y molesto se presentó ayer mismo a la PC, llevándoles un mensaje de aliento a sus clientes. No obstante, al ser consultado sobre la decisión de la Corte se limitó a decir: “Vengo a ver a mis defendidos, ellos me necesitan, por eso estoy aquí”. Aunque el fallo es categórico (y final), dejo entrever que seguiría en la lucha, porque considera que los militares son inocentes. Renán Pérez defensor de Carlos Barh, externo que “la sentencia no puede ser así, ello constituye un precedente en la historia de este país. Permítanme que no le siga comentando sobre este hecho, porque son los propios perjudicados los que deben externar a la opinión publica las realidades de las cosas y que sea el pueblo juzgue si en realidad les asiste la razón”. Una de las presuntas arbitrariedades cometidas en la sentencia de la Corte constituye el hecho que se cambie el delito de homicidio por asesinato”. (Tiempo, SPS, 18 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El periódico citado agrega que “a criterio de los entendidos en la materia, los sentenciados en el crimen de los Horcones habrían podido salir libres en un futuro próximo, a través de un indulto, si la pena se hubiese decretado (calificado) por homicidio y no por asesinato”.

También los condenados tuvieron la oportunidad de expresarse. Manuel (Mel) Zelaya, Enrique Chinchilla y Carlos Barh, dijeron lacónicamente que el fallo emitido en su contra por la Corte Suprema de Justicia es temeraria y grosera para sus intereses (y) que no se ajustó a la ley”. A través de un emisario autorizado por el Director de la Penitenciaría Central, Coronel Rony H. Martínez, los responsabilizados por el crimen de la hacienda “Los Horcones”, en el departamento de Olancho expresaron que no les queda otra alternativa que cumplir la pena dictada por el máximo organismo judicial del país. Los declarados autores del crimen más sonado de la historia de este país, y que fueron condenados a 20 años de presidio mayor, permanecen en las celdas número 2 y 1 de la PC, consideradas como las cómodas que existen en ese centro de reclusión. Sobre el particular el director de la PC, coronel Rony H. Martínez dijo que a esas personas se les da un trato común, igual que al resto de los prisioneros y que han sido remitidas a las mencionadas celdas, porque su conducta ha sido excelente, en ningún momento han dado problemas, recalco”. (Tiempo, SPS, 18 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

92. La caída del Somoza en Nicaragua y sus efectos en Honduras.

Mientras tanto la lucha del Frente Sandinista en contra del Gobierno de Anastasio Somoza, estaba en su fase final. Dos días después, el 19 de julio, se rindió Managua y el presidente Anastasio Somoza, huyo hacia los Estados Unidos, donde estaría brevemente por algunos meses. Fue sustituido por Urcuyo que apenas gobernó Managua por un par de días. El gobierno militar de Honduras cometido una evidente pifia diplomática, porque fue uno de los pocos países que reconoció al efímero gobernante. El Ministro de Relaciones Exteriores, muy disgustado porque no fue consultado por sus colegas de la Junta Militar de Gobierno, interpuesto su irrevocable y dijo desde su casa que jamás volvería a las oficinas de la Cancillería en el Palacio de los Ministerios. El país, especialmente la zona occidental y la capital, estaba saturada de refugiados nicaragüenses. En algunas pequeñas ciudades del sur de Honduras había más nicaragüenses que hondureños dijo Cristóbal Díaz, ministro de Gobernación y Justicia. Y en la base aérea de las Fuerza Aérea en Tegucigalpa más de cuarenta aviones estaban estacionados, después de ser usados como medio de transporte para huir del país en donde los sandinistas les habían ganado la guerra. Se dijo entonces que un hijo del dictador Anastasio Somoza, estaba refugiado en una de las haciendas de López Arellano en Comayagua. El ex presidente López Arellano negó rotundamente tales rumores. (La Tribuna, Julio 25 de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

La caída del régimen de Nicaragua provoco que la atención y el interés del público hondureño, desplazara el foco de atención pública sobre un crimen y una sentencia que había ocurrido cuatro años antes. Sustituyendo entonces la preocupación entre otras cosas la afirmacion que si Honduras no se encaminaba por el estado de derecho nos ocurriría lo mismo que a los nicaragüenses como dijera el ex presidente de la republica Ramón E. Cruz. (La Tribuna 25 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central UNAH)

Es decir que, si los militares hondureños se resistían y continuaban gobernando fuera de la ley y la Constitución, podría producirse una rebelión similar en Honduras a la que había ocurrido en Nicaragua. Afortunadamente, para entonces el gobierno militar había cedido y mas bien el país tenia un proceso de censar a los ciudadanos en las municipalidades del país y los líderes políticos visitaban diferentes ciudades haciendo discretas campañas electorales de sus partidos y candidaturas.

93. La muerte de Rodas Alvarado, el censo y el proceso electoral.

Modesto Rodas Alvarado, líder máximo del Partido Liberal

Pero de repente el hecho que colocó en segundo lugar la sentencia, además del silencio de la Iglesia Católica, fue la muerte de Modesto Rodas Alvarado, líder máximo del Parrido Liberal y seguro candidato presidencial de este partido para las elecciones que se habían pactado para el año siguiente. El deceso ocurrió en su finca Bella Vista en Choluteca, el día lunes 9 de julio de 1979. Fue encontrado vestido con sus ropas de faena-- sobre su cama-- muerto por un fulminante ataque cardiaco. Tenía 59 años y había estado sometido a un intenso ritmo de dieta para bajar de peso. No tenía antecedentes de problemas cardiacos. El mayordomo de su hacienda “conocido como Catín reseño su muerte señalando que una noche antes el dirigente liberal viajó a Choluteca desde su hacienda ubicada en “Los Prados”, a despedir a unos familiares, luego de regresar se recostó sin desvestirse por lo que nadie se atrevió a molestarle, suponiendo que estaba agotado y deseaba descansar. Al día siguiente el mayordomo se levantó como todos los días, y fue a buscarle para recibir las ordenes que siempre impartía el doctor Rodas. “Creí que había ordenado que le ensillara el caballo, pero me dijo mi mujer (de nombre Cándida); que estaba preocupada porque todavía no aparecía dando las instrucciones. Aproximadamente a las 10 de la mañana mi mujer volvió a decirme que fuera a averiguar que pasaba con el doctor, por lo que fui, y puse una escalera para verle desde arriba de su cuarto, ya que no contesto a mis llamadas a la puerta. “Lo miré y volví donde Cándida a decirle que el doctor seguía descansando porque tenía una mano en el pecho y otra en la nuca”. Nuevamente los ayudantes del doctor Rodas Alvarado trataron de despertarlo unos minutos más tarde, pero al ver que no respondía decidieron romper la puerta de entrada e ingresar a su aposento, al tocarlo se dieron cuenta que había muerto”. (La Prensa 10 de julio de 1979).

La noticia circulo como la pólvora y estremeció a Honduras. Rodas Alvarado era el líder indiscutible del Partido Liberal, seguro candidato presidencial que representaba el discurso contrario a la modernización que representaban los militares; y era su más acerado crítico y cuestionador. Los observadores anticipaban que los liberales les ganarían a los nacionalistas y que, sin lugar a dudas, Rodas Alvarado su candidato, sería el próximo presidente del país.

A las cinco de la tarde de ese mismo día 9 de julio, fue llevado su cadáver a la Policlínica San Rafael de la ciudad de Choluteca “donde fue preparado para su posterior traslado al Consejo Local Liberal de Choluteca”. A las 11 de la noche su cadáver fue traslado a su ciudad natal Sabanagrande. Aquí se celebro una misa de cuerpo presente. Luego fue traslado a su casa de habitación en Tegucigalpa, en el sector llamado San José y de aquí al Palacio Legislativo, el que fue preparado para recibir el féretro, por órdenes de la Junta Militar. Ésta por medio del Ministerio de Gobernación y Justicia –a cargo del coronel Cristóbal Díaz— le otorgó la nacionalidad hondureña a doña Margarita Baca de Rodas Alvarado, nacida en Nicaragua. Su sepelio, al día siguiente constituyo una explosión popular. Fue llevado en hombros de sus seguidores desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ubicado a inmediaciones de la Catedral de Tegucigalpa hasta el Cementerio Jardines de Paz Suyapa, donde fue enterrado.

El impacto mayor de la muerte de Rodas Alvarado para el liberalismo –que estaba en campaña electoral parta ganar la Constituyente el año siguiente— lo describió el médico paceño Roberto Suazo Córdova, Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal el que dijo “El dolor de mi corazón solo se compara en estos momentos en el que sufrí el 15 de mayo de 1977, cuando Dios recogió en su seno a mi adorada madre”. (La Tribuna, 11 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central. UNAH)

El mejor resumen del sentimiento popular ante la muerte de Rodas Alvarado es el siguiente: “La Colectividad hondureña fue conmovida ayer en horas de la mañana ante el inesperado anuncio de la muerte del doctor Modesto Rodas Alvarado, distinguido profesional del Foro Hondureño y líder máximo del Partido Liberal de Honduras, quien en el curso de su vida prestó relevantes servicios a la Patria desde importantes funciones públicas, sobresaliendo además en sus luchas políticas por el acendrado amor a su tierra y a su gente”.

“Hoy la gran masa de los hondureños y especialmente sus seguidores y simpatizantes, lloran y lamentan su partida, en un momento en que nuestro país entraba en una etapa decisiva de lucha cívica electoral para retornar a la institucionalidad en cuyo proceso se perfilaba Rodas Alvarado como una de las figuras más descollantes y de amplias perspectivas en el destino político de Honduras”.

“Su muerte envuelve con un manto negro la enseña rojo blanco rojo del Partido Liberal a cuya causa se entregó durante toda su vida, y sobre esos crespones surgen también los sentimientos de dolor de todo un pueblo, que reconoció en el “León del Liberalismo” a un hombre luchador, íntegro y amante del progreso y los principios fundamentales que sustentan el espíritu democrático nacional por cuyos méritos LA TRIBUNA se suma al dolor que embarga a su distinguida esposa doña Margarita, sus hijos, al Partido Liberal y a la gran masa de correligionarios que en todo momento le acompañaron en campaña. Descanse en paz quien en vida el Dr. Modesto Rodas Alvarado y resignación cristiana a todos sus familiares”. (La Tribuna, Tegucigalpa 10 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

94. La caída de Somoza hace temer un efecto dominó en Honduras.

Policarpo Paz miembro de la Junta Militar de Gobierno

Los grupos de “izquierda” -especialmente los de la Universidad Los grupos de “izquierda” -especialmente los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras– que habían apoyado a los guerrilleros que combatían al gobierno de Anastasio Somoza, hicieron suyo el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Días antes se había producido el relevo en la rectoría de la UNAH. Jorge Arturo Reina, fundador del FRU y líder de la “izquierda” universitaria, fue sucedido por Juan Almendares de la facción pro china de los universitarios hondureños. Jorge Arturo Reina, fuera de la Rectoría de la UNAH, anunció su disposición para incorporarse al Partido Liberal y dentro de sus filas, ocupar una posición de representación popular. El joven líder liberal y dirigente universitario, Carlos Montoya le respondió que, para lograrlo, tenía que demostrar que contaba con cinco años de militancia en las filas rojo, blanco y rojo de Honduras. En la “derecha” hondureña y especialmente en el gobierno militar se desarrolló un cierto sentimiento de temor que la caída de Somoza provocara un efecto dominó en Centroamérica; y que, después de la caída de Somoza los siguientes militares que dejarían el poder serían los hondureños y los salvadoreños. Anastasio Somoza era la figura política, económica y militar más destacada de Centroamérica. Además de Presidente de Nicaragua, era el presidente del CONDECA (Consejo de Defensa de Centroamérica); muy amigo de los militares hondureños, compadre de López Arellano, ex líder de los militares hondureños y, además, era de público conocimiento entre los hondureños, que, durante la guerra de Las Cien Horas librada entre El Salvador y Honduras, Nicaragua había dado apoyos a Honduras para responder a la embestida de los salvadoreños, mejor armados y más preparados para la aventura guerrera. Antes del desenlace, los militares hondureños hicieron movimientos en los ministerios del régimen y el 20 de julio, en la oportunidad que se celebraran los 25 años de fundación del I Batallón de Infantería, Policarpo Paz García, Presidente de la Junta Militar de Gobierno pronunció un discurso en su dónde se aprecian los efectos que la caída de Somoza había tenido entre los uniformados hondureños y evidencias de su afán –como gobernantes- de distanciarse de las razones de su caída. Porque el problema en términos de paradigma, es que unos “guerrilleros”, sin formación militar y sin disciplina, habían derrotado a todo un ejército de más de 35 años de operación y a un régimen dirigido por el líder más competente de la región en ese momento. Por ello el discurso de Paz García expresa una visión de sí mismos, como militares y gobernantes, por parte de los militares, su misión y su profesionalismo. “La fundación del Primer Batallón de Infantería, hace veinte y cinco años, marco el paso definitivo de la nación hondureña, hacia la formación de un ejército profesional, técnicamente capaz, con una mística de servicio a Honduras, ante que cualquier otro interés subalterno. Lograr la formación de las FFAA tal como hoy la tenemos, ha sido el fruto de un largo camino que en el tiempo pudiera medirse en un cuarto de siglo, y en la historia, con las duras y amargas experiencias que la nación ha tenido que sufrir, con graves pérdidas de vidas preciosas y con riesgos tremendos para su soberanía e integridad territoriales. No quiero cerrar mis palabras sin recordar en estos momentos lo que dije hace poco, respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Somos un ejercito para la paz, inspirado en el amor, la libertad y la defensa de la democracia y los derechos fundamentales del hombre. Indómitos como el indio Lempira cuyo símbolo ostentamos con legítimo honor. Orgullosamente sordo ante el sonido de las cadenas totalitarias y el ruido morboso de la anti patria, listo para levantar murallas de patriotismo al menor asomo de amenaza a nuestra soberanía e integridad territorial, a nuestras libertades publicas y nuestro credo en un Dios supremo y bondadoso. Somos concretos en un ejército destinado a garantizar nuestra unidad interna y dispuesto siempre en nombre de Honduras a ofrendar su mano respetuosa y amiga para quienes con amistad y respeto nos dieran la suya, somos un ejercito que vela día y noche en la frontera patria, celoso de la dignidad de la republica y de sus instituciones democráticas. Somos un ejército de uniformados y civiles preparados para ahogar en gestos de heroísmo, todo intento de sentimiento y de imposición vengan de donde vengan. Somos el pecho fuerte de Honduras, en cuyo interior un corazón de hospitalidad de espíritu centro americanista de cumplimiento de las normas de convivencia pacífica entre estados soberanos y amigos”. (La Tribuna, 21 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

El mensaje es muy claro y se justifica como una reacción ante la caída de un ejercito profesional a manos de guerrilleros, lo que les obliga a establecer una línea roja. Dan la mano; pero quieren la sinceridad del otro. Aunque todos los militares hondureños saben que las cosas serán difíciles y que la amistad tardara muchos años en establecerse. Algunos incluso, verificando el número de Guardias Nacionales nicaragüenses que huyeron hacia Honduras, los aviones y pilotos que dejaron su patria huyendo de los guerrilleros, se atrevieron a hacer la predicción que pronto se organizaría desde Honduras la contra revolución para derrotar a los nuevos gobernantes nicaragüenses.

95. La celebración de los veinte años de la guerra contra El Salvador.

Otro hecho, muy emotivo que atrajo la atención de la población en el mes de julio fueron los actos de celebración de la guerra de Las Cien Horas librada en contra de El Salvador entre el 14 y 20 de julio de 1969. Se efectuaron celebraciones conmemorativas y en los periódicos se presentaron reportajes de las batallas, los daños sufridos y las tropas y personas involucradas desde lado de Honduras. Incluso se incluyeron los nombres de los militares caídos en combate en los dos principales frentes de guerra: el teatro del sur y el teatro de occidente. La población entonces, fijó su atención en un hecho que afectó el orgullo nacional y provocó victimas entre los militares y destrucción de la propiedad privada en las comunidades fronterizas. Es decir que entre estas celebraciones, los reportajes y las listas de fallecidos por un lado y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los periódicos y la población se inclinaron en favor de la guerra de 1969. Y si a esto se agrega el hecho que los militares hondureños se sentían profesionalmente ofendidos en su honor con la caída de Somoza y las afirmaciones de los políticos locales que reclaman elecciones. Al tiempo que otros como hemos dicho dicen que puede pasar algo si en Honduras los militares no vuelven a los cuarteles. Otros son más explícitos urgiendo que se acentúen los procesos de cedulación de los hondureños, para confeccionar el censo electoral y permitir la mayor participación del mayor número de electores. Es decir que estos temas, están mas cercas del sentimiento popular, agregando al hecho que la Iglesia, el PDCH y la UNC, que fueron las tres instituciones afectadas por el asesinato de sus miembros, tampoco mostraron mayor entusiasmo por la sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia, había enmendado las decisiones amañadas del tribunal de Olancho y  la confirmación de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, no hacen pronunciamientos especialmente. Tampoco los sindicaros, la FEUH y los demás partidos políticos. En cambio, la celebración de los veinte años de la guerra contra El Salvador, tocaba a todos los segmentos más humildes de la sociedad hondureña. Los muertos, todos venían de los sectores más bajos de la sociedad. La mayoría originarios de los departamentos de Lempira, La Paz y Valle. Por lo que la atención despertó más interés y los periódicos le dieron mayor cobertura a celebrar esta guerra al cumplir 20 años de ocurrida, que a la condena que la Corte les había dictado a los asesinos de Los Horcones, Lepaguare.

96. Homicidio o asesinato, he aquí la cuestión

Alejandro López Cantarero, Presidente de la CSJ

Desde que se conoció la sentencia, se dijo que había sido ordenada por los militares, en el ánimo de mostrar, en tiempos en que la revuelta de los sandinistas en Nicaragua, hicieron temer que derrotarían a Anastasio Somoza, una cara más respetuosa de la ley como medio de mejorar su imagen en la opinión pública. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro López Cantarero declaro que “Con la sentencia dictada a los implicados en el crimen de Los Horcones; hemos hecho un servicio de primera clase a la sociedad y al régimen al cual servimos, porque actuamos con arreglo a derecho y no dejamos impune un hecho que conmociono a la conciencia nacional e internacional”. (Manuel Torres, La Prensa SPS, 19 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Agrego el periodista Manuel Torres que el entrevistado “explicó que los siete magistrados que componen la CSJ estuvieron de acuerdo en admitir el Recurso de Casación que formalizó el apoderado legal del Procurador General de la Republica, para luego anular la sentencia recurrida y después dictar el fallo final, ya de conocimiento público, con arreglo a derecho y en plena concordancia con el criterio de justicia que al respecto se habían formulado cada uno de los magistrados”. El abogado López Cantarero, contrariado por una serie de rumores que circulan en el medio capitalino, señaló que en su labor “no tuvieron la presión de las partes interesadas, ni reclamos al respecto; tampoco hubo alguna gestión de los compañeros de promoción del Mayor Chinchilla. Es posible que lo hayan hecho a nivel de su misma organización, pero ello no trascendió a la CSJ”. “El alto funcionario recalco -sigue diciendo Torres– que ninguno de los magistrados tuvo prejuicios en contra de los indiciados como responsables del crimen colectivo de “Los Horcones”. Actuamos con suma honestidad, al grado que el magistrado Vicente García pidió ser excluido de las deliberaciones por ser amigo de la familia de Manuel Zelaya. Ello lo consideramos procedente y por esa razón se le sustituyo por el suplente” dijo. Pese a que entre los asesinados en Lepaguare hubo un estadounidense y una colombiana, la Corte Suprema no recibió ningún reclamo de parte de las autoridades de Justicia de las naciones pertinentes. “Únicamente en una oportunidad la embajada americana indago mal respecto, pero únicamente se interesó sobre el estado del juicio, nada más” informo. “La sentencia dictada –siguió diciendo Alejandro López Cantarero, Presidente de la CSJ— confirma la independencia del Poder Judicial. En lo personal tengo once años ininterrumpidos de permanecer en este organismo de Justicia y me siento satisfecho que a través de esa larga carrera siempre he cumplido con mi deber con honestidad, en apego estricto a las leyes de nuestro país”. Agrego que en ningún magistrado hubo la intención se sentar un precedente por venganza o por motivos políticos. “Nuestro criterio fue apegado estrictamente al ordenamiento jurídico que nos rige conforme al precepto de darle a cada quien lo suyo”. Ante la duda que se hayan quedado algunos culpables sin ser castigados, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que “nosotros nos atuvimos a la lista presentada y una labor de investigación al margen de ella ya no nos correspondía hacerla a nosotros”. (Manuel Torres, La Prensa, SPS, 19 de julio de 1979, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH)

El abogado Carlos Gómez Moreno recurrente a nombre de la Procuraduría General de la Republica tenía 28 años de edad cuando interpuso el Recurso de Casación por infracción de ley. Actuó en suplencia de un colega suyo que debió salir del país para recibir un entrenamiento en el exterior. No tenía experiencia en el asunto que procesalmente es lo máximo en la carrera judicial. Además, aunque busco cooperación y consejo entre los abogados más calificados del tiempo, no recibió apoyo alguno posiblemente porque creyeron “que no pegaría el recurso” . De modo que se dedicó a estudiar a los grandes penalistas españoles y latinoamericanos para tratar de configurar la naturaleza y continuidad del delito en contra de la vida de las personas. Posiblemente el mayor esfuerzo lo efectuó en el estudio y argumentación que el crimen de Los Horcones, configuraba una serie de acciones que se habían ido articulando unas con las otras: y en las cuales habían participado dos tipos de actores: ejecutores y cómplices. Que la participación de los primeros era total y completa y la de los cómplices, parcial y por momentos del proceso criminal. Pero que ambas tenían igual responsabilidad porque el delito era uno solo. Configurado en esa forma el delito –cosa que acepto la CSJ— y que el Juzgado de Letras de Juticalpa y la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa no habían tomado en cuenta, era lógico que la cabeza del sistema judicial del país haya aceptado el recurso de casación por infracción de ley y denegado las peticiones de su contrario, el abogado Simón Molina Ramos que no pudo justificar la infracción legal que argumentaba.

Pero la Corte, no aclaró suficientemente una cuestión básica en su Sentencia. ¿El crimen del Centro de Capacitación Santa Clara y el de los Horcones, configurados como un solo delito, fueron las fases continuas de un homicidio o un asesinato? En esta ambigüedad se ampararan los que poco tiempo después, por medio de un indulto lograron la excarcelación de los implicados que de esta forma, pudieron evadir el largo brazo de la justicia que aunque quiso “darle a cada quien lo suyo”, los militares –según lo cree Gómez Moreno cincuenta años después– lo urdieron para favorecer especialmente al mayor Chinchilla que siempre sostuvo que la acción en contra de las vidas de 14 personas que había realizado, fue ordenada desde el alto mando militar y que por ello –como lo refirió Manuel Zelaya Ordoñez en su declaración– le dijo a su cómplice-- que no se preocupara que sus compañeros, los protegerían. Ahora, cincuenta años después del crimen y 47 años después de la sentencia, el  abogado Gomes Morena cree que, en efecto, para definir la naturaleza interna de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los militares ejercieron algún tipo de presión sobre los magistrados de la misma. El indulto y la larga carrera diplomática en la que se desempeño el mayor Enrique Chinchilla, el principal culpable del crimen de Los Horcones, hasta su muerte, parece confirmar las dudas y las sospechas. Del publico de 1979 y del ahora veterano abogado y ex magistrado de la Corte suprema de Justicia, Carlos Gómez Moreno. 

(Continuará)