Contracorriente: SOBRE REFORMAS ELECTORALES

Juan Ramón Martínez

Siendo país incumplidor de la ley, hay una repetida tendencia: elaborar y aprobar leyes que la mayoría cumple solo cuando le beneficia. Para después usar como excusa por el rechazo para pedir otras reformas infinitas; o que se emita otra. La ley Electoral de Honduras (Decreto 35-2021) fue útil con tres partidos políticos. Según Carlos Flores “permitió efectuar las mejores elecciones del siglo” en 2021, bajo la dirección de Rixi y Ana Paola Hall.

Esa misma ley cuatro años después es mala. Sin estudiar el asunto se salen disparando al aire presentando como solución salvadora la segunda vuelta, recurso con el que los proponentes creen que se evitaría elegir gobiernos débiles. Cuando el problema no es ese. Solo los majaderos creen que lo bueno hace cuatro años, ahora no sirve. Y sin más, hay que cambiar la ley. Disimulando el hecho que la cuestión radica en el liderazgo político no respeta las reglas establecidas. La causa entonces no es jurídica, sino que cultural. Provocada por el resurgimiento del caudillismo, la falta de democracia partidaria. Y cocinada en la trastienda de la centralización abusiva que sufrimos en la esfera de lo público.

El centralismo, la falta de cultura democrática y el deterioro de la participación ciudadana en los procesos electorales, -- en los que nadie quiere perder--, hace que el problema no se resuelva con nuevas legislaciones, poniendo un artículo aquí; o inventando otro reglamento por allá. Lo que hace es complicar las cosas más para darle oportunidades a los técnicos, a los burócratas. E incluso a los negociantes de las elecciones que inundan al país y hacen pingues ganancias en complicidad con funcionarios y políticos internacionales. Este es el corazón del asunto. Puro berrinche.

En una aproximación preliminar, hay que decir que la ley electoral con la que fue el pueblo a las elecciones de 1980 -- y en las que eligieron 71 diputados para una Asamblea Constituyente---, es mejor que la legislación actual. No conocemos un estudio de derecho electoral comparado. Cuando se haga, se descubrirá como se ha seguido un proceso destructivo del poder del ciudadano, rebajando el control de la mesa electoral y eliminando la influencia del municipio y el departamento en el escrutinio. Igual que el derecho público, el ciudadano ha perdido poder e influencia y en nombre de movimientos, caudillos y liderazgos televisivos, las personas han terminado convertidas en números, que manipulan los que manejan los sistemas de comunicación del país.

Hay que revisar la Ley Electoral. Pero no por técnicos extranjeros, sino por personas con experiencia en manejo de procesos electorales. Hondureños, que dirigieron elecciones y que tienen experiencias y, además, compromiso con la soberanía nacional.

Las elecciones son del municipio y del departamento. Lo nacional es exclusivamente normativo. En este sentido la mesa debe estar como corresponde en manos ciudadanas. No importa cómo escojan sus miembros. Bien representando partidos o por ciudadanos respetables. El asunto es que el escrutinio se haga en la mesa electoral. Y que se debe respetar. Porque expresa la voluntad ciudadana. La mesa electoral no solo recolecta votos. Cuenta, verifica y hace el escrutinio. Los escrutinios de las mesas electorales sumados en los municipios, y convertido en el escrutinio base para el escrutinio departamental. Efectuado en los 18 departamentos, servirá al Consejo Nacional Electoral – que debió llamarse siempre Tribunal, porque es de naturaleza superior y sus miembros son magistrados de la soberanía popular – para elaborar el escrutinio nacional.

Los documentos electorales que respaldan las actas municipales y departamentales, deben ser traídas a Tegucigalpa y guardadas para ser usados como elementos de prueba ante cualquier reclamo que se efectué. Es decir que el escrutinio no debe hacerse en Tegucigalpa, sino para efectos de reclamo. Y revisión nada más.

La información anticipada no es problema si se manejó por la institución electoral, donde todos los actores políticos tengan participación. Una firma externa, da justificaciones para que los irrespetuosos, usen sus resultados como excusa para negarse a reconocerlos. Porque no es en la ley donde está el problema, sino en la cultura.

Nadie quiere perder. Y si pierde arrebata. Explica por qué la misma ley, buena en el 2021, cuatro años después es mala. Escondiendo que el problema es cultural no ayudamos a resolverlo. Los políticos no son democráticos, sino que autoritarios disfrazados de santos respetuosos de la ley. Cuando les conviene. Marlon Ochoa, ante los Diez Mandamientos sería irrespetuoso, con tal que Mel se lo ordenara. Ofendiendo a Moisés. ¿Qué, cree usted?