Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XXX)

Anales Históricos

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PARTE XXX

Juan Ramón Martínez

99. Muchos, además de los militares, se beneficiaron de la amnistía y el indulto

En la emisión de una amnistía o indulto por parte de la Asamblea Constituyente, había muchos interesados. No solo los militares. Había campesinos presos, sindicalistas encausados; e incluso muchos pequeños grupos de políticos revolucionarios que habían realizado acciones en contra del sistema, raptando personas, metiendo fuego a fábricas e incluso traficando con armas, que estaban interesados en la amnistía. También, se dijo por parte de un sacerdote que las amnistías debían proteger al sacerdote James Carney, (Padre Guadalupe), que había sido despojado de la nacionalidad hondureña y obligado a abandonar el país. El sacerdote jesuita Padre José María Tejiera, en un artículo en la sección editorial de El Tiempo se refirió al asunto. Incluso, Abraham Bennaton ex ministro de Economía con López Arellano que fuera implicado en el Soborno Bananero, denunciado en abril de 1975, mostró interés en el indulto. Incluso, algunos familiares de los condenados por la Masacre de los Horcones, Lepaguare, Olancho, se movían y asistían a las sesiones de la Asamblea Constituyente, para verificar cuando se iniciaría la discusión y aprobación del decreto, como fue el caso de la hija de Carlos Barh, Gloria María Barh “que se hizo presente ayer en la Asamblea Nacional Constituyente para ser testigo de que el indulto sería aprobado, beneficiando con ello a su padre que se vio implicado en el múltiple asesinato de los Horcones”. (Tiempo, SPS, 3 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH) 

Pero también tenían sus detractores. Oswaldo Ramos Soto, Decano de la Facultad de Derecho de la UNAH “la consideraba una acción demagógica de naturaleza política” porque es una consecución de lo tradicional en el país, al abrir las cárceles luego de su instalación (de la Asamblea Constituyente). Reflexionó que “quienes tienen deudas contraídas con la sociedad deben pagarlas (sean estas de tipo político y conexos, o comunes) advirtiendo que lo más seguro es que muchos de los liberados no tardaran demasiado a volver a tocar las ´puertas de los presidios”. “Muchos de ellos no se han curado del mal cometido y son lógicos candidatos a regresar”, afirmó. (Edmundo Espinal Díaz, Tiempo, SPS, 29 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Pero también, hubo políticos que establecieron distancia con el tema y rehuyeron responsabilidades. El 2 de septiembre en un diario de la Costa Norte se dijo que “en el transcurso de la semana se comenzaría a discutir el proyecto de Indulto General y de Amnistía para los presos políticos, aseguró ayer el vice presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, abogado Efraín Bu Girón. Expuso el diputado liberal que tal proyecto será aprobado para beneficiar a presos por delitos comunes y políticos. El decreto favorecerá a los campesinos detenidos por problemas agrarios e igualmente las personas vinculadas a la Bemis-Handal, al secuestro del gerente de la Texaco, Árnold Quiroz, a la compra de armas a los guerrilleros salvadoreños y al Movimiento Universitario Popular (MUP). En las declaraciones el abogado Bu Girón manifestó que en cuanto al indulto no podía precisar si beneficiaria a los involucrados en la masacre de Lepaguare porque para eso tendría que conocer la causa, aunque aclaró diciendo “los reincidentes no serán favorecidos” con este perdón. (Tiempo, SPS, 2 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

“Un Magistrado liberal de la Corte Suprema de Justicia que solicitó no citar su nombre, dijo ayer a Tiempo que los condenados por homicidio consumado en “la masacre de los Horcones no serán beneficiados con el indulto porque los presos son reincidentes por haber sido sentenciados varias veces por el mismo delito”. (Tiempo; SPS. 2 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca central, UNAH).

Esto último probablemente fue un error del redactar de la nota porque ningún magistrado pudo haber incurrido en tal error de juicio y apreciación. Porque en el juicio se estableció la continuidad del delito. Y no fueron condenados varias veces por el mismo delito –cosa que el derecho procesal hondureño no permite– sino que las condenas se acumularon en la sentencia, porque los muertos fueron catorce personas. Y, además, en el caso de Bu Girón, su excusa fue inexplicable, porque siendo un profesional del derecho que vivió en Tegucigalpa cuando se produjeron los hechos de Olancho (25 de junio de 1975) estaba suficientemente enterado por las noticias, declaraciones y sentencias publicadas en los periódicos, en las que la cuestión fundamental fue la calificación del delito por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta en su sentencia no calificó los delitos como asesinatos, sino que como homicidios consumados pasando por alto la premeditación, el esconder los cadáveres y tampoco la alevosía y ventaja de los responsables que incluso actuaron en horas de la noche. Y que, como se le dijo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces Alejandro Cantarero López, tal cosa fue una forma de preparar las cosas para que, en el pacto entre militares y políticos, se acordara otorgar la amnistía y el indulto para favorecer a los militares y a los ganaderos implicados en los hechos de Olancho.

Nicolás Cruz Torres, vicepresidente de la Constituyente declaró que “consultará con los demás miembros de la Constituyente para ver la forma que se pueda revisar el texto del indulto y complacer a Abraham Bennaton Ramos para que los tribunales de justicia sigan conociendo el caso del soborno bananero. Recientemente el principal encausado del Banagate -que no fue el general Osvaldo López Arellano Jefe del estado y de las FFAA que nunca fue judicializada su participación en el mismo asunto— hizo un desplante público señalando que desea que el juicio continúe para que al final se pruebe su inocencia sin necesidad de la gracia del indulto”. Cruz Torres agregó “que los asesores de los responsables de ese delito que ofendió la dignidad del país aconsejaron a Bennaton, quien desea renunciar ahora al beneficio del indulto a sabiendas que se puede alegar el principio básico de que la ley no tiene efecto retroactivo sino en materia penal y cuando favorezca al delincuente”. (Tiempo, SPS, 29 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Días antes, el Procurador General de la Republica Serapio Hernández Castellanos declaro que “no había hecho bien sus cuentas y aseguró hace poco que la gracia del indulto no alcanzaba a su acusado Bennaton Ramos porque este caso se había producido en agosto y septiembre de 1974. Sin embargo, la Secretaria del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal informó que el juicio por acusación de delitos de “cohecho, fraude y del delito señalado en el artículo 129 del Código Penal, que se refiere a los funcionarios que comprometen la dignidad y los intereses de la República, se inició el 23 de mayo de 1975. El indulto decretado por la Constituyente favorece a las personas procesadas a partir del 12 de diciembre de 1974 al 4 de septiembre de 1980, razón por la cual queda comprendido Bennaton Ramos, y en ese caso el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal procedió de oficio, dictado el sobreseimiento respectivo. El delito de fraude y cohecho por el cual se acusaba a Bennaton Ramos, ya que sobornó no aparece tipificado en nuestras leyes, cae entre los simples delitos o delitos menores, de allí que por obra y gracia del decreto de la Constituyente le fue indultado toda la pena al ex ministro de de Economía, antes que se dictara sentencia…. Todo lo anterior significa que el licenciado Abrahán Bennaton Ramos se libró de pagar su delito y ya no irán a declarar los generales Osvaldo López Arellano y Juan Alberto Melgar Castro. Abraham Bennaton Ramos fue acusado en 1975 de haber recibido un soborno de más de dos millones de lempiras de la empresa transnacional United Brands para que se rebajará el impuesto a la exportación del banano. Se supo ayer –continúo reportando el diario costeño— que el expediente del juicio seguido a Bennaton Ramos, que fue sobreseído, pasará a la Corte Suprema de Justicia”. (Tiempo, 23 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Una semana antes, el sacerdote católico José María Tojeira escribió que desde que se conoció el decreto del indulto y la amnistía “algunos grupos –que no precisa– solicitaron a la Asamblea Nacional Constituyente que revisara el caso del padre Guadalupe y lo incluyeran en la posible amnistía. Llegó después el decreto de indulto y amnistía y muchos ya salieron de la cárcel. La medida fue positiva y acertada porque ofreció a muchos hondureños la posibilidad de comenzar de nuevo un diálogo con la sociedad sin tener en cuenta posibles errores, muchas veces causados por las condiciones de pobreza y atraso en las que vivimos. Sin embargo, al P. Guadalupe no se le mencionó. El caso de este sacerdote, dirán algunos, no podía tratarse en el decreto de amnistía porque el ya no es hondureño. Sin embargo, frente a esto, hay dos argumentos que pesan. En primer lugar, la hondureñidad o no de cada ciudadano no se mide tanto por su lugar de nacimiento como por su amor al país. Y el Padre Guadalupe quería mucho a Honduras. Y en segundo lugar el Padre Guadalupe fue privado de nacionalidad por un supuesto delito político según consta en el documento de revocación de su acta de naturalización. En efecto se citaba en dicho documento una carta dirigida por el sacerdote a los campesinos de ANACH en la que se les exhortaba a ser independientes, a no permitir la reelección fraudulenta de determinado líder campesino, y a no tolerar la injerencia en sus asuntos de determinada Embajada”. (José María Tojeira, Iglesia hoy: El P. Guadalupe y la amnistía, Tiempo, 17 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Quienes recibieron el favor de la amnistía y el indulto fueron los victimarios de los dos sacerdotes, dos mujeres y diez campesinos asesinados en la finca Los Horcones, Valle de Lepaguare, Olancho, ocurridos los días 25 y 26 de junio de 1975. Al fin y al cabo, era para ellos que estaba dirigido el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. “El abogado Orlando Gómez Cisneros (diputado liberal a la Asamblea Nacional Constituyente y redactor con abogados nombrados por Ricardo Zúñiga Agustinus líder máximo del Partido Nacional del decreto en su parte sustantiva) confirmó que los culpables del asesinato múltiple de Los Horcones saldrán libres en vista de que el indulto recientemente aprobado los abarca. Recordó que las diligencias del juicio fueron evacuadas en el Juzgado criminal correspondiente de Olancho, posterior al fallo vino una apelación y “parece” que el auto de prisión fue reformado, sin embargo, recurrieron en casación a la Corte Suprema de Justicia, organismo que ratificó el dictamen de culpables por homicidio consumado. Y como se trata de delitos comunes, entonces, entran en la gracia del indulto, ratificó Gómez Cisneros. Además, agregó en el acuerdo emitido por la Constituyente se establece que saldrán favorecidos los procesados y condenados después del 11 de diciembre de 1974 y el caso de los Horcones fue en junio de 1975”. (Tiempo, 5 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Como la opinión pública todavía resentía los efectos de los asesinatos cometidos en Olancho, un diputado de la Constituyente dijo que “ellos no eran los culpables del indulto que liberaba a los implicado de Los Horcones y señaló el detalle fundamental por el cual el indulto los había favorecido. “No se puede culpar a la Constituyente de que salgan libres implicados en el caso de Los Horcones” expresó a Tiempo el diputado nacionalista Jacobo Hernández Cruz. Nuestro entrevistado es un abogado joven y que está destacándose en las filas del nacionalismo a raíz de la labor proselitista que ha desempeñado en el departamento de Lempira, donde arrollaron a los liberales el 20 de abril pasado. “Mel Zelaya y los otros implicados en el juicio de Los Horcones que fueron condenados por homicidio son favorecidos por el indulto, independientemente de los medios probatorios en que se basó la Corte Suprema de Justicia para calificar así al delito. El indulto, expreso, recae sobre la pena. A renglón seguido apunto que debido a su formación en los tribunales de justicia considera que los abogados de los culpables del asesinato colectivo en Olancho defendieron bien a sus clientes ya que lograron que se les condenaran por homicidio y no por asesinato. Luego indicó que lo sucedido con Mel Zelaya y sus compañeros demuestra la necesidad de que el Código Penal y el Código de Procedimientos, que datan de 1906, sean sustituidos por una legislación moderna y en consonancia a nuestra realidad”. (Tiempo, SPS, 5 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Hasta los estudiantes de derecho de ese tiempo, sabían que había algo más que un problema de códigos. Un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH les decía a sus alumnos que algunas veces más que conocer la ley, era más importante conocer a los jueces. O ser del partido político que tenga más influencia. Porque fue público entonces en el barrio La Hoya –donde estaban los juzgados y la Penitenciaría Central– que Manuel “Mel” Zelaya, durante estuvo en la cárcel, cambio de militancia política, él y su familia. Pasó del Partido Nacional al Partido Liberal. Las dos expresiones pueden relacionarse con el caso que nos ocupa.

Además, en virtud del decreto de Amnistía e Indulto de la Asamblea Constituyente salieron libres, los implicados en el secuestro en contra de Árnold Quiroz, Gerente de la Texaco en Honduras. En efecto el 5 de septiembre “salieron libres en San Pedro Sula todos los presos políticos de los casos de la Bemis-Handal, del secuestro del gerente de la Texaco, Árnold Quiroz favorecidos por la amnistía recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. A las cuatro y media de la tarde de ayer recuperaron su libertad el doctor José María Reyes Matta, Wilfredo Gallardo Musselli, Rene Bulnes Soleno y los demás que fueron involucrados en el caso de “Quiroz” igual que sucedió con los de “Bemis-Handal”. Además de los que fueron liberados en el presidio de San Pedro Sula se suman los amparados por el indulto que benefician directamente a los implicados en el crimen de Los Horcones. De acuerdo a lo anterior ayer también salieron libres de la Penitenciaría Central en Tegucigalpa Mel Zelaya, Enrique Chinchilla, Benjamín Rodolfo Plata y otros culpables del homicidio consumado en perjuicio de campesinos, sacerdotes y dos jóvenes, una de ellas hondureña y la otra colombiana. (Tiempo, SPS, 6 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

 

“A las 11 de la mañana de ayer recobraron su libertad los 6 últimos supuestos implicados en el caso del incendio de la fábrica textil “Bemis–Handal”, de esta ciudad que fueron acusados por la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), entre otros delitos, de asesinato consumado en la persona de un trabajador que murió a consecuencia de un balazo que no se supo del arma de quien emanó. Héctor Hernández, José A. Espinoza, Rigoberto Gutiérrez, Edwin Salomón Cañas, Oscar Enamorado y Teófilo Castro fueron puestos en libertad por disposición de la Corte Suprema de Justicia que con lo actuado, desbarató la tesis del Juez Primero de Letras de los Criminal de esta ciudad, abogado Gustavo Adolfo Navarro, quien sobre el Decreto de Amnistía e Indulto que beneficia a los presos políticos, había dicho que existía un “detalle” que impedía su correcta interpretación y que, a su juicio, no abarcaba a los dirigentes sindicales de la “Bemis-Handal”. Meses atrás, otros supuestamente implicados en el caso, Tomas Nativí, Adalberto Córdova, Jorge Rodríguez y Antonio Hernández habían logrado su libertad provisional después de medio año de cárcel, previo pago de fianza de 2 mil lempiras cada uno”. (Tiempo, SPS, 19 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Igualmente, “amparados en el Decreto de Amnistía e Indulto Decretado por la Asamblea Nacional Constituyente, el fin de semana pasado salieron libres de la Penitenciaría Central el estudiante de periodismo Manuel Morales junto a Brizzio Zelaya y Gilberto Alvarenga. Los mencionados habían sido capturados el 15 de mayo pasado por agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), acusados de traficar con armas en favor de las Fuerzas Populares salvadoreñas. A raíz de su detención se llevaron a cabo una serie de protestas por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Prensa Hondureña (APH), la Unión de Periodistas de Honduras, la Universidad Nacional, la Escuela de Periodismo y otras entidades de tipo sindical. Las protestas se intensificaron cuando los familiares de Morales denunciaron públicamente las torturas de que estaban siendo objeto los detenidos, razón por la cual esa violación de los Derechos Humanos trascendió internacionalmente. Posteriormente fueron traslados al principal centro penal del país, donde permanecieron hasta que el abogado defensor Rene Velásquez hizo la gestión para que sus clientes recobraran la libertad favorecidos por la Amnistía General a los presos políticos”. (Tiempo, SPS, 8 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

Finalmente, la ANACH, exigió y logró la libertad de 42 campesinos presos en los departamentos de Cortés, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Yoro y Copán. “Los labradores guardan prisión acusados de supuesto hurto de ganado mayor, invasión de tierras, romper cercos, incendiar potreros y otros hechos ocurridos en el campo”. La lista es la siguiente: Jesús Montes, Manuel Vicente Palma, Rodolfo Reaños, Tomas Palma, Desiderio Isaula, Victoriano Montes (Lomitas, Yoro). José Pablo Carranza Membreño, Gregorio Hernández Sarmiento, Patrocinio López Alvarado, Juan José Caballero Quintanilla (Naranjitos Santa Bárbara). José María Vásquez, Porfirio Torres Morales, Juan José Maldonado, Gustavo Madrid Flores, León tejada (Las Flores, Macuelizo, Santa Bárbara). Leonardo García Oliva (Musicales, Santa Bárbara) Celedonio Chinchilla, Manuel Antonio Linares, Jesús Erazo (Municipio de Copán) Benjamín Castro Alberto, Roberto Gonzales, José Víctor Bonilla, Purificación Castro García, Lucio Gómez, Erasmo Gómez (Santa Cruz de Yojoa). Julián Castro Alberto, Santos Ardón, Marcial Guevara, Jacinto Gómez (Arcilaga, Gracias, Lempira). Baudilio Molina, Santiago Deras, Juan Molina, José Isidro Pineda, Juan Esquivel, Juan Deras, Sabino Zamora, Pedro Portillo, Santos López (La Reina, Santa Bárbara). (Tiempo, SPS, 16 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

El periódico que venimos citando, editorializo sobre el tema de la Amnistía y el indulto en los términos siguientes: “El momento histórico en que se produce el Decreto de Amnistía e Indulto, es propicio por cuanto en amplios sectores de la población se ha formado la idea que la sociedad hondureña marcha hacia una nueva vida, y que, por tanto, es conveniente dar una oportunidad sino a todos los que han delinquido, a la mayoría para acogerse a ese presunto esfuerzo nacional rectificador. No quedan en las cárceles detenidos por motivos políticos, pero si quedan en ellos reos que el Decreto de la Constituyente no amparó, porque los mocionantes no encontraron la manera de justificar el hecho de dejar vacías todas las bartolinas…. La justicia de Honduras no es perfecta como no lo es en ninguna parte. No obstante, debe hacerse un esfuerzo por aproximarse más aún cuando sea solo la legalidad, aunque se da el caso de que algunas leyes no son justas. Los diputados Constituyentes han hecho cuanto han podido en esa materia, al aprobar por unanimidad el olvido y el perdón de los hechos delictivos consumados o frustrados en los últimos años. Muchos de los liberados vuelven al seno de sus hogares después de algunos años de ausencia, a reiniciar sus vidas. Y allí donde el Jefe de Familia es quien sufrió la pena del encierro, la situación es más difícil que las de los demás. En tiempos críticos como los que vive la sociedad hondureña, no pocos antisociales han dicho que se vive mejor en la PC, porque el Estado eroga una cantidad para medio alimentar a los recursos, mientras que fuera...

La Constituyente queda en paz con este considerable sector que solicitaba y esperaba este gesto conciliados, y el Estado se ahorra unos cuantos centavos porque las planillas disminuirán sensiblemente. Y ahora, a trabajar todos como si no hubiera pasado nada”. (Editorial, Tiempo, SPS, 6 de septiembre de 1980, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH).

La Conferencia Episcopal de Honduras, se llamó al silencio. Las parroquias de Olancho que seguían semi abandonadas porque no se había permitido el regreso de los sacerdotes, tampoco dijeron nada. Silencio. Nadie recordó a los muertos, sino los parientes que todavía sufrían su ausencia y lamentaban la forma criminal como la autoridad les había quitado la vida. Solo ellos los recordaron. Chinchilla y Plata, empezarían una nueva vida. Barh, volvería a sus afanes e incluso los agentes del DNI, podían regresar a trabajar como siempre, dedicados a la investigación criminal y politícela que si quedaba fija, para siempre, fue la condena que la Conferencia Episcopal de la Iglesia de Honduras “que de acuerdo con el Código de Derecho Canónigo vigente sobre las vejaciones e injurias reales a sacerdotes están calificadas en la legislación eclesiástica como Delitos de Sacrilegio (Canon 119) y los autores intelectuales, ejecutores y cómplices directos de tales injurias reales a sacerdotes y religiosos o religiosas quedan “ipso facto” incursos en la pena de excomunión”. (Comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, 18 de julio de 1975. Héctor Enrique Santos Arzobispo de Tegucigalpa, Presidente; José Carranza Cheves Obispo de Santa Rosa de Copán, Secretario).

(Continuará)