Hace 50 años: “LOS HORCONES”, LEPAGUARE. HISTORIA DE UNA MATANZA (XXXII)

Juan Ramón Martínez

PARTE XXXII

Padre Iván Betancourth & Ruth García Mayorquin

100. CONCLUSIONES:

A.   Un calvario donde las victimas nunca ganan.

El año 1975, es muy importante en el proceso histórico hondureño. Tan es así que es inevitable reconocer que representa uno de los años que junto con 1924 – guerra civil e intercesión de los Estados Unidos en la solución de la crisis armada por conflicto entre tres facciones liberales; – 1954 – pacto para profesionalizar a las FFAA, ruptura del orden constitucional, inicio de una dictadura que provoco dos años después la irrupción política de los militares como un “partido político” de emergencia; y la Huelga General de abril y mayo de los obreros de Honduras, encabezados por los trabajadores de la industria bananera de la Costa Norte;  1969, en que Honduras y El Salvador fueron a una guerra de cien horas que destruyo para nunca jamás, la Integración Centroamericana la más prometedora de su época;  y 1975, año en que los militares y los campesinos se enfrentaron y se ejecutó la peor matanza que el gobierno ha cometido en toda la historia registrada del país. La Matanza de los Horcones, no solo sirvió para demostrar que los militares no habían cambiado su actitud ante los civiles. Ilustró su carácter represivo que se entiende como fuerza descontrolada en contra de otra nación; pero no es comprensible lógicamente como una metodología cuando interviene en conflictos de naturaleza interna. Aunque se decía que habían dejado de ser la guardia personal de los caudillos políticos, en realidad seguían siendo los guardianes del sistema para impedir cualquier esfuerzo modernizador del país, en el que se amenazara – en forma real o supuesta – los intereses de los grupos hegemónicos, acostumbrados a usar a las Fuerzas Armadas como instrumento de dominación y control de la ciudadanía. Y que incluso, cuando se comprometían en ejercer directamente el poder, lo hacían desde un populismo de derecha, interesado en reformar para dominar, y no cambiar; menos para que de este modo impedir la liberación de las fuerzas sociales, políticas y económicas que buscaban reiniciar el desarrollo del país.  

Más bien 1975 es el inicio del fin del reformismo militar, el fracaso de un modelo estatista de desarrollo económico y la paralización del proceso en que, desde la base de la sociedad, los campesinos pudieran pasar a la condición de agricultores, ampliar la clase media para crear un mercado de consumo interno que animara la demanda interior y provocara el desarrollo de una clase empresarial. Los militares en la dirección del país, en el año que nos ocupa, cometieron los peores errores: creyeron que el gobierno podía dirigir los mercados, que los oficiales estaban en capacidad de superar la habilidad de los individuos para responder a las necesidades de las demandas económicas especialmente; y que la actividad política podía convertirse en una actividad exclusiva de los hombres de uniforme.

En fin, 1975 representa el quiebre del paso del liderazgo personal, --heredado de la reforma militar de 1954-- al supuesto liderazgo institucional que-- además de sus fracasos políticos-- mostro sus debilidades en el manejo de las crisis internas; e incluso enormes falencias profesionales cuando se enfrentó a otro ejército profesional como ocurrió en el caso de la confrontación armada contra El Salvador. O cuando después de 1980, le toco enfrentar a los grupos guerrilleros hondureños a los que extermino en forma indudable siguiendo el modelo argentino de desaparecer a sus enemigos políticos para que, al no aparecer sus cadáveres, sus familiares no dejaran de sufrir jamás en la duda de lo ocurrido y el lugar de los cadáveres de sus familiares. Fue una metodología perversa. Castigada en Argentina, poco censurada en Honduras. Porque si bien, las FFAA hondureñas son las únicas de Centroamérica que no fueron a la guerra contra movimientos guerrilleros y que por ello son las únicas que no ha sido derrotadas por movimientos populares armados, desde 1979 hasta inicios de los 90 fueron las más instrumentalizadas de la región por parte de los Estados Unidos en la aplicación de la  estrategia para detener la intervención de Cuba, la Unión Soviética y Libia que buscaban las derrotas de los gobiernos fieles a los Estados Unidos en Guatemala, Honduras y El Salvador.  

En fin, 1975 también es el año en que, paradójicamente los partidos políticos históricos o tradicionales se fortalecen, consolidándose el liderazgo de caudillos singulares y empieza un repliegue de los militares que terminaron subordinados a las fuerzas internas y externas que gravitan en la vida política hondureña. Incluso en la década de los ochenta, las FFAA emprendieron una fuerte lucha de apoyo a la contra revolución nicaragüense, interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua y de El Salvador.

Honduras fue en ese periodo el “portaviones” de los Estados Unidos para detener el avance comunista en Centroamérica. (Gregorio Zelcer).

Para tener una visión global del periodo que va desde abril de 1975 hasta septiembre de 1980, conviene un breve resumen de los hitos más importantes del mismo:

B.   La primera fisura: el soborno bananero y el fin del liderazgo de Osvaldo López Arellano.

El mes de abril de 1975, se anunció que el presidente de la United Brands, Eli Menashe Black se había suicidado, lanzándose del piso número 44 del uno de los edificios del Rockefeller Center de Nueva York, USA entre otras razones, porque los órganos de control del gobierno de Estados Unidos, había descubierto que ordenó el pago de un soborno al gobierno hondureño a cambio de la reducción de un impuesto a la exportación del banano desde Honduras. En efecto, el Jefe del estado, Osvaldo López Arellano, en Consejo de Secretarios de Estado había decidido reducir de 50 centavos de dólares a 25 centavos de dólar por caja de bananos de 40 libras exportada desde Honduras. Esta información, solo conocida por los secretarios de estado y el mismo López Arellano, fue usada – según las últimas versiones circulantes --por el Ministro de Economía Abraham Bennaton Ramos y compartida con los titulares de la United Brands, como una posibilidad que se podía materializar si le daban dos millones y medio de dólares. Es decir que el ministro hondureño recibió dinero por una decisión que ya se había tomado en función de intereses de otra naturaleza y él aprovecho para jugar con el tiempo y obtener dinero por algo que ya se había decidido pero que los estadunidenses no conocían. Esta es la versión más lógica de lo que se llamó el Soborno Bananero que si bien tuvo efectos económicos y altero la estabilidad del gobierno militar que se había inaugura tres años antes y puso fin al liderazgo de Osvaldo López Arellano que hasta entonces había sido el líder supremo de la institución armada, en la mañana del 22 de abril de 1975. López Arellano era el segundo hombre más poderoso de Centroamérica, después de Anastasio Somoza que para entonces empezaba a enfrentar la revuelta sandinista a la que, desde su calidad de hombre fuerte de Centroamérica, creía que tenía sobrada capacidad para derrotarles.

C.   López Arellano y la primera promoción de oficiales de las FFAA.

Aunque López Arellano, pareció sortear inicialmente la denuncia del fraude, integrando una Comisión de alto nivel, dirigida por el Arzobispo de Tegucigalpa Monseñor Héctor Enrique Santos e integrada por líderes universitarios económicos y dirigentes populares, la que en efecto investigó lo que se podía investigar; pero cuando llego al caso de investigar las cuentas del Jefe del Estado, en los bancos suizos hacia donde se había transferido el dinero del soborno, se vieron obligados a pedirle al Jefe del Estado López Arellano que le diera la autorización para verificar sus movimientos bancarios en Suiza y otros países, se negó rotundamente. Prefirió ponerle fin a su carrera militar y su liderazgo político, antes que compartir el tamaño de su fortuna, la velocidad de su crecimiento y el origen de la misma. Al rechazar la petición de la Comisión el Consejo Superior de las FFAA, creado por López Arellano para darle participación a los nuevos oficiales militares egresados de la Escuela Militar Fráncico Morazán, le solicitaron que depusiera la jefatura del Estado y después, que renunciara a la Jefatura de las FAAA. La mayoría de los miembros del Consejo Superior de las FFA, eran tenientes coroneles y las figuras alternas, de línea; pero de más alto grado eran los coroneles Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García. Melgar Castro fue nombrado Jefe del Estado y Jefe de las FFAA. Un tiempo después, dejaron a Melgar solo al frente de la Jefatura del Estado y nombrado a Policarpo Paz García, Jefe de las FFAA. El 8 de agosto de 1978, defenestraron a Melgar Castro y lo sustituyeron por una Junta Militar integrada por los coroneles Policarpo Paz García, Amílcar Zelaya Rodríguez y Domingo Alvares Cruz.

A.   Los dirigentes campesinos creen que el fin de López Arellano es el fin del reformismo que les ha favorecido en la ocupación de tierras.

El movimiento campesino en ese momento era muy dinámico. La caída del gobierno de Ramón Ernesto Cruz – “buen juez, pero mal gobernante” como anticipara Carias Andino en 1963 cuando le comunicaron al viejo caudillo que la Convención del PN lo había escogido como su candidato presidencial del Partido Nacional – la justifico López Arellano como una respuesta ante “el reclamo de los campesinos” que, bajo la dirección de Reyes Rodríguez Arévalo, Presidente de ANACH, habían anunciado una marcha de labriegos para presionar a la Presidente Cruz Ucles. Por esa razón, los dirigentes campesinos creyeron que el periodo reformista militar que privilegiaba la atención a los campesinos, se interrumpiría con el fin del liderazgo de López Arellano. Creyeron en forma poco reflexiva que había que someter a una prueba a los nuevos dirigentes uniformados. Y se prepararon para presionar invadiendo tierras. La UNC la entidad campesina más a la izquierda se ubicaba, anuncio – posiblemente sin evaluar las consecuencias -- la Marcha de la Esperanza, que igual que la que Reyes Rodríguez Arévalo de ANACH usada para precipitar la caída de Cruz Ucles de la Presidencia de la República, lo que hizo creer a Melgar y a los teniente coroneles que se trata de derribar al gobierno militar. Por ello, se endurecen las medidas y se logra detener la mayoría de las movilizaciones campesinos mediante el control de los autobuses que viajan hacia la capital. Todo funcionó bien para los militares porque detuvieron la marcha en casi todo el país. Excepto en Olancho, en donde no solo los militares, sino que mas bien los ganaderos, son los que creen que es la oportunidad de arrancar la raíz de todos los males que experimentan a manos de las organizaciones campesinas de la UNC, eliminando a los curas extranjeros que los animan y promueven. La matanza de los Horcones, fue algo deliberado, pensado y ejecutado. Y la presa mayor de los ganaderos y los militares de Olancho, era el padre Iván Betancourt a quien creían además de extranjero, era su mayor enemigo y el peligro más grande para sus intereses.

B.   La matanza, el juicio y los efectos en las relaciones políticas, sociales y económicas del país.  

Los acontecimientos del 25 de junio de 1975 en que los militares asaltan a mano armada el Centro de Capacitación Santa Clara de Juticalpa, Olancho, provocado muertes y daños a la propiedad de las organizaciones campesinas y promotoras de desarrollo y la muerte y colocación de los cadáveres de 9 personas en un poso malacate de la hacienda de Manuel Zelaya Ordoñez en la noche del 25 de junio y la madrugada del 26 de junio de 1975, estremeció – como ningún otro acontecimiento anterior – a la opinión pública hondureña. Ningún gobierno anterior había enfrentado nunca antes el reclamo popular y político ante un acto que se convirtió en la mayor agresión del poder público en contra de la ciudadanía. Este hecho, nunca antes visto en la historia hondureña, en el que priva la deliberación, la superioridad y el deseo de engañar a la ciudadanía, le cobro un alto precio a los militares. Desde que se vieron obligados a investigarse a si mismos, juzgarse a si mismos y perdonarse a sí mismos, empezó el declive de los militares como fuerza de gobierno. Lo que, a su vez, mostro la fragilidad de la institución jurídica y la independencia de los jueces para juzgar los actos de irrespeto a la ley por parte de los titulares del poder en contra de los ciudadanos y a la dignidad de las personas. Las sentencias del Juzgado de Letras de Juticalpa, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa y la Corte Suprema de Justicia, formaron parte del esfuerzo del gobierno no tanto para encubrir los hechos dolosos, sino que para salvar de las condenas a los infractores de la ley y responsables de las muertes de 15 personas en junio de 1975.

C.   El levantamiento de los políticos contra los militares y los empresarios, tuvo efectos más positivos que el de los campesinos.

A finales de 1975, los militares dieron muestra que su poder se terminaba. En la cresta del espanto de la ciudadanía ante la muerte de lideres campesinos, mujeres y dos sacerdotes – uno colombiano, y otro franciscano estadounidense--, los políticos encontraron la fisura para exigir el retorno al orden constitucional y regresar a los militares a los cuarteles, en vista que no tenían legitimidad y capacidad para gobernar al país. Modesto Rodas Alvarado – que se acercó a los ganaderos asediados por los campesinos y los militares – elevando su voz en favor del retorno a la institucionalidad civil y dentro de la ley y Ricardo Zúñiga, el líder del Partido Nacional, forjaron una alianza para hacer un solo eco y arrinconar a los militares que no tuvieron otra alternativa – porque tenían la pierna rota de su credibilidad – que iniciar el retorno al poden constitucional. Melgar le dio vueltas al asunto y aprovechando dilaciones y justificaciones legales, y sobrevivió hasta 1978, en que otra asonada de sus compañeros militares lo puso fuera del poder. Policarpo Paz García dirigió el aparato de los militares que además de deslegitimados por los actos criminales de 1975, los errores de las reformas económicas, tuvo que enfrentar el recrudecimiento de la lucha armada en Nicaragua y un año después en julio de 1979, los militares nicaragüenses, cayeron derrotados por una revuelta popular dirigidos por civiles. Los guerrilleros confirmaron que podían derribar a los militares y derrotarlos en el campo profesional de las armas. Y esto era inadmisible para los militares hondureños que entonces, en forma ilógica, pretendieron dar marcha atrás en sus propósitos de entregar el poder a los civiles. Pero aquí, los intereses regionales y las estrategias de los Estados Unidos se impusieron por encima de los apetitos locales de los militares hondureños.

D.  Entrega del poder a regañadientes y logrando perdón por los errores y delitos cometidos y, además, dos años más.

Todavía en 1980, Policarpo Paz y sus compañeros se resistían a entregar el poder a los civiles. Pero a las urgencias de los civiles se agregó para entonces el interés de los Estados Unidos que aplicaba en la región una política en que los militares hondureños especialmente, debían dejar el gobierno y mantenerse atentos y preparados parta impedir que los civiles organizados y armados tomaran el poder violentamente. Paz García fue llevado a Washington donde le convencieron que el único camino eran las elecciones y la entrega del poder a los civiles elegidos por el pueblo. Como Premio de Consolación, Paz García logro que la Asamblea Constituyente que se tomara dos años para elaborar la nueva carta magna, que en ese interregno el gobernara el país como Presidente Constitucional Provisional – con un gabinete mayoritariamente civil – y que la Asamblea Constituyente perdonar aria los actos colectivos e individuales de los militares cometidos en los últimos seis años. Los políticos nacionalistas y liberales cumplieron su palabra. Hicieron Presidente Provisional a Paz García y co—gobernaron con los militares y se emitió una amnistía y un indulto que puso en libertad a los responsables de la Matanza de los Horcones. Los civiles que veían a los militares como una amenaza, se sometieron incluso a seguir un periodo en que la democracia hondureña fuera tutelada por los militares, hasta que los civiles demostraran que tenían la competencia correspondiente.  La tutela de los militares sobre la democracia, duro hasta 1993. Alvares Martínez fue una especie de co presidente con Roberto Suazo Córdova y solo empezaron a dejar de manejar los gobiernos a finales del régimen de Rafael Leonardo Callejas y el de Carlos Roberto Reina, -en que Walter López Reyes ex jefe de las FFA fuera elegido Designado Presidencial--, hasta que se eliminó la Jefatura de las mismas, el Consejo Superior de las FFA y se subordinara el Estado Mayor – colocado en tercer escalón de mando -- bajo la autoridad del titular del ejecutivo. Lo que puso fin al protagonismo e intervención de los militares, para dejar el flanco débil en que los civiles entonces fueron los que amenazaron el orden constitucional. Manuel Zelaya Rosales hijo del asesino de Lepaguare, Manuel Zelaya Ordoñez—intento derogar la constitución y dar un golpe de estado en junio de 2008. Y en 2007, Juan Orlando Hernández Alvarado se reeligió en la Presidencia de la República, pasando por alto la prohibición de la Constitución de 1982, la mas longeva de la historia nacional. Para ello, contó con el silencio escandaloso de la institución militar que pareció dar la impresión que había vuelto a convertirse en la guardia pretoriana de los políticos civiles. 

E.   La represión de las acciones irregulares de los grupos guerrilleros.

Durante el primer año de gobierno de Roberto Suazo Córdova, se produjeron algunos eventos militares irregulares que constituyeron un reto para los partidos políticos y los militares que habían escogido la vía democrática electoral. En la medida en que se inicio la guerra civil en el Salvador, las FFAA se implicaron en acciones destinadas a frenar el paso de armas y equipos del gobierno sandinista hacia la guerrilla salvadoreña. 144 hondureños fueron capturados y desaparecidos y la responsabilidad se atribuyó al gobierno y a las FFAA. El 17 de septiembre de 1982, un comando guerrillero tomo por asalto la Cámara de Comercio de Cortes, con sede en San Pedro Sula, haciendo rehenes a más de un centenar de personas entre ellas ministros del gobierno central, empresarios e incluso algunos ex militares destacados en condición de retiro. El gobierno negoció y resolvió el problema con el apoyo del gobierno de Panamá que aporto un avión en el cual se embarcaron los guerrilleros que se dirigieron hacia Cuba, como destino final. El 27 de marzo el Comando Lempira del Movimiento Popular Cinchonero integrado por cuatro personas secuestro el Boeing 727 de la línea aérea hondureña Sahsa. El vuelo que estaba en ruta de Miami a San Pedro Sula fue desviado a Managua y después a Tocumen en Panamá. Aquí los secuestradores se rindieron y dos días después el avión regreso a Honduras aterrizando en SPS. El 28 de abril de 1982 un comando guerrillero se apodero de un avión DASH—7 de la línea SAHSA que volaba desde la Ceiba, Atlántida hacia Tegucigalpa. Los secuestradores pertenecientes a las Fuerzas Populares Revolucionarias “Lorenzo Zelaya” “permitieron el descenso de la aeronave de doce mujeres y un niño de los cuarenta y cuatro pasajeros y cuatro tripulantes” que viajaban en el avión. Los secuestradores, igual que en el caso de la Cámara de Comercio de Cortes, exigían la liberación de un número indeterminado de prisioneros políticos. El Nuncio Apostólico medió exitosamente. Los pasajeros y tripulantes fueron liberados. Los secuestradores fueron llevados a Cuba donde recibieron asilo. El 15 de agosto de 1990, un grupo guerrillero intento asaltar la sucursal del banco de Occidente de El Zamorano “distante 32 kilómetros al oriente de la ciudad capital un comando de los Cinchoneros fue repelido por las autoridades policiales y el ejercido, convirtiéndose “en un sangriento enfrentamiento que dejo un civil, seis guerrilleros y cinco agentes de seguridad muertos, entre ellos un miembro de las Fuerzas Especiales. Con doce muertos en total fue considerado como el más sangriento asalto bancario en la historia de Honduras” (Rolando Canizales Vigíl, Honduras: El fenómeno de los movimientos guerrilleros, el caso del Movimiento Popular Cinchonero (1980—1990, El Socialista Centroamericano). El 19 de diciembre de 1991, el FMNL de El Salvador derribó el helicóptero UH—1H matricula FAH 941 en el área del cantón La Estancia, 5 kilómetros al NEE de Cacaopera, Morazán. Fallecen los nueve militares hondureños que viajaban a bordo de la aeronave”. En fin, el 25 de enero de 1989 el general Gustavo Álvarez Martínez, ex Jefe de las Fuerzas Armadas fue ejecutado mientras se conducía desde su residencia al centro de la ciudad. Falleció inmediatamente, igual que su chofer. Tiempo después, miembros de los Cinchoneros, dieron la impresión en la voz de uno de sus miembros (Eludín Gutiérrez Rosales) que deponía las armas, confeso a la prensa que ellos habían asesinado al general Gustavo Álvarez Martínez.

F.    El fin de los ejecutores de la masacre.

Una vez favorecidos por la amnistía e indulto de septiembre de 1980, José Enrique Chinchilla Díaz, David Benjamín Plata Tablada, Norman Altamirano Serrano, Héctor David Ártica Tablada, Santos Eugenio Alemán Cáceres, Abelardo Carias Laínez, Julio Cesar Zúñiga Rodríguez (a) Rodimiro Zúñiga, José Enrique Erazo Banegas, Manuel Zelaya Ordoñez, y Carlos Barh, recobraron la libertad. El mayor Chinchilla Díaz fue destinado al cuerpo diplomático hondureño como agregado militar. Estuvo en Panamá y en Italia. Mantuvo su grado porque en ningún momento juzgado militar alguno le siguió proceso legal y tampoco se le dio la baja. Siguió siendo un oficial activo de las FFAA pese a su criminal desempeño hasta jubilarse; y regresar a Honduras donde falleció en octubre de 2018 víctima de un cáncer pancreático en SPS. Está enterrado en el Cementerio San Miguel, Las Casitas, Distrito Central. De Plata no se sabe nada y tampoco de Altamirano y Ártica. Carias y otros, volvieron al DIN donde siguieron investigando y torturando a quienes se ponían bajo sus manos en forma habitual. Como profesionales de la tortura. Manuel Zelaya Ordoñez, regreso a sus negocios particular, amplio sus haciendas y mejoro su economía familiar y en la soledad de “las tardes de los alcaravanes”, enhebro una venganza silenciosa en contra de todo el país. Renuncio a la militancia en el Partido Nacional y se afilio al Partido Liberal y empezó a maquinar la oportunidad de permitirle a sus hijos mayores – José Manuel y Carlos -- hacer carrera política en el Partido Liberal. Presiono a Vidal Cerrato para que José Manuel “Mel”, su hijo mayor fuera diputado. No vivió suficiente para verlo convertido en Ministro del FHIS durante el gobierno de Carlos Roberto Reina Idiáquez y de Carlos Flores; en el 2006 en Presidente de la Republica y menos imagino que su nuera Xiomara Sarmiento seria elegida en el 2021 Presidente de la República. Tampoco pudo ver a su otro hijo Carlos – el acusado por muerte de dos jóvenes adolescentes en 1977 --sus nietos: José Manuel, Hortensia y Héctor   los dos primeros en diputados muy exitosos por el Partido Libertad y Refundación, escisión del Partido Liberal al cual traiciono su hijo José Manuel y el ultimo en Secretario Privado de su madre la Presidente Xiomara Castro. También supo que, en su caso, el crimen no siempre es castigado y mas bien es una oportunidad para destacar y ejercer la venganza en forma sutil como le enseñaron sus mayores. Antes de morir, pistola en mano, sus parientes obligaron al cura párroco de Catacamas que le diera la extremaunción. Es decir que no solo cometió delitos, sino que logro que la ley y la Iglesia – de hecho, esta última -- lo perdonaran. Y los electores honraran a sus familiares otorgándoles altas posiciones en el gobierno central de Honduras a sus descendientes. Logrando no solo redención, sino que olvido perdón y gratitud de los hondureños. A quienes, siempre dijo Mel Zelaya Ordoñez que “conocía muy bien y sabia como manejarlos, porque a los olanchanos nos gustan los hombres fuertes y de acción”. 

G.   Sacerdotes, Promotores y abogados.

Cardenal Rodríguez Maradiaga & Abog. Carlos Gómez Moreno

Ninguno de los sacerdotes volvió a sus parroquias. El proceso de evangelización de la Iglesia Católica de la Diócesis de Olancho se interrumpió en forma definitiva. Monseñor Nicolás D’ Antonio nunca regreso a su diócesis. El Nuncio Apostólico en Tegucigalpa la recomendó, cumpliendo órdenes de Roma, que no volviera a Juticalpa. Regreso a los Estados Unidos donde durante varios años se desempeñó en una parroquia de inmigrantes pobres de Nueva Orleans, hasta su fallecimiento. Adán Palacios el laico líder de la pastoral católica y dirigente del PDCH, después de los hechos narrados, se especializo en organización de eventos electorales, fue candidato a designado presidencial y hace algunos años murió en Tegucigalpa. Hernán Corrales Padilla, Orlando Iriarte Arita y Ramón Velásquez han fallecido. Solo sobrevive Rodolfo Sorto Romero y Carlos y Miguel Ángel Ortiz, hermanos de una de las víctimas. Igual que la madre del P. Iván Betancourt que falleció un tiempo después que su hijo en Colombia. También falleció la madre de Ruth García Mayorquin. Igual que Héctor Enrique Santos y José Carranza Chávez, Arzobispo de Tegucigalpa y Obispo de Santa Rosa de Copan respectivamente. El procurador General de la Republica Serapio Hernández Castellanos, Augusto C. Bustillo, Juez de Letras de Juticalpa, Simón Molina Ramos defensor de los militares implicados, también fallecieron. Solo sobreviven el abogado Arturo Morales y el abogado Carlos Gomes Moreno que residen en Tegucigalpa. El primero que lograra la exhumación del cadáver de su representada y el segundo que presentara el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, es un abogado retirado. Fue Magistrado de la Corte Suprema de Honduras en dos oportunidades. Es el ultimo testigo de un hecho relevante de la historia de Honduras. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que era Obispo Auxiliar en 1975 fue nombrado Arzobispo de Tegucigalpa y hecho Cardenal de la Iglesia Católica, el primer hondureño en lograr tal honor. Se distinguió en el logro de la condonación de la deuda externa de Honduras. Ahora está retirado y reside en Tegucigalpa. La Hermana María García, misionera en Olancho, murió cuando redactábamos estas últimas líneas.

BIBLIOGRAFÍA:

1.      Pedro Joaquín Mendoza, Cronología de una masacre, Tegucigalpa julio 2010.

2.      Mario Flores Ponce, La Toma… crónica del secuestro más largo de la Historia de Centroamérica

3.      P. Bernardo Meza O.F.M, Padre Iván Betancourt, Mártir de la Iglesia Latinoamericano, Tegucigalpa 1982

4.      Lucas Paredes, Drama Político de Honduras, Editorial Latinoamericana, México, 1958

5.      Documentos de la Conferencia Episcopal de Honduras, Tomo I, II, III y IV, Tegucigalpa, Honduras

6.      Alexis Gonzales de Oliva, Gobernantes Hondureños, siglos XIX y XX, Tomo II, Tegucigalpa abril 2oo1

7.      La Gaceta, Diario Oficial de Honduras, 1980, UNITEC, Tegucigalpa

8.      Diario El Día, Tegucigalpa, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH

9.      Diario La Prensa, San Pedro Sula, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH

10.   Diario Tiempo, SPS, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH

11.   Diario La Tribuna, Colección Hondureña, Biblioteca Central, UNAH

12.   La Gaceta Judicial No. 1265, abril—junio 1980, Biblioteca Gómez Moreno

13.   Juzgado de Letras de Juticalpa Expediente del Proceso de los crímenes de Olancho, biblioteca Herederos Torres Ramos.

14.    Rolando Cañizales Vigíl, El Socialista Centroamericano

15.   Benjamín Santos, Historia del Movimiento Social Cristiano en Honduras.

16.   Juan Ramón Martínez, Oficio de Caníbales, Militares y Guerrilleros en El Patuca (1983) Ediciones 18 Conejo, Tegucigalpa

17.   Juan Ramón Martínez, Honduras, Las Fuerzas del desacuerdo, Tegucigalpa 1975

18.   Hna. María García, O.S. F. Historia de una Iglesia que ha vivido su compromiso con los pobres, Ediciones Subirana, Tegucigalpa

19.   Fr. Bernardo Meza OFM, Nicolás El Obispo amado y odiado, 1990

20.   Código de Derecho Canónico de 1913

21.   Suyapa C. Girón Vallecillo, El Lado Obscuro de la Ley, Tegucigalpa, Honduras, 2005.

Tegucigalpa, 4 de marzo de 2026.