Contracorriente: NORMATIVAS MILITARES NECESARIAS

Juan Ramón Martínez

Aunque la doctrina jurídica manda que la emisión de leyes tenga carácter general, -- anticipando evitar situaciones anormales --, en el caso de la legislación militar, por el contrario, tiene un carácter más casuístico que otras normas. Para el caso, aunque la legislación militar ha sido estable, desde 1957 ha mostrado un carácter cambiante; y, lo peor con dedicatoria. En esta Constitución los liberales, como fruto de sus negociaciones con López Arellano y sus hombres, crearon un inédito capítulo dedicado a las FFAA. Y le dieron al Ejecutivo un carácter bicéfalo: un gobernante civil y otro militar.

Estableciendo que cuando hubiera dificultades entre ellos, el Congreso Nacional intervendría y determinaría lo mejor para el país. Una verdadera expresión de ingenuidad. O del colmo de la desesperación. Creemos que fue más esta última. El diputado Ildefonso Orellana, se opuso al capítulo de las FFAA y anticipó que en el futuro – como en efecto ocurrió – lo lamentaríamos porque los militares estaban llamados a dominar al país. No tardó mucho para que el “cura” Orellana dijera, “verdad que se los dije” a sus correligionarios liberales. El 3 de octubre de 1963 López Arellano, destruyó la primavera liberal y precipitó al país en una situación irregular cuyos resultados todavía estamos pagando. Con atraso y pobreza.

Lo que los políticos no anticipan es que lo que se hace mal, es difícil enmendarlo. Los militares – hay que reconocerlo – cuando se les subordinó a los civiles, a regañadientes lo aceptaron. Se sometieron profesionalmente. Los civiles no. Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández  pasaron por encima del concepto que era fatal para el país: la reelección presidencial. En la forma que se presentará. Más con complicidad de los militares.

En 2009, el profesionalismo militar se impuso y aunque Mel había reelegido a Romeo Vásquez para que este le apoyara en su proyecto reeleccionista, los altos oficiales de entonces se impusieron; y sometidos a la defensa de la ley y el orden, cumplieron los mandatos y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.

JOH, más ladino, siguió la ruta de la “ley”. Mediante una resolución “boba” de la Sala de lo Constitucional y el silencio cómplice del Congreso – incluida la bancada del Partido Liberal – aceptaron la reelección y obligaron a las FFAA a admitir que habiéndose modificado la ley – cosa que no había ocurrido –  solo tenían que someterse a su imperio.

Lo que Mel no consiguió con Romeo Vásquez, lo logró fácilmente con Roosevelt Hernández. Este y su generación, se entregó al caudillo “revolucionario”, convirtiéndose en activista y en última instancia, formando parte de la estrategia continuista en que, al perder las elecciones del 30 de noviembre, buscaron impedir la realización del escrutinio general, para crear un vacío y provocar un “golpe de estado”. Trump se les atravesó en el camino. La comunidad internacional, haciendo eco de la voluntad general expresada en las urnas, evitó el golpe electoral fraguado por Mel como última alternativa. Confirmando que siendo el alto mando de las FFAA fácilmente manipulable por los políticos hay que buscar nuevas normativas para evitarlo en el futuro.

No hay que regresar a 1957. Debemos mantener la profesionalidad de las FFAA. Sometidas al poder civil; pero limitándolo en sus intentos de someter a la oficialidad a sus manipulaciones partidaristas. Para ello el Jefe del Estado Mayor Conjunto, debe mantener su tercer lugar en el escalafón; pero su nombramiento – dentro de las reglas de méritos y antigüedad – ser potestad del titular del ejecutivo; pero aprobado por el Congreso Nacional por mayoría simple. Que la duración en el cargo, sea por dos años y sin reelección. Al irrespetar este tiempo, se niega la participación en el mando a más de dos promociones profesionales, lo que es injusto e inconveniente.

Al final su estabilidad estará determinada por su obediencia a la Constitución. A la idoneidad en el cargo, determinado por la defensa de la democracia, el imperio de la soberanía popular; y la paz de la República.

De este modo, se impide la reelección en el cargo – como hizo Mel con Vásquez Velásquez con perversas intenciones – la destitución del Jefe del Estado Mayor cuando no le obedeció órdenes ilegítimas referidas a la cuarta urna; o la sumisión oportunista que consiguió con Roosevelt Hernández, a cambio de cargos y beneficios, toda vez que apoyara su aventura ilegal e irrespetuosa contra la voluntad popular manifestada en las urnas.

Los abogados y estudiosos militares pueden mejorar esta fórmula que aproveche la experiencia y evite los riesgos provocados por el oportunismo político de Roosevelt Hernández y sus compañeros.