Contracorriente: EL CRIMEN DE “LOS HORCONES”

Juan Ramón Martínez

Hace 50 años, la sociedad fue estremecida por el asesinato cometido por el Gobierno Militar en contra de civiles desarmados. Militares, ganaderos y madereros, en el ánimo de destruir a la Iglesia Católica, desmontar la capacidad de movilización de la UNC, retar a la Democracia Cristiana; y mostrar la superioridad de los ganaderos y madereros, asesinaron y escondieron los cadáveres de 9 personas. Como entre las victimados había dos ciudadanos colombianos, la República de Colombia retiro a su embajador, como evidencia de su disgusto por el crimen de “Los Horcones”, Lepaguare. La diabólica y criminal acción perpetuada por Enrique Chinchilla, Manuel Zelaya Ordoñez, Benjamín Plata y Carlos Bärh, fue continuada en forma de represión por el gobierno militar de Melgar Castro, con la captura de sacerdotes, cierre de emisoras católicas, persecución de dirigentes de la DC, UNC y CGT y la divulgación de un relato en el que los desaparecidos se habían ido a la guerrilla. El bulo, alimentado por Chinchilla y Zelaya con el apoyo económico de los ganaderos olanchanos, pretendía engañar al pueblo hondureño

Lo ocurrido en Los Horcones, – donde hace poco Xiomara reunió al “Consejo de Ministros” – no fue un accidente conductual de un militar desquiciado y el nerviosismo persecutorio de Manuel Zelaya Ordoñez, sino que un plan del Gobierno Militar para demostrar a quienes querían derribar a su régimen, se encontrarían con las armas públicas. Ratificando que derribar gobiernos en Honduras era obra exclusiva de los militares porque desde 1933, los civiles habían perdido la iniciativa; y la oportunidad de levantarse en contra de las autoridades ilegitimas del país.

La reacción de la Iglesia Católica fue firme. Rechazo las acusaciones de militares, ganaderos y madereros; defendió su misión al servicio del pueblo y reclamo libertad para el ejercicio de su apostolado espiritual. Los Obispos suscribieron un enérgico pronunciamiento, exigieron la libertad de los sacerdotes detenidos y defendieron su derecho a continuar su misión evangélica en paz y de acuerdo con las leyes. Cuando Chinchilla construyo la mentira que las personas entonces desaparecidas se habían ido a la guerrilla, la Iglesia Católica en la persona del arzobispo Monseñor Santos, recibió de parte de José Ochoa Martínez, información que los desaparecidos estaban muertos; y que los ganaderos tenían una elevada suma de dinero para mantener una campaña de prensa para que al final, el pueblo olvidara los desaparecidos de Olancho. El Arzobispo Santos de reunió con Melgar Castro y le señalo la información que los hechos habían terminado en un asesinato en la hacienda “Los Horcones”, Lepaguare, Olancho.

La UNAH, dirigida por Jorge Arturo Reina, pariente de uno de los implicados; pero obligado por el hecho que Ruth García Mayorquín era estudiante universitaria por intermedio de la FEUH, envió a Olancho una Comisión Investigadora que, aunque no había encontrado hechos concluyentes, identifico que se trataba de un crimen y que los “desaparecidos” estaban muertos. Y también, le exigió a Melgar en larga reunión en la Casa Presidencial, el esclarecimiento de los hechos. 

Melgar Castro y el COSUFAA entendieron que debían distanciarse del crimen, de Enrique Chinchilla, Mel Zelaya y Carlos Barh; para lo que lo conveniente era nombrar una Comisión de Alto Nivel, quee hiciera las investigaciones correspondientes. La Comisión la integraron oficiales de alto nivel. De ellos, solo el coronel de aviación Marco Tulio Rivera está vivo. Todos han muerto, incluido Amílcar Zelaya Rodríguez que me diera información con detalles macabros que no se incluyeron en el informe, cometidos por personas desquiciadas, convencidas de su falsa superioridad; y seguras que, sus actos quedarían impunes.

La Comisión, describió el crimen, las torturas a las que fueron sometidas y nombró los implicados:  Enrique Chinchilla Díaz, Benjamín Rodolfo Plata, Manuel Zelaya Ordoñez y Carlos Bärh. También menciono a Fernando Lardizábal y Bernardo Casanova. (Mel Zelaya Rosales, tenía entonces 23 años). El Procurador General, Serapio Hernández Castellanos, ejerció acción penal contra los indiciados, exceptuando a Lardizábal y Casanova. El juez Jesús Zelaya, dicto sentencia y condenó a los implicados a 20 años de prisión. Ingresaron a la PC; pero liberales y nacionalistas emitieron en 1980 una amnistía a los criminales que gozaron de la impunidad que tienen los delincuentes vinculados al “poder político”.

Chinchilla fue empleado en el servicio diplomático. Los Zelaya, recobraron el “respeto” de los olanchanos, perdonaron a Manuel Zelaya; y eligieron a Mel diputado, ministro y presidente. Y a Xiomara, Presidente de Honduras. ¿No es que el crimen no paga?