INFORME OFICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SOBRE LOS SANGRIENTOS SUCESOS OCURRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 25 DE JUNIO DE 1975

Comisión militar señala responsables de los sucesos de Olancho y denuncia conspiración.

La Comisión Investigadora Militar de Alto Nivel (CIMAN) dio a conocer ayer su informe oficial sobre los sangrientos sucesos ocurridos en el departamento de Olancho el 25 de junio anterior.

La CIMAN emitió su informe público dos semanas después de trabajo continuo entre los que se desarrollaron interrogatorios a los indiciados e investigaciones en el escenario de los hechos.

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas a través de la Central de Información del Ministerio de Cultura, Turismo e Información dá su informe final al pueblo hondureño sobre los acontecimientos acaecidos en el departamento de Olancho los días 25 y 26 de junio próximo pasado.

La Comisión Militar para investigar los hechos en el departamento de Olancho y en cuales perdieron la vida las siguientes personas: Ruth Argentina García Mallorquín, María Elena Bolivar Vargas, Iván Betancourt, Roque Ramón Andrade, Bernardo Rivera Irías, Oscar Ortiz Ruiz, Lincoln Colman, Juan Benito Montoya y Michael Jerome Zypher, ha cumplido su cometido y del informe de dicha comisión se desprende lo siguiente:

Siendo aproximadamente las 22:30 horas del día 25 de junio, fueron sacados del presidio de Juticalpa, previa lista presentada por el subjefe del presidio, las siguientes personas. Roque Ramón Andrade, Bernardo Rivera lrías Oscar Ortíz Ruiz, Lincoln Colman, Juan Benito Montoya y Michael Jerome Zypher, quienes fueron conducidos en un vehículo pick-up, color rojo y propiedad del sargento David Artica Tablada, jefe del presidio de Juticalpa, en ropa interior y amarrados.

Así se organizó un convoy al mando del mayor José Enrique Chinchilla, dirigiéndose a valle de Lepaguare a donde llegaron a la 1:30 horas aproximadamente. El convoy se detuvo en el puente que da acceso al valle ya que parte de la carretera había sido obstaculizada. En el puente los detenidos fueron bajados y transbordaos a dos vehículos que ya los esperaban del otro lado, sumándose al convoy los señores José Manuel Zelaya y Carlos Bahr, con dirección a la hacienda “Los Horcones", propiedad del primero.

El mismo día 25 en horas de la tarde, el padre Irán Betancourt, acompañado de las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas, llegaron al valle de Lepaguare en donde fueron capturados por el subteniente Benjamín Plata, quien llevó detenido al padre Betancourt, mientras el Sargento Eugenio Alemán conducía el vehículo del Sacerdote y a las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas.

Ya entrada la noche se trasladaron a la hacienda “Los Horcones”, la cual desde el día 24 de Junio había sido ocupada por un pelotón al mando del Subteniente Benjamín Plata con autorización del dueño, José Manuel Zelaya.

A esta hora, 01:30, y teniendo en la hacienda a nieve detenidos, el mayor Chinchilla ordenó tres elementos del Departamento de Investigación Nacional (DIN), que interrogarán a los seis detenidos traídos de Juticalpa los que posteriormente fueron muertos empleando para ello el fusil “22 Magnum”, proporcionado por José Manuel Zelaya.

Mientras tanto, el padre Iván Betancourt era también sometido a interrogatorio, en el cual rindió declaraciones sobre actividades subversivas realizadas en compañía de otros religiosos, que constan en una grabación. Después del interrogatorio el padre Betancourt también fue muerto.

Acto seguido y para evitar que quedaran testigos de los hechos se procedió al asesinato de las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas.

Consumados los hechos, los cadáveres fueron sacados y colocados en un pick-up propiedad del señor José Manuel Zelaya, éste los condujo a un terreno ubicado como a mil metros de la casa en donde existe un pozo artesiano con malacate con una profundidad aproximada de 40 metros por uno de diámetro. En este pozo y aproximadamente a las 04:30 horas, se concluyó el depósito de los cadáveres y el subteniente Benjamín Plata procedió a colocar dos cargas de dinamita, que no tuvieron el efecto esperado de sellar el pozo por lo que se terminó de rellenar con tierra.

En igual forma se trató de borrar las huellas materiales dejadas en la hacienda y el mismo subteniente Plata fue el encargado de hacer desaparecer el carro del padre Iván Betancourt, que fue llevado a un desvío sobre la carretera principal que conduce a Guaymaca. En este lugar el subteniente Plata procedió a rociar el vehículo con gasolina y lo incendió; también en estas labores colaboró el señor Carlos Bahr.

De todos los hechos apuntados la Comisión Militar encontró responsabilidad directa contra los señores mayor José Enrique Chinchilla Díaz, subteniente Benjamín Rodolfo Plata, Manuel Zelaya y Carlos Bahr, sobre quienes la Comisión Militar ha dispuesto su traslado a la orden del juzgado competente, así como el de otras personas implicadas y cuya responsabilidad será establecida por dicho tribunal.

La Comisión Militar realizó labores exhaustivas que comprendieron desde el interrogatorio y entrevistas con todas las personas que pudieron arrojar luz sobre los hechos, hasta la búsqueda de información mediante la cual se localizara la ubicación de los cadáveres, del arma homicida y del vehículo del padre Iván Betancourt y la organización de equipos mecánicos para remover las cantidades de tierras acumuladas sobre el pozo.

La comisión Militar pudo comprobar que hubo intento de Soborno al periodista José Ochoa y Martínez de parte del mayor José Enrique Chinchilla, lo cual no fue aceptado por el primero. El intento del soborno consistió en una cantidad considerable de dinero recibida de la Asociación de Ganaderos de Agricultores de Olancho (AGAO) por intermedio del señor Manuel Zelaya para desviar la atención de la opinión pública sobre la realidad de los hechos ocurridos en Olancho.

También obran en poder del Consejo de las Fuerzas Armadas, documentos que indican que los sucesos de Olancho obedecían a una trama dirigida por un sector perteneciente a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) y miembros de la empresa privada para crear un clima de caos y enfrentamiento en el departamento de Olancho y otros sectores de la nación. En los documentos se mencionan a los señores Fernando Lardizábal y Bernard Casanova, presidente de la FENAGH el primero y propietario de varios aserraderos diseminados en el departamento de Olancho, el segundo.

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas quiere dejar completamente claro el hecho de que en ningún momento giró instrucciones que atentaron contra la vida física de las personas implicadas en las actividades campesinas que se pretendía controlar, aun cuando algunas de éstas revestían características de una subversión contra la seguridad del Estado. Este hecho aislado se produjo debido a la intervención de fuerzas adversas a los movimientos campesinos que aprovecharon la ocasión para utilizar en su beneficio la complicidad de elementos militares revestidos de autoridad en el Departamento de Olancho.

El Consejo Superior de la Fuerzas Armadas y el gobierno de la República lamentan que por el clima de agitación social que grupos antagónicos han desatado en el país, se hayan perdido preciosas vidas humanas Y reiteran al pueblo hondureño, su interés porque en el presente caso se aplique todo el peso de la Ley, por lo cual se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo que los tribunales competentes den al trámite judicial.

Se hace constar que el presente informe ha sido resumido en sus aspectos generales, ya que por razones obvias se reservan detalles que de darse a conocer no solo entorpecerían la acción penal de los tribunales correspondientes, sino posteriores investigaciones que deben realizarse.

Tegucigalpa, D. C. 23 de Julio de 1975.

Fuente: Diario Tiempo “El Diario de Honduras” 24 de julio de 1975, p. 2.