PRÓLOGO: CRIMEN QUE ESTREMECIÓ LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y CAMBIÓ EL RUMBO DEL PAÍS

Anales Históricos

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Juan Ramón Martínez

1975 es un año muy importante para Honduras y los hondureños. Rompió las relaciones que los hondureños habían construido después de la guerra librada con El Salvador en julio de 1969; y en las que, amenazados por los invasores, se unieron y parecía que el país había encontrado una ruta que le permitiría remontar sus miedos y sus debilidades. Muchos creían que en el “reformismo” militar, los hondureños habían encontrado el camino para crear un nuevo país. Y que por ello debían darles la espalda a los políticos.

Se pensaba además que era el precio inevitable para asegurar la existencia de Honduras ante los apetitos desbordados de El Salvador que parecía tener el deseo de apoderarse del país tomando todo el occidente hondureño, de modo que le permitiera una salida hacia el mar Caribe. Los sucesos ocurridos el 25 de junio de 1975 en la ciudad de Juticalpa,-cabecera del departamento más grande territorialmente de Honduras- rompieron el sueño y pusieron en evidencia que los militares no debían seguir gobernando el país. Y destruyó además la idea que el progreso podía hacerse fuera del estado de derecho, sin que la soberanía popular fuese la fuente originaria del poder nacional. El modelo militar de desarrollo se rompió el 25 de junio de 1975. Y se inició una nueva época en donde algunos hondureños frente a los retos del desarrollo, se mostraron más humildes y menos altaneros que los militares.

Las fallas de modelo militar de desarrollo se observaron unas semanas antes. El 10 de abril de 1975 desde Estados Unidos de Norteamérica se conoció que el presidente de la United Fruit Co. había sobornado al gobierno de Honduras a cambio de la reducción de un impuesto a las cajas de bananos exportadas a los a ese país. Después de los procesos de investigación, encabezados por una Comisión Integrada por hondureños representados por el arzobispo de Tegucigalpa Monseñor Héctor Enrique Santos Hernández, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas el 22 de abril de 1975, destituyo del cargo de Jefe de Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas al general Osvaldo López Arellano que desde el 4 de diciembre de 1972 Jefe del Estado y el líder máximo de un proceso reformista cuya columna vertebral era la reforma agraria y la constitución de instituciones nuevas y necesarias para el desarrollo económico nacional, privilegiando el uso y control de los recursos nacionales. 

La inesperada y rápida caída de López Arellano, hizo creer a muchos – especialmente los dirigentes campesinos sociales cristianos y a algunos sectores de izquierda urbanos – que el proceso reformista se detendría; y que para evitarlo, había que presionar y obligar a sus sucesores en las FFAA, el compromiso de continuar lo que López Arellano había iniciado. No supieron entonces – y posiblemente tampoco después – que sus acciones nerviosas para poner a prueba el compromiso de Juan Alberto Melgar –nombrado para suceder a López Arellano- y los nuevos oficiales de las FFAA, era más bien un acto con el cual iban a hundir en forma definitiva el modelo reformista militar de desarrollo que pretendían defender.

Para el 25 de junio de 1975 la dirección del movimiento social cristiano: la Central General de Trabajadores (CGT), la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y una parte de la dirección del PDCH (Partido Demócrata Cristiano de Honduras) así una fracción importante de los líderes de las organizaciones de apoyo al desarrollo de las organizaciones campesinas, acordaron realizar una marcha campesina a nivel nacional para exigir el compromiso de entregar más tierras, liberar a campesinos presos; y, en el fondo lo más importante, hacer sentir a los nuevos oficiales que habían depuesto a López Arellano que era inevitable que no se diera marcha atrás en el proceso de reformas que los militares habían iniciado el 4 de diciembre de 1972. 

La marcha se llamo, “Marcha de la Esperanza”, y se efectuaría en todo el país, convergiendo los campesinos en Tegucigalpa. En esa fecha, miles de campesinos en autobuses, a pie se movilizaron hacia Tegucigalpa desde casi todos los departamentos del país. El gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro y los oficiales de la Primera Promoción de la Escuela Militar Fráncico Morazán, organizaron y dispusieron un operativo represivo para impedir que los campesinos llegaran a Tegucigalpa. En todo el país el mencionado operativo funcionó normalmente, menos en Olancho. 

Aquí las contradicciones entre los ganaderos y los campesinos habían alcanzado un elevado nivel de tensión mayor que nunca antes, caracterizado por una descalificación de la Iglesia Católica, el rechazo a los extranjeros –el obispo era de origen estadounidense aunque nacionalizado hondureño y la mayoría de los miembros del clero no habían nacido en Honduras pero trabajaban por Honduras– la descalificación de los campesinos por una supuesta incapacidad para hacer producir las tierras desde la óptica de los ganaderos extensivos de los valles más cercanos al río Guayape, Guayambre y Patuca; y la creencia que todo lo que se transformaba, tenía como finalidad la penetración comunista y el riesgo cierto que terminaría derribando el gobierno “legítimo”, el de los militares no era legítimo, pero se obviaba el asunto, y amenazaba la paz, que solo podría garantizarse cuando el sistema de concentración de la riqueza, no cambiara y los campesinos siguieron siendo lo que siempre habían sido: peones bajo la dirección de los que sí sabían manejar las tierras: los ganaderos. Este era el discurso de los ganaderos de Olancho, al que se plegó el inexperto mayor Chinchilla Diaz, Jefe de la V Región Militar de las FFAA. 

Las tensiones habían empezado a explotar en 1972. En esa oportunidad –en la Talanquera, aldea cercana a Juticalpa— varias decenas de campesinos fueron desalojados de tierras invadidas por los terratenientes con el apoyo de los militares. En aquella oportunidad varios campesinos fueron muertos. Y escaló la tensión: los ganaderos atacaron al Obispo Católico de la diócesis de Olancho Monseñor Nicolas D´Antony. Se desprestigio a los sacerdotes extranjeros y se propició un discurso nacionalista desde los ganaderos que vieron amenazados sus intereses por la alianza que observaban entre las pretensiones de tierras por parte de los campesinos y el apoyo que la Iglesia Católica le brindaba a los labradores sin tierras que las reclamaban para vivir mejor. La disputa de las tierras se dio en el departamento que contaba con mayor cantidad de tierras de elevada calidad, explotadas por los ganaderos y agricultores desde unos resultados poco significativos para la economía; pero que eran la base de una estructura social y política en que la posesión y control de la tierra, significaba poder y control sobre la dirección de la sociedad en Olancho. Cuando ocurrieron los hechos del 25 de junio, la crisis y la tragedia fue acelerada por un hecho que provoco Tegucigalpa: el cambio de la jefatura militar de la V Región en que estaban divididas las FFAA. 

El 31 de mayo de 1975, había llegado para hacerse cargo de la Jefatura Militar el mayor José Enrique Chinchilla, de la V Promoción de la Escuela Militar Francisco Morazán e hijo de un coronel amigo de López Arellano, sin experiencia suficiente para manejarse sin dejar que las cosas derivaran en crisis confrontativas. No estaba preparado para el ejercicio del cargo. Había sucedido a un viejo coronel de línea Lisandro Padilla que aunque duro, tenía capacidad para saber que había líneas que no debía cruzar para asegurar su propio futuro personal. Chinchilla, no tenía esos atributos y más bien, parecía abusar del cargo y de su capacidad para tomar decisiones violentas y muy viscerales y espontaneas. Carecía de buen juicio. Era un simple “infantero”, profundamente dañado por un espíritu militar anti-ciudadano. Y profundamente influenciado por visiones anti comunistas. De allí que sus acciones, fueron dominadas por impulsos infantiles e inmaduros; y por seguir cursos de acción políticamente arriesgados y peligrosos. Seguro del respaldo de sus compañeros y de sus jefes de Tegucigalpa. 

Empezó por tomar partido por los ganaderos. Y escoger la acción represiva para neutralizar –de una vez para siempre según su perspectiva– el brote subversivo que de acuerdo con su visión de las cosas, amenazaba la estabilidad del país. Y que para ello, utilizaría toda la violencia de la que disponía. En primer lugar asaltó el Centro Santa Clara el 25 de junio en horas de la mañana en complicidad con el Director Departamental de Educación, utilizando las armas nacionales en contra de un centro educativo campesino y además, detrás del cual actuaba –en su vocación de compañero de los más débiles– la Iglesia Católica de Olancho. Una vez que la acción termino con cinco muertos y un herido de gravedad, ordenó al Jefe de la FUSEP, Mayor Adolfo Díaz para que interpusiera una denuncia en contra de los dirigentes del PDCH –partido político que no había sido reconocido todavía– de la UNC, CGT y Fundación Hondureña de Desarrollo, promotora de las cooperativas de consumo creadas y en funcionamiento exitoso en el departamento de Olancho. 

Cerca de treinta personas fueron encarceladas en el Centro Penal de Juticalpa Olancho. Después de viajar Tegucigalpa el Mayor Chinchilla, aprovechando una avioneta que le facilitaron Barh y Zelaya Rosales, el je militar fue a la Casa Presidencial donde después de compartir su visión de los sucesos ocurridos recibió órdenes que nunca confirmo, en las que aparente le decían que era correcta la aplicación de la mano dura en contra de los curas y dirigentes campesinos. Y que cualquiera cosa que ocurriera, sería completamente respaldado.

 Al regresar, en la últimas horas de la tarde del día 25 de junio de 1975, preparó una lista –ignoramos el criterio seguido para determinar en esa hora terrible quiénes morirían y quiénes de entre los prisioneros vivirían- de los detenidos y los condujo hacia la Hacienda Los Horcones de Manuel Zelaya Rosales, el ganadero más dispuesto a la cooperación y con más entusiasmo por darle a los campesinos una lección final para que nunca jamás intranquilizaran a los ganaderos. Y para que los curas, no volvieran a dejar sus sacristías para acompañar en aventuras imposibles a los campesinos.

En la hacienda Los Horcones en Lepaguare, propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez, Chinchilla, Plata, Artica, Zúñiga y otros agentes del DIN, con el apoyo de Manuel Zelaya Rosales, Bayardo Mejía y Enrique Barh Alvarado, le dieron muerte a Iván Betancourt, Casimiro Pzifer, Lincoln Colman, Ruth García Mallorquín, Oscar Ovidio Ortiz Ruiz, María Elena Bolívar, Juan Benito Montoya, Bernardo Rivera y Roque Ramón Andrade. Para asesinarlos, usaron un rifle 22 mágnum propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez y varias pistolas 45 de uso oficial de las FAAA. Participaron también como cómplices activos Bayardo Mejía y Enrique Barh Alvarado. Se dijo que para que ninguno denunciara a los demás, se repartieron los detenidos y todos sin excepción, se mancharon las manos.

Los cadáveres fueron depositados en un pozo malacate de 40 metros de profundidad, -ubicado en las cercanías de la casa hacienda- sobre los cuales se dispararon varias cargas de dinamita, se cubrió de tierra la parte restante y se aplanó, para que no queda rastro alguno.

Ante la presión pública y los reclamos de la Conferencia Episcopal de Honduras, las FFAA crearon una comisión encargada de investigar un crimen cometido por las mismas FFAA. La Comisión Militar de Alto Nivel redactó un informe comprometiendo en los hechos –de los que fueron testigos más de doscientas personas, porque la mayor de los actos delictivos fueron en horas del día y con abuso de espectacularidad- a los oficiales Jose Enrique Chinchilla, Benjamín Plata, al jefe del Presidio de Juticalpa David Artica y al jefe del DIN y sus agentes radicados en la cabecera municipal de Olancho. 

Chinchilla hasta que se conoció el informe de la Comisión Militar de Alto Nivel había negado los hechos e incluso construido un relato en virtud del cual los sacerdotes y los dirigentes campesinos habían huido del presidio y se habían internado en la selva para iniciar acciones guerrilleras. Los ganaderos recogieron una elevada suma de dinero para sobornar a periodistas, que ellos consideraban de poco ética profesional para crear y operar una campaña publicitaria al efecto. Uno de los periodistas, sin embargo, informó al Arzobispo Santos y este fue a hablar con Melgar y de allí nació entonces, cuando era evidente el crimen cometido, que las FFAA integraron la Comisión Militar de Alto Nivel.

Una vez que los hechos fueron develados por la Comisión Militar de Alto Nivel, los indiciados fueron encarcelados y llevados a la Penitenciaría Central en Tegucigalpa. El gobierno encabezado por Melgar Castro, encargó a la Procuraduría General de la República, para que investigara los hechos y presentara ante los tribunales las acusaciones respectivas a fin de castigar a los culpables. Es decir el gobierno se representó a sí mismo en un delito que nunca antes había ocurrido en la historia nacional. Los procesos en Juticalpa, los recursos presentados en la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa y el recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia y la resolución o sentencia de esta son parte de este estudio histórico. 

En este libro se indaga en forma minuciosa la marcha del proceso judicial y se aproxima a las interioridades de los juzgados en donde se conoció de los hechos y sus responsables. Aquí se pueden estudiar las fortalezas y debilidades del sistema judicial hondureño, las virtudes y defectos de los jueces y magistrados y descubrir las formas cómo se interpretaron los hechos y se determinaron las responsabilidades. El que el delito que tuvo todas las características de un asesinato –con las agravantes correspondientes– haya sido calificado como un homicidio; y que después de la interposición de una recurso extraordinario fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, demuestra cómo detrás de las formas, hay una sutil trama para favorecer a los delincuentes. La condena, fue ejemplar en términos de años de cárcel; pero detrás lo que estuvo como elemento esencial, fue la calificación del delito que incluso la Corte Suprema de Justicia, calificó como homicidio culposo.

Una vez que el crimen y que en el desempleo político los nuevos oficiales militares encargados de la conducción del proceso político llamado “reformismo militar” mostraran sus debilidades e incompetencias, los dirigentes políticos de los Partidos Nacional y Liberal, iniciaron una acción pronta y directa para el retorno del orden constitucional. Lograron ponerle fin al interinato militar. Y aprovechando los movimientos políticos ocurridos en Nicaragua en donde una guerrilla y el movimiento popular habían producido la derrota militar y la caída de la dictadura más sólida de Centroamérica dirigida por Anastasio Somoza, los militares hondureños –a regañadientes- tuvieron que ceder y comprometerse a realizar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, que se celebraron en Abril de 1980 como parte del proceso de devolución del poder de los militares a los civiles. Mediante esta maniobra cedieron; pero ganaron tiempo, esperando que las condiciones mejoraran y echar pie atrás. Pero ello no ocurrió.

Al final los militares no hicieron la entrega del poder, sin condiciones que les permitieran proteger sus intereses. No habían sido derrotados militarmente y sus fuerzas materiales y espirituales estaban intactas. Se efectuaron negociaciones y se pactó. La entrega del poder a los civiles, requirió el compromiso de los políticos hondureños de no remover y menos juzgar los actos del régimen militar. Para ello, establecieron un período de transición en que Policarpo Paz García sería presidente Constitucional Provisional elegido por la Constituyente. Un velo suave de olvido caería sobre todas las acciones del régimen que desde el 4 de diciembre de 1972 había dirigido al país; y para los crímenes cometidos especialmente la Matanza de los Horcones, se determinó la emisión por parte de la Constituyente de una amnistía y un indulto, -a la medida- para entre todas las cosas, poner en libertad a los responsables por la matanza de Olancho. Para hacer las cosas digeribles, también se les dio la libertad a dirigentes obreros, miembros de sindicatos y de grupos que en algunos momentos, iniciaron acciones subversivas de carácter urbano destinadas a derrocar al régimen militar. Los políticos y los abogados actuaron metódica y ordenadamente. 

Y en 1982 se efectuaron elecciones libres y ordenadas en las que Paz García -intacto y sin mancha alguna- le entregó el mando al doctor Roberto Suazo Córdova del Partido Liberal. Se iniciaba entonces, el llamado período de la democracia tutelada por los militares que solo concluyó con el régimen de Carlos Roberto Reina.

Este libro narra todos los hechos ocurridos. Trata de interpretar las motivaciones y arroja luz sobre las decisiones que tomaron militares, dirigentes políticos y miembros del poder judicial reconstruyendo metódicamente los hechos. Constituye un esfuerzo destinado a preservar la memoria historia, seguir metódicamente el funcionamiento de la opinión pública y observar el desempeño de las instituciones jurídicas y políticas del país. 

El autor cree que ha cumplido con su deber. Pero como la tarea no es solo suya, siente la inevitable obligación de agradecer a todos los que escribieron sobre el tema, especialmente los abogados litigantes cuyos alegatos estudio con detenimiento respetuoso y por supuesto, escuchó e incorporó opiniones de los estudiosos de la realidad de entonces. Pero como es una obligación inevitable, de todo lo que se dice y no consta en documentos, es responsabilidad del autor y sola suya.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio de 2026.